SECCIONES

XXX Congreso Argentino de Derecho Internacional

SECCIÓN DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Rosario, 31 de Octubre, 1,2 y 3 de Noviembre de 2018

Directora de la Sección: Dra. Andrea Straziuso

Relator: Dr. Marcelo Trucco

"Balance y perspectivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

 a 40 años de su vigencia"

 

Resumen:

El presente año 2018 conmemora 40 años de la entrada en vigencia de la Convención Americana de Derechos Humanos y con ella la entrada en vigencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte IDH), órgano judicial creado por el Pacto San José de Costa Rica.

Desde su creación, el Tribunal regional se ha erigido como intérprete auténtico y final de la convención. En el desarrollo de su vasta tarea jurisprudencial, ya sea a través de fallos en materia contenciosa como en sus opiniones consultivas, la Corte IDH ha logrado ampliar los alcances del Pacto, enriqueciendo y receptando los cambios que a los largo de los años de su vigencia se han dado en relación a la protección de los derechos humanos en el continente americano.

La recepción en Argentina de la Convención y la obligación de cumplir con los fallos de la Corte IDH ha generado impactos significativos no solo a nivel normativo, sino también en relación a políticas públicas en general que han debido adaptarse a las obligaciones asumidas en el marco de la Convención. En este sentido, resulta decisivo en estos 40 años la tarea llevada adelante por la Corte IDH en relación a controlar si la aplicación de las normas internas de los Estados resulta conforme a la Convención Americana. A partir de los primeros años del nuevo siglo, esta tarea de “control de convencionalidad” es encomendada de oficio a los tres poderes del Estado, abriendo un horizonte significativo en relación al compromiso que asumen los órganos internos para cumplir con el sistema interamericano de derechos humanos.

Resulta entonces propicia la ocasión para analizar y poner en debate la labor llevada adelante por el Tribunal a lo largo de estos 40 años, destacando especialmente la evolución que ha tenido la Corte regional, desde ser considerada, durante sus primeros años, una especie de Tribunal Constitucional regional de Derechos Humanos, encargado de analizar las responsabilidades internacionales de los Estados por violaciones a derechos humanos cometidos durante regímenes dictatoriales en América Latina (Casos de torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, etc) al día de hoy en donde el Tribunal no solo se aboca a esas temáticas ya en democracia, sino que ha ampliado notablemente las materias que caen bajo su análisis. En ese sentido, durante la últimas décadas, la Corte IDH ha analizado derechos  vinculados a la Libertad de expresión, derechos de niños, niñas y adolescentes,  se ha abocadoa cuestiones del derecho de familia, penal, procesal, laboral, derechos de la mujer, derechos de las comunidades indígenas, diversidad sexual, etc..).

 

Estructura tentativa de análisis proyectada para el relato:

 

1.      Breve historia de la creación de la Corte Interamericana

2.      Primera etapa: La Corte Interamericana y su rol en el restablecimiento de los sistemas democráticos en el continente

3.      Segunda etapa:  Hacia la apertura de la agenda temática de la Corte Interamericana

4.      La función consultiva de la Corte Interamericana.

5.      El rol de la Corte IDH como intérprete final de la Convención.

6.      La recepción de la jurisprudencia de la Corte IDH en Argentina. Evolución.

7.      Dimensiones y perspectivas de las reparaciones en el sistema interamericano de ddhh

8.      Los desafíos pendientes de la Corte IDH

Ejes de abordaje y propuestas de temas para su tratamiento en ponencias

En el último año se ha reactivado en nuestro país el debate en relación a los efectos y alcances de las sentencias de la Corte Interamericana. ¿Hay límites para el cumplimiento de las medidas de reparación que ordena la Corte IDH?

Asimismo, el tema pretende hacer un balance en relación a las opiniones consultivas emitidas por el tribunal en estos 40 años. Analizar los temas sometidos a opinión, los estándares y orientaciones brindados por el tribunal y su aplicación por los distintos Estados.

Otro tema interesante a abordar en este tema radica en ponderar la labor interpretativa que ha desempeñado el Tribunal a lo largo de estos años. Esa labor interpretativa ¿ha desvirtuado el sentido y alcance que los Estados han querido dar a los derechos consagrados en la Convención?-. ¿Esa labor interpretativa tiene límites?

 ¿Cuáles serían las cuentas pendientes que tiene la Corte IDH en su relación con los Estados?.¿Existe un efectivo diálogo jurisprudencial entre la Corte IDH y los tribunales locales? ¿Se puede percibir una peligrosa tentación de algunos Estados de denunciar la Convención y así retirarse de la Competencia Contenciosa de la Corte?.¿Se perciben estrategias por parte de algunos Estados para limitar el poder del Tribunal regional?

