ANUNCIO

Sección de Derecho Internacional de los Derechos Humanos

PROGRAMA

Sección de Derecho Internacional de los Derechos Humanos
SECCIONES

Sección de Derecho Internacional de los Derechos Humanos

La semántica democrática en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

 

Franco Gatti[1]

 

En un nivel muy preliminar es posible arriesgar la vigencia de ciertos acuerdos en torno al significado de la democracia, es decir, existe una doxa de lo democrático asumida aunque no necesariamente problematizada. La regla de la mayoría, la soberanía popular, la división de funciones, el sometimiento de los gobernantes al escrutinio público, la alternancia en el ejercicio del poder, quizás constituyan alguno de los elementos que delinean los contornos del concepto, al menos en la versión que ocupa el sentido común.

Sin embargo, provocar la revisión, en el orden de incitarla como respuesta al peligro de fosilización, convoca, cada vez, nuevos problemas. En determinado tiempo pensar la democracia expresaba una necesidad de época frente a un “otro” muy definido, la autocracia, la violencia institucionalizada, la fuerza sin control. Por eso, en 1983 –y desde antes- la centralidad de la disputa teórica estaba ubicada en buscar las vías para volver a la democracia y darle una forma, hacerla una alternativa posible y, sobre todo, sostenible, soportable. Soportable no porque resultara asfixiante, sino porque requería, precisamente, de soportes, de apoyos, semánticos y pragmáticos. No se soporta sólo con la acción, con la ejecución, se soporta, antes que nada, con la articulación de una noción, de una idea.

En efecto, rastrear el fondo de esa idea habilita otras cosas. Y, en nuestro caso, en la democracia argentina, un rasgo que emerge con potencia está dado por el espacio que ocupan los derechos humanos en la reconstrucción semántica. Frente al lugar común que opone democracia a dictadura, esto es, que en el encuentro de una oposición que sirva a la definición se recurre a un régimen político específico; en la experiencia propia, hay algo más, pues el juego de rivales comprende, casi de manera imprescindible, como antagonista de la democracia a la violación sistemática de derechos humanos. Entonces, no se trata simplemente de la continuidad o interrupción del poder elegir, sino que otras orillas hacen a una identidad del término.

En el trazado de las fronteras que distinguen lo democrático de aquello que no lo es, han confluido relatos variados, en sus orígenes disciplinares y en sus matices políticos. Un asunto latente, sobre el que van y vienen infinidad de controversias, se vincula con la pregunta acerca del papel del derecho en esta suerte de angustia conceptual: ¿puede el discurso jurídico cortar por lo sano distribuyendo los sentidos de lo democrático?

          El Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha ofrecido algunas pautas, concretamente, la labor del Sistema Interamericano desde fines de la década del 70´ hasta el presente. Ante todo, la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979 fungió como una bisagra en la complejísima tarea de nombrar lo que estaba pasando, de darle estatus lingüístico a un dolor velado por la autoridad. De igual modo, las peticiones tramitadas transformaron a lo lejano y casi inaccesible en una oportunidad.  La urgencia y lo palmario de las afectaciones demandaron reacciones con fuerte significado para movilizar el estado de cosas y dejaron, para más tarde, el hilado fino de lo conceptual. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue quien tímidamente comenzó a traer a la democracia al continente de su lenguaje.

Una primer posicionamiento se advierte en la Opinión Consultiva N° 5 de 1985, donde la Corte IDH destaca que “las justas exigencias de la democracia deben orientar la interpretación de la Convención”. En esa ocasión, el derecho a la libertad de expresión fue comprendido como parte “del orden público primario y radical de la democracia”. Posición ratificada en otras sentencias posteriores, en las que determinó que “sin una efectiva libertad de expresión, materializada en todos sus términos, la democracia se desvanece” (Caso “Herrera Ulloa Vs. Costa Rica”, 2004). Luego, el Tribunal se ha referido a la democracia en casos donde estaba controvertida la violación de los derechos políticos (Caso “Yatama Vs. Nicaragua”, 2005; Caso “Castañeda Gutman Vs. México”, 2008: Caso “Cepeda Vargas Vs. Colombia”, 2010), así como en contiendas en las que se abordó el derecho de acceso a la información pública (Caso “Claude Reyes Vs. Chile, 2006; Caso “Gomes Lund y otros Vs. Brasil”, 2010).

Sin perjuicio de lo anterior, el precedente “Gelman Vs. Uruguay” ha dejado una huella en este recorrido que pretendemos reconstruir, fundamentalmente, por la escisión que marca la Corte entre una concepción formal de la democracia y una sustancial. La clave radica en establecer un límite a lo decidible por las mayorías, un límite cuyo contenido son los derechos humanos. A partir de allí se abren nuevas inquietudes, en razón de que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos acabó asumiendo la riesgosa empresa de atribuirle un sustrato a una idea que, como sugerimos, es destino e inicio de las más vehementes tradiciones y perspectivas teóricas. ¿Quién nos pone a salvo de las mayorías? ¿Dónde hunde su legitimidad lo no- mayoritario? ¿Qué es la democracia por fuera de lo que el pueblo quiere?

La historia continuó, desde luego, con un tratamiento de la democracia como condicionante y condicionada por la realización de los derechos humanos, como el único escenario factible para que éstos se desplieguen y, a su vez, como consecuencia de ellos. Por eso, la Corte IDH la conectó con la lucha contra la corrupción (Caso “Ramírez Escobar y otros Vs. Guatemala”, 2018), con el derecho de consulta de las comunidades indígenas (Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat Vs. Argentina, 2020), con las garantías del debido proceso frente a pretensiones de destitución o inhabilitación de funcionarios (Caso Petro Urrego Vs. Colombia, 2020), y muy recientemente con la discusión acerca de las reelecciones (Opinión Consultiva N° 28, 2021).

En resumidas cuentas, los marcos de esta democracia, a cuarenta años de 1983, en ocasiones preocupantes, traen una y otra vez al lenguaje esos soportes aludidos, que están siempre después de lo primero: la memoria. Y en ese después, en este después, el Sistema Interamericano nos ha dado pistas, pistas para una semántica democrática que, como hace cuatro décadas no son para dejarlas caer, ni para seguirlas a ciegas, sino quizás para entramar, para entramarlas.



[1] Abogado, con diploma de honor, por la Universidad Nacional de Rosario. Master in Global Rule of Law and Constitutional Democracy y Especialista en Derecho Público Global. Profesor adjunto por concurso e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario.

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE DERECHO INTERNACIONAL


XXIV CONGRESO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL 


(La Plata, 7-9 de septiembre de 2023)


Sección: Derecho Internacional de los Derechos Humanos


Relator: Franco Gatti1


LA SEMÁNTICA DEMOCRÁTICA EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE 

DERECHOS HUMANOS


1. Introducción


En un nivel muy preliminar es posible arriesgar la vigencia de ciertos acuerdos en 

torno al significado de la democracia, es decir, existe una doxa de lo democrático asumida aunque no necesariamente problematizada. La regla de la mayoría, la soberanía popular, la división de funciones, el sometimiento de los gobernantes al escrutinio público, la alternancia en el ejercicio del poder, quizás constituyan alguno de los elementos que delinean los contornos del concepto, al menos en la versión que ocupa el sentido común.

