ANUNCIO

 XXXII Congreso Argentino de Derecho Internacional

PROGRAMA

 XXXII Congreso Argentino de Derecho Internacional
SECCIONES

XXXII Congreso Argentino de Derecho Internacional

PRERRELATO

Desarrollos recientes y análisis prospectivo del Derecho Internacional Aéreo

Relatora: Prof. Dra. Griselda D. Capaldo

Agosto 2021

Esta presentación se divide en 3 secciones. Se acompaña un resumen de cada una de ellas.

Resumen Sección I

El Centro de Análisis de Información sobre Dióxido de Carbono, División de Ciencias Ambientales del Laboratorio Nacional de Oak Ridge (Tennessee, Estados Unidos), viene haciendo desde 1960 un seguimiento de las kilotoneladas de CO2 de origen antrópico que se emiten anualmente en el plano mundial. El último registro data de 2016 (lo que coincide con la asunción de Donald Trump al poder ejecutivo) e indica que ese año la humanidad descargó 33.819.401,161 kt de CO2 a la atmósfera. Registros históricos aportados por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por su sigla en inglés) demuestran que la aviación sólo contribuye con el 2% a ese total global. Sin embargo, es la única fuente antrópica que descarga carbono en la alta atmósfera al quemar combustible durante la fase de vuelo de crucero. El objetivo específico de esta sección es describir y analizar el marco teórico sobre el cual descansa el esquema de “Compensación y Plan de Reducción del Carbono para la Aviación Internacional” (CORSIA, por su sigla en inglés) y la temprana implementación de un mercado paralelo para esta singular fuente de emisión en la UE. Se describe también el funcionamiento del mercado de bonos de carbono, en sus dos modalidades (voluntaria y regulada), así como los aspectos delictuales que lo acechan.

Resumen Sección II

El próximo 7 de diciembre de 2021, el Convenio de Chicago sobre “Aviación civil internacional” celebrará su 77 aniversario. El Convenio fue redactado por los 52 Estados que participaron en la Conferencia de 1944, esto es el 27% de los actuales 193 miembros de la OACI. Así pues, 141 Estados –el 73%– no han tenido ninguna influencia en la redacción de las disposiciones del Convenio y no tuvieron otra alternativa que aceptar el texto acordado sin ellos.

El propósito de esta sección consiste en poner la lupa sobre la letra del Convenio y ponderar si, después de casi 80 años de ser adoptado bajo condiciones técnicas, económicas y geopolíticas muy especiales, marcadas por una guerra aún en desarrollo, responde plenamente a las necesidades actuales de la comunidad internacional. Lo mismo cabe decir de la estructura institucional y los métodos de trabajo de la OACI. Como sostuvo Milde: si no se toman medidas para modernizar el venerado sistema de "Chicago", el Convenio puede muy bien pasar a ser irrelevante y los Estados interesados podrían tratar de encontrar soluciones alternativas fuera del sistema.

Sección III

En esta sección se aborda la utilización de los algoritmos de IA en la aeronavegación y cómo ello impactará en el ámbito de aplicación en razón de la materia y de las personas de los tratados internacionales que regulan distintos tópicos (concretamente, hechos y relaciones jurídicas) vinculados a o generados por la aviación civil. Por lo tanto, todo lo relativo a las

aeronaves privadas pilotadas a distancia, así como la aviación militar y demás tipos de aeronaves públicas, quedan excluidos del alcance de este relato.

Miscelánea

No será objeto de relato, pero no por ello dejaremos de señalar la relevancia de revisar el mecanismo de solución de controversias previsto en el Convenio de Chicago de 1944 y la conveniencia, o no, de aplicarlo a las disputas que pudieran surgir entre los Estados por la aplicación del esquema CORSIA.

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SUMARIO SECCIÓN I

I. Introducción. II. Primeras regulaciones internacionales relativas a los gases de efecto invernadero emitidos por la aviación. III. La OACI, El Anexo XVI y el Programa CORSIA. 1. Las Resoluciones que conducen hacia el Programa. 2. CORSIA. Características, fases e implementación. 2.1.a. Documento 9501. 2.1.b. Anexo 16 - Volumen III y IV. IV. Medidas basadas en el mercado y comercio mundial de bonos de carbono. 1. La labor de Naciones Unidas. 2. La labor de la OACI. V. Sistemas voluntarios y sistemas no voluntarios de bonos de carbono. Su taxonomía. VI. Aspectos delictuales del comercio de bonos de carbono. VII. Descripción del programa ETS de la UE. Su solapamiento con el esquema implementado por la OACI. VIII. Conclusiones.

SUMARIO SECCIÓN II

I. Introducción. II. Antecedentes históricos del Convenio de Chicago de 1944. III. Modernización de sus cláusulas y de su estructura institucional. IV. Redefinición de las funciones de los órganos de la OACI. V. Lagunas del Convenio. VI. Pérdida de vigencia del principio de “unanimidad oculta”. VII. ¿Enmienda o sustitución por un nuevo convenio?

SUMARIO SECCIÓN III

I. Introducción. II. Somera descripción de los algoritmos de inteligencia artificial y su aplicación a la aeronavegación. III. Aeronaves totalmente autónomas o conducidas por IA. 1. Su distinción con las aeronaves pilotadas a distancia o remotamente (RPAS). IV. Desafíos planteados para su regulación en los tratados internacionales de derecho aéreo vigentes. 1. Consecuencias jurídicas derivadas de la ausencia de comandante y tripulación a bordo o remota. 2. Replanteo de la distribución de derechos, obligaciones y responsabilidades a partir de la figura del comandante de la aeronave y de la tripulación a bordo. V. Conclusiones

 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2021

 

Apreciados Miembros de la Sección de Derecho Internacional Público:

 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a fin de hacerles llegar la invitación a la actividad académica organizada por nuestra Sección, “Antártida: Ciencia y Protección del medio ambiente a sesenta años de la entrada en vigor del Tratado Antártico y a treinta años de la adopción del Protocolo de Madrid”.

 

Temas y expositores:

 

- “La protección del medio ambiente antártico: desarrollos recientes y perspectivas”, José María Acero, biólogo, ex Subsecretario de la Secretaría del Tratado Antártico, ex Jefe del Área de Gestión Ambiental de la Dirección Nacional del Antártico.

 

- “Prospección biológica en la Antártida”, Walter P. Mac Cormack, biólogo, investigador científico, Director del Instituto Antártico Argentino.

 

- “Conservación de los recursos vivos marinos antárticos”, Enrique R. Marschoff, biólogo, investigador científico, Representante ante la Comisión para la Comisión de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, ex Director del Instituto Antártico Argentino.

 

La actividad, que no es arancelada, tendrá lugar el miércoles 26 de mayo, de 18:00 a 20:00 hs. a través de la plataforma ZOOM (https://zoom.us/) cuyo link se facilitará a quienes se inscriban hasta el viernes 21 de mayo inclusive, remitiendo un correo electrónico a: seccionpublico@aadi.org.ar (indicando nombre, apellido y DNI).

 

Saludamos a ustedes con particular estima.

 

 

                  Leopoldo M. A. Godio                                                                        Ariel R. Mansi

                   Secretario de Sección                                                                      Director de Sección

          Derecho Internacional Público                                                       Derecho Internacional Público 

















El Sistema Multilateral de Comercio navegando en un contexto mundial crecientemente conflictivo: una reflexión

 

                                                                        Eduardo R. Ablin, Embajador                 

                                                                        

   

   Asociación Argentina de Derecho Internacional

              Buenos Aires, Septiembre de 2020

 

 

I.             El Sistema Multilateral de Comercio: estructura y evolución

 

Diversos analistas estiman que el “Sistema Multilateral de Comercio” (SMC) -y su entidad rectora, la “Organización Mundial del Comercio” (OMC)[1]- resultan obsoletos para atender a los desafíos del intercambio internacional en el Siglo XXI, requiriendo ser reformulados. Si se considera que luego de la euforia -y el subsecuente éxito- generados por la instauración en 1995 de la OMC como corolario de la “Ronda Uruguay” (RU) del GATT (“General Agreement on Tariffs and Trade” o “Acuerdo General de Aranceles y Comercio”) [2] ninguna nueva Ronda[3] ha podido ser completada, tal vez esta visión merezca alguna reflexión.

 

No obstante, el SMC es considerado uno de los regímenes internacionales más exitosos de la postguerra, al suscribir 23 Partes Contratantes en 1947 el GATT[4], devenido luego en la OMC, integrada hacia 2019 por 164 Miembros que concentran más del 98% comercio mundial, mientras otros 25 países participan como Observadores[5].

 

Generalmente tiende a afirmarse con espíritu simplificador que la OMC es la sucesora del GATT, lo que suscita confusión al soslayar el profundo cambio resultante de la RU. En efecto, el AG constituyó un mero “Acuerdo de Partes” [6] mientras que el “Acuerdo de Marrakech” (AM) de 1994 crea a la OMC como verdadera organización de carácter multilateral, integrada por Estados que asumen carácter de Miembros, gozando de la personería jurídica propia de tal tipo de organizaciones[7].

 

Así, en su versión actualizada a 1994 el GATT fue subsumido como Anexo del AM, de donde surge indubitablemente que la OMC no puede ser una mera sucesora del GATT, al constituir un instrumento jurídico-institucional mucho más complejo que el texto incorporado como Anexo 1A del AM, subsistiendo no obstante un espíritu de transición entre ambos al establecerse que “salvo disposición en contrario en el presente Acuerdo o en los Acuerdos Comerciales Multilaterales, la OMC se regirá por las decisiones, procedimientos y práctica consuetudinaria de las PARTES CONTRATANTES[8] del GATT de 1947 y los órganos establecidos en el marco del mismo” (ver Art. XVI:1 AM)[9]. Así, aún cuando la OMC no resulte la sucesora del GATT, este constituye el núcleo jurídico y operativo de la nueva institución[10].

 

En cuanto a los principios rectores del SMC cabe enfatizar como precepto básico del GATT la “no discriminación”[11] en su doble vertiente: a) por el origen (“Trato Nación más Favorecida” -TMF-)[12] y b) en relación con los productos domésticos (“Trato Nacional” -TN-)[13], los que deben aplicarse a todos los productos originarios de las “partes contratantes” independientemente de que hayan sido o no objeto de ventajas en el marco del Artículo II, en el que se registran las denominadas “listas de concesiones”, originalmente limitadas al ámbito arancelario y luego progresivamente extendidas a otra serie de campos.

 

Desde el punto de vista de su estructura el AM es un texto mucho más breve (XVI artículos) que el AG, constituyendo un paraguas institucional enmarcado bajo la OMC, el cual cubre una vasta red de acuerdos específicos -entre los cuales se subsume el GATT-[14]. Así, el AM se concentra en la creación de la OMC, sus funciones, estructura, y todos aquellos aspectos de carácter decisional, remitiendo a sus Anexos, comenzando por la incorporación del GATT 1994 en lo relativo al comercio de mercancías. A su vez, va seguido de una docena de acuerdos específicos alcanzados durante la RU en lo concerniente al comercio de bienes, los que en cada caso introducen extensas y precisas clarificaciones a previsiones originales ya contenidas en el AG en forma sucinta o poco explícita, habiendo dado lugar a complejas diferencias interpretativas a lo largo de su historia. Finalmente, se incorporan seis entendimientos relativos a la interpretación de artículos del AG en particular[15].

 

Por su parte, los Anexos 1B y 1C incluyen los acuerdos relativos a los denominados “nuevos temas” incorporados al SMC en el curso de la RU (servicios[16] y propiedad intelectual[17], respectivamente), mientras que el Anexo 2 instaura un único Esquema de Solución de Diferencias (ESD) para todos los denominados “acuerdos abarcados” por la OMC, incluyendo los nuevos [18].

 

En lo que concierne a otros principios cabe recordar que el SMC no incorpora en ningún caso el concepto de prohibición, ya que los “padres fundadores” asumían que los Estados podrían estar dispuestos a comprometerse -en aras del beneficio para la economía global- al cumplimiento de un código normativo comercial, aunque no concebían que las naciones aceptaran subordinar sus acciones en aquellos casos en que intereses de “alta política” -por ejemplo en materia de defensa y seguridad- pudieran entrar en colisión con dichos compromisos de naturaleza multilateral[19] [20]. Precisamente esta concepción se sitúa al presente en el núcleo de los conflictos que afectan la operativa de la OMC[21].

 

Tampoco incluye el SMC el concepto de sanción colectiva[22], debiendo cada Miembro evaluar el costo-beneficio de “no conformar” con la normativa de la OMC, ante la perspectiva de ser demandado bajo el nuevo régimen del ESD por las contrapartes afectadas por sus potenciales acciones[23], o por no cumplimentar los requerimientos de los órganos de dilucidación de derechos -dictámenes de un Grupo Especial (GE o “panel”) adoptados por el “Organo de Solución de Diferencias” (OSD). En tal caso los Miembros “recurridos” resultan pasibles de eventuales contramedidas (medidas de “retorsión” o “retaliatorias”) por parte de los Miembros “recurrentes”, previa autorización del OSD

 

Finalmente, la OMC no constituye un tribunal que emite fallos, ya que el SMC no persigue criterios punitivos sino conciliadores, en la búsqueda de criterios de predictibilidad por parte de los Miembros respecto del cumplimiento de la normativa acordada, con el objeto de intentar restablecer el equilibrio de derechos y obligaciones de los mismos dirigidos a “obtener ventajas mutuas”[24]. Al respecto, el ESD incorpora -impulsada por la doctrina estadounidense en la materia- una visión juridicista orientada a alcanzar una eficaz operativa, evidenciada en la inclusión de mecanismos procesales precisos para la dilucidación de las controversias dentro de un calendario previsible[25].

 

II.            Aporte del SMC a la economía mundial

 

En el marco de la estructura regulatoria descripta el comercio mundial de mercancías ha registrado a lo largo de 70 años un crecimiento excepcional (6% anual), contribuyendo al desarrollo económico global gracias a su avance a un ritmo promedio anual 1,5 veces superior al del PBI mundial.

 

De igual forma puede destacarse que el promedio de aranceles aplicados en 2018 a nivel internacional ascendía a 9%, casi una quinta parte inferior a la media del 11% vigente en 1996. Mucho más impactante aún es que los aranceles medios de los países industrializados hacia 1947 -previo a las primeras reducciones en el marco del GATT- oscilaban según las estimaciones disponibles entre 20% y 30%.