Es una buena ocasión finalmente para analizar en relación a nuestro país cuál ha sido o es en el presente la real aplicación de los estándares surgidos de la jurisprudencia de la Corte IDH. ¿Existe en nuestro país un control primario efectivo de convencionalidad?

Son solo algunos interrogantes o disparadores que merecen ser actualizados, debatidos y enriquecidos con la mirada y la reflexión crítica de todos aquellos que deseen brindar su aporte a tan importante temática.

 



XXX Congreso Argentino de Derecho Internacional

Rosario, 31 de Octubre, 1,2 y 3 de Noviembre de 2018

 

Sección: Derecho Internacional de los Derechos Humanos

 

"Balance y perspectivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

 a 40 años de su vigencia"

 

Dr. Marcelo Trucco

Relato:

Introducción.

 La humanización del Derecho Internacional.

 

La segunda mitad del siglo XX, superada la crueldad de la Segunda Guerra Mundial, abrigó una nueva esperanza para la comunidad internacional: el reconocimiento de la persona humana como sujeto del Derecho Internacional implicó un cambio paradigmático y revolucionario. El viejo esquema clásico, centrado solo en la potestad de los Estados, en sus conveniencias e intereses, anclado en normas dispositivas exclusivas, dejó su merecido lugar a un nueva comunidad internacional. La “consabida personalidad internacional del individuo se apoyó en el ámbito de la protección de los derechos fundamentales de la persona humana obrando como límite y respuesta ante los abusos del Estado, experimentados en aquel conflicto y que habían puesto en evidencia que el ejercicio arbitrario e ilimitado del poder público ponía en serio riesgo la propia dignidad humana”[1].

Fue en aquel entonces que, al decir de Antonio Cancado Trindade, “el despertar de la conciencia jurídica universal” abrió paso al surgimiento de una nueva rama dentro del clásico Derecho de Gentes: El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que vino a afianzar el proceso de humanización de esta nueva comunidad internacional, logrando cristalizar en instrumentos escritos el compromiso de los Estados hacia intereses, valores y principios basados en la dignidad de la persona humana. Un “nuevo iusgentium, en el que ocupa una posición decisiva la preocupación por las condiciones de vida de los individuos y de los pueblos en todo el mundo y en el que la nueva razón de la humanidad, pasa a primar sobre la vieja razón del Estado”[2]. Este cambio de paradigma, naturalmente, “no sólo transforma al derecho internacional, sino a todo el derecho en general: los derechos humanos devienen constitucionales y supraestatales y se convierten en límites no sólo internos sino también externos a la potestad de los Estados”[3]. Al respecto Elizabeth Odio Benito reflexiona que “el equilibrio entre los legítimos intereses nacionales y los principios de protección del hombre, que reconoce ahora el derecho internacional, es difícil de formular, y más difícil todavía de imponer. No es fácil, ciertamente, hacer comprender a los Estados que si bien continúan siendo los primeros sujetos del Derecho Internacional, no son ya omnipotentes, sino que deben obedecer a una ley superior: los hombres, por encima de los Estados, son los más importantes sujetos del Derecho Internacional”[4].

En este nuevo escenario, cobra especial trascendencia el reconocimiento de un “ius cogens”universal, indisponible, que, anclado en la dignidad humana, se erige como guía indiscutible en la acción de los Estados, al momento de respetar y garantizar los derechos fundamentales de todas las personas que estén bajo su jurisdicción. En este orden público humanista, como reflexiona CançadoTrindade, “el interés público o el interés general coincide plenamente con la prevalencia de los derechos humanos lo que implica el reconocimiento de que los derechos humanosconstituyen el fundamento básico, ellos propios, del ordenamientojurídico”[5].

El reconocimiento de derechos fundamentales en instrumentos internacionales amplió la protección que ya venía dada por las normativas locales.Sin embargo, dicha protección quedaría incompleta si no ofreciera a la par, mecanismos para supervisar su cabal cumplimiento. De allí que la mayoría de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos aportan como nota característica la existencia de Comités propios, encargados de controlar o “monitorear”las obligaciones convencionales asumidas por los Estados, alentando la posibilidad de recibir denuncias o peticiones individuales en donde se alegue la violación de aquellos compromisos. El individuo adquiere la potestad de acudir a las instancias internacionales para velar por la satisfacción de sus derechos.