Sin embargo, provocar la revisión, en el orden de incitarla como respuesta al peligro 

de fosilización, convoca, cada vez, nuevos problemas. En determinado tiempo pensar la democracia expresaba una necesidad de época frente a un “otro” muy definido, la 

autocracia, la violencia institucionalizada, la fuerza sin control. Por eso, en 1983 –y desde antes- la centralidad de la disputa teórica estaba ubicada en buscar las vías para volver a la democracia y darle una forma, hacerla una alternativa posible y, sobre todo, sostenible, soportable. Soportable no porque resultara asfixiante, sino porque requería, precisamente, de soportes, de apoyos, semánticos y pragmáticos. No se soporta sólo con la acción, con la ejecución, se soporta, antes que nada, con la articulación de una noción, de una idea. 

En efecto, rastrear el fondo de esa idea habilita otras cosas. Y, en nuestro caso, en 

la democracia argentina, un rasgo que emerge con potencia está dado por el espacio que 

 

1 Abogado, con diploma de honor, por la Universidad Nacional de Rosario. Master in Global Rule of Law and Constitutional Democracy y Especialista en Derecho Público Global. Profesor adjunto por concurso e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario.


ocupan los derechos humanos en la reconstrucción semántica. Frente al lugar común que opone democracia a dictadura, esto es, que en el encuentro de una oposición que sirva a la definición se recurre a un régimen político específico; en la experiencia propia, hay algo más, pues el juego de rivales comprende, casi de manera imprescindible, como antagonista de la democracia a la violación sistemática de derechos humanos. Entonces, no se trata simplemente de la continuidad o interrupción del poder elegir, sino que otras orillas hacen a una identidad del término. 

En el trazado de las fronteras que distinguen lo democrático de aquello que no lo 

es, han confluido relatos variados, en sus orígenes disciplinares y en sus matices políticos. 

Un asunto latente, sobre el que van y vienen infinidad de controversias, se vincula con la pregunta acerca del papel del derecho en esta suerte de angustia conceptual: ¿puede el discurso jurídico cortar por lo sano distribuyendo los sentidos de lo democrático?

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha ofrecido algunas pautas, 

concretamente, la labor del Sistema Interamericano desde fines de la década del 70´ hasta el presente. Ante todo, la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979 fungió como una bisagra en la complejísima tarea de nombrar lo que estaba pasando, de darle estatus lingüístico a un dolor velado por la autoridad. De igual modo, las peticiones tramitadas transformaron a lo lejano y casi inaccesible en una oportunidad. La urgencia y lo palmario de las afectaciones demandaron reacciones con fuerte significado para movilizar el estado de cosas y dejaron, para más tarde, el hilado fino de lo conceptual. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue quien tímidamente comenzó a traer a la democracia al continente de su lenguaje.

Una primer posicionamiento se advierte en la Opinión Consultiva N° 5 de 1985, 

donde la Corte IDH destaca que “las justas exigencias de la democracia deben orientar la interpretación de la Convención”. En esa ocasión, el derecho a la libertad de expresión fue comprendido como parte “del orden público primario y radical de la democracia”. Posición ratificada en otras sentencias posteriores, en las que determinó que “sin una efectiva libertad de expresión, materializada en todos sus términos, la democracia se desvanece” 

(Caso “Herrera Ulloa Vs. Costa Rica”, 2004). Luego, el Tribunal se ha referido a la 

democracia en casos donde estaba controvertida la violación de los derechos políticos

(Caso “Yatama Vs. Nicaragua”, 2005; Caso “Castañeda Gutman Vs. México”, 2008: Caso “Cepeda Vargas Vs. Colombia”, 2010), así como en contiendas en las que se abordó el derecho de acceso a la información pública (Caso “Claude Reyes Vs. Chile, 2006; Caso “Gomes Lund y otros Vs. Brasil”, 2010). 

Sin perjuicio de lo anterior, el precedente “Gelman Vs. Uruguay” ha dejado una 

huella en este recorrido que pretendemos reconstruir, fundamentalmente, por la escisión que marca la Corte entre una concepción formal de la democracia y una sustancial. La clave radica en establecer un límite a lo decidible por las mayorías, un límite cuyo contenido son los derechos humanos. A partir de allí se abren nuevas inquietudes, en razón de que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos acabó asumiendo la riesgosa empresa de atribuirle un sustrato a una idea que, como sugerimos, es destino e inicio de las más vehementes tradiciones y perspectivas teóricas. ¿Quién nos pone a salvo de las mayorías? ¿Dónde hunde su legitimidad lo no- mayoritario? ¿Qué es la democracia por fuera de lo que el pueblo quiere? 

La historia continuó, desde luego, con un tratamiento de la democracia como 

condicionante y condicionada por la realización de los derechos humanos, como el único escenario factible para que éstos se desplieguen y, a su vez, como consecuencia de ellos. 

Por eso, la Corte IDH la conectó con la lucha contra la corrupción (Caso “Ramírez Escobar y otros Vs. Guatemala”, 2018), con el derecho de consulta de las comunidades indígenas (Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat Vs. Argentina, 2020), con las garantías del debido proceso frente a pretensiones de destitución o inhabilitación de funcionarios (Caso Petro Urrego Vs. Colombia, 2020, y muy recientemente con la discusión acerca de las reelecciones (Opinión Consultiva N° 28, 2021). 

En resumidas cuentas, los marcos de esta democracia, a cuarenta años de 1983, 

en ocasiones preocupantes, traen una y otra vez al lenguaje esos soportes aludidos, que están siempre después de lo primero: la memoria. Y en ese después, en este después, el Sistema Interamericano nos ha dado pistas, pistas para una semántica democrática que, como hace cuatro décadas no son para dejarlas caer, ni para seguirlas a ciegas, sino quizás para entramar, para entramarlas.


2. (Im) Precisiones conceptuales 


Excesivamente pretensioso e inútil sería buscar que este trabajo aclare lo que 

durante siglos no pudo ser aclarado y bienvenida esta limitación, esta imposibilidad. 

También resultaría desmesurado emprender un intento de síntesis o sistematización de las principales respuestas al problema que nos convoca, pues quedarían infinitas alternativas afuera y la elección no podría justificarse con seriedad metodológica. De tal manera, nos quedaremos con algunas porciones del debate, aquellas que permiten enmarcar los recorridos jurídicos que vendrán más adelante.

Ahora bien, sí corresponde dejar sentado que conviven enormes desacuerdos en 

torno a dónde ubicar a la democracia dentro de las categorías tradicionales de la teoría política: forma de gobierno, forma de Estado o, en su caso, forma de régimen. Por nuestra parte, nos quedamos con la propuesta de Michelangelo Bovero2 que llama “regímenes” a las distintas configuraciones posibles, alternativas entre ellas, de la relación de poder político, o sea, de la relación entre gobernantes y gobernados, cuyos caracteres esenciales son definidos por las normas que regulan la titularidad y el ejercicio de los derechos políticos, entendidos éstos como aquellos derechos fundamentales que atañen precisamente a la participación individual en el poder político, es decir, a la formación de las decisiones colectivas. Siguiendo los postulados de Kelsen y de Bobbio, los tipos de 

régimen de gobierno son dos y sólo dos, autocracia y democracia, cada uno de los cuales incluye numerosas especies y subespecies. En cambio, para Bovero las “formas de gobierno” (aquí el término gobierno tiene obviamente el sentido amplio de gubernaculum, que quiere decir poder de dirección de la vida colectiva mediante decisiones vinculantes erga omnes, y no el sentido restrictivo y técnico de “ejecutivo”) alude a las distintas variantes posibles de la arquitectura institucional en un Estado representativo con poderes divididos. 