 

Así, la positiva era del GATT se extendió casi 50 años, hasta la apertura de la nueva etapa iniciada por el AM y la Ronda Uruguay (8ª MTN), con la subsecuente entrada en operación de la OMC al comenzar 1995, la cual continuó con gran éxito su aporte al cada vez más complicado tratamiento de las cuestiones atinentes al intercambio de mercancías, así como a los nuevos temas incorporados en el AM (comercio de servicios y aspectos de propiedad intelectual vinculados con el comercio). También la puesta en funciones del ESD constituyó una singular contribución a la nueva era del SMC, al facilitar la transparencia y gestión de las controversias entre los Miembros, con significativo éxito en la efectividad para la solución de los mismos de forma mutuamente satisfactoria y acorde a las normas consensuadas.  

 

Al respecto, aún previo a la RU (1986-1994) ya la complejidad de los temas objeto de negociación habían generado una inevitable tendencia a la extensión de las MTN, cuyas agendas demandaban per se varios años de labor. Así, a la RU siguió en 2001 la convocatoria de la denominada “Ronda de Doha” (RD), con una extensión originalmente prevista hasta 2005, aunque al presente aún no ha podido ser concluida[26]. El “Programa de Doha”[27] incluía originalmente negociaciones relativas a los aranceles aplicados a productos no agrícolas, la interacción normativa entre comercio y medio ambiente, la precisión de los instrumentos dirigidos a remediar prácticas comerciales desleales tales como el dumping y las subvenciones, un programa de facilitación del comercio destinado a morigerar las innumerables trabas burocráticas en frontera, el establecimiento de mecanismos de transparencia para las contrataciones públicas, y una serie de dificultades planteadas por las economías en desarrollo con las que tropiezan en su intercambio con países industrializados.

 

No obstante, las posteriores negociaciones de la RD permitieron muy escasas actualizaciones normativas -aunque algunas relevantes- destacándose el “Acuerdo sobre Facilitación del Comercio”[28], aprobado durante la Novena Conferencia Ministerial (Bali, 2013) y en vigor desde 2017, orientado a reducir demoras en frontera mediante la simplificación de trámites burocráticos, estimándose que su aplicación redundará en una reducción de los costos del comercio en torno del 14%. Por su parte, en la Décima Conferencia Ministerial (Nairobi, 2015) se adoptó finalmente la decisión de prohibir las subvenciones a la exportación de productos agropecuarios[29], en consonancia con los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” de la ONU. En cuanto al resto de las Reuniones Ministeriales desde el inicio de la RD (Cancún -septiembre 2003-, Hong Kong -diciembre 2005-, Ginebra -diciembre 2009 y 2011-, y Buenos Aires -diciembre 2017- sus avances resultaron extremadamente limitados (siendo la Conferencia prevista en junio de 2020 en Kazajistán pospuesta por la pandemia en curso).

 

En un plano mucho más sustantivo la política de EE.UU. de bloquear el nombramiento de los integrantes del Organo de Apelación (OA) cuyo mandato ha finalizado venía perturbando -desde la Administración Obama- el funcionamiento del ESD -y con ello la dilucidación de controversias, en la medida en que la OMC constituye un esquema jurídico cerrado [30]. No obstante, el rechazo instaurado por la Administración Trump (AT) a todos los candidatos propuestos por el Consejo General ha determinado desde diciembre de 2019 la inactividad de facto del organismo en cuestión, y con ello la parálisis total de la solución de diferencias como una de las funciones centrales de la OMC[31].

 

Completando tal complejo panorama en mayo de 2020 el Director General de la OMC -Roberto Azevedo- anticipó su renuncia concretada en agosto[32], un año previo al vencimiento de su mandato, dejando así a la OMC librada a la necesidad de aplicar el mecanismo sucesorio que debería en principio completarse en noviembre, y para el cual se postulan ocho candidatos, provenientes mayormente de Miembros de economías en desarrollo.

 

III.          El éxito de la OMC es víctima de acontecimientos inesperados

 

Más allá de la paralización de las negociaciones de la RD, la segunda mitad de esta década se ha visto opacada por la respectiva evolución de las estrategias comerciales por parte de los Estados Unidos (EE.UU.) y la República Popular China (RPC), que confluyeran en 2018 en una “guerra comercial [33], la cual evolucionó finalmente hacia una creciente conflictividad entre ambas potencias, introduciendo así en última instancia incertidumbre sobre la propia paz mundial[34].

 

De esta forma, al efecto progresivamente dinamizador del SMC durante los últimos 70 años -tanto en el ámbito económico global, como del comercio internacional en particular- parece ahora oponerse un reverdecimiento proteccionista a partir del avance de doctrinas mercantilistas, reflejadas en los acontecimientos desencadenados entre los EE.UU. y la RPC abajo detallados y sus respectivas consecuencias:

 

a)    guerra comercial

 

La accesión de la RPC a la OMC en 2001 -ya en camino de convertirse en la factoría del mundo- irradiaba la imagen de un país plenamente consustanciado con el multilateralismo comercial, capaz de adaptar su modelo productivo en el contexto de una competencia global con participación del sector privado y asumiendo una decreciente participación estatal en su economía. No obstante, las concesiones formuladas por la RPC para dicha accesión no alcanzaron para que los principales Miembros industrializados le concedieran el tratamiento de “economía de mercado”, condición sustantiva para la metodología de cálculo de los remedios contra las prácticas comerciales desleales, tales como “dumping” y “subsidios”, aspecto que obligó a China a enfrentar diversos casos en el marco del ESD[35].

 

Ello no obstante, el proceso de integración económica china al mundo contó con un significativo impulso inversor de empresas extranjeras -en particular de los EE.UU.- que en rigor se había iniciado desde la década de los años ’90, confluyendo en un intenso interrelacionamiento comercial entre ambos países, propio del acople de diversas “cadenas de integración productiva” -sustentadas en abundante mano de obra barata en China- las cuales progresivamente acrecentaron la producción manufacturera en la RPC, y con ello su incontenible expansión como exportador mundial.

 

 

Comercio bilateral EE.UU.-RPC

             -en millones de U$S-

 

          Exportaciones        Importaciones        Saldo comercial

 EEUU a RPC             EEUU desde RPC               EE.UU.

 

2017       129.997 (8,5%)               505.165 (21,5%)        -375.167

 

2018       120.289 (7,0%)         539.243 (21,0%)        -418.953

 

2019       106.447 (6,5%)         451.651 (18,0%)        -345.204

 

2020 *       49.490 (7,0%)         181.207 (17,0%)        -131.716

(*) 6 meses

Fuente: Datos del Banco Mundial

 

 

Sin embargo, el inicio en 2017 de la AT trajo consigo una reconsideración de la política comercial de los EE.UU. desde una perspectiva mercantilista centrada en una intensa presión para reducir los significativos déficits comerciales bilaterales de larga data sostenidos con aliados y competidores, ubicando a la RPC en el eje de dicha batalla. En efecto, el primer año de gobierno del Presidente Trump evidenció que el déficit comercial con la RPC ascendía a U$S 375.000 millones, la mitad del desbalance total del intercambio de EE.UU.

 

Esta visión del intercambio bilateral con la RPC influyó decididamente en el lanzamiento por parte de EE.UU. de mecanismos arancelarios punitorios que llevaron progresivamente a la luego denominada “Guerra Comercial”, sustentadoa en legislación interna asociada con la protección de su seguridad nacional (Párrafo 232 de la “Trade Expansion Act” de 1962) así como en la Sección 301 de la “Ley de Comercio Exterior de 1974” orientada a proteger a su industria doméstica frente a prácticas comerciales presuntamente desleales involucradas en el programa de política industrial denominado “Made in China 2025”[36]. Al respecto cabe recordar que tal criterio resulta decididamente contrario a la normativa de la OMC -que impide aplicar medidas retaliatorias no convalidadas por el ESD- y menos aún sobre la base de legislación interna cuya legitimidad resulta “recurrible” dada la expiración del “Protocolo de Aplicación Provisional” del GATT y la plena vigencia de la OMC. Más aún en tanto ambas normas invocadas fueron sancionadas con posterioridad a 1947[37].

Un seguimiento detallado de la “Guerra Comercial” desatada en 2018 puede historiarse a partir de sucesivas rondas de amenazas y aranceles adicionales de carácter punitivo impuestos inicialmente por EE.UU. a diversos países -para luego concentrarse específicamente en la RPC-. Dicha cargas extraordinarias se sustentaron en investigaciones desarrolladas previamente en 2017 por la “Oficina del Representante Comercial de los EE.UU.” (USTR) bajo el marco de la “Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974”, como reacción de la Administración frente al desbalance comercial global registrado.

 

La investigación conducida por el USTR refleja una preocupación sustantiva respecto de la normativa sobre inversión externa en la RPC, persiguiendo mayor protección para las patentes y derechos de propiedad intelectual de las empresas de EE.UU. que han invertido en China desde 1990 por un valor total estimado en U$S 600.000 millones, concretando al presente ventas anuales por U$S 500.000 millones[38]. Al respecto, los esfuerzos dirigidos a la protección de la propiedad intelectual de tales firmas han constituido parte sustantiva de la política comercial de los EE.UU. desde la creación de la OMC. En este sentido, las investigaciones citadas atribuyen a la RPC el apoderamiento de recursos por vía de diversos artilugios, acumulando un despojo para las firmas de EE.UU. cercano a U$S 225.000 millones (en torno 1% su PBI).

 

Así, la instancia más trascendente esgrimida por los EE.UU. en sus reclamos en materia de política comercial concierne a la normativa de inversión en la RPC, cuyo accionar requiere la transferencia gratuita y obligatoria de propiedad intelectual por parte del inversor a sus socios chinos, generándose así una progresiva transferencia sin costo de tecnología a la contraparte local, que redunda en una paulatina capacitación de los receptores, cuya creciente competitividad les permite rivalizar con sus obligados socios al amparo de una vía normativa poco transparente[39].

 

Como corolario de la investigación del USTR los EE.UU. inician un caso contra la RPC en el marco del ESD por la práctica de licencias discriminatorias, al mismo tiempo que deciden restringir las inversiones de empresas chinas en sectores tecnológicos clave de los EE.UU., así como imponer aranceles extraordinarios sobre importaciones originarias de la RPC en los sectores aeroespacial, de comunicaciones y de tecnología de la información. En dicho contexto los recurrentes denuncian múltiples casos de presunto espionaje industrial por parte de empresas chinas sobre aquellas de EE.UU. con capacidades tecnológicas destacadas, sin descartar la instigación o mandato de sectores del gobierno de la RPC en dicho proceso destinado a la apropiación de secretos comerciales[40].

 

Formalmente, EE.UU. profundiza la tendencia a imponer “erga omnes” aranceles sobre aceros (25%) y aluminio (10%) de todo origen, invocando nuevamente normativa unilateral en materia de seguridad[41]. Aún cuando la RPC no se encuentra entre los principales proveedores de tales productos a los EE.UU. (U$S 2.500 millones 2017) asume liderazgo contestatario al interpretar que la medida en cuestión equivalía a una salvaguardia encubierta[42] [43], sin límite temporal ni compensación, recurriendo nuevamente al ESD seguida de México, Canadá, India, Noruega, Rusia, Suiza y la Unión Europea (UE)[44]. De esta forma, al arrogarse el derecho a exigir compensación en caso de confrontar una salvaguardia no declarada, la RPC respondió imponiendo aranceles retaliatorios (15-25%) sobre productos EE.UU. por valor de U$S 3.000 millones[45].

 

Subsecuentemente, desde abril de 2018 los EE.UU. inician la confección de sucesivas listas (4) de mercancías -por valores predeterminados- sobre las cuales procede a aplicar aranceles adicionales de hasta 25%, sobre las bases argumentales invocadas en la investigación bajo la “Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974”. Premonitoriamente, al rechazar ante el ESD -en ocasión de la presentación de un caso en el OSD contra los aranceles adicionales impuestos por los EE.UU.[46]- la legitimidad de dicha norma el Ministro de Comercio chino anticipa “que la disputa podía conducir a la mayor guerra comercial de la historia”. Así, desde entonces cada acción de los EE.UU. es respondida por la RPC aplicando medidas retaliatorias equivalentes[47] sobre universos preseleccionados de productos sensibles para los EE.UU., tales como las habas de soja -segundo item de exportación a RPC, sólo superado en valor por las aeronaves-[48].

 

En resumen, la “Guerra Comercial” afectaba al concluir 2018 productos de origen chino por valor en torno de U$S 300.000 millones[49], incluyendo amplia variedad de bienes de consumo, desde teléfonos celulares hasta juguetes y computadoras, así como el bloqueo a las compras de productos agrícolas de EE.UU, y sucesivos reclamos sobre el tráfico de opioides sintéticos (“Fentanyl”) sobre el cual la RPC habría comprometido mayor control -y eventuales sanciones- a las firmas responsables de exportación de los mismos hacia EE.UU., aspecto de claro interés en materia salud y seguridad[50].

 

Como corolario de esta reseña puntual puede concluirse que desde el intercambio de amenazas mutuas en junio de 2018 el conflicto comercial incorporó una serie inagotable de negociaciones bilaterales, que fueron ascendiendo desde niveles técnicos a importantes delegaciones de alta jerarquía, encuentros complementados con innumerables conversaciones telefónicas a nivel ministerial, así como por tres reuniones personales entre los máximos líderes de ambos países.

 

Dada necesidad ambas partes de transmitir sensación de fortaleza a sus bases los respectivos anuncios del diálogo presentaron en general un tono positivo, aunque sin poder obviarse las diferencias de fondo siempre subsistentes. Así, cada una de estas gestiones fueron seguidas por reacciones de vigoroso optimismo -muchas veces infundado- respecto de avances que parecían anticipar el pronto cierre de un acuerdo, con consiguiente impacto sobre los mercados de valores en ambos países y de productos básicos a nivel mundial.

 

No obstante, a la euforia por presuntos avances se contrapusieron ciclos de desaliento originados en mutuas acusaciones lanzadas por los líderes políticos señalando que la contraparte había retrocedido respecto de concesiones ya acordadas, generándose un impasse o regresión en las conversaciones.