A nivel regional, el sistema interamericano acompañó desde sus comienzos el proceso humanizador del Derecho Internacional contemporáneo, completando la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la constitución de un Tribunal de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)que, nacida de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), se erigió como intérprete auténtico y final de la Convención para aquellos Estados que hayan aceptado su competencia[6]. La existencia de una jurisdicción internacional regional en materia de derechos humanos fue un paso de relevancia ya que hasta ese momento no existía ningún tribunal internacional con competencia en el continente americano. Su constitución es de enorme trascendencia, dado que trasmite el mensaje que los Estados se obligan a respetar y garantizar los derechos reconocidos en los instrumentos del sistema interamericano y que frente a sus violaciones deben satisfacer las reparaciones debidas a través de sus mecanismos internos, pero sabiendo que, eventualmente, la aplicación de sus normativas, decisiones judiciales y políticas públicas podrán ser juzgadas por la Corte IDH cuando ésta advierta que el Estado incumplió en la aplicación de su derecho interno con la CADH y/o demás instrumentos regionales de derechos humanos.En esta caracterización vale recordar el carácter subsidiario y complementario del Derecho Internacional de los Derechos Humanos por lo quede ninguna manera la CorteIDH se erige como una “Cuarta instancia”.Su función solo se limita a determinar si el Estado violó o no normas de la CADH, de forma que la CorteIDH no debe ser confundida con una nueva instancia que pueda revisar sentencias de los últimos órganos judiciales nacionales[7].

 

    En el presente año 2018 conmemoramos 40 años de la entrada en vigencia de la CADH y con ella de la Corte IDH. Representa sin dudas un buen momento para hacer un balance de los avances logrados, de los aportes brindados por el Tribunal para la edificación y consolidación del sistema interamericano de derechos humanos, como así también para reflexionar sobre los desafíos pendientes.

    En su labor contenciosa y consultiva, la Corte IDH ha permitido, a lo largo de este tiempo ampliar el contenido e interpretación de la Convención y demás instrumentos que integran el sistema interamericano de derechos humanos. No hay duda que “el debido proceso” es mucho más que lo que dice textualmente el artículo 8 del Pacto San José o que el derecho a la vida o a la tutela judicial se han enriquecido y ampliado sus horizontes a partir de las visiones, precisiones conceptuales y razonamientos elaborados con seriedad y perspectiva humanista, por los distintos jueces y juezasque han integrado el Tribunal durante estos 40 años.

                                                                                                                                    

Propuesta de abordaje temático:

Dado lo extenso del trabajo realizado por la Corte IDH y la amplia variedad de temas que se podrían abordar bajo el título propuesto para este relato, es que hemos seleccionado solo algunos ejes que consideramos importantes, advirtiendo que el objetivo no es realizar una semblanza (merecida) del Tribunal regional, sino centrar nuestras reflexiones en los aportes concretosde la Corte IDH hacia la consolidación del sistema interamericano de Derechos Humanos y la recepción que el Tribunal y sus decisiones tuvieron durante estos años en los Estados americanos, y especialmente en nuestro país. En este recorrido comenzaremos con una breve mención de la creación de la Corte IDH para luego sí caracterizar en distintas etapas y momentos histórico-políticos los aportes fundamentales del Tribunal regional a lo largo de estas cuatro décadas.

 

 

Primera Parte

 

I.  Un poco de Historia: La creación de la Corte Interamericana de Derechos humanos como órgano judicial de la CADH.

 

El 17 de noviembre de 1969, la Conferencia especializada reunida en San José de Costa Rica para debatir el proyecto de adopción de la Convención americana, decidió crear la Corte IDH. El establecimiento de un Tribunal Judicial en el marco del Pacto San José constituyó un hito histórico que resultó determinante para el crecimiento del sistema interamericano durante esta época. La Convención logró organizar el procedimiento de la ya creada CIDH, y a la vez instituir la Corte IDH, completando así los dos órganos más importantes para viabilizar y reclamar el efectivo cumplimiento de los derechos consagrados en la Convención.

La mayoría de los Estados participantes mostraron su conformidad en dicha creación, entre ellos Argentina, aunque algunas delegaciones ofrecieron ciertos reparos pues consideraban prematuro el establecimiento de la Corte, apostando más a reforzar la experiencia y prestigio de la CIDH creada diez años antes”[8].

Por nacer al amparo de la CADH, la Corte IDH recién pudo establecerse y organizarse cuando la Convención entró en vigencia, el 18 de julio de 1978[9],  siendo elegidos los primeros jueces por los Estados Partes de la Convención el 22 de Mayo de 1979 durante el Séptimo Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA.

La primera reunión del Tribunal se celebró el 29 y 30 de junio de 1979 en la sede de la OEA, en Washington D.C. Recién en Septiembre del mismo año, pudo el Tribunal radicarse en donde será su sede permanente, San José de Costa Rica, a partir de la aceptación por parte de la OEA del ofrecimiento cursado por dicho país para servir de asiento permanente al órgano judicial interamericano. Los Convenios de Sede firmados entre Costa Rica y el Tribunal[10], garantizan el régimen de inmunidades y privilegios de la Corte IDH, de los jueces, del personal y de las personas que comparezcan ante ella. Estos convenios de Sede están destinados a facilitar el normal desenvolvimiento de sus actividades[11].       