Cada una de estas variantes se encuentra caracterizada por un complejo específico de relaciones entre los órganos dotados de funciones propiamente políticas, o sea, 

concernientes a la toma de decisiones colectivas: principalmente, el parlamento y el 

gobierno. Las clasificaciones de las formas de gobierno son muchas y algunas veces 

complejas, pero las especies principales son el parlamentarismo y el presidencialismo. Por último, la forma de Estado, aclara Bovero, ha sido empleada como una categoría residual, que puede poner en relación distintos elementos: por ejemplo, la articulación territorial que da lugar a Estados federales, unitarios o confederales. 

Partiendo de la democracia como una forma de régimen que expresa una manera 

particular de resolver la relación entre gobernantes y gobernados, cabe recurrir a la 

definición “mínima” de Norberto Bobbio, quien la considera caracterizada por un conjunto de reglas -primarias o fundamentales- que establecen quién está autorizado para tomar decisiones colectivas y bajo qué procedimientos3. Dichas reglas pueden resumirse así:

 

2 BOVERO, Michelangelo, Pleonocracia: crítica de la democracia mayoritaria, Instituto Nacional 

Electoral de México, 2018, p. 17-21.

3 BOBBIO, Norberto, El futuro de la democracia, México, Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 24.


1. Igualdad entendida como inclusión, es decir, todos los ciudadanos pasivos 

–en el sentido jurídico- sometidos a la obligación política de obedecer las 

normas de la colectividad, deben ser también ciudadanos “activos”, titulares 

del derecho o el poder de participar, y ante todo, pero no solo con el voto 

electoral, en el proceso de formación de las decisiones políticas sin ningún 

tipo de discriminación.

2. Igualdad como equivalencia: los votos de todos los ciudadanos deben tener 

un peso igual, ninguno debe contar más o menos que otro.

3. Libertad subjetiva: la opinión política de cada uno se debe poder formar 

libremente, por ende debe estar basada en un correcto conocimiento de los 

hechos, y estar protegida frente a interferencias o manipulaciones distorsionadoras (garantía de pluralismo en los medios de comunicación, evitando los monopolios y oligopolios).

4. Libertad objetiva: los ciudadanos deben poder escoger entre propuestas y 

programas políticos efectivamente diferentes entre sí, dentro de una gama de 

alternativas lo suficientemente amplia.

5. Regla de decisión: como condición de eficiencia para todo proceso de decisión política, las decisiones deben tomarse con base en principio de la mayoría, entendida como una técnica idónea para superar la heterogeneidad, el contraste o el conflicto de las opiniones particulares.

6. La sexta regla formulada por Bobbio no se refiere ni al quién ni al cómo de 

las decisiones políticas, sino a su sustancia, al qué. Las decisiones no pueden traducirse en normas que estén en contradicción con los principios democráticos de igualdad y libertad4

La última de las reglas está planteada en una formulación muy corta, por lo que 

Bovero propone especificarla. Según él, comprende los siguientes puntos: a) se prohíbe cualquier decisión que esté orientada a alterar o abolir las otras reglas del juego, esto es, las condiciones formales de la democracia –aun cuando una decisión de este tenor haya sido tomada de acuerdo con las mismas-; b) se prohíbe volver vanas, es decir, vacías o inútiles las otras reglas del luego, limitando o aboliendo los derechos fundamentales de libertad individual no política pero que tienen una proyección política (libertad personal de opinión, de expresión y de conciencia, libertad de reunión y de asociación, etc.); c) garantizar las precondiciones sociales, además de las precondiciones liberales de la democracia: ello supone asegurar el derecho social a la educación pública gratuita, el derecho a la subsistencia, es decir, a gozar de condiciones materiales que vuelvan a todos los individuos capaces de ser libres y de que no los empujen a alienar su propia libertad al mejor postor; d) se prohíbe violar las precondiciones constitucionales de la democracia, específicamente el principio de separación y equilibrio de los poderes del Estado; e) se 

 

4 BOBBIO, Norberto, Teoría general de la política, Madrid, Trotta, 2003, p. 460.


prohíbe toda forma de concentración de aquellos que Bobbio llama poderes sociales: el poder político, el poder económico, y el poder ideológico (que se funda en el control de las ideas)5.

A esta altura del abordaje queda claro que en la concepción procedimental de 

Bobbio subyace el interrogante por los límites que, eventualmente, pudieran trazarse a las decisiones mayoritarias. Bovero introduce a los derechos fundamentales como 

“precondiciones” de la democracia, mientras que, por ejemplo, Garzón Valdés6 acuña la idea de “coto vedado” como una barrera al “dominio de la mayoría”. Sin dudas, quien trae a los derechos fundamentales al concepto mismo de democracia, es decir, no como limitantes externos sino como parte nuclear de su contenido, es Luigi Ferrajoli. Ante todo, reconoce que el discurso de las reglas del juego es extremadamente importante, y no puede ser eliminado, aunque su carácter necesario no lo torna suficiente. Para Ferrajoli la verdadera democracia es la democracia constitucional, la que incorpora su dimensión sustancial. Según el autor, “la democracia sustancial se refiere a qué es lo que puede decidirse o debe ser decidido por cualquier mayoría, y que está garantizado por las normas que regulan la sustancia o el significado de las mismas decisiones, vinculándolas al respeto de los derechos fundamentales y los demás principios axiológicos establecidos por aquélla”7. En su versión de la democracia, las normas que sirven como criterios de validez no solo incluyen criterios formales, sino que suman pautas sustanciales consistentes en expectativas positivas y negativas. Estas expectativas determinan el “qué” de la democracia y conforman las llamadas esferas de lo indecidible. 

Los derechos fundamentales inciden sobre el cómo y sobre el qué de la democracia, en el primer caso, el límite lo fijan los derechos de autonomía pública, mientras que en el segundo los derechos de libertad y los derechos sociales.8


3. La democracia como condición de los derechos humanos


El preámbulo de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de 

1948 introduce un posicionamiento en relación con el papel que desempeña la democracia 

 

5 BOVERO, Michelangelo, La democracia y sus condiciones, trad. Lorenzo Córdova Vianello y Paula 

Sofía Vázquez Sánchez, México, UNAM, 2019, p. 13-16.