 

Así, hacia fines de 2019 la aplicación de las sucesivas listas de aranceles punitorios cubría en la práctica al universo de las exportaciones chinas a los EE.UU., mientras que la RPC se ve forzada por primera vez a aplicar un criterio proporcional a los intercambios, dado que contramedidas simétricas hubieran excedido el total de importaciones originarias de EE.UU.[51]

 

Dicha mecánica de escalación progresiva e iterativa de los instrumentos de “guerra comercial” continuó aplicándose desde su inicio en 2018 hasta 2020, interrumpida alternativamente por tres difusos “acuerdos” destinados a negociar entre los líderes de ambos países “acciones temporales dirigidas a resolver las diferencias”, ninguno de cuyos compromisos fue plenamente cumplido por las partes hasta el presente, por lo que la disrupción generada en el intercambio aún continúa:

 

a)    Buenos Aires, Noviembre 2018, en ocasión Cumbre G20

b)    Osaka, Junio 2019 durante la Cumbre del G20

c)    Washington, enero 2020 (denominado de Fase 1)

 

Ante la ausencia de avances relevantes en el primer semestre de 2020 se anuncia al finalizar agosto una próxima reunión de evaluación del Acuerdo denominado de Fase 1 -cuya revisión se preveía en seis meses desde su suscripción- el cual gana relevancia política a la luz del calendario eleccionario en los EE.UU. y la celebración del centenario de la fundación del Partido Comunista Chino (PCC) en 2021, instancias que pondrán a prueba la solidez de los respectivos liderazgos. Al respecto ambos países destacaron los avances chinos en dirección a garantizar una mayor protección de los derechos de propiedad intelectual, así como eliminar las restricciones para la actividad en su mercado de las empresas de EE.UU. en materia de servicios financieros[52] y agricultura. Paradójicamente, no obstante, ninguno de los acuerdos negociados hasta el presente con el objeto de alcanzar treguas sucesivas en las medidas recíprocas impidió el agravamiento del déficit bilateral de EE.UU. en el intercambio desde 2017[53].

 

Sin embargo, los Secretarios Pompeo y Mnuchin estimaban aún realista en julio de 2020 el cumplimiento del compromiso chino de adquirir importaciones adicionales de los EE.UU. por valor de U$S 200.000 en el plazo de dos años -reiterado en el Acuerdo de Fase 1- a cuyo efecto la RPC debería aún completar durante 2020 compras por U$S 130.000 [54] -concentradas esencialmente en productos agrícolas, energéticos y manufacturas-[55]. Por el contrario, el Asesor Presidencial Peter Navarro manifestaba en junio que el Acuerdo de Fase 1 ya había quedado superado[56], mientras que el Presidente Trump expresaba aún su confianza en el mismo, señalando que en caso contrario un “desacople” económico total aún constituía una opción, contra la opinión del USTR Lighthizer de que dicha hipótesis no resultaba viable[57].

 

Entretanto, la RPC ya había inaugurado en 2019 su propio listado de organizaciones, empresas e individuos considerados responsables de no respetar reglas de mercado, violar contratos, bloquear o suspender aprovisionamiento a sus clientes por razones no comerciales, o dañar legítimos intereses de empresas de la RPC, iniciándose así una serie de reproches mutuos respecto de las acciones unilaterales y su conformidad con las normas del SMC, así como el recurso a estrategias proteccionistas que conspiran contra la continuidad de la negociación[58]. En dicho contexto la alteración unilateral en julio de la normativa vigente en Hong-Kong bajo el régimen “un país, dos sistemas” pone al presente en duda la pronta reanudación de las negociaciones comerciales[59].

 

b)   Medidas de los EE.UU. y Dictamen del GE del OSD

Sorprendentemente, mientras la tensión en materia comercial se agudizaba ante los escasos avances en torno del Acuerdo de Fase 1, cuya revisión se había postergado, el OSD de la OMC distribuyó el Dictamen del GE establecido en enero de 2019 a solicitud de la RPC en el caso DS543[60], diferencia en la cual la RPC impugna los derechos adicionales impuestos por los EE.UU. sobre determinados productos procedentes de China. En efecto, los EE.UU. impusieron dichos derechos extraordinarios de conformidad con constataciones contenidas en un informe desarrollado en el marco de la “Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974” en el que se examinaban las prácticas de la RPC en materia de transferencia de tecnología, propiedad intelectual e innovación, que los EE.UU. consideran políticas desleales y distorsivas al conllevar una apropiación indebida de tecnología, propiedad intelectual y secretos comerciales de los inversores convalidados por la propia normativa de la RPC.

Por su parte, como resultado de la celebración de consultas solicitadas por China en abril de 2018, sin que se haya logrado una conciliación, la RPC solicitó la constitución de un GE, ante el cual impugnó:

·         los derechos adicionales del 25% impuestos por los EE.UU. en junio de 2018 sobre un primer grupo de productos con un valor comercial anual aproximado de U$S 34.000 millones (lista 1); y

·         los derechos adicionales aplicados a un segundo grupo de productos con un valor comercial anual aproximado de U$S 200.000 millones (lista 2), que ascendían inicialmente al 10% en septiembre de 2018 y elevados posteriormente a niveles de 25%.en mayo de 2019.

Al respecto, la RPC alegó que dichos derechos adicionales resultaban incompatibles con los artículos I.1 y II.1 del GATT de 1994, mientras que por su parte los EE.UU. intentaron justificar su mantenimiento alegando dos argumentos centrales:

·         que, al entablar negociaciones bilaterales para abordar varias preocupaciones comerciales (incluidas algunas cuestiones abarcadas por la diferencia en cuestión), las partes habían decidido resolver su diferencia fuera de la OMC y, por consiguiente, habían llegado a una “solución de la cuestión” en el sentido del artículo 12.7 del ESD, por lo cual a su juicio el GE debía limitar su informe a una breve exposición de los hechos y una mención de que se había llegado a un arreglo; y

·         que, en cualquier caso, los derechos adicionales se encontraban justificados al amparo del artículo XX a) del GATT de 1994 (referido a las denominadas “Excepciones Generales”, como medidas necesarias para proteger la moral pública en su país. En efecto, acorde la interpretación de los EE.UU. las leyes, políticas y prácticas de la RPC -examinadas en el informe desarrollado en el marco de la Sección 301 de su Ley de Comercio- equivalían a un “robo”, incluyendo apropiación indebida de tecnología, propiedad intelectual y secretos comerciales de las empresas de su país a partir de la aplicación de normativa “sancionada y aplicada por el Estado” chino, criterios que infringían la moral pública prevaleciente en EE.UU.

Al respecto, la RPC alegó que las medidas en cuestión resultaban incompatibles con los artículos I (Trato de Nación más Favorecida) así como II (Listado de Concesiones) del GATT, mientras que el artículo 23 del ESD obliga a los Miembros a no adoptar medidas punitivas que no hayan sido consideradas acorde los procedimientos previstos en dicho ESD relativo al tratamiento de las Diferencias entre Miembros de la OMC[61].

En este sentido ya en mayo de 2018 se iniciaron las consultas bilaterales, ampliadas en julio a solicitud de la RPC con motivo de la publicación por los EE.UU. en el mes de junio previo de una lista de productos originarios de China cuya importación estaría sujeta a un derecho ad valorem del 25% vigente a partir de julio de 2018. Al respecto la RPC sostuvo que dichos derechos solo se aplicarían a productos chinos y excederían los niveles arancelarios consolidados por los EE.UU. bajo el Art II del GATT. De igual forma la RPC hizo referencia a la publicación por los EE.UU. en julio de 2018 de una segunda lista de productos exclusivamente de origen chino cuya importación estaría sujeta a un derecho ad valorem del 10%, que una vez más superaría los niveles arancelarios consolidados oportunamente por los EE.UU.

Finalmente, en diciembre de 2018, la RPC solicitó el establecimiento de un GE, cuya constitución el OSD aplazó hasta enero de 2019, solicitando China en mayo al Director General de la OMC determinar la integración del mismo, lo que se concretó en junio.

Finalmente, el 28 de enero de 2019 el OSD estableció el GE, reservando derechos como terceros en el caso sometido al mismo Brasil, Canadá, Corea, la Federación de Rusia, India, Indonesia, Japón, Kazajistán, Noruega, Nueva Zelandia, Singapur, el Taipei Chino (Taiwán), Ucrania y la Unión Europea .

Así, en abril de 2020, el Presidente del GE informó al OSD que esperaba dar traslado de su Informe definitivo a las partes a más tardar a finales de junio de 2020, el cual se pondría a disposición del público después de haberse distribuido a los Miembros, lo que se concretó el 15 de septiembre de 2020.

El Informe en cuestión señala que el GE reconoció que se estaba llevando a cabo un proceso bilateral entre China y los Estados Unidos orientado a la búsqueda de una solución a la diferencia planteada. Aunque dicho proceso bilateral se desarrollaba en forma paralela a las actuaciones del GE y no tenía por fin sustituirlas, el Informe aclara que las partes no habían alcanzado una solución de la cuestión en el sentido del artículo 12.7 del ESD.

Asimismo, el GE constató que los derechos adicionales impugnados eran prima facie incompatibles con el artículo I.1 del GATT de 1994, dado que se aplicaban únicamente a los productos procedentes de China. De igual forma resultaban prima facie incompatibles con el artículo II del GATT de 1994, ya que las tasas aplicadas excedían aquellas consolidadas por los EE.UU. en su respectiva “Lista de Concesiones”.

Finalmente, con respecto a la argumentación de los EE.UU. al amparo del artículo XX a) del GATT de 1994 en el sentido que las medidas aplicadas resultaban “necesarias para proteger la moral pública acorde la interpretación de la misma en su país”, el GE observó que las “normas de lo bueno y lo malo” invocadas por el Miembro recurrido (incluidas las normas contra el robo, la apropiación indebida y la competencia desleal) podían, al menos a nivel conceptual, estar abarcadas por la expresión “moral pública” del artículo XX a).

No obstante, en lo que concierne a la necesidad de las medidas, el GE centró su análisis en la explicación brindada por los EE.UU. de la metodología elegida para la imposición de las medidas específicas, aplicando los derechos adicionales sobre una amplia gama de productos seleccionados procedentes de China que contribuían al objetivo de moral pública invocado. Al respecto, el GE orientó su indagación a tratar de identificar el nexo entre las medidas que los EE.UU. habían elegido y sus preocupaciones de moral pública, a fin de determinar si las medidas contribuían de alguna manera a proteger la moral pública en el sentido del artículo XX a), y por ende si podía demostrarse que eran “necesarias” para ello.

En cuanto a la imposición de derechos adicionales a los productos de la lista 1 y 2, el GE constató que los EE.UU. no habían proporcionado una explicación que demostrara una relación auténtica de medios a fines entre la imposición de derechos adicionales a los productos seleccionados a tal efecto y el objetivo de moral pública invocado, y por tanto en qué medida resultaban necesarios para proteger la misma.

En sus “Observaciones finales” el GE subraya que es consciente del contexto más amplio en el que opera actualmente el sistema de la OMC, contexto que “refleja una serie de tensiones comerciales mundiales sin precedentes”. A este respecto recordó que, hasta la fecha, el Gobierno de los EE.UU. no habían iniciado acción alguna en el marco del ESD de la OMC con respecto a las acciones que la RPC había adoptado en respuesta a las medidas objeto de litigio en la presente disputa, alentando a las partes a continuar trabajando para alcanzar una solución mutuamente aceptada sobre las cuestiones planteadas en la diferencia.

c)    guerra tecnológica

 

El Departamento de Comercio difundió en mayo de 2018 resultados de una nueva investigación según la cual la importante empresa china de telecomunicaciones ZTE habría infringido sanciones unilaterales aplicadas por los EE.UU. a aquellas firmas que proveyeran materiales sensibles a Irán. Con esta decisión se abre -al margen de la guerra comercial- un nuevo frente de confrontación tecnológica, multándose a ZTE al mismo tiempo que se le prohibe operar comercialmente con empresas de EE.UU. durante siete años[62]. Poco después, no obstante, las partes acuerdan la suspensión provisional de la aplicación de las medidas respectivamente anunciadas, como parte del compromiso de la RPC de incrementar sus importaciones desde EE.UU. por valor de U$S 200.000 millones de forma de reducir su superávit comercial bilateral en el plazo de dos años.

 

Sin embargo, la incorporación de sucesivas listas de productos chinos a los mecanismos preventivos en materia tecnológica no cesó, respondiendo siempre la RPC en forma simétrica, hasta que al promediar 2018 el Departamento de Comercio escala la confrontación al incorporar un listado de entidades chinas -objeto de evaluación previa- cuya adquisición de una serie de productos originarios de los EE.UU. quedaría sujeta a autorización previa, por presentar un eventual “riesgo significativo” para su seguridad nacional. Esta medida permite vislumbrar que tras la “guerra comercial” subyace un interés de los EE.UU. en bloquear el desarrollo y dominio de las denominadas “nuevas tecnologías” por parte de la RPC, intentando imponer límites a su política industrial reflejada en el programa denominado “China 2025”[63], proponiéndose así como objetivo restringir la autonomía de diseño política económica interna de China.

 

Expresado de otra forma, la “guerra comercial” à la Trump tendría como meta lograr el desmantelamiento de aquellas barreras a las empresas chinas que compiten en su mercado interno sobre la base de su vinculación con inversores externos, restringiendo el progreso tecnológico de la RPC en aquellos campos que amenazan potencialmente al liderazgo de EE.UU.

 

Así, la política comercial de la AT confronta el programa de desarrollo del propio Presidente Xi Jinping al librar una batalla en torno del liderazgo de la revolución tecnológica, recurriendo a la protección de la propiedad intelectual de los EE.UU. para lograrlo, lo que brinda una importante clave tras la escalada de tensiones comerciales entre ambos países. De esta manera, la “guerra comercial” reflejaría el anticipo de un conflicto de más largo plazo en torno a la primacía tecnológica mundial en las décadas futuras.

 

En dicho contexto el Departamento de Comercio anunció en mayo de 2019 la inclusión de Huawei Technologies Co. en la lista de empresas chinas a las cuales las firmas de telecomunicaciones de EE.UU. tienen vedado vender partes o tecnología sin aprobación gubernamental, iniciándose una saga aún no concluida con dicha firma, que incluyó la detención en Canadá de Meng Wanzhou -Vicepresidenta de Huawei- en respuesta a una solicitud de extradición a los EE.UU., generando represalias chinas contra ciudadanos canadienses. Al mismo tiempo, la RPC comenzó a aplicar sanciones comerciales contra países que contradijeran sus demandas de carácter político. Así, bloqueó el ingreso en la RPC de colza (“canola”) de origen canadiense, situación reiterada respecto a la carne vacuna y la cebada australiana en ocasión del apoyo de dicho país a una eventual investigación en la “Organización Mundial de la Salud” (OMS) respecto del origen y manejo inicial del COVID-19 en China[64].