Si bien la sede principal del Tribunal se encuentra en la ciudad de San José de Costa Rica, esto no impide que la Corte IDH pueda salir de su asiento principal y realizar audiencias públicas en otros países americanos en el marco de períodos de sesiones extraordinarias. La única salvedad, prudente por cierto, es que mientras funcione de manera itinerante, el Tribunal no analizará cuestiones que tengan como demandado al país anfitrión.

La ceremonia de instalación de la Corte se realizó en el Teatro Nacional de la ciudad de San José el 3 de Septiembre de 1979. Resultan ilustrativas las palabras pronunciadas en dicha oportunidad por el primer Presidente de la Corte IDH, Rodolfo Piza Escalante: “La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hoy instalamos solemnemente en su sede de San José de Costa Rica, constituye la culminación histórica de toda una etapa en la larga lucha de la comunidad americana por los derechos y libertades fundamentales del hombre”, para luego hacer un llamado a los jueces a  “actuar con imparcialidad y con justicia, a abandonar la cómoda pero irresponsable posición del juez tradicional, espectador y simple receptor de la contienda, sustituyéndola por la del nuevo juez, comprometido de verdad con la justicia, a salir a buscarla, valiente y agresivamente, y a darla, valiente y agresivamente, cuando su convicción moral lo ordene, dejando de lado las mezquinas triquiñuelas de la gramática y de los procedimientos”[12].

Durante el Noveno Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA fue aprobado el Estatuto de la Corte IDH y, en agosto de 1980 su primer Reglamento, el cual incluyó las normas de procedimiento.

 

II. 1era. Etapa (1978-1988):La Corte Interamericana y su rol en la transición de los sistemas democráticos en el continente.

 

La Corte IDH comenzó a desandar sus primeros años de labor a un ritmo lento, a consecuencia fundamentalmente de los procesos políticos que se daban en el continente americano hacia fines de la década del 70 y comienzos de los 80. Para la mayoría de los Estados, aún no se encontraba vigente la CADH, por lo tanto para el sistema interamericano era más apreciada la experiencia lograda por la CIDH, especialmente a través de las visitas realizadas por dicho organismo durante gran parte de los 70 a la mayoría de los países americanos y el impacto que generaban sus informes. Por otra parte, la CIDH tardó mucho tiempo en elevar los primeros casos a la Corte. Para Felipe González[13] la acción de la Comisión resultaba (y continúa resultando) decisiva a este respecto, ya que históricamente los otros actores habilitados para presentar casos ante la Corte (los Estados) no lo han hecho[14].

De allí que el inicio de la labor interpretativa de la CADH, el Tribunal la comenzó a ejercer a través de su competencia consultiva. En efecto, las primeras opiniones, allá por 1982 versaron sobre la interpretación del efecto de las reservas en el marco de la Convención, el alcance amplio que debía darse al término “leyes” conforme el artículo 30 del Pacto, como así también consideraciones amplias en relación al alcance de restricciones en materia de pena de muerte o bien sobre el alcance de otros tratados que podían ser motivo de interpretación por el Tribunal. A medida que los Estados ratificaban la CADH, ésta era percibida, sostiene Midón, como “la Constitución Latinoamericana en materia de derechos humanos”[15], y el Tribunal regional como su guardián, convirtiéndose en una especie de “Corte Constitucional Latinoamericana de Derechos Humanos”, posición facilitada, al decir de Binder, “por la alta jerarquía acordada a la Convención en las Constituciones de muchos Estados de la región”[16]. Desde sus primeras sentencias, la Corte ejerció un control de convencionalidad concentrado, es decir, se abocó a analizar si las normas y prácticas internas llevadas adelante por los Estados resultaban conforme a la CADH. Ante la carencia de jurisprudencia propia, fue común también en estos primeros pasos, la invocación de principios emanados de otros Tribunales internacionales, como la Corte Internacional de Justicia o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Podemos decir que los primeros diez años de vigencia de la Corte IDH se caracterizaron por acompañar los procesos de transiciones democráticas de la mayoría de los países  latinoamericanos que estaban saliendo de procesos dictatoriales crueles, en donde las violaciones a los derechos fundamentales fueron practicados de manera sistemática y organizada, dejando miles de víctimas, desapariciones forzadas, secuestros, torturas y ejecuciones extrajudiciales, entre otras crímenes.Las primeras vulneraciones de derechos alcanzaban a aquellos de naturaleza civil y político, especialmente relacionados a  los derechos a la vida, integridad física, libertad, garantías judiciales, entre otros. Los sistemas judiciales internos se mostraban débiles, cuando no proclives, en algunos casos, a evitar u obstaculizar el juzgamiento de los responsables de haber cometido tales violaciones. Por esta razón, los primeros casos contenciosos que arribaron a la Corte IDH versaron sobre desapariciones forzadas y otras violaciones llevadas adelante por Honduras y que no habían sido investigadas oportunamente. Así, los “casos hondureños”[17], sentaron los estándares principales en relación a la obligación de los Estados de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a derechos humanos, como parte ineludible del deber de respeto y garantía emanados del artículo 1.1 y 2 de la CADH.En relación a este punto sostuvo la Corte que “la práctica de desapariciones, a más de violar directamente numerosas disposiciones de la Convención, significa una ruptura radical de este tratado, en cuanto implica el craso abandono de los valores que emanan de la dignidad humana y de los principios que más profundamente fundamentan el sistema interamericano y la misma Convención.  La existencia de esa práctica, además, supone el desconocimiento del deber de organizar el aparato del Estado de modo que se garanticen los derechos reconocidos en la Convención”[18]