6 GARZÓN VALDÉS, Ernesto, Representación y democracia, Doxa, núm. 6, 1989, pp. 143-163.

7 FERRAJOLI, Luigi, Derechos y garantías. La ley del más débil, Madrid, Trotta, 2010, p. 23 y 24

8 FERRAJOLI, Luigi, Principia iuris. Teoría del derecho y de la democracia, Madrid, Trotta, 2011, pp. 21-26.


en la vida de los pueblos, pues sostiene que “la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región”. Inmediatamente agrega que es únicamente en el contexto de las instituciones democráticas en el que se puede consolidar un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. Luego, la democracia aparece tanto en la definición de propósitos (artículo 2) como en la consagración de principios (artículo 3), con una alusión específica a la democracia representativa. En esa línea, la Carta prevé sanciones frente a casos de interrupciones en la vigencia del sistema democrático. El artículo 9 dispone que 

“un miembro de la Organización cuyo gobierno democráticamente constituido sea 

derrocado por la fuerza podrá ser suspendido del ejercicio del derecho de participación en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las Conferencias Especializadas, así como de las comisiones, grupos de trabajo y demás cuerpos que se hayan creado”.

Por su parte, la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada por 

la Asamblea de la OEA en abril de 1948, al definir los alcances de los derechos (artículo XXVIII), indica que se encuentran limitados “por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático”. 

Once años después, en la V Reunión de Cancilleres de 1959 se resolvió crear la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, en el mismo documento, se instruyó al Consejo Interamericano de Jurisconsultos la elaboración de una Convención sobre Derechos Humanos –mandato que acabó de cumplirse en 1969, con la aprobación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos-. Un aspecto adicional sobre el que vale la pena detenerse es la preocupación constatada en la Declaración de Santiago respecto de los gobiernos autoritarios y de la relación entre las violaciones de derechos humanos y la falta de ejercicio de la democracia representativa9.

En efecto, luce evidente en los primeros pasos del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos (SIDH) un horizonte de sentido, en virtud del cual la democracia, como régimen político, configura una condición necesaria para la realización de los derechos humanos. Es decir, los documentos basales incluyen una toma de posición: existe un único marco para los derechos humanos, y es la democracia representativa. Por eso, la primera gran empresa del Sistema radicó en llamar la atención, en poner el foco, en las señales 

 

9 OEA, Acta final de la V Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, Santiago de Chile, 1959.


antidemocráticas, ya sea por el reconocimiento de casos donde efectivamente existía una alteración o en los supuestos en los que aparecían sutiles pero relevante síntomas de preocupación.

Los informes sobre la situación de los derechos humanos en los países miembros 

estuvieron dedicados, inicialmente, al abordaje de problemas en los que la democracia ocupaba un sitio preferente. Fueron los casos de Cuba (Informes de 1962, 1963, 1967, 1970, 1976 y 1979), República Dominicana (Informes de 1965 y 1966), Haití (Informe de 1969 y 1979), El Salvador y Honduras (Informe de 1970), Chile (Informes de 1976 y 1976), Nicaragua (Informe de 1978), Panamá (Informe de 1978), Paragua (Informe de 1978), El Salvador (Informe de 1978), Uruguay (Informe de 1978), entre otros.

De esa manera, puede aterrizarse a, si se quiere, la contribución inaugural más 

relevante del Sistema Interamericano para el Estado argentino: la visita de la Comisión Interamericana en 1979 y el posterior Informe con sus recomendaciones (1980). La CIDH concretó su visita in loco a la República Argentina entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979. 

Allí, se entrevistó con autoridades públicas –entre ellas, con el propio Jorge Rafael Videla y la Junta Militar de Gobierno-, con ex presidentes, personalidades de entidades religiosas, entidades de derechos humanos, representantes de organizaciones políticas, asociaciones profesionales, organizaciones gremiales y sindicales, entidades comerciales, entre otros actores. Además, concurrió a centros de detención de diferentes ciudades del país y recibió denuncias, pues atendió al público en la Ciudad de Buenos Aires, así como en las provincias Córdoba y Tucumán. Como resultado de este trabajo, la CIDH emitió un Informe en 1980, 

en el que constan una serie de recomendaciones referidas a la situación de las personas desaparecidas, a las detenidas y puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, a los métodos de investigación empleados respecto de las denuncias de torturas y apremios ilegales, al régimen carcelario, a la jurisdicción militar y a las garantías procesales y de defensa en juicio10

Cabe subrayar que desde 1965 la CIDH estaba autorizada para recibir denuncias 

por presuntas violaciones de derechos humanos y tramitarlas, tarea que se estructuró definitivamente con la aprobación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1969, donde se le reconoce su competencia como puerta de entrada al Sistema de peticiones y comunicaciones. 

 

10 CIDH, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina, 1980.


En consecuencia, el tratamiento de “lo democrático” en el Sistema Interamericano 

registra un capítulo original, tributario de una época en la que, sobre todo en el cono sur, la democracia había sido asaltada por golpes de Estado –militares con aquiescencia y/o participación de sectores de la sociedad civil-. Así, la interacción entre los órdenes internos y el internacional transitó un momento inédito, puesto que si bien el análisis de las democracias y los intentos de fortalecerlas permanece hasta la actualidad, el escenario es completamente diverso. Entrada la década del 80´, con la Corte Interamericana en funciones se trazaron nuevas líneas en la materia y, en 2001, la Carta Democrática Interamericana positivizó parte de la experiencia y expectativas del Sistema.

Sucintamente, entender a la democracia como condición de los derechos humanos 

implica determinar un ambiente propio para su afirmación y extensión, esto es, asegurar que los derechos humanos necesitan de ciertos marcos de posibilidad.


4. Los derechos humanos como condicionantes de la democracia


Los primeros abordajes del concepto de democracia en la jurisprudencia de la Corte 

IDH se encuentran en el ejercicio de su competencia consultiva. Específicamente, a partir de la Opinión Consultiva N° 5 (1985), solicitada por Costa Rica y referida a las posibles tensiones entre la colegiación obligatoria de periodistas y la libertad de expresión. Allí, sostuvo que “el mismo concepto de orden público reclama que, dentro de una sociedad democrática, se garanticen las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto. La libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse”11. Agregó que “la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente”12

 

11 Corte IDH, Opinión Consultiva OC- 5/85, La colegiación obligatoria de periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos) Solicitada por el Gobierno de Costa Rica, 1985, párr. 69.

12 Ibídem, párr. 70.


Un año después el Tribunal tuvo ocasión de pronunciarse acerca de los alcances 

del término “leyes”13, contenido en el artículo 30 de la Convención. Y, para hacerlo, volvióa trazar un enlace con las características del sistema democrático. Determinó que “no es posible desvincular el significado de la expresión leyes en el artículo 30 del propósito de todos los Estados americanos expresado en el Preámbulo de la Convención ‘de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre’. La democracia representativa es determinante en todo el sistema del que la Convención forma parte”14. Por eso, concluyó que las leyes a las que se refiere la Convención son aquellos actos normativos enderezados al bien común, emanados del Poder Legislativo democráticamente elegido y promulgados por el Poder Ejecutivo. Esto es, sólo la ley formal, con estos recaudos, posee aptitud para restringir el goce o ejercicio de los derechos reconocidos por el tratado. 