 

Sin embargo, en la reunión a nivel Presidencial en ocasión de la Cumbre del G20 en Osaka -junio de 2019- se anunció que se había alcanzado una tregua en el conflicto comercial que había permitido a ambas partes reencauzar las negociaciones, por lo que la AT enfatizó la prórroga de los nuevos aranceles sobre productos chinos (luego aplicados), al mismo tiempo que el levantamiento de las restricciones impuestas al aprovisionamiento de Huawei en los EE.UU.

 

No obstante, el bloqueo de Huawei se reinició decididamente en 2020, al prohibir la AT la venta de tecnología por parte de empresas de EE.UU. -incluyendo semiconductores producidos con “software” de origen doméstico- a la mencionada empresa. Finalmente, en agosto de 2020 el Departamento de Comercio -conjuntamente con el Departamento de Estado- publicó una lista de 38 subsidiarias de Huawei a las que se extendió la prohibición de ventas de “software” y “hardware” de los EE.UU., apuntando a que la casa matriz no pudiera eludir a través de las mismas los controles a la exportación para obtener componentes electrónicos desarrollados bajo tecnología de EE.UU.[65].

 

Con tal propósito, la “Oficina de Industria y Seguridad” (“US Bureau of Industry and Security”-BIS-) retomó una serie de reglas de control de exportaciones sobre tecnologías de punta ya vigentes, tales como inteligencia artificial y robótica, dada su naturaleza dual aplicables tanto a fines científicos como militares[66].

 

Al respecto, el Secretario de Estado Mike Pompeo señaló que Huawei “es un arma de la vigilancia de Estado del Partido Comunista Chino (PCC)”, por lo que las medidas adoptadas apuntan a proteger “la seguridad nacional de los EE.UU., la privacidad de sus ciudadanos y la integridad de la infraestructura doméstica de la tecnología 5G de la maliciosa influencia de Beijing, impidiendo los intentos del PCC de minar la privacidad de nuestros ciudadanos, la propiedad intelectual de nuestras empresas, o la rectitud de las redes (celulares) de nueva generación alrededor del mundo”[67]. Al respecto resulta al presente indudable que bajo el liderazgo de Huawei China mantiene la delantera respecto a las empresas de EE.UU. para instalar la red 5G en todo el mundo, habiendo suscripto 60 contratos, 30 de ellos con países europeos[68]. Asimismo, el operador estatal de telecomunicaciones “China Tower” cuenta con más de 2 millones de antenas inalámbricas, superando ampliamente las 200.000 que poseen los EE.UU. En este sentido se prevé que la repercusión de la tecnología de quinta generación resultará clave para otras áreas como la militar y la aeroespacial, por lo que los EE.UU. rechazan toda posibilidad de ser superados en dicho ámbito, cuya expectativa apunta a generar un impacto fundamental en lo que respecta a seguridad y economía, estimándose que para 2035 podría crear 22 millones de puestos de trabajo y brindar más de U$S 13 billones de utilidades globales[69].

 

Así, la singular preocupación por la difusión de la tecnología 5G en lo concerniente a la seguridad determinó que el gobierno del Reino Unido anunciara en julio de 2020 que -ante la inquietud manifestada por legisladores conservadores británicos y la advertencia de la Administración de los EE.UU.- bloqueará a Huawei de sus redes de telecomunicaciones 5G, prohibiendo a los operadores adquirir nuevos equipos de dicha marca, debiendo eliminar aquellos existentes en sus redes a más tardar en 2027[70].

 

Como corolario de las acusaciones difundidas en torno de Huawei, la AT notificó en julio de 2020 a las autoridades chinas que debían proceder a cerrar su Consulado en la ciudad de Houston, argumentarndo que la propiedad intelectual e información privada de los estadounidenses se encontraba en peligro por las actividades de dicha dependencia. Tratándose de un acto sin precedentes desde 1972, el país asiático procedió a retaliar en igual medida, disponiendo el cierre del Consulado de los EE.UU. en la ciudad de Chengdu[71], con lo cual la saga de Huawei escaló a un incidente diplomático.

 

Igual argumentación a la enunciada por el Secretario Pompeo respecto de Huawei empleó la AT para justificar las presiones dirigidas a impulsar el retiro del mercado de los EE.UU. de “TikTok” -exitosa red social china- que deberá ser transferida a una empresa local, habiéndose en principio encontrado un acuerdo con las firmas domésticas Oracle y Walmart[72]. Finalmente, con idéntico criterio se decidió bloquear toda transacción por parte de empresas de los EE.UU. con “WeChat” -equivalente al Whatsapp en la RPC-. De tal forma, la AT ha adoptado decididamente el criterio de reciprocidad, considerando que si la RPC prohibe la actividad de Google y Facebook en su mercado alegando razones de “seguridad” los EE.UU. pueden seguir igual pauta[73].

 

En el contexto reseñado la denominada “guerra tecnológica” apunta a la intención de los EE.UU. de restringir las aspiraciones contenidas en el programa titulado "Made in China 2025" presentado por el “Consejo de Estado” de la RPC en 2015 con la intención de reorientar en una década la industria manufacturera china hacia sectores de alta tecnología. De esta forma, la RPC se prepara para reorientar su modelo de crecimiento como “factoría del mundo” sobre bases tecnológicas externas para evolucionar del “Made in China” al “Created in China”, concepto que presenta múltiples desafíos para su sector manufacturero, en tanto ello requiere apuntar a reducir la dependencia externa en la materia para sustituirla por desarrollos propios que le permitan promover la alta tecnología generada en la RPC en los mercados internacionales[74].

 

Dicha meta ha despertado inquietud y recelo en la AT, en tanto el programa propone explícitamente superar deficiencias detectadas a nivel productivo en China de forma de poder desarrollar una economía industrial avanzada por vía de significativas inversiones en investigación y desarrollo.

 

A tal efecto el concepto “China 2025” identifica aquellos sectores estratégicos que aspira a liderar mundialmente, previendo convertir al país hacia 2020 en una potencia científico-tecnológica mediante la asignación de 2,5% de su PBI a la Investigación y Desarrollo, hasta lograr ubicarse sólo detrás de los EE.UU.[75]

 

En este sentido la RPC ha logrado ya concentrar -acorde la “Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)”- un millón de solicitudes de patentes, atribuyéndose al programa “China 2025” la ambición de controlar cadenas completas de aprovisionamiento propias de la electrónica moderna, con lo que industrias enteras quedarían sometidas a su poder geopolítico.   

 

Esta hipótesis, plenamente contenciosa para los EE.UU. motivó la reacción de la AT, que envío al Congreso legislación reforzando el poder del “Committee on Foreign Investment” (CFIUS) con el propósito de controlar -y eventualmente prohibir- a empresas de la RPC invertir en firmas de reconocido dominio tecnológico en EE.UU., de forma de bloquear así las exportaciones de conocimientos de avanzada hacia la RPC[76].

 

En cualquier caso, el diseño y avance del programa denominado “Made in China 2025” intensifica el conflicto no declarado en torno del desafío chino al predominio de EE.UU. en materia de alta tecnología, por lo que tal vez resulte difícil imaginar el restablecimiento a corto plazo de una paz comercial que pueda satisfacer las expectativas de ambos colosales contendientes.

 

d)    “guerra financiera”

 

Completando los signos perceptibles de “guerra económica” entre ambas potencias surge el intento de denegar a las empresas chinas acceso al mercado accionario de EE.UU. Los argumentos esgrimidos para incorporar a la “guerra financiera” como tercer vértice de la contienda presumen -en primer lugar- que la denegatoria del acceso al mercado de capitales debería retardar el crecimiento de la RPC. Ello resulta no obstante improbable, ya que la mayor parte del capital captado por las empresas chinas en el mercado de EE.UU. proviene de inversores internacionales y no estadounidenses. Asimismo, una alternativa usual de las empresas chinas para dejar de cotizar consiste en adquirir a los tenedores accionarios sus títulos ofreciendo una prima atractiva de precio por los mismos, y pasar a cotizar fuera de los EE.UU. por intermedio de empresas privadas de inversión en vez del mercado accionario público, mecanismo que se ha expandido durante el primer semestre de 2020 ante los rumores circulantes de la medida analizada por la Administración en la materia[77].  

 

El segundo argumento para bloquear la cotización de las firmas chinas en el panel accionario de los EE.UU. resulta más realista, en tanto los reguladores del mercado desconocen la metodología de auditoría aplicada por las mismas, descubriéndose casos de fraude resultantes en pérdidas para los inversores, tal el caso de la conocida cadena de cafeterías “Luckin Coffee”[78].

Al presente aproximadamente 230 empresas chinas con una capitalización de mercado en torno a U$S 1,8 billones cotizan en los principales mercados accionarios de los EE.UU. Al respecto el Senado aprobó por unanimidad en mayo de 2020 una ley relativa a la transparencia en materia de auditoría contable requerida a las empresas extranjeras, denominada “Holding Foreign Companies Accountable Act”, que las obligará -una vez completada su ratificación- a dejar de cotizar en un plazo de tres años en caso de no cumplir con los estándares exigidos por el “US Public Company Accounting Oversight Board” a la generalidad de las entidades en el mercado[79]. Entretanto, el Presidente Trump instruyó al Secretario del Tesoro Mnuchin para formular recomendaciones dirigidas a proteger a los inversores de los EE.UU. respecto de potenciales perjuicios con títulos de empresas originarias de China.

 

Asimismo, muchas empresas podrían trasladar su cotización a la Bolsa de Valores de Hong Kong, quinto mercado accionario mundial, con un volumen de capitalización de U$S 4,5 billones en 2018 (último dato disponible). Aunque abierto históricamente a la operación de inversores de todo origen, no cabe descartar que la introducción de la nueva “Ley de Seguridad” aplicable a la “Región Administrativa Especial” desde junio de 2020 probablemente introduzca incertidumbre sobre la oportunidad de tal alternativa[80].

 

Finalmente, en cuanto a las limitaciones impuestas a la inversión de capitales de EE.UU. en acciones de empresas chinas cabe señalar que el componente internacional del “Thrift Savings Plan” (-TSP- Fondo de Pensiones para el personal de la administración civil y militar de los EE.UU., dotado de un capital operativo en torno de U$S 560.000 millones) cuenta sólo con cerca de U$S 50.000 millones para aplicar a acciones internacionales. Así, sólo podría invertir reglamentariamente aproximadamente 8% de dicho monto en acciones chinas (U$S 4.500 millones) en 2020, por lo que el eventual impacto del bloqueo de tal inversión resulta una decisión esencialmente simbólica en relación a los títulos de firmas chinas -U$S 260.000 millones- en poder de inversores de EE.UU.[81] [82]

 

Por su parte, el mejor ejemplo de la profundización de la integración china en los mercados financieros globales ha sido el sustancial crecimiento del papel de instituciones de los EE.UU. y otras en la propia RPC, resultado de un caso dilucidado en el ESD que llevó en 2019-2020 a los reguladores chinos a flexibilizar las restricciones relativas a la propiedad de las mismas[83]. En efecto, la operación de instituciones financieras extranjeras en el mercado de la RPC involucraba forzosamente la conformación de “joint ventures” con un socio local, limitando la participación foránea a una minoría del capital. Al presente, las reformas resultantes de “conformar” con el dictamen del OSD han conducido a un sustancial incremento del número de instituciones financieras extranjeras activas en el mercado, inclusive con propiedad total de sus subsidiarias chinas[84].

 

En efecto, el tamaño del mercado de servicios financieros chinos resulta muy atractivo al ascender a U$S 47.000 millones, del cual las inversoras extranjeras sólo podían concentrar menos del 2% de los activos bancarios y 6% de las carteras de seguros, valores que ahora podrán crecer sustantivamente[85].

 

Acompañando esta tendencia PayPal adquirió en 2019 70% de la firma china GoPay, convirtiéndola en la primera institución capaz de brindar servicios de pagos “on line” en la RPC, mercado que se espera alcance hasta U$S 100 billones hacia 2023[86].

 

Por su parte, Goldman Sachs recibió aprobación en marzo de 2020 para extender su tenencia minoritaria del 33% en su asociada Goldman Sachs Gao Hua Securities Co. hasta 51%, alcanzando así un status mayoritario. Igualmente, recibió autorización para elevar su tenencia en su propia empresa de negociación de títulos -Morgan Stanley Huaxin Securities Co.- al 51%[87].

 

Asimismo, American Express recibió la aprobación como primera empresa extranjera emisora de tarjetas de crédito para uso doméstico[88], mientras Visa y Mastercard han solicitado sus respectivas licencias.

 

Finalmente la firma calificadora de riesgo de los EE.UU. S&P Global también ganó acceso en 2019 para radicar una empresa de capital totalmente propio, constituyéndose en la primera firma autorizada a prestar servicios de calificación crediticia en el mercado doméstico de la RPC[89].

 

e)    desacople económico

 

Así, después de 40 años de creciente integración económica entre EE.UU. y la RPC, se observa un intento de súbito desacople (“decoupling”) de las mismas, originado en una revaluación de la relación bilateral por parte de los EE.UU. que otorga prioridad a sus intereses estratégicos y geopolíticos por sobre aquellos intereses comerciales y de negocios que habían primado hasta ahora[90]. En efecto, luego de casi medio siglo de aproximación bilateral una ruptura mayor en la relación no resulta descartable, habiéndose iniciado con la guerra comercial para expandirse luego a otros campos.

 

Sin embargo, no escapa al análisis de los centros de reflexión en los EE.UU. que los desafíos al crecimiento y prosperidad del país se encuentran profundamente ligados a la evolución de la economía china, aunque la defensa de los intereses de los EE.UU. ha llevado a la AT a considerar la opción de desacople, no obstante que el USTR Robert Lighthizer la haya considerado poco realista desde la perspectiva del sector privado estadounidense[91].

 

En efecto, las empresas de EE.UU. han anunciado -aún bajo el impacto del COVID-19- inversiones en la RPC en nuevos proyectos por valor de U$S 2,3 billones durante el primer trimestre de 2020, apenas por debajo de igual período del año anterior. Ello no obsta al abandono de algunas firmas del mercado chino, no debido a la presión gubernamental de la AT sino en razón del creciente nivel de salarios en China que ha impulsado el desplazamiento de inversores hacia otros países de la región. Precisamente, el desacople apunta desde la perspectiva de EE.UU. al desmantelamiento programado de las cadenas de aprovisionamiento organizadas en torno de la relación bilateral en el marco de décadas de progresiva globalización para su eventual recreación en países aliados cada vez más competitivos como Vietnam e India[92].