   A su vez, estos primeros casos sirvieron al Tribunal para delimitar su esfera de competencia, aclarando de entrada que no actuaba a modo de un tribunal penal. Al respecto señaló que “En efecto, la protección internacional de los derechos humanos no debe confundirse con la justicia penal.  Los Estados no comparecen ante la Corte como sujetos de acción penal.  El Derecho internacional de los derechos humanos no tiene por objeto imponer penas a las personas culpables de sus violaciones, sino amparar a las víctimas y disponer la reparación de los daños que les hayan sido causados por los Estados responsables de tales acciones”[19].

 

 

 

 

 

III.Segunda etapa (1988 -2001): Hacia la consolidación de su jurisprudencia.

 

   En esta segunda etapa se puede analizar cómo paulatinamente la Corte IDH fue ampliando su agenda temática, analizado y ofreciendo a los países interpretaciones concretas en relación a casos relacionados por ejemplo al respeto por la libertad de expresión, las garantías del proceso penal e interpretando las normativas y prácticas estatales vinculadas al debido proceso en general y a las garantías judiciales.En estas renovadas interpretaciones los derechos fueron abordados en un sentido de interrelación, destacándose el carácter indivisible que ostentan los derechos humanos. De a poco el Tribunal fue abandonando esta percepción de ser un Tribunal que solo se encargaba de cuestiones vinculadas a crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzadas, etc,

   A su vez, el devenir de sus primeras sentencias en materia contenciosa, permitió a la Corte consolidar su jurisprudencia y comenzar a citar sus propios antecedentes, evitando así demasiadas remisiones a otros tribunales internacionales. La consolidación de su jurisprudencia en esta etapa permitió edificar estándares precisos que marcaron el camino a los Estados sobre cómo entender en el futuro las obligaciones fundamentales derivadas de la Convención.

   Otro aspecto a destacarse en esta nueva etapa es el dictado de las primeras medidas provisionales ante casos de extrema gravedad y urgencia que ameritaban una intervención rápida del Tribunal para evitar perjuicios o daños irreparables[20]. Sentó al respecto el Tribunal el estándar que las medidas provisionales “poseenun carácter no solo cautelar en el sentido de que preservan una situación jurídica, sino fundamentalmente tutelar por cuanto protegen derechos humanos”[21]Estas medidas provisionales estuvieron orientadas en los primeros casos a proteger la vida y la integridad física de las personas[22]. Luego, con el correr de los años, fueron dictadas también para proteger otros derechos.A su vez, permitieron a la Corte IDH  reforzar el carácter vinculante de sus decisiones, no solo las de aquellas emanadas de sus sentencias sobre el fondo de un asunto. Como bien sostiene Jorge Murillo “Las medidas provisionales de protección conllevan la obligación de su cumplimiento. Son, por tanto, obligaciones enteramente distintas de las obligaciones que eventualmente se desprendan de una sentencia de fondo[23], para luego compartir con Cancado Trindade que dichas medidas “constituyen per se un régimen jurídico autónomo cuyo incumplimiento genera responsabilidad internacional para el Estado y/o los terceros infractores, ya que implican la protección de derechos inderogables, verdaderas obligaciones erga omnes[24].

 

III -Tercera etapa: (2001 – 2018)

1.Un aporte significativo: La ampliación de la participación de las víctimas en el proceso.

 

Unos de los grandes desafíos en el sistema interamericano de derechos humanos fue como progresivamente dotar de mayor participación a las víctimas, destinatarias finales de dicha protección. Desde su organización y primeros reglamentos, quedó en claro que dentro del procedimiento ante la Corte IDH la víctima no tendría habilitada legitimación para acudir directamente ante la Corte, debiendo sus peticiones dirigirse ante la CIDH, para que luego ésta, eventualmente, pueda elevar una demanda ante el Tribunal. Al decir de Felipe González, en una fase inicial el papel de las víctimas en los casos contenciosos radicados enla Corte Interamericana se limitaba a que sus abogados actuaran como asesores de la Comisión[25].