En 1987, mediante la Opinión Consultiva N° 7, la Corte IDH expuso su interpretación 

del derecho a réplica, consagrado en el artículo 14 de la Convención. Lo entendió como aquel que permite “el restablecimiento del equilibrio en la información, elemento necesario para la adecuada y veraz formación de la opinión pública, extremo indispensable para que pueda existir vitalmente una sociedad democrática”15. Quizás lo más relevante del pronunciamiento radica en que se ofreció un concepto de democracia, en los siguientes términos “la democracia, a la que la Convención se refiere, es la democracia pluralista y representativa, que supone un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre”, remitiendo al preámbulo de la Convención16

La línea jurisprudencial que trazó el enlace entre democracia y libertad de expresión 

es quizás la más contundente y reiterada si se pretende encontrar ejemplos en los que las exigencias en materia de derechos humanos configuran condiciones para la afirmación de un auténtico régimen democrático. 

 

13 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-6/86, La expresión “leyes” en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Solicitada por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay, 1986.

14 Ibídem, párr. 34.

15 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-07/86, “Exigibilidad del derecho de rectificación o respuesta (arts. 14.1, 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Solicitada por el Gobierno de Costa Rica, 1986, párr. 5.

16 Ibídem. 


En la órbita de su competencia contenciosa, la Corte IDH sostuvo las pautas 

hermenéuticas desarrolladas en las Opiniones Consultivas reseñadas y avanzó sobre otros estándares. Da cuenta de esta premisa, lo dicho en el Caso “Herrera Ulloa Vs. Costa Rica”, donde concluyó que “sin una efectiva libertad de expresión, materializada en todos sus términos, la democracia se desvanece, el pluralismo y la tolerancia empiezan a quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia ciudadana se empiezan a tornar inoperantes y, en definitiva, se empieza a crear el campo fértil para que sistemas autoritarios se arraiguen en la sociedad”17. Esta posición fue reiterada en el Caso “Ricardo Canese Vs. Paraguay”18

.

Por otra parte, la democracia es definida en dependencia de la satisfacción verídica, 

como se exhibe obvio, de los derechos políticos. Si bien este aspecto es mucho más notorio, la Corte IDH lo comenzó a trabajar a partir de dos casos muy trascendentes sobre partidos políticos: “Yatama Vs. Nicaragua”19 (2005) y “Castañeda Gutman Vs. México”20 (2008). En el primero expresó que “la democracia representativa es determinante en todo el sistema del que la Convención forma parte, y constituye un ‘principio’ reafirmado por los Estados americanos en la Carta de la OEA, instrumento fundamental del Sistema Interamericano. 

En ese contexto, “los derechos políticos protegidos en la Convención Americana, así como en diversos instrumentos internacionales, propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político”21. El estándar normativo concreto que fijó el tribunal es el siguiente:

“Los Estados pueden establecer estándares mínimos para regular la participación política, siempre y cuando sean razonables de acuerdo a los principios de la democracia representativa. Dichos estándares, deben garantizar, entre otras, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal, igual y secreto como expresión de la voluntad de los electores que refleje la soberanía del pueblo, tomando en que cuenta que, según lo dispuesto en el artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana, promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia, para lo cual se pueden diseñar normas orientadas a 

 

17 Corte IDH, Caso “Herrera Ulloa Vs. Costa Rica”, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 2004, párr. 116.

18 Corte IDH, Caso “Ricardo Canese Vs. Paraguay”, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 2004, párrs. 82-86.

19 Corte IDH, Caso “Yatama Vs. Nicaragua”, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 2005.

20 Corte IDH, Caso “”Castañeda Gutman Vs. Estados Unidos Mexicanos”, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 2008.

21 Corte IDH, Caso “Yatama Vs. Nicaragua”, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 2005, párr. 192.


facilitar la participación de sectores específicos de la sociedad, tales como los 

miembros de las comunidades indígenas y étnicas”22

En “Castañeda Gutman Vs. México”, el Tribunal insistió en que “el ejercicio efectivo 

de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos previstos en la Convención”23. Además, se refirió a la discusión planteada en torno a si debían preferirse sistemas que admitan candidaturas independientes o no y la repercusión que ello tenía en el régimen democrático. La Corte entendió que:

“Los sistemas que admiten las candidaturas independientes se pueden basar 

en la necesidad de ampliar o mejorar la participación y representación en la 

dirección de los asuntos públicos y posibilitar un mayor acercamiento entre los ciudadanos y las instituciones democráticas; por su parte los sistemas que optan por la exclusividad de las candidaturas por partidos políticos se pueden basar en diversas necesidades tales como fortalecer dichas organizaciones como instrumentos fundamentales de la democracia u organizar de una manera eficaz el proceso electoral, entre otras. Estas necesidades deben obedecer, en última instancia, a un fin legítimo conforme a la Convención Americana”24.

No responde a los objetivos de esta investigación detenerse en las distinciones entre 

los dos casos anteriores, en lo que hace a las candidaturas independientes, pero sí es preciso considerar que a los fines del sistema democrático, la Corte IDH admitió que, según las necesidades históricas, políticas y sociales, los Estados pueden regular la forma en que se articula la postulación de candidatos, en la medida en que no viole el artículo 23 de la Convención. 

El ejercicio de los derechos políticos, y dentro de ellos el de acceso al poder, ha sido 

colocado por el Tribunal como uno de los elementos esenciales de la democracia. Por tanto, el derecho a ser elegido, supone que el titular de los derechos tenga la oportunidad real de ejercerlos, para lo cual los Estados deben adoptar medidas efectivas, así se ha explicado, entre otros, en el caso “Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia”25. Allí, además, es valiosa la apreciación hecha sobre el rol que desempeñan las oposiciones: 

 

22 Ibídem, párr. 207.

23 Corte IDH, Caso ”Castañeda Gutman Vs. Estados Unidos Mexicanos”, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 2008, párr. 143.

24 Ibídem, párr. 192.

25 Corte IDH, Caso “Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia”, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 2010, párr. 172.


“Las voces de oposición resultan imprescindibles para una sociedad democrática, sin las cuales no es posible el logro de acuerdos que atiendan a las diferentes visiones que prevalecen en una sociedad. Por ello, la participación efectiva de personas, grupos y organizaciones y partidos políticos de oposición debe ser garantizada, mediante normativas y prácticas adecuadas que posibiliten su acceso real y efectivo a los diferentes espacios deliberativos en términos igualitarios”26.

Más cerca en el tiempo, aparecieron pronunciamientos alrededor de las posibles 

limitaciones al derecho de acceder a los cargos públicos, por ejemplo, en “López Mendoza Vs. Venezuela”, donde la Corte IDH sostuvo que “en relación con personas elegidas por voto popular o que pretenden postular a ello, las restricciones al sufragio pasivo sólo se pueden ejercer en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro”27. Esto responde a que no sólo está en juego la afectación de los derechos de quienes buscan postular sino también los intereses colectivos de los electores. Ello exige que la restricción deba analizarse con un rigor más estricto cuando se trata de funcionarios elegidos a diferencia de funcionarios designados en la administración, en cuyo caso no hay intervención de los ciudadanos en la selección de un funcionario28. En consecuencia, una sanción en este tipo de circunstancias, debería tratarse de una “condena impuesta por un juez competente, en un proceso penal”, estándar sobre el que se sustentó el muy cercano caso “Petro Urego Vs. Colombia”29.