 

En este sentido, hace ya años que diversos sectores de los EE.UU. abogan por el “desacople” y repatriación de diversas cadenas de producción desde China, o su traslado a áreas de influencia más cercanas para diversificar la cadena global de suministro y distribución[93]. Sin embargo, cabe preguntarse si después de décadas tercerizando la producción de todo tipo de bienes -y al presente inclusive de servicios- la economía doméstica está preparada para tal paso, no pudiendo descartarse que México pudiera resultar beneficiado de dicha política en el marco del “Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá” (T-MEC)- suscripto en noviembre de 2018 que sustituye al NAFTA desde julio de 2020-[94].

 

Por el contrario, las empresas de los EE.UU. han continuado invirtiendo activamente en la RPC, al pasar de U$S 13.000 millones en 2018 a U$S 14.000 millones en 2019[95], y no obstante el intenso debate en torno de la restructuración de las cadenas de aprovisionamiento[96] una encuesta de la Cámara de Comercio de los EE.UU. en la RPC señala hacia abril de 2020 que más del 80% de las empresas estadounidenses no consideran por el momento la relocalización de sus establecimientos productivos, aunque no cabe descartar que el freno a la actividad económica impuesto por el COVID-19 reduzca la inversión externa con carácter general durante 2020-[97].

 

En este sentido, y no obstante las elecciones venideras previstas para noviembre de 2020, puede detectarse un consenso bipartidario en el Congreso de los EE.UU. respecto de la necesidad de “contener” la expansión china en múltiples campos[98]. De allí cabe suponer que aún un eventual triunfo del Partido Demócrata en las elecciones venideras no alteraría radicalmente el posicionamiento frente a la RPC, más allá de presumibles cambios de estilo y expresión. En este sentido, un estudio del “Pew Research Center” señala que 47% de los estadounidenses mantenían una visión negativa sobre las políticas de la RPC previo a la llegada del Presidente Xi Jinping al poder, cifra que ha ascendido al 66% en 2019 -incluyendo 62% de simpatizantes del Partido Demócrata que desaprueban las acciones del Gobierno chino-. Al respecto, la torpe gestión de la epidemia del COVID-19 y la posibilidad de una derrota electoral impulsan al Presidente Trump a convertir a China en un chivo expiatorio por el presunto “encubrimiento” y “desinformación” acerca de la misma, vislumbrando que las próximas elecciones de noviembre anticipan una significativa división del electorado. En dicho contexto no cabe descartar que la RPC pretenda influir sobre los comicios por medio de su estructura de propaganda[99], liderada por una agresiva diplomacia in situ a cargo de los denominados “Wolf Warriors”, cuyas acciones muchas veces resultan insólitamente negativas para la postura china[100].

 

No obstante, la premisa de fondo en favor del desacople -acorde el Secretario del Tesoro Mnuchin- radica en las políticas discriminatorias aplicadas por la RPC a las empresas inversoras extranjeras, justificando dicha política reducir la dependencia económica de la RPC -signo de vulnerabilidad nacional en diversos sectores como el del equipamiento médico-. En cualquier caso, cabe imaginar que aquellas firmas ya instaladas en la RPC -beneficiadas por el crecimiento del mercado interno local en sus respectivos rubros- muy probablemente se inclinen por permanecer allí, al menos a mediano plazo[101].

 

Así, el Presidente Trump ha sostenido que la RPC se ha enriquecido explotando a las empresas de los EE.UU. por lo que desde el inicio de su Administración ha impulsado el desacople de ambas economías penalizando en primera instancia las importaciones originarias de China por vía arancelaria, para luego limitar las exportaciones de productos tecnológicos sensibles con el propósito de restringir el avance industrial de la RPC y finalmente intentar bloquear el acceso de las empresas chinas a la captación de capitales.

 

Observada desde otra óptica la tendencia presente al desacople es en buena medida el resultado de dos décadas de constante crecimiento de la economía de la RPC, a cuyas maniobras la AT atribuye la absorción de importantes industrias manufactureras de los EE.UU., imposibilitadas de competir contra empresas estatales favorecidas por el acceso gratuito a la propiedad intelectual de los inversores extranjeros y asistidas por generosos subsidios gubernamentales, al mismo tiempo que beneficiadas por el ambiente de libertad comercial del SMC desde su accesión a la OMC en 2001[102].

 

Es probable que el avance del desacople resulte tal vez más gravoso para la RPC desde el punto de vista comercial, en tanto sus exportaciones todavía representan 20% de su PBI, al mismo tiempo que la eventual pérdida de acceso a componentes tecnológicos originarios de los EE.UU. -imprescindibles para su perfeccionamiento doméstico- tornará su avance tecnológico más dificultoso. En efecto, el objetivo chino de profundizar su capacidad innovativa para liderar las tecnologías de avanzada depende del fácil acceso al conocimiento de empresas e investigadores internacionales -particularmente en los EE.UU.- cuyos lazos ya consolidados preferiría profundizar. Finalmente, el gobierno chino se ve motivado a considerar mecanismos capaces de reducir la vulnerabilidad de la RPC frente al sistema financiero global todavía dominado por el dólar, ante riesgos tanto económicos como políticos -como por ejemplo la tensión creciente en torno a la situación en HK-[103].

 

En dicho contexto, el signo más evidente de desacople se registra por ahora en el plano financiero, al observarse que la “Inversión Extranjera Directa” (IED) china en los EE.UU. -que había alcanzado un pico de U$S 46.500 millones en 2016 se contrajo a sólo U$S 4.800 millones hacia 2019, reflejando el creciente contralor ejercido por la nueva normativa asignada al CFIUS[104].

 

Por su parte, también los EE.UU. enfrentarían dificultades en sus cadenas de abastecimiento de bienes de bajo precio, con los que los consumidores cuentan desde hace años, como demuestra el ejemplo de Walmart -la cadena más grande de supermercados en el país con 5.000 puntos de venta- que importaba anualmente 800.000 containers de 20 pies de productos no alimenticios desde China hasta el inicio de la “guerra comercial”[105]. Dichos productos han debido inevitablemente sufrir un aumento de precios como resultado del nuevo nivel arancelario aplicado a los mismos, teniendo en cuenta que muchas veces no existen sustitutos de razonable calidad y rendimiento para los mismos, y que su manufactura depende de cadenas de aprovisionamiento que se encuentran concentradas en la RPC[106].

 

Al respecto no cabe refutar que la integración china a la economía mundial ha resultado claramente disruptiva para el empleo en muchos países, entre los cuales los EE.UU., aunque al mismo tiempo ha beneficiado masivamente a los consumidores en los mismos. En efecto, se estima que desde su accesión a la OMC en 2001 la RPC contribuyó a reducir los precios para sus compradores en EE.UU. en torno al 1% anualmente, lo que habría redundado en una sensible mejora de ingresos promedio[107]. Sin embargo, puede estimarse que durante 2019 los costos adicionales para los consumidores en EE.UU. oscilaron en torno a U$S 800.-1.000 anuales por familia (calculando un universo de 83 millones de hogares en el país resultarían aproximadamente U$S 70.000 a 83.000 millones) -basados en aranceles promedio del 24%- aplicados sobre la casi totalidad de las importaciones originarias de China[108], a los cuales cabe adicionar U$S 30.000 incluidos en el Presupuesto Federal con destino a los productores agropecuarios[109] como compensación por el cierre del mercado de la RPC[110].

 

De esta forma puede concluirse que un “desacople” podría conllevar pérdidas de cierta relevancia en los precios que benefician a los consumidores, lo que afectaría adicionalmente al consumo real en países industrializados en un momento en que la pandemia ya ha requerido -para el sostenimiento de la actividad- un sustantivo crecimiento de los déficits fiscales y por ende un significativo endeudamiento público. En tal sentido, los Miembros del G-20 habrían previsto inyectar durante el primer semestre de 2020 -vía medidas fiscales y crediticias- cerca de U$S 11 billones a sus economías de forma de aportar liquidez y apoyar a los sectores productivos, el empleo y las familias.

 

Por el contrario, los consumidores chinos no deberían enfrentar precios en igual medida superiores para los productos importados desde EE.UU., ya que la retaliación de la RPC afecta al 70% de sus adquisiciones totales desde dicho origen. Así, mientras los aranceles promedio para los productos afectados ascendieron desde 2018 del 8 al 26% aproximadamente, la de otros proveedores sustitutivos fueron reducidos del 8 al 6,7%, con lo cual China podría reemplazar las importaciones estadounidenses por las de otros orígenes resultando en precios similares. Más aún, la RPC redujo los aranceles aplicados a los EE.UU. respecto de aquellos sectores difícilmente reemplazables, tales como semiconductores y productos farmacéuticos[111].

 

En cualquier caso, el cómputo de los costos del desacople comercial no puede minimizar la pérdida para las exportaciones de EE.UU. del importante volumen de demanda del mercado de la RPC, tercer destino para sus colocaciones y dotado de un dinámico ritmo de crecimiento.

 

Por su parte, la OMC estimó en abril de 2020 que el comercio internacional de mercancías podría caer entre 13 y 32% durante 2020 -según versiones de mínima y máxima- aunque una segunda evaluación a la luz de lo acontecido en el primer semestre se mostró en julio menos pesimista, proyectando una reducción del comercio en torno del 20%. En cualquier caso se trata de mermas que no se verifican desde la década de los años 30, sin poder contarse en esta ocasión con una sostenida demanda china como la que contribuyó a la recuperación en ocasión de la crisis financiera de 2008.

 

De esta forma, un desacople mutuo impulsaría asimétricamente la evolución de ambas economías, reflejando una sensación de mayor vulnerabilidad para China por depender en mayor medida de la evolución de la economía global para poder continuar su desarrollo, haciendo así peligrar el avance de sus niveles medios capaces de dinamizar el consumo interno.

 

f)     competencia por la primacía en las nuevas tecnologías

 

La intención de la RPC de liderar las tecnologías “futuras” se formaliza al inaugurarse en 2015 el programa denominado “China 2025”, primer paso dirigido a avanzar en la ambición de superar a EE.UU. como gran potencia tecnológica hacia 2049, año del centenario de la RPC.

 

Dicho proyecto incluye amplios subsidios gubernamentales al movilizar importantes ingresos vía empresas estatales -las cuales aún dominan un tercio del PBI y dos tercios de la inversión externa- aunque su diseño pretende alinearse en conformidad con la normativa de la OMC, recurriendo a exenciones impositivas y préstamos masivos a tasas subvencionadas.

 

De esta forma, la compleja naturaleza que asumen tales herramientas torna dificultoso precisar un cálculo de los fondos asignados al programa, estimándose por vía de información sectorial que originalmente oscilaba en torno a U$S 320.000 millones (equivalentes aproximadamente a 2,3% del PBI 2019), aunque por diversas vías recientemente adicionadas su presupuesto actualizado podría ascender a U$S 2 billones[112].

 

Al mismo tiempo la RPC se propone promover “campeones nacionales” que puedan liderar su dominio sobre los diversos sectores de alta tecnología seleccionados para el programa, debiendo recordarse que en 2018 siete de los diez mayores negocios con capital de riesgo en el mundo involucraron “startups” chinas.

 

Al respecto, la propaganda estatal difundió en su oportunidad un inventario de progresos tecnológicos alcanzados en el film documental “Amazing China”, los cuales alentaron renovado orgullo nacional hasta que el bloqueo de exportaciones de componentes claves por parte de EE.UU. a la empresa ZTE -abril 2018- dejaron al famoso proveedor de equipos de telecomunicaciones inactivo, evidenciando la debilidad del sistema industrial doméstico[113].

 

Así, como resultado de diversas evaluaciones internacionales los círculos académicos estimaron que la RPC aún requeriría entre 15 y 20 años para alcanzar la frontera tecnológica internacional, mientras que las agencias de seguridad de EE.UU. y otros países desarrollados registraron la polémica propaganda china como reflejo de su firme intención de convertirse en actor dominante en materia de tecnología de avanzada, interpretando tal propósito como una amenaza para su seguridad. Al respecto, el Pentágono advirtió ya en 2017 que la inversión estatal en la RPC en materia de reconocimiento facial, sistemas de realidad virtual, impresoras 3D, exploración espacial y vehículos autónomos -entre otros- involucran tecnologías de uso dual (civil/militar) en un contexto interno en el cual el autoritarismo del régimen chino reverdece[114].

 

Igualmente, en abril de 2018 las agencias de inteligencia de EE.UU. observaron un creciente reclutamiento de científicos extranjeros por parte de la RPC, acorde con los grandes avances del sector militar chino en materia de inteligencia artificial y cibernética alcanzados a partir del “hackeo” de tecnología occidental, el apoyo estatal a sus campeones nacionales y la imposición de la doctrina denominada de “fusión cívico-militar”, que requiere compartir con las fuerzas armadas todo avance comercial o académico de carácter innovador[115].

 

Por ende, los EE.UU. decidieron impedir la adquisición por parte de empresas chinas de toda tecnología avanzada de uso dual, que pudiera inhabilitar por vía electrónica y satelital el adecuado funcionamiento de sus sofisticadas redes espaciales y de comando, imprescindibles para la adecuada protección de la navegación de sus fuerzas, comunicaciones, alerta temprana, etc[116].

 

g)   desafío de la RPC a la hegemonía mundial de los EE.UU.

 

El desequilibrio comercial y los raudos avances tecnológicos de la RPC motivaron una revisión por parte de los EE.UU. del contexto global de su relacionamiento bilateral a lo largo del último medio siglo, llegando la AT -bajo la influencia de algunos de sus asesores más belicosos- a la conclusión de que “China constituye el mayor riesgo existencial de la historia de EE.UU.”, conllevando un desafío global a su hegemonía mundial[117].

 

Así, en particular desde la llegada al poder del Presidente Xi Jinping en 2013 la RPC habría traslucido una serie de conflictos latentes que exponen a China como presunto desafiante del poder hegemónico de la primera potencia mundial, con el objetivo de sustituirla en tal posición a mediano plazo. Dicha constelación de desavenencias amenaza sin duda la economía global -y en particular al comercio internacional- al mismo tiempo que introduce incertidumbre sobre potenciales derrames en el marco de lo que se ha dado en denominar “Nueva Guerra Fría”[118].