   Sabida es la histórica lucha de algunos referentes doctrinarios para que se reconozca la legitimación directa de los individuos ante la Corte IDH, como máxima y justa expresión de la subjetividad internacional del individuo en el Derecho Internacional. Augusto Cancado Trindade, viene insistiendo en este reconocimiento al señalar que “en el sistema interamericano de protección, alcanzará el derecho de petición individual su plenitud el día en que pueda ser ejercido por los peticionarios ya no más ante la Comisión Interamericana, pero sí directamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La defensa del jusstandi del individuo, contribuirá a rescatar la posición central del ser humano en el derecho de gentes y a sostener el reconocimiento y la cristalización de su personalidad y plena capacidad jurídica procesales para hacer valer sus derechos en el plano internacional”[26].

Un paso adelante se dio en el tercer Reglamento de la Corte aprobado en 1997 mediante el cual se otorgó a los representantes de las víctimas o de sus familiares la facultad de presentar, en forma autónoma, sus propios argumentos y pruebas en la etapa de reparaciones. Sin embargo “esta decisión de la Corte dejó incompleta la tarea, ya que en todos los  momentos del proceso las víctimas continuaban interviniendo como asesores de la Comisión”[27].

Fue recién en ocasión de entrar en vigencia en junio del 2001 el Cuarto Reglamento de la Corte IDH, donde se da un cambio significativo, permitiéndose la participación autónoma a las víctimas en todas las etapas del proceso ante el tribunal, una vez que la CIDH presentó la demanda. Si bien aún se mantiene la imposibilidad que la víctima pueda presentar directamente la demanda ante la Corte[28],esta participación permite ahora a las víctimas manejarse con independencia respecto a la CIDH, bien sean en relación a excepciones preliminares, bien sea en la etapa de fondo, o bien en la etapa de reparaciones, incluso las víctimas pueden alegar directamente, con argumentos diferentes a los de la Comisión, incluso presentar pruebas que la Comisión no haya presentado.No obstante este reconocimiento, “la Corte actuó con prudencia, al preservar, en la presente etapa de evolución histórica del sistema interamericano de protección, las actuales facultades de la CIDH, contribuyendo simultáneamente a clarificar los distintos roles de los individuos demandantes y de la CIDH, poniendo fin a la ambigüedad del rol de ésta última en el procedimiento ante la Corte”[29]. La CIDH asume su rol más específico de garante del interés público interamericano[30]

Sin dudas esta apertura hacia las víctimas representa un hito muy importante de esta tercera etapa, saldando en parte una deuda pendiente del sistema regional. Esta participación, entendemos, satisface en el proceso interamericano, el derecho de las víctimas y sus representantes “a ser oídos” por el Tribunal y a que sus pretensiones sean tenidas especialmente en cuenta.

 

2. Ampliación de la agenda temática y de la competencia material de la Corte IDH. El diálogo jurisprudencial entre Tribunales internacionales.

 

A partir del 2001,si bien la Corte IDH continuó recibiendo demandas vinculadas a analizar violaciones cometidas durante las dictaduras, su labor se orientó en este caso, a establecer estándares bien concretos en relación a la imposibilidad de los Estados de sancionar indultos o leyes de amnistía que impidieran continuar con la investigación y el juzgamiento de las personas responsables de la comisión de crímenes de lesa humanidad. En este sentido, los casos Barrios Altos vs Perú o Almonacid Arellano vs Chile[31], son solo algunos ejemplos de casos resueltos por el Tribunal en donde la Corte IDH estableció que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”[32].Estos antecedentes fueron tomados por los Tribunales nacionales de algunos países (tal el caso de Argentina[33]) para fundamentar la nulidad de indultos o leyes de amnistía locales.

A su vez, en esta tercera etapa y con mayor influencia a partir de los últimos 10 años, se advierte una notable ampliación de la agenda temática del tribunal. En este período fueron motivo de tratamiento tanto en casos contenciosos como en opiniones consultivas temas diversos, ya no solo vinculados a derechos civiles y políticos (como era predominante en la primera etapa) sino fundamentalmente de naturaleza económica, social y cultural. Así se sientan estándares relacionados a la protección de la familia, a la protección de niños, niñas y adolescentes, diversidad sexual, comienzo de la existencia de la persona, acceso a la información pública, derechos de las comunidades indígenas, medio ambiente, derechos de la mujer con perspectiva de género, derechos laborales, entre otros. Es decir que en esta última década la Corte ha abierto su competencia en el análisis de temáticas en las que todavía no había incursionado. Hoy prácticamente no hay temas o ramas del derecho que escapen a la interpretación del Tribunal. Esta situación refleja el carácter transversal de los derechos humanos. Incluso puede señalarse que las últimas composiciones de la Corte dan cuenta de esta amplitud. Si se analizan los antecedentes de los jueces y juezas que últimamente han integrado el Tribunal puede apreciarse que ya no solo provienen del derecho constitucional sino que están formados en disciplinas diversas (derecho penal, procesal, Familia, Género, etc.)