Otro derecho que actúa como condicionante del régimen democrático, conforme a 

la interpretación de la Corte IDH, es el de acceso a la información pública. En el precedente “Claude Reyes y otros Vs. Chile”30, para fundamentar este enlace, el Tribunal recurrió, en primer lugar, a la Carta Democrática Interamericana, que postula en su artículo 4 la importancia de “la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”. Asimismo, el artículo 6 afirma que “la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia, por lo que invita a los Estados 

 

26 Ibídem, párr. 173.

27 Corte IDH, Caso “López Mendoza Vs. Venezuela”, Fondo, Reparaciones y Costas, 2011, párr. 27.

28 Ibídem, párr. 26.

29 Corte IDH, Caso “Petro Urrego Vs. Colombia”, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 2020, párr. 95.

30 Corte IDH, Caso “Claude Reyes y otros Vs. Chile”, Fondo, Reparaciones y Costas, 2006. 


Parte a promover y fomentar diversas formas de participación”31

. El estándar concreto que surge del caso sostiene la obligación de los Estados de permitir el control democrático garantizando el acceso a la información de interés público bajo su control32. Esto se fundamenta en que:“El actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso”33

De tal modo, la democracia necesita del acceso a la información pública para realizarse y ello comprende el respeto del principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones. Este criterio fue reafirmado en el Caso “Gomes Lund y Otros Vs. Brasil”34.

Un eje nada despreciable de análisis está dado por los modos de comprender las 

conexiones entre democracia y poderes judiciales. La polémica incesante se ha desatado a partir de la definición del carácter “contramayoritario” que distingue a las y los jueces, lo que les restaría legitimidad democrática. Sin embargo, lejos de identificar democracia con mayorías, la Corte IDH se ha expedido interpretando a la independencia judicial desde la perspectiva democrática. En 2013, en razón de la destitución de todos los jueces de la Corte Suprema de Ecuador, el Tribunal Interamericano, recuperando el contenido de la Carta Democrática Interamericana, destacó que, tal como surge de su artículo 3, sonelementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho, y la separación e independencia de los poderes públicos. 

Por eso, lo ocurrido en Ecuador constituía una desestabilización del orden democrático existente. La Corte resaltó que “la separación de poderes guarda una estrecha relación, no 

 

31 Ibídem, párr. 79.

32 Ibídem, parr. 87.

33 Ibídem, párr. 86.

34 Corte IDH, Caso “Gomes Lund y Otros (Guerrilha Do Araguaia) Vs. Brasil”, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 2010, párr. 107.


sólo con la consolidación del régimen democrático, sino además busca preservar las 

libertades y derechos humanos de los ciudadanos”35.

Paralelamente, en el año 2015 se delimitaron las fronteras entre las limitaciones que 

pesan sobre las y los magistrados para llevar a cabo actividad política partidaria y su 

derecho a la participación política en general. En el caso “López Lone y Otros Vs. 

Honduras”, el Tribunal destacó que el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana dispone que “la participación política puede incluir amplias y diversas actividades que las personas realizan individualmente u organizadas, con el propósito de intervenir en la designación de quienes gobernarán un Estado o se encargarán de la dirección de los asuntos públicos, así como influir en la formación de la política estatal a través de mecanismos de participación directa o, en general, para intervenir en asuntos de interés público, como por ejemplo la defensa de la democracia”36. El derecho de defender la democracia, constituye una específica concretización del derecho a participar en los asuntos públicos y comprende a su vez el ejercicio conjunto de otros derechos como la libertad de expresión y la libertad de reunión”37. En efecto, “la restricción de participación en actividades de tipo partidista a los jueces no debe ser interpretada de manera amplia, de forma tal que impida que los jueces participen en cualquier discusión de índole política”38.

En 2021, en ocasión de otra controversia sobre la remoción de jueces de la Corte 

Suprema de Paraguay, la Corte IDH insistió en “en el importante rol que las juezas y los jueces desempeñan en una democracia, en tanto se constituyen en garantes de los derechos humanos, lo que exige reconocer y salvaguardar su independencia, 

especialmente frente a los demás poderes estatales”39. En definitiva, según la sentencia, “sin independencia judicial no existe Estado de derecho ni es posible la democracia (artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana), toda vez que juezas y jueces deben contar con las garantías adecuadas y suficientes para ejercer su función de resolver conforme al orden jurídico los conflictos que se producen en la sociedad. La falta de independencia y de respeto a su autoridad es sinónimo de arbitrariedad”40.

 

35 Corte IDH, Caso “Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y Otros) Vs. Ecuador”, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, 2013, párr. 179.

36 Corte IDH, Caso “López Lone y Otros Vs. Honduras”, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, 2015, párr. 163.

37 Ibídem, párr. 164.

38 Ibídem, párr. 172.

39 Corte IDH, Caso “Ríos Ávalos y Otros Vs. Paraguay”, Fondo, Reparaciones y Costas, 2021, párr. 89.

40 Ibídem, párr. 91


Finalmente, en aras de dotar de contenido a la noción de democracia, la Corte IDH 

señaló los peligros que encierran los hechos de corrupción, tanto para la vigencia de los derechos humanos como para el sostenimiento del régimen democrático. En el Caso “Ramírez Escobar Vs. Guatemala”, subrayó “las consecuencias negativas de la corrupción y los obstáculos que representa para el goce y disfrute efectivo de los derechos humanos, así como el hecho de que la corrupción de autoridades estatales o prestadores privados de servicios públicos afecta de una manera particular a grupos vulnerables”41 . En la misma sentencia, determinó que “la corrupción no solo afecta los derechos de los particulares individualmente afectados, sino que repercute negativamente en toda la sociedad, en la medida en que se resquebraja la confianza de la población en el gobierno y, con el tiempo, en el orden democrático y el estado de derecho”42


5. La articulación entre formas y contenidos democráticos


En los aparados previos se resumieron dos grandes órbitas de abordaje de “lo 

democrático” en el Sistema Interamericano: una vinculada con la afirmación de que el régimen democrático es imprescindible para la satisfacción de los derechos humanos y otra relacionada con el modo en que los derechos humanos atribuyen significación a la democracia, es decir, le fijan ciertas fronteras. 

Existe un caso en la historia jurisprudencial de la Corte IDH que trabaja directamente el asunto que nos convoca, puesto que contiene una definición de democracia, casi como asaltando la discusión eterna de la teoría política y escogiendo una alternativa. Dicho de otro modo, el propio Tribunal perfila una manera específica de resolver la articulación entre democracia y derechos humanos.