 

Así, por primera vez desde finalizar la 2ª Guerra Mundial un proyecto autoritario desafía al sistema internacional liderado por EE.UU., intentando incluso asociar a países en desarrollo a su papel como retador de la potencia hegemónica. Un ejemplo explícito en este sentido puede observarse en la iniciativa denominada “Un cinturón, un camino” (“One belt, one road” -OBOR-) programa lanzado en 2013 por valor de U$S 1 billón, a través del cual la RPC pretende financiar proyectos de infraestructura a nivel mundial -esencialmente en el ámbito del transporte, contando al presente con más de 80 participantes- al mismo tiempo que ganar aliados en el proceso. A tal efecto China ha otorgado créditos por aproximadamente U$S 350.000 millones  a distintos países, la mitad de los cuales se consideran deudores de alto riesgo, incluyendo el financiamiento de más 1900 proyectos por valor próximo a U$S 150.000 millones sólo durante 2019. Sin embargo, la eventual reducción de sus ingresos externos podría tornar más costosa la expansión de su política internacional por dicha vía en caso de deber eventualmente constreñir su demanda de financiamiento[119].

 

En cualquier caso, previo a la era del liderazgo del Presidente Xi la estrategia de la RPC contemplaba aguardar hasta que la correlación de fuerzas militares y económicas se inclinaran en favor de China antes de aspirar a cualquier intento de ajuste en el orden regional o internacional. En dicho contexto, desde la llegada al poder del Presidente Xi Jinping en 2013, -convertido en el líder del Partido Comunista Chino (PCC) que ha concentrado mayor poder en la RPC desde Mao Zedong- se observa un reflujo por primera vez desde la sucesión del maoísmo hacia una gestión más centralizada en la RPC, con la consiguiente revaluación de la estrategia exterior china y su correlato económico-militar. Finalmente, la reacción de los EE.UU. y algunos de sus países aliados a la pandemia generalizada originada por el SARS-2-COVID19 generó un endurecimiento de la política exterior china, poniendo al mismo tiempo en evidencia controversias internas en la conducción del PCC -y por ende del gobierno chino- donde la figura del Presidente Xi Jinping habría sido objeto desde hace algún tiempo de críticas con motivo de su “excesivo centralismo”, su dura campaña anticorrupción -muchas veces presuntamente orientada con fines políticos- así como por su plan masivo de reorganización de las fuerzas armadas y en el área de inteligencia del PCC[120].

 

La respuesta de EE.UU. al cambio en el posicionamiento chino ha conllevado un endurecimiento en la relación, al considerarse que 35 años de cooperación estratégica han concluido y que una nueva era -aún difusa- de competencia se ha iniciado, involucrando múltiples desavenencias en torno de cuestiones tales como la situación de Taiwán, el control del Mar del Sur de la China, la presencia de los EE.UU. en la periferia asiática, la nueva legislación aplicable a Hong Kong, el tratamiento interno de las minorías en las Regiones Autónomas de Xinjiang y Tibet, la eventual responsabilidad en el manejo inicial del COVID-19, y los intentos de expansión de la política exterior de la RPC al mundo en desarrollo[121], todas acciones que evidencian una fuerte aceleración del plan original.

 

De esta forma, el endurecimiento de la política exterior de EE.UU. hacia la RPC también es objeto de reconsideración en China en el marco de la clara tendencia al desacople económico promovida por la AT, reflejada en la guerra comercial desatada en 2018. En efecto, la misma agrava las disrupciones en las cadenas de abastecimiento mutuo estructuradas a lo largo de décadas de globalización económica e interacción[122], a la cual se agregan ahora los efectos de la pandemia, cuyas consecuencias han intensificado este debate interno en torno a la estrategia comercial y militar adoptadas en su nivel presente de desarrollo, consideradas eventualmente arriesgadas en el plano internacional[123].

 

En efecto, la integración de China al mundo en los años ’70, acorde al esquema Nixon-Kissinger, presumía que el contacto internacional -en consonancia con la integración a las instituciones multilaterales- generarían en un período mensurable una corriente en favor de la democratización del régimen político de la RPC, al mismo tiempo que actuaría como contrapeso de la “Guerra Fría” todavía intensamente disputada con la Unión Soviética.

 

Lo que no resultaba imaginable en dicha época es que la RPC pudiera en cuatro décadas considerarse capacitada para desafiar a los EE.UU. en el plano económico e incluso militar, poniendo a prueba la hegemonía global de su contrincante al punto de preguntarse al presente si efectivamente pudiera haberse ingresado en una segunda “Guerra Fría”[124]. Si así fuera -como cabe presumir- esta difereriría sustancialmente de aquella librada contra la Unión Soviética, ya que mientras la crisis de la época enfrentaba naciones totalmente antagónicas las economías de EE.UU. y China han avanzado hacia un significativo “acople” productivo, objeto de nuevos conflictos ante la clara intención de la RPC de superar a su contraparte en el terreno innovativo, alcanzando en particular primacía en las denominadas “nuevas tecnologías”[125].

 

Ninguna de las premisas liberalizadoras imaginadas por los planificadores estadounidenses se han verificado a lo largo de los últimos 40 años, aunque desde la apertura china posterior al maoísmo -bajo el liderazgo de Deng Xiao Ping- la RPC logró atraer vastas inversiones, desarrollando su sector productivo urbano para constituirse en la factoría del mundo, accediendo luego a la OMC hasta convertirse en el primer exportador del SMC. Sin embargo, en la década que culmina la RPC decidió transformar su modelo de crecimiento orientado hacia los mercados internacionales para intentar sostener su demanda a partir del consumo doméstico, apoyado por la salida de 300 millones de campesinos de la pobreza junto al desarrollo de una creciente clase media urbana beneficiada por crecientes ingresos.

 

IV.          Conclusiones: el SMC, “guerra comercial” y “guerra fría”

 

Como se ha intentado reseñar, el SMC enfrenta dos grandes desafíos. El primero, de naturaleza endógena, concierne a la paralización de las negociaciones multilaterales desde la RD, como resultado de la creciente dificultad en el tratamiento de los cada vez más sofisticados instrumentos regulatorios que se plantean para el futuro del comercio internacional, en particular a partir de la introducción de nuevas tecnologías que probablemente alteren las formas tradicionales de producción y empleo.

 

El segundo desafío, en este caso exógeno, surge de la conflictividad derivada del desafío chino -en múltiples campos, inclusive el militar- a la hegemonía global de los EE.UU., el cual ha derivado en una “guerra comercial” en curso desde 2018. Al respecto una “guerra comercial” constituye en cualquier caso una forma de contienda, con resultados eventualmente imprevisibles, como evidenció la evolución de las potencias bajo criterios mercantilistas y proteccionistas que proliferaron durante las décadas de 1920 y 1930[126], proceso al cual los planificadores de postguerra atribuían gran relevancia entre las causas que condujeron a la posterior conflagración[127].

 

En este caso la “guerra comercial” se ha convertido en una agenda competitiva bilateral entre los EE.UU. y la RPC, incluyendo una profunda confrontación tecnológica y financiera, finalmente expandida al plano político y de seguridad[128].

 

En el plano estrictamente comercial el conflicto presenta un significativo efecto potencial respecto de la firmeza de la OMC y su futuro. En efecto, los reclamos comerciales de los EE.UU. que iniciaron la disputa han insólitamente recurrido a la invocación de normas unilaterales de dudosa validez[129] dirigidas contra presuntos desvíos normativos de sus socios comerciales, adoptando al mismo tiempo barreras contra supuestas violaciones por parte de los mismos sobre la base del principio de reciprocidad, aunque sin cumplimentar los mecanismos procedimentales apropiados para la autorización de medidas retaliatorias.

 

Así, los reclamos de la AT han sido acompañados por críticas crecientes a la eficacia conceptual de la OMC -y en particular del ESD- anticipando incluso disposición a ignorar toda dilucidación de derechos que los EE.UU. juzguen contrarios a su soberanía, lo que implica desconocer la primacía normativa acordada multilateralmente así como la autoridad de la OMC allí acreditada.

 

En efecto, al exigir una reconsideración de la estructura compromisoria del ESD -y específicamente del OA- la AT parece perseguir, en forma arbitraria, un sistema global de comercio carente de normas sólidas, sujeto a un esquema de reglas ad hoc que afirme exclusivamente sus intereses unilaterales.

 

Dicho enfoque introduciría incertidumbre en el clima internacional de negocios al restar confiabilidad a la dilucidación de derechos, conllevando una desviación sin precedentes de la tradición de EE.UU. respecto de la relevancia de contar con reglas comerciales internacionalmente acordadas, sujetas a las potestades de la OMC en el ámbito de sus competencias, tales como la solución de controversias entre sus Miembros[130].

 

Paradójicamente, la estructura y principios de la ESD responden a criterios legalistas y procesales impulsados a instancias de los propios EE.UU., que sorprendentemente ahora parece renegar de plazos que juzga demasiado prolongados para la labor de los GE, al igual que recusa la composición del OA atribuyéndole parcialidad a sus integrantes respecto de aquellas prácticas comerciales que les toca juzgar.

 

De esta forma, desde 2016 los EE.UU. han bloqueado -en un hecho sin precedentes- la renovación de los mandatos cumplidos por parte de integrantes del OA, considerando que los mismos habrían excedido su término con la intención de “reescribir” las reglas de los “acuerdos abarcados” a través de sus dictámenes. Así, en diciembre de 2019 la actividad del OA -y con ello la tarea del ESD- debió cesar al no contarse con suficientes integrantes en el mismo para sesionar. De esta forma, al congelarse de facto el funcionamiento del ESD los EE.UU. parecen intentar retomar un esquema largamente criticado durante la era del GATT, donde el poder relativo de los actores enfrentados por una controversia primaba sobre procedimientos legales establecidos[131].

 

Este reflujo conceptual refleja un profundo escepticismo por parte de la AT en torno de las virtudes del SMC[132], así como de sus principios que guían el objetivo de promover el crecimiento económico y la creación de empleo. Subsecuentemente, la desvalorización de las ventajas de la liberalización del intercambio se centra en una interpretación mercantilista global, bajo la cual parece preferirse la sustitución del esquema estructurado en el marco del SMC por negociaciones bilaterales que apunten a negociar concesiones en aquellos campos de interés específico de los EE.UU.

 

De allí que resulta fundamental para la consolidación de la OMC que los EE.UU. cumplimenten el procedimiento del ESD en relación con el Dictamen del GE de septiembre de 2020 en el caso DS543 que determina que los aranceles extraordinarios aplicados contra productos procedentes de la RPC resultan violatorios de diversas normas del GATT, incluyendo algunos de sus principios fundamentales. Ante tal circunstancia los EE.UU. deberían recurrir el fallo vía apelación ante el OA -al cual paradójicamente han boicoteado en sus funciones- o conformar a las recomendaciones del GE. Caso contrario, la RPC podría solicitar la constitución de un segundo GE que le permita cuantificar las medidas retaliatorias que considere adecuadas para ser sometidas al OSD[133].

 

Las tendencias enunciadas por los EE.UU. -junto a su reacción específica frente a este caso paradigmático para el desenlace de la “guerra comercial”- conllevarían la amenaza oportunamente formulada por la AT de un eventual retiro de la OMC[134], en la medida en que el desafío chino a su hegemonía global[135] impulse a los EE.UU. a rever la convergencia entre sus intereses comerciales y de seguridad nacional, en contraposición con los objetivos del esquema de postguerra, concebido para reducir los riesgos de que controversias comerciales escalaran hacia conflictos políticos o militares, cuyo impacto sobre la seguridad internacional en un sentido global resulta prematuro vislumbrar.

 

En efecto, existen muchos tipos de conflictos, sin que los mismos deban incluir indispensablemente confrontaciones armadas directas. Una guerra comercial o tecnológica -por ejemplo- constituyen contiendas de otra naturaleza, que sin embargo evidencian un claro enfrentamiento entre dos naciones -restringidas a dichos ámbitos- aunque su progresión hacia eventuales conflictos bélicos no resulta fácilmente predecible[136].

 

Simultáneamente, en adición a la “guerra comercial” un vasto abanico de aspectos políticos y de seguridad han derivado en el desarrollo de una “guerra fría” entre las dos mayores potencias económicas y exportadores mundiales. Sin embargo, mientras la AT definió a la competencia global con la RPC como objetivo prioritario de seguridad para los EE.UU. se percibe simultáneamente una coincidencia bipartidaria en Washington -reflejada en diversas votaciones unánimes en el Congreso- crítica de las acciones y políticas chinas en diversos frentes, que permiten imaginar que la actitud de “contención” a China no se alteraría demasiado aún ante un eventual cambio de gobierno en las elecciones venideras.

 

Entretanto, la disputa bilateral ha incorporado un largo inventario de elementos conflictivos que se extienden desde la guerra comercial a la tecnológica y financiera, mientras se desarrolla una clara competencia por la primacía en el dominio de las denominadas nuevas tecnologías que impulsa un desacople económico de la estrecha integración entre las cadenas de abastecimiento construidas a lo largo de más de 30 años, derivando en un bloqueo de las inversiones chinas en empresas con potencial tecnológico de los EE.UU.[137].

 

A estas cuestiones de naturaleza esencialmente económica se agregan contiendas más próximas a aspectos de defensa y seguridad con connotaciones claramente militares, como aquellas vinculadas con el dominio del denominado “Mar del Sur de la China” (MSC), amenazas veladas sobre Taiwán -desafío histórico más significativo en la relación bilateral entre la RPC y los EE.UU.-, y escaramuzas entre fuerzas chinas e indias en la frontera del Himalaya. En la misma dirección, la alteración unilateral del régimen legal de Hong Kong (HK) .-contrariando el principio de “un país, dos sistemas”- conllevó la subsecuente pérdida de los privilegios comerciales de la Región Autónoma para el acceso de sus mercancías al mercado de los EE.UU, junto a un negativo impacto sobre la inversión de empresas extranjeras en la RPC vía HK así como para la aspiración china de internacionalización del Renminbi[138].

 

Al respecto cabe recordar que mientras en 1990 la economía de la RPC equivalía al 6% de la de EE.UU. al presente alcanza 63% -según cálculos convencionales- aunque su PBI per cápita en 2019 sólo asciende a U$S 10.000, aún inferior a la sexta parte de los U$S 65.000 registrados en EE.UU. En cualquier caso, la caída en la tasa de ahorro y los crecientes salarios industriales continúan impulsando a la RPC a intentar transformar su modelo de crecimiento sustentado en la inversión destinada al mercado externo por un concepto basado en la expansión de su mercado interno a partir del consumo de su creciente clase media, que nuclea ya 400 millones de habitantes.