Por otro parte en esta tercera etapa la Corte amplió su competencia material, dado que no solo se erige como intérprete de la CADH, sino que además ejerce competencia respecto a la aplicación e interpretación de otros tratados que integran el sistema interamericano de derechos humanos, como por ejemplo la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem do Pará), la Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura o la Convención interamericana sobre desaparición forzada de personas. En igual sentido en esta última etapa cobra mayor notoriedad la invocación de principios vertidos por distintos tribunales internacionales, en un diálogo jurisprudencial horizontal que enriquece y amplía el horizonte de las decisiones tomadas por la Corte IDH. Al respecto, explica Cancado Trindade que “Las "decisiones judiciales", abarcan igualmente, hoy día, las decisiones judiciales de los tribunales internacionales (Cortes Interamericana y Europea) de derechos humanos, de los Tribunales Penales Internacionales ad hoc (para la ex-Yugoslavia y para Ruanda), del Tribunal Internacional del Mar, de otros tribunales internacionales y arbitrales, así como de tribunales nacionales en materia de derecho internacional. En los últimos años el viejo ideal de la justicia internacional se ha revitalizado y ganado cuerpo, con la expansión considerable de la función judicial internacional, reflejada en la creación de nuevos tribunales internacionales; la actuación de éstos últimos viene enriqueciendo la jurisprudencia internacional contemporánea, contribuyendo para afirmar la aptitud del Derecho Internacional de reglar adecuadamente las relaciones jurídicas en dominios distintos de la actividad humana”[34].  

 

 

 

 

3. La doctrina del control de convencionalidad.

 

Uno de los aportes más significativos de esta última etapa de la Corte IDH lo constituye sin dudas el alcance y las dimensiones con que el Tribunal regional trata de imponer el llamado “control de convencionalidad”. Control que como dijimos anteriormente la Corte IDH viene realizando desde sus primeras sentencias, y constituye su razón y objetivo fundamental derivado de su carácter de intérprete final y auténtico de la CADH.Es decir, que el control de convencionalidad no es algo nuevo en la jurisprudencia de la Corte IDH. Insistimos que siempre la Corte analizó en los casos bajo su competencia la adecuación de las reglas jurídicas domésticas con los preceptos consagrados por la Convención. Lo “novedoso” del planteo es que a partir de los primeros años del nuevo siglo, primero a partir de algunos votos razonados[35], y luego ya asumido por todo el Tribunal[36] la Corte IDH ha ido paulatinamente haciendo entender a los Estados que este control debe ser ejercido por los órganos estatales, como responsables primarios del cumplimiento a nivel interno de la CADH y demás instrumentos que conforman el sistema interamericano de derechos humanos.

   En el recordado caso Almonacid Arellano vs. Chile de fines de Septiembre del 2006, la Corte IDH hizo suya la denominación “control de convencionalidad”, presentando “formalmente” los primeros alcances del referido control, ahora como obligación de los jueces nacionales:  Sostuvo en dicha ocasión que “cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos.  En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”[37].

Como podemos ver de la cita transcripta, el recorrido del Tribunal fue paulatino, primero, haciendo recaer la obligación solo en los jueces nacionales,convirtiendo a éstos en jueces del sistema interamericano, auténticos guardianes de la efectiva concreción de las obligaciones asumidas por el Estado, resaltando especialmente que el seguimiento de la interpretación dada por la Corte IDH a la CADH es un elemento indispensable para la satisfacción de dicho control. En ese sentido afirma Ferrer Mc Gregor que al ser la Corte IDH el órgano jurisdiccional del sistema de protección regional de los derechos humanos, sus interpretaciones adquieren el mismo grado de eficacia que el texto convencional[38].

Al poco tiempo, en nuevas sentencias, la Corte se encargó de profundizar y concretar los alcances del control, estableciendo la obligación que el mismo se realice de oficio y por todos los poderes del Estado en el ámbito de sus respectivas competencias[39], como así también que el cotejo se realice no solo con la CADH sino también con los otros instrumentos del sistema interamericano. A su vez, queda claro que cualquier regla jurídica, ley, reglamento, ordenanza,etc, incluida la propia Constitución[40], constituyen las disposiciones internas que deben resultar compatibles con las convenciones regionales[41].