Se trata del Caso “Gelman Vs. Uruguay”43, ampliamente conocido en la cultura jurídica latinoamericana, sobre todo, por cómo se expandieron allí las fronteras del control de convencionalidad, alcanzando, en cuando a los sujetos que deben llevarlo a cabo, a todos los órganos del Estado. No obstante, la huella que nos interesa enfocar aquí es la concerniente a la distinción entre democracia formal o procedimental y democracia sustancial, obtenida a partir de la noción de lo “decidible” por las mayorías. Dicho desarrollo surge en virtud de una controversia originada por la aprobación en la República Oriental del 

 

41 Corte IDH, Caso “Ramírez Escobar Vs. Guatemala”, Fondo, Reparaciones y Costas, 2018, párr. 241. 

42 Ibídem. 

43 Corte IDH, Caso “Gelman Vs. Uruguay”, Fondo y Reparaciones, 2011.


Uruguay de la denominada “Ley de Caducidad”44 que, en los hechos, comprendía una amnistía para militares y policías acusados de cometer violaciones de derechos humanos durante la última dictadura (1973-1985). La particularidad de la Ley residía en que, además de haber resultado aprobada por un parlamento elegido democráticamente, fue respalda por la ciudadanía en dos ocasiones –un referéndum en 1989 y un plebiscito en 2009-. Sobre este punto, la Corte IDH manifestó lo siguiente: 

“La sola existencia de un régimen democrático no garantiza, per se, el permanente respeto del Derecho Internacional, incluyendo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, lo cual ha sido así considerado incluso por la propia Carta Democrática Interamericana. La legitimación democrática de determinados hechos o actos en una sociedad está limitada por las normas y obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos reconocidos en tratados como la Convención Americana, de modo que la existencia de un verdadero régimen democrático está determinada por sus características tanto formales como sustanciales, por lo que, 

particularmente en casos de graves violaciones a las normas del Derecho 

Internacional de los Derechos, la protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías, es decir, a la esfera de lo ‘susceptible de ser decidido’ por parte de las mayorías en instancias democráticas, en las cuales también debe primar un ‘control de convencionalidad’ que es función y tarea de cualquier autoridad pública y no sólo del Poder Judicial”45

Surge así una escisión que ya contaba con recorrido teórico –en el ámbito de la ciencia y de la filosofía política, fundamentalmente- y que ahora es trasladada al discurso jurídico, esto es, la diferencia entre democracia formal y democracia sustancial. La sentencia plantea que la mera vigencia de procedimientos democráticos, como en el caso estudiado fueron las decisiones parlamentarias y la intervención de la ciudadanía mediante mecanismo de participación directa, integran una de las dimensiones de la democracia, aquella vinculada con la regla de la mayoría –democracia formal-. Sin embargo, ello no es condición suficiente para afirmar la existencia de un verdadero régimen democrático, pues deben respetarse en todo momento las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En otras palabras, la regla de mayorías constituye una condición necesaria pero no suficiente para la democracia.Este estándar no ha merecido revisiones ni complementos significativos en decisiones posteriores, aunque en el contexto de la muy controversial Opinión Consultiva N° 24 –“Identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo”-, dos jueces 

 

44 Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, Ley N° 15.848.

45 Ibídem, párr. 239.


retomaron parte de estas ideas. Por un lado, el magistrado Vio Grossi objetó las 

interpretaciones de la mayoría del Tribunal, deteniéndose en el factor de la legitimidad:

“La llegitimidad y eficacia de transformaciones de tales envergaduras precisarían 

de una fuente, no auxiliar como la jurisprudencia, que, en los términos del artículo 

38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, únicamente ‘determina las reglas de derecho’, sino una que sirva o baste por sí sola para, conforme al mismo artículo, ‘decidir conforme al derecho internacional’ las pertinentes controversias, esto es, tal como se expresó, de una fuente autónoma de Derecho Internacional”46.

Y agregó:

“Dicho condicionamiento es más evidente aun tratándose de Estados obligados 

a ejercer efectivamente la democracia, como acontece con los Estados Americanos, de acuerdo con lo dispuesto en la Carta Democrática Interamericana, que interpreta lo previsto en la Carta de la OEA y en la Convención. No resultaría lo más apropiado, por lo tanto, que, en asuntos de cambios tan profundos como los aludidos, la función jurisdiccional reemplace a la normativa, expresamente asignadas por la Convención a sus Estados Partes” 47

En efecto, en la posición de Vio Grossi subyace un cuestionamiento al carácter 

democrático de la sentencia de la Corte IDH que, según el Juez, avanza sobre 

determinaciones que deberían quedar reservadas a cambios legislativos y, por tanto, 

respaldados por la regla de la mayoría. 

Por su parte, el Magistrado, Sierra Porto hizo alusión, para argumentar su voto, a la 

“lógica de legitimidad democrática de los derechos y libertades reconocidos en la 

Convención”48, afirmando que ella reside en “el principio democrático y en los valores propios del Estado de Derecho”49. Según el Juez “en una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido en función de los otros”. Así, ratificó el criterio del Caso “Gelman”, en los siguientes términos: 

 

46 Corte IDH, Opinión Consultiva OC- 24/17, Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, Solicitada por la República de Costa Rica, 2017, Voto individual del Juez Eduardo Vio Grossi, párr. 176.

47 Ibídem, párr. 177.

48 Corte IDH, Opinión Consultiva OC- 24/17, Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, Solicitada por la República de Costa Rica, 2017, Voto concurrente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto, párr. 9.

49 Ibídem.


“Considero oportuno recordar que el Tribunal ha señalado que la sola existencia 

de un régimen democrático no garantiza, per se, el permanente respeto los derechos humanos. En ese sentido, la Corte ha sido de la opinión que “la legitimación democrática de determinados hechos o actos en una sociedad está limitada por las normas y obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos reconocidos en tratados como la Convención Americana, de modo que la existencia de un verdadero régimen democrático está determinada por sus características tanto formales como sustanciales. Es una realidad histórica que los derechos y en particular de sectores minoritarios o sujetos a estereotipos discriminatorios arraigados en la sociedad, pueden ser objeto de abusos por las mayorías parlamentarias” 50.

En efecto, Sierra Porto ubicó a los derechos humanos, consagrados en instrumentos 

internacionales, como un coto ante el avance de las mayorías, poniendo el acento en 

aquellas circunstancias en que pudiesen lesionarse derechos de grupos en situación de 

vulnerabilidad mediante decisiones formalmente democráticas. Así, se separa del 

razonamiento de Vio Grossi y coloca en el centro la noción de democracia sustancial.

Las diferencias entre los magistrados actúan como síntesis de perspectivas que 

conviven en torno a la definición de “lo democrático”. Por una parte, una tendencia a dejaren manos de las mayorías ciertas decisiones, por entender que allí descansa la única legitimidad posible; y, por otra, posicionar a los poderes judiciales –del orden interno o internacional- como guardianes no sólo de las constituciones sino también de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, incluso contra las mayorías. La Corte IDH parece haber fijado una posición, la que consta en “Gelman”, aunque no se trata de una marca absolutamente indeleble. 


6. Conclusiones desde la sintaxis y la semántica democrática


Es cierto, en sintonía con las observaciones de Ferrajoli51, que la democracia 

reconoce una gramática suficientemente desarrollada. Se trata de un conjunto de reglas morfológicas, ortográficas y sintácticas, acerca de las fuentes del poder y de las formas correctas de su ejercicio, es decir, referidas al método con el cual son tomadas las decisiones colectivas. Un modelo de presentación de estas reglas es el que ha formulado Norberto Bobbio, y al que pueden adicionársele los comentarios de Bovero. Sin dudas, son 

 

50 Ibídem, párr. 10.

51 BOVERO, Michelangelo y FERRAJOLI, Luigi, Teoría de la democracia. Dos perspecivas comparadas, México, INE, 2020, p. 25.


imprescindibles, pues su ausencia o violación no permiten hablar ciertamente de 

democracia. 