 

Sobre dicha base, previo a la aparición de la pandemia, el “Fondo Monetario Internacional” (FMI) proyectaba que no obstante una previsible caída de la tasa de crecimiento al 5,5% anual hacia 2024 el consumo interno chino -que ascendió a casi 40% del PBI en 2019- continuaría sosteniendo el crecimiento doméstico, orientando progresivamente el ahorro privado al gasto.

 

Acompañando dicho proceso, la RPC ha ampliado sustantivamente su presupuesto militar, convirtiéndose en un poder regional con capacidades sofisticadas como para poder presionar a Taiwán y bloquear los movimientos marítimos de los EE.UU. en el sudeste asiático, aunque sin suficientes recursos como para confrontarlo globalmente -en tanto el presupuesto de defensa de los EE.UU. (U$S 732.000 millones en 2019) triplica aún al de la RPC (U$S 261.000), lo que torna altamente improbable una contienda a gran escala[139].

 

Como conclusión cabe recordar que diversos sectores de los EE.UU. parecen impulsar el abandono de la intensa interdependencia bilateral en el plano económico, productivo, financiero y comercial construida a lo largo de más de tres décadas de intenso relacionamiento con China, y que aún subsiste entre ambos países -no sin sobresaltos- ante las dificultades inherentes a su eventual reestructuración. En efecto, dicha estrecha vinculación ha avanzado en los últimos años hacia una nueva era de rivalidad y confrontación en diversos frentes comerciales, tecnológicos, estratégicos y político-ideológicos, augurando un eventual desacople acorde una nueva “Guerra Fría” -que aún conspirando contra la globalización no necesariamente prescinda de la misma[140].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] “World Trade Organization” (WTO), en su denominación inglesa

 

[2] El “Acuerdo General (AG) de Aranceles y Comercio” es mayormente conocido por su denominación inglesa “General Agreement on Tariffs and Trade” y su acrónimo “GATT”

 

[3] En la terminología GATT/OMC se entiende por “Ronda” al período preestablecido de negociaciones, en su origen concentrado en torno de reducciones arancelarias mutuas, desarrolladas bilateralmente entre dos o más partes contratantes, luego multilateralizadas al conjunto de las que hubieran suscripto el GATT. Conocidas generalmente como “Rondas Multilaterales de Negociaciones” (“Multilateral Trade Negotiations” o MTN en su acrónimo inglés)

 

[4] Suscripto el 30 de octubre de 1947. Al respecto cabe recordar que el número de Estados soberanos existentes al momento de rubricarse el GATT era muy inferior al actual. Por ello algunas metrópolis de la época, en que todavía subsistían resabios imperiales, firmaron el AG a título propio y del de sus colonias, algunos dominios de ultramar, u otros territorios bajo su mandato. El propio AG contempló soluciones específicas para la posterior integración de dichos territorios como partes contratantes del mismo.

 

[5] Datos a abril de 2019. Ver https://www.wto.org/spanish/

 

[6] Dado que el “Acuerdo General de Aranceles y Comercio” constituyó a lo largo de su existencia un Acuerdo Provisional, sin asumir características institucionales, los participantes del mismo se denominaron “partes contratantes”

 

[7] A diferencia del GATT, la OMC -creada al concluir la Ronda Uruguay (RU) del GATT como resultado del Acuerdo de Marrakech de abril de 1994- constituye una verdadera institución, por ende integrada por Miembros

 

[8] En la nomenclatura del GATT se designa como PARTES CONTRATANTES (escrito de la forma que antecede, con todos los caracteres en mayúscula) al conjunto de las “partes contratantes” cuando adoptaban una decisión de carácter compromisorio en forma colectiva

 

[9] Denominada en inglés cláusula de “carry-over”

 

[10] El GATT 1947, con sus sucesivas modificaciones y actualizaciones (que fueron muy pocas en rigor), fue adoptado por los Miembros de la OMC al finalizar la Ronda Uruguay como GATT 1994, constituyendo el Anexo IA (relativo al comercio de mercancías) de los textos que integran la OMC. Ver “Los Textos Jurídicos: Los Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales”, Organización Mundial del Comercio, Ginebra, 2003

 

[11] Ver Ablin, Eduardo R.: “El comercio de mercancías y el GATT: las obligaciones sustantivas”, Guía Práctica de Comercio Exterior N° 47, Editorial Guía Práctica, Buenos Aires, abril de 2006

 

[12] Ver Jackson, John H. : “World Trade and the Law of GATT”, New York, Bobbs Merril, 1986

 

[13] Ver Ablin, Eduardo R.: “El «Trato Nacional»: pilar del Sistema Multilateral de Comercio”, Comercio Exterior N° 97, Editorial Guía Práctica, Buenos Aires, Septiembre de 2007. Al respecto, cabe recordar que los EE.UU. intentaron someter a las naftas importadas de Venezuela a normas técnicas de control de naturaleza medioambiental diversas de aquellas aplicadas a las de producción nacional, controversia que se resolvió en favor del país exportador en razón del principio del trato nacional. Véase al respecto “Informe del Grupo Especial en el caso Venezuela contra los EE.UU.: pautas para la gasolina reformulada y convencional”, documento OMC WT/DS2/R de enero de 1996

 

[14] El GATT 1947, con sus sucesivas modificaciones y actualizaciones (que fueron muy pocas en rigor), fue adoptado por los Miembros de la OMC al finalizar la Ronda Uruguay como GATT 1994, constituyendo el Anexo IA (relativo al comercio de mercancías) de los textos que integran la OMC. Ver “Los Textos Jurídicos: Los Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales”, Organización Mundial del Comercio, Ginebra, 2003

 

[15] Ver Ablin, Eduardo R.: “Del GATT a la OMC: la evolución del sistema multilateral de comercio y su comprensión”, Comercio Exterior N°40, Editorial Guía Práctica, Buenos Aires, febrero de 2006 Efectivamente, el GATT 1994 se convirtió en el Anexo 1A del Acuerdo de Marrakech (“Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio de Mercancías”), seguido de una serie de Acuerdos y Entendimientos específicos en materia de mercancías adoptados por la Ronda Uruguay

 

[16] “Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios y Anexos”. Ver “Los Textos Jurídicos. Los Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales”, Organización Mundial del Comercio, Ginebra, 2003

 

[17] “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio”. Ver “Los Textos Jurídicos. Los Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales”, Organización Mundial del Comercio, Ginebra, 2003

 

[18] Ver Ablin, Eduardo y Paz, Santiago: “El mecanismo de solución de diferencias de la OMC”, Comercio Exterior N° 636, Editorial Guía Práctica, Buenos Aires, octubre de 2002

 

[19] Ver Artículo XXI GATT, “Excepciones relativas a la seguridad”

 

[20] Ver Shaffer, Gregory C. y Meléndez-Ortiz, Ricardo (editors): “Dispute Settlement at the WTO”, Cambridge University Press, 2010

 

[21] Ver Vásquez Arango, Carolina: “La jurisprudencia sobre las excepciones relativas a la seguridad en el acuerdo GATT”, Revista FORUM N° 2, Departamento de Ciencia Política, Universidad Nacional, Medellín, diciembre de 2011

 

[22] Al igual que el recurso a la fuerza armada, las sanciones del Consejo de Seguridad (CS) se fundamentan en el Capítulo VII de la Carta de la ONU relativo a “la acción en caso de amenaza contra la paz, de ruptura de la paz y de acto de agresión”. El recurso a las sanciones, previsto explícitamente por el artículo 41, permite al CS solicitar a los Estados Miembros que apliquen medidas coercitivas con el fin de hacer efectivas sus decisiones y contribuir de este modo al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales, pudiendo los diversos regímenes de sanciones adoptados por el Consejo equipararse a instrumentos políticos destinados a velar por el mantenimiento de la paz y la seguridad. En la práctica, el objetivo de las sanciones es ejercer una presión política y/o material sobre un actor. Desde las primeras medidas adoptadas contra Rodesia del Sur en 1966 y Sudáfrica en 1970, el CS ha recurrido cada vez más y en situaciones más variadas a las sanciones: intervención en un conflicto armado, desbloqueo de un proceso político, lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva o lucha contra el terrorismo. Al presente se encuentran vigentes 14 regímenes de sanciones dirigidos a prestar apoyo a la solución política de conflictos, la no proliferación de las armas nucleares y la lucha contra el terrorismo. Los mismos son administrados por un miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Ver Consejo de Seguridad, ONU, 2019

 

[23] Ver Petersmann, Ernst-Ulrich: “The GATT/WTO Dispute Settlement System. International Law, International Organizations and Dispute Settlement”, Kluwer Law International, Londres, 1997

 

 

[24] Ver Preámbulo del Acuerdo General, en “Instrumentos Básicos y Documentos Diversos, Volumen IV: Texto del Acuerdo General”, GATT, Ginebra, 1969

 

[25] Ver “A Handbook on the WTO Dispute Settlement System”, World Trade Organization, Cambridge University Press, 2004

 

[26] Ver “La Ronda de Doha” OMC, https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/dda_s.htm

 

[27] Ver “Los textos de la Ronda de Doha”, OMC, https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/texts_intro_s.htm

 

[28] Ver “OMC | Textos jurídicos - Acuerdo sobre facilitación del comercio”,

www.wto.org ›legal_stfa-nov14_s

[29] Ver “Negociaciones sobre la agricultura, OMC”, Conferencia Ministerial Nairobi 2015- https://www.wto.org/spanish/tratop_s/agric_s/negoti_s.htm

 

[30] Ver Arredondo, Ricardo y Godio, Leopoldo: “La crisis del Organo de Apelación de la Organización Mundial del Comercio”, Revista de la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión N° 13, Mercosur, marzo de 2019

 

[31] Ver Ablin, Eduardo R.: “¿Campeonato suspendido por falta de árbitros?”, El Economista, Buenos Aires, mayo de 2018

[32] Ver “Director de la OMC renuncia en plena crisis económica mundial”. El brasileño Roberto Azevedo anunció que abandonará su cargo como Director General el próximo 30 de agosto, un año antes de poner fin a su segundo mandato. Deutsche Welle, Berlín, mayo 14 de 2020

 

[33] Ver Weijian Shan “The Unwinnable Trade War”, Foreign Affairs, Council on Foreign Affairs, Nueva York, noviembre/diciembre 2019

 

[34] Ver El-Erian, Mohamed: “Is a China-US <Rivalry Partnership> Possible?”, Project Syndicate, Praga, julio 2020

 

[35] Ver Salamanca, Olga Lucía: “Se reactiva debate sobre el estándar de Economía de Mercado en OMC”, Asuntos Legales, Bogotá, febrero de 2020

 

[36] Ver Kania, Elsa B.: “Made in China 2025, Explained, A deep dive into China’s techno-strategic ambitions for 2025 and beyond”, The Diplomat, Washington, DC, Febrero 2019

 

[37] Resulta imposible imaginar que la sofisticada burocracia de los EE.UU. pase por alto que la normativa interna de un Miembro no resulta oponible en el ESD de la OMC a partir de la desaparición de la denominada “cláusula de fundador” que regía en la era del GATT. Menos aún que Robert Lighthizer -actual titular del USTR- y afamado abogado con larga actuación en el ámbito de la OMC estime que esta posición pudiera resultar sostenible a la luz de los textos vigentes. Al respecto cabe recordar que Robert Lighthizer ya ocupó entre 1983 y 1985 el cargo de Representante Comercial Adjunto del USTR durante la gestión del Presidente Reagan, siendo reconvocado por el Presidente Trump para encabezar dicha Oficina en 2017. Entretanto, como abogado privado, siempre se ha mantenido vinculado con las cuestiones relativas a la OMC, por lo que puede considerarse un indudable experto en este ámbito. De allí que no pueda presuponerse que subyace algún error en las interpretaciones enunciadas, sino que se confronta la indudable intención de los EE.UU. de apuntar a través de este nuevo posicionamiento a presionar en favor de cambios en el ESD.

 

[38] https://www.quora.com/While-the-US-trade-deficit-with-China-is-300B-how-much-profit-do-the-US-companies-make-in-China-every-year

 

[39] Ver “Findings of the Investigation into China’s Acts, Policies, and Practices related to Technology Transfer, Intellectual Property, and Innovation under Section 301 of the Trade Act of 1974”. Office of the United States Trade Representative, Washington DC, marzo de 2018

 

[40] Ver Mullen, Jethro: “Chinese hackers are ramping up attacks on US companies”, CNN Business, febrero 20 de 2019

[41] Ver “Impone Trump aranceles a importaciones de acero y aluminio”, Deutsche Welle, Berlín, marzo 8 de 2018

 

[42] Ver Organización Mundial del Comercio, Solución de Diferencias: “DS544: Estados Unidos — Determinadas medidas relativas a los productos de acero y aluminio”, Solicitud de Consultas por parte de la RPC abril de 2018, constitución del GE en enero de 2019

 

[43] Ver “Acuerdo sobre Salvaguardias”, “Los Textos Jurídicos: Los Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales”, Organización Mundial del Comercio, Ginebra, 2003

[44] Ver “Acuerdo sobre Salvaguardias”, en “Los Textos Jurídicos: Los Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales”, Organización Mundial del Comercio, Ginebra, 2003

 

[45] Ver Bown, Chad P.: “Trump’s Steel and Aluminum Tariffs: How WTO Retaliation Typically Works”,

Peterson Institute for International Studies, Washington DC, marzo de 2018

 

[46] Ver DS543: “Estados Unidos—Medidas arancelarias sobre determinados productos procedentes de China”

 

[47] Ver: “China rechaza los aranceles de EE.UU. y anuncia que ‘habrá represalias’”, La Vanguardia, Barcelona, agosto 1 de 2019

 

[48] Ver Ablin, Eduardo R.: “Del GATT a la OMC: historia y perspectivas del Sistema Multilateral de Comercio desde un enfoque argentino”, Congreso AADI, Córdoba, septiembre de 2019 

 

[49] Ver “A quick guide to the US-China trade war”, BBC News, enero 16 de 2020

 

[50] Ver Felbab-Brown, Vanda: “Fentanyl and geopolitics: Controlling opioid supply from China”, Brookings Institution, julio 22 de 2020

 

[51] Ver Wong, Dorcas and Chipman Koty, Alexander: “The US-China Trade War: A Timeline” China Briefing, junio 29 de 2019

 

[52] Ver Pettis, Michael: “Opening up to foreign capital would be a mixed blessing for China”, Financial Times, noviembre 10 de 2019

 

[53] Ver Olson, Stephen: “Phase One deal positive, but unlikely to reverse fraying ties”, hinrichfoundation, enero 16 de 2020

 

[54] Ver “China is spending less on American goods than expected”, The Economist, julio 6 de 2020

 

[55] Ver Stewart, Terence P.: “U.S.-China Phase 1 Trade Agreement — Review of U.S. Domestic Exports Through June 2020”, Washington Trade International Association, Washington, DC, agosto de 2020

 

[56] Ver “Trump Defends China Trade Deal After Adviser Says It's 'Over‘, The New York Times, junio 23 de 2020

 

[57] Ver Farrell, Henry y Newman, Abraham: “The Folly of Decoupling From China”, Foreign Affairs, Council on Foreign Affairs, Nueva York junio de 2020

 

[58] Ver Horowitz, Julia y Jiang, Seven: “China threatens to blacklist foreign companies after Huawei ban”, CNN, 31 mayo de 2019

 

[59] Ver Davis, Michael C.: “Hong Kong Is Part of the Mainland Now”, Foreign Affairs, Council on Foreign Affairs, Nueva York, julio de 2020

 

[60] Ver DS543: “Estados Unidos — Medidas arancelarias sobre determinados productos procedentes de China”.