En el recorrido que propusimos, concentrado de los estándares del Sistema 

Interamericano, las pautas estructurales, vinculadas con el “quién” y el “cómo” de la 

democracia, están presentes en las afirmaciones de la Corte IDH respecto de los alcances de los derechos políticos. Entre ellos, además de la obligación de los Estados de garantizar elecciones periódicas y transparentes, con voto libre, igual, secreto y universal, es fundamental que exista auténtica competencia y pluralidad de voces. De hecho, como reflejamos, se ha insistido en la trascendencia que adquieren las oposiciones en el juego democrático.

Pero la democracia, o al menos esa específica forma de democracia que es la 

democracia constitucional, tiene también, además de una sintaxis, una semántica. Con ello aludimos a un conjunto de reglas que disciplinan ya no los procedimientos sino los significados normativos que en las formas admitidas no pueden ser (o no ser) expresados, que se refieren, como se ha dicho, no al “quién” y al “cómo”, sino al “qué cosa” es lícito o ilícito decir o no decir en democracia.

La semántica democrática encuentra un lugar en los bordes que delinea el Tribunal 

regional al expedirse sobre aquello que es decidible o no decidible por las mayorías. Esto se traduce en que la democracia requiere, además de reglas procedimentales, de un contenido que no puede estar dado sino por los derechos humanos. En el plano teórico se registran disputas vinculadas con cuáles son esos derechos que condicionan la existencia de un régimen democrático, pero lo que es cierto es que algún límite de sustancia –cuanto menos la prohibición de suprimir democráticamente el método democrático mismo- es constitutivo de la democracia. 

En esta línea, Ferrajoli52 explica que literalmente “democracia” quiere decir “poder 

del pueblo”. Es, precisamente, la semántica de la palabra democracia la que nos impone el análisis del significado de estas palabras. Ante todo, ¿de qué poder estamos hablando? 

¿De un poder legibus solutus o, más bien, de un poder jurídico, o sea, sujeto a derecho? 

En rigor, sin derechos una democracia no nace, o no sobrevive o es pura apariencia, por lo que el poder del pueblo no absoluto sino jurídico, o sea, sometido al -y limitado por el-derecho, según el modelo de gobierno no “de los hombres” sino “de las leyes”. 

 

52 Ibídem, p. 27.


Y todavía más, dice Ferrajoli, ¿qué significa “pueblo”? ¿Es posible, en concreto, un 

poder del pueblo entero?53 Afortunadamente no. Sabemos bien que si un pueblo fuese unánime, ello sería la señal más elocuente de la degeneración totalitaria de la democracia, y que hablar de “poder del pueblo” sirve para ocultar el pluralismo político y los conflictos de clase que atraviesan las sociedades. Entonces, “poder del pueblo” o “democracia” quiere decir, en realidad, el poder de una parte del pueblo, que sea también mayoritaria, sobre el pueblo entero y, por lo tanto, también sobre esa parte que no es la mayoría y que, incluso, se encuentra en oposición y en conflicto respecto de ella. Y es justamente impedir que ese poder sea absoluto, que la democracia política, para no contradecirse a sí misma, debe 

incorporar “contra-poderes” de todos, incluso de la minoría, idóneos para limitar los poderes de la mayoría. Estos contra-poderes que no se advierte por qué no deban ser configurados también como “poderes del pueblo” (o “democráticos”), son precisamente los derechos humanos, gracias a los cuales todos y cada uno están tutelados de las invasiones y de los arbitrios de una parte del pueblo sobre las otras.

El Sistema Interamericano, fundamentalmente a través de los criterios de la Corte 

IDH, ha contribuido a la conformación de una semántica democrática, atribuyendo 

significados a las disposiciones de la Convención y, con ello, estructurando un sentido de la democracia, como régimen y como forma de vida. Por supuesto que no está suturado el asunto, es pertinente y necesario mantener abiertos ciertos interrogantes. Podemos acordar que aunque toda decisión democrática es mayoritaria –o, en otras palabras, debe adoptarse conforme a las reglas de la mayoría-, no toda decisión mayoritaria es necesariamente democrática. Pero, entonces, ¿De dónde surge la legitimidad? ¿Es la mera fuerza normativa de las constituciones o de los instrumentos internacionales la fuente de legitimidad para ponerle un freno a decisiones mayoritarias? 

No es novedoso el intento de volver, una y otra vez, a este lugar, posiblemente sea 

el punto de partida de todos los otros lugares. Por eso, una semántica de lo democrático es el comienzo de otra cosa, de una pragmática democrática, de un recorrido desde el lenguaje hacia la realidad. Es el intento de un tono perfomativo, quizás de aquello que nos falta. 


7. Bibliografía


BOBBIO, Norberto, El futuro de la democracia, México, Fondo de Cultura Económica, 2001.

 

53 Ibídem.


BOBBIO, Norberto, Teoría general de la política, Madrid, Trotta, 2003.

BOVERO, Michelangelo, Pleonocracia: crítica de la democracia mayoritaria, México, 

Instituto Nacional Electoral de México, 2018.

BOVERO, Michelangelo, La democracia y sus condiciones, trad. Lorenzo Córdova Vianello y Paula Sofía Vázquez Sánchez, México, UNAM, 2019.

BOVERO, Michelangelo y FERRAJOLI, Luigi, Teoría de la democracia. Dos perspecivas comparadas, México, INE, 2020.

FERRAJOLI, Luigi, Derechos y garantías. La ley del más débil, Madrid, Trotta 2010. 

FERRAJOLI, Luigi, Principia iuris. Teoría del derecho y de la democracia, Madrid, Trotta, 2011. 

GARZÓN VALDÉS, Ernesto, Representación y democracia, Doxa, núm. 6, 1989

ACTIVIDADES SECCIONES

Sección de Derecho Internacional Público

...

Sección de Derecho Internacional Privado

Santiago, 12 de diciembre de 2023 Señores Alejandro Menicocci, Vice Presidente Guillermo Argerich, Presidente de la Sección de Derecho Internacional Privado ASOCIACION ARGENTINA DE DERECHO INTERNACIONAL Estimados Sres. Menicocci y Argerich: Junto con saludarles muy cordialmente, a nombre...

Sección de Relaciones Internacionales

...

Sección de Derecho de la Integración

                                        XXXIVª Congreso Argentino de Derecho Internacional                              &nbs...

Sección de Documentación, Investigación y Enseñanza del Derecho Internacional

...

Sección de Derecho Internacional de los Derechos Humanos

La semántica democrática en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos   Franco Gatti[1]   En un nivel muy preliminar es posible arriesgar la vigencia de ciertos acuerdos en torno al significado de la democracia, es decir, existe una doxa de lo democrático asumida aunque no neces...

Formulario de solicitud de ingreso enviar a secretaria@aadi.org.ar
Formulario de cambio de categoría enviar a secretaria@aadi.org.ar
Formulario de actualización de datos enviar a tesoreria@aadi.org.ar
Instrucciones para el pago de cuotas e Inscripciones. tesoreria@aadi.org.ar

Novedades

Actividades

Doctrina

Links de Interes

Contacto

Córdoba 2020, Rosario,

Provincia de Santa Fe

Casilla de correo nº 177

Correo Central Rosario

C.U.I.T.: 30-70358704-2

informes@aadi.org.ar

AADI.© Todos los derechos reservados