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/

 

[61] Ver Bown, Chad P.: “Trump’s Steel and Aluminum Tariffs: How WTO Retaliation Typically Works”

Peterson Institute for International Studies, Washington DC, marzo de 2018

 

[62] Ver “U.S. lawmakers target China's ZTE with sanctions bill”, Reuters, febrero 5 de 2019

 

[63] Ver Capri, Alex: “Techno-nationalism is driving US-China decoupling in innovation”,

hinrichfoundation, septiembre 10 de 2020

 

[64] Ver Tan, Su-Lin  y Ho, Annette: ”China’s silent treatment for Australia in beef, barley trade row viewed as new normal under ‘Wolf Warrior’ diplomacy”, South China Morning Post, Hong Kong, junio 10 de 2020

 

[65] Ver Emmott, Robin: “U.S. renews pressure on Europe to ditch Huawei in new networks”, Reuters, septiembre 29 de 2020

 

[66] Ver Marquardt, Paul y Kaniecki, Chase D: “BIS Further Tightens Export Restrictions on Huawei”, Clearytradewatch, agosto 21 de 2020

 

[67] Ver Gertz, Bill: “Mike Pompeo hits Huawei executives”, The Washington Times, julio 15 de 2020

[68] Ver “Todas las miradas sobre Huawei y la nueva red 5G”, Deutsche Welle, noviembre 4 de 2019

 

[69] Ver “The Impact of 5G: Creating New Value across Industries and Society”, World Economic Forum, Ginebra, enero 2020

 

[70] Ver Kelion, Leo: “Huawei 5G kit must be removed from UK by 2027”, BBC News, julio 14 de 2020

 

[71] Ver “US consulate: China orders US consulate closure in tit-for-tat move”, BBC News, julio 24 de 2020

 

[72] Ver “TikTok and WeChat: US to ban app downloads in 48 hours”, BBC News, septiembre 18 de 2020

 

[73] Ver “Trump agrees to TikTok deal with Oracle and Walmart, allowing app’s U.S. operations to continue”, CNBC, septiembre 19 de 2020

 

[74] Ver Aldama, Zigor: “From Made in China to Created in China: how nation turned itself from world’s sweatshop to global innovator in just one decade” , Post Magazine, diciembre 17 de 2017

 

[75] Diez sectores han sido seleccionados para fomentar y llegar al “estado del arte” (la vanguardia internacional del desarrollo tecnológico): 1) Nueva tecnología avanzada de información, 2) Máquinas herramientas automatizadas y robótica, 3) Aeroespacio y equipo aeronáutico, 4) Equipamiento marítimo y barcos de alta tecnología, 5) Equipos modernos de transporte ferroviario, 6) Vehiculos y equipamiento con nuevas formas de energía (autos eléctricos entre ellos), 7) Equipos de Energía, 8) Equipamiento agrícola, 9) Nuevos materiales,y 10) Biofarma y productos médicos avanzados

 

[76] Ver Sheehan, Matt: “Trump’s Trade War Isn’t About Trade, It’s About Technology” Macro Polo, Paulson Institute in Chicago

 

 

[77] Ver Rapoza, Kenneth: Why 200 Chinese Companies May Soon Delist From The U.S. Stock Exchange, Forbes, agosto 19 de 2020

 

[78] Ver Derrick, Jayson: “New Details Emerge About Luckin Coffee Short Seller's Takedown”, Yahoo Finance, junio 29 de 2020

 

[79] Ver Xie Jun: “Chinese companies might delist as US tightens securities market regulations”, Global Times, agosto 11 de 2020

 

[80] Ver Burbridge, Martín: “La ley de seguridad para Hong Kong podría matar a la gallina de los huevos de oro”, El Cronista, Buenos Aires, junio 3 de 2020

 

[81] Ver Alper, Alexandra: “Trump pressures federal pension to halt planned Chinese stock purchases”, Reuters, mayo 12 de 2020

 

[82] Ver Schoenfeld, Steven: “Americans are investing more in China—and they don’t even know It, Foreign Policy, enero 14 de 2020

 

[83] Ver OMC, caso ESD N° DS413: “China — Certain Measures Affecting Electronic Payment Services” y otros, 2013 en adelante

 

[84] Ver “China announces timetable for full financial sector opening in 2020”, Reuters, octubre 11 de 2019

 

[85] Ver ¿Por qué el mercado chino puede atraer diversas inversiones?, China Radio International, Beijing, septiembre 8 de 2020

 

[86] Ver Kokisal, Ilker : “PayPal Becomes The First Foreign Payment Platform In China”, Forbes, octubre 21 de 2019

 

[87] Ver Jing Yang: “China Grants Approval for Goldman Sachs, Morgan Stanley to Control Securities Units”, Wall Street Journal, marzo 27 de 2020

 

[88] Ver “American Express gets nod to start operating card network in China”, Fox Business, junio 15 de 2020

 

[89] Ver “S&P Wins Beijing’s Approval to Offer Credit-Rating Services in China”, Wall Street Journal, enero 28 de 2019

 

[90] Ver Actis, Esteban: “Estados Unidos, China y el <desacople>”, El Economista, Buenos Aires, mayo 28 de 2019

 

[91] Ver “China-US 'decoupling' not a realistic option”, PRNewswire, julio 23 de 2020

 

[92] Ver Fang, Alex: “ 'China exit' limited to some American sectors -- and not for home”, Nikkei Asia, septiembre 12 de 2020

 

[93] Ver Farrell, Henry y Newman, Abraham: “The Folly of Decoupling From China”, Foreign Affairs, Foreign Affairs Council, junio de 2020

 

[94] Ver Witt, Michael A.: “Prepare for the U.S. and China to Decouple”, Harvard Business Review, junio 26 de 2020

 

[95] Ver Thilo Hanemann, Daniel H. Rosen, Cassie Gao and Adam Lysenk: “Two-Way Street: 2020 Update US-China Investment Trends”, Rhodium Group and National Committee on U.S.-China Relations, mayo de 2020

[96] Ver Marin, Dalia: “The Economic Consequences of Disrupted Global Supply Chains”, Project Syndicate, enero 11 de 2020

[97] Ver “Resilient Supply Chains: Large U.S. companies will continue sourcing and production in China”, CGTN ( China Global Television Network,) abril 22 de 2020

 

[98] Ver Leung, Zoe y Depp, Michael: “An American Consensus: Time to Confront China”, The Diplomat, Washington, DC, enero 17 de 2019

 

[99] Ver Rosenberger, Laura: “China’s Coronavirus Information Offensive”, Foreign Affairs, Foreign Affairs Council, abril 2020

 

[100] Ver Zhiqun Zhu: “Interpreting China’s ‘Wolf-Warrior Diplomacy‘”, The Diplomat, Washington, DC, mayo 15 de 2020

 

[101] Ver Toh, Michelle: “US companies are sticking with China despite rising tensions and pressure from Trump”, CNN Business, septiembre 9 de 2020

 

[102] Ver Boden, Graham: "China's Accession to the WTO: Economic Benefits," The Park Place Economist, Vol. 20, Illinois Wesleyan University, 2012

 

[103] Ver “China teme una cortina de hierro financiera por las tensiones con EE.UU.”, Reuters, agosto 14 de 2020 

 

[104] Ver “Chinese investment in US drops to lowest level since 2009”, mayo 11 de 2020

 

[105] Ver: “Walmart Announces Plan to Invest $1,2 Billion to Upgrade Logistics in China”, Walmart/corporate, julio 1 de 2019

 

[106] Ver “Can the U.S. End China’s Control of the Global Supply Chain?”, Bloomberg News, junio 8 de 2020

[107] Ver, Rothman Andy: “China’s accession to WTO has been a boon, not an error”, Financial Times, febrero 15 de 2018

[108] Ver Dickler, Jessica: “Hidden sales tax’: How Trump’s tariffs will impact prices — and what consumers can do about it”, CNBC, agosto 31 de 2019

 

[109] Ver Bayo, Blanca: “Trump ayuda al sector agrícola y ganadero de Estados Unidos”, Euronews, mayo 24 de 2019

 

[110] Ver Zumbrun, Josh: “Trump Says He’s Prepared to Give More Aid to Farmers Hurt by Trade Conflict”, The Wall Street Journal, febrero 21 de 2020

 

[111] Ver Ren, Daniel: “Chinese consumers shrug off impact of trade war on economy with increased spending to improve quality of life”, South China Morning Post, Hong Kong, agosto 12 de 2019

 

[112] Ver Coco Liu, Lauly Li, Cheng Ting-Fang, y Kenji Kawase: “China bets on $ 2 trillion high-tech infrastructure plan to spark economy”, Nikkei Asia, junio 1 de 2020

 

[113] Ver “How the U.S. Ban on ZTE Could Disrupt Telecom Supply Chains”, Wharton Knowledge, abril 30 de 2018

 

[114] Ver Manuel, Anja y Hicks, Kathleen: “Can China’s Military Win the Tech War?”, Foreign Affairs, julio 2020

[115] Ver Hille, Kathrin y  Waters, Richard: “Washington unnerved by China’s ‘military-civil fusion’”, Financial Times, noviembre 8 de 2018

[116] Ver Braw, Elisabeth: “Chinese Acquisitions of Western Firms Threaten National Security”, Foreign Policy, Washington, DC, agosto 24 de 2020

 

[117] Ver Steve Bannon: “We’re in an economic war with China. It’s futile to compromise”, The Washington Post, mayo 6 de 2019

 

[118] Ver Woodward, Jude: “The US vs China: Asia's new Cold War?”, Manchester University Press, 2017

 

[119] Ver Tybring-Gjedde, Christian: “2020 - China's Belt and Road Initiative: a Strategic and Economic Assessment”, NATO, Bruselas, junio 2020

 

[120] Ver “Xi Jinping expels party members as dissent grows in Chinese Communist Party”, WION, Nueva Delhi, agosto 18 de 2020

 

[121] Ver Ablin, Eduardo R.: “Tensiones propias de una “Guerra Fría”, El Economista, Buenos Aires, septiembre 16 y 17 de 2020

 

[122] Ver van der Veen, Michiel: “Decoupling US-China supply chains: High tech on the move”, Rabobank Research, julio 16 de 2020

 

[123] Ver “Impact of the US-China trade war on global supply chains”, www.supplychainbrain.com › ext › DHL_Resilience360, noviembre 29 de 2019

 

[124] Ver Gladstone, Rick: “How the Cold War Between China and U.S. Is Intensifying”, The New York Times, julio 24 de 2020

 

[125] Ver Ablin, Eduardo R.: “Tensiones propias de una “Guerra Fría”, El Economista, Buenos Aires, septiembre 16 y 17 de 2020

 

[126] Un bilateralismo caracterizado por políticas comerciales de carácter agresivo y predatorio que fueron definidas bajo la fórmula inglesa “beggar thy neighbour” (arruinar a su vecino)

 

[127] Ver Acheson, Dean: “Present At The Creation: My Years In The State Department”, W. W. Norton & Company, New York, 1969

 

[128] Ver Ablin, Eduardo R.: “Las guerras comerciales también son guerras”, El Economista, Buenos Aires, marzo de 2018

 

[129] Ver Ablin, Eduardo y Paz, Santiago: “El mecanismo de solución de diferencias de la OMC”, Comercio Exterior N° 636, Editorial Guía Práctica, Buenos Aires, octubre de 2002

 

[130] Ver Ablin, Eduardo y Paz, Santiago:”En los orígenes del sistema multilateral de comercio”, Comercio Exterior Nº 149, Editorial Guía Práctica, Buenos Aires, abril de 2002

 

[131] Ver Ablin, Eduardo R.: “¿Campeonato suspendido por falta de árbitros?”, El Economista, Buenos Aires, mayo 23 de 2018

 

[132] Ver Ablin, Eduardo R.: “La guerra comercial y su impacto sobre el Sistema Multilateral de Comercio”, Seminario Guerra Comercial, Fundación INAI, Bolsa de Cereales, Buenos Aires, agosto de 2018

 

[133] Ver Ablin, Eduardo y Paz, Santiago: “El mecanismo de solución de diferencias de la OMC”, Comercio Exterior N° 636, Editorial Guía Práctica, Buenos Aires, octubre de 2002

 

[134] Ver Bown, Chad P. and Irwin, Douglas A.: “What Might a Trump Withdrawal from the World Trade

Organization Mean for US Tariffs?”, Peterson Institute for International Economics, Washington DC,

noviembre de 2018

 

[135] Ver  Cooley, Alexander y Nexon, Daniel H.: “How Hegemony Ends”, Foreign Affairs, Council on Foreign Affairs, julio 2020

 

[136] Ver Ablin, Eduardo R.: “Las guerras comerciales también son guerras”, El Economista, Buenos Aires, marzo de 2018

 

[137] Ver Molteni, Atilio: “La otra manera de ver a China en Estados Unidos”, El Economista, Buenos Aires, julio 30 de 2019

 

[138] Ver: “China’s draconian security law for Hong Kong buries one country, two systems”, The Economist, julio 2 de 2020

[139] Ver Cichero, Damián: “¿Es posible una guerra entre Estados Unidos y China?”, El Economista, Buenos Aires, julio 31 de 2020

 

[140] Ver Roach, Stephen S.: “The End of the US-China Relationship”, Project Syndicate, abril 27 de 2020

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