En los últimos años, se advierte una tendencia en la Corte IDH en orden a lograr interpretar las normas nacionales con las internacionales a través de interpretaciones armonizantes, que permitan poner en dialogo los sistemas, teniendo siempre en el horizonte la regla pro persona, como principio prevalente al momento de aplicar la interpretación que mejor resguarde el derecho vulnerado. Lejos de entrar en un conflicto de intereses entre lo internacional y lo nacional, el control de convencionalidad desafía un diálogo sincero y necesario entre ambas jurisdicciones, respetuoso de sus fuentes y ámbitos de actuación de cada una[42].

    En definitiva, la doctrina del control de convencionalidad revela en esta etapa de la Corte IDH la firme intención del Tribunal de insistir en que la eficacia de los compromisos internacionales descansa en último término en el Estado y en su decisión de cumplir a nivel interno y con todos sus órganos aquellas obligaciones convencionales voluntariamente asumidas.

 

4. Evolución de la competencia consultiva de la Corte IDH.

 

Ya anticipamos en la introducción de este trabajo que durante los primeros años de labor de la Corte IDH, ante la carencia de casos contenciosos, fue la competencia consultiva la que comenzó a perfilar las primeras interpretaciones de la CADH[43]. En sus primeros pronunciamientos dejó claro el Tribunal que “la función consultiva constituye un servicio que la Corte está en capacidad de prestar a todos los integrantes del sistema interamericano, con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de sus compromisos internacionales” sobre derechos humanos[44].A lo largo de estos 40 años, la Corte IDH ya ha emitido 25 opiniones consultivas.

   En forma similar a lo que hemos destacado en materia contenciosa, también se advierte que a lo largo de todos estos años, la Corte IDH ha ampliado el ámbito de temas a analizar en materia consultiva[45]. Así podemos señalar que las primeras opiniones versaron más sobre aspectos conceptuales o propiamente interpretativos y vinculados principalmente a desentrañar el sentido de expresiones (por ejemplo qué abarcaba el término leyes, qué otros tratados pueden ser objeto de la opinión consultiva), procedimientos, exigibilidad de ciertos derechos, u obligaciones generales emanadas de la CADH (como por ejemplo: Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; o la referida a interpretar las excepciones al agotamiento de los recursos internos). Luego, a partir del 2003 se ve una segunda etapa  en donde el Tribunal utiliza su competencia consultiva para interpretar temáticas vinculadas a la situación jurídica de ciertos grupos (Condición jurídica y derechos humanos del niño; Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados; o para interpretar y delinear ciertas características o alcances de derechos en particular, por ejemplo: obligaciones estatales en relación con el medio ambiente en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal; Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Obligaciones estatales en relación con el cambio de nombre, la identidad de género, y los derechos derivados de un vínculo entre parejas del mismo sexo o bien en relación a la institución del asilo y su reconocimiento como derecho humano en el sistema interamericano de protección.

Otro aspecto a destacar en la evolución de las opiniones consultivas, se da en relación al carácter vinculante o no de dichas opiniones. Aquí también podemos advertir dos momentos. Una primera etapa en donde la propia Corte IDH intentaba distinguir las opiniones de los fallos y por lo tanto ponía en duda su carácter obligatorio. En este sentido sostuvo el Tribunal que “aun cuando la opinión consultiva de la Corte no tiene el carácter vinculante de una sentencia de un caso contencioso, tiene en cambio, efectos jurídicos innegables”[46]. En sintonía con esta primera visión,sostiene Pedro Nikken que “las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen, en general, un valor análogo al que tienen las sentencias de los tribunales internacionales para los Estados que no han sido partes en el caso sentenciado: si bien no son directamente obligatorias para ellos, representan una interpretación auténtica del Derecho internacional (en el caso de la Convención Americana u "otro tratado" sometido a consulta), que, como fuente auxiliar del mismo, debe ser tenido como norma por los Estados americanos para el cumplimiento de sus obligaciones internacionales”[47].

Sin embargo, en los últimos 5 años, la Corte IDH transita una segunda etapa, en donde parece revertir su postura, declarando el carácter vinculante que ostentan sus opiniones consultivas, haciendo a éstas también parte del control de convencionalidad. Así lo afirmó la Corte al decir que “estima necesario que los diversos órganos del Estado realicen el correspondiente control de convencionalidad, también sobre la base de lo que señale en ejercicio de su competencia no contenciosa o consultiva, la que innegablemente comparte con su competencia contenciosa el propósito del sistema interamericano de derechos humanos, cual es, “la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos”[48].

 

Segunda Parte

 

I. El rol de la Corte IDH como intérprete final de la Convención.

 

Desde su creación, el Tribunal regional se ha erigido como intérprete auténtico y final de la CADH. En el desarrollo de su vasta tarea jurisprudencial, ya sea a través de fallos en materia contenciosa como en sus opiniones consultivas, la Corte IDH ha logrado ampliar los alcances del Pacto, enriqueciendo y receptando los cambios que a los largo de los años de su vigencia se han dado en relación a la protección de los derechos humanos en el continente americano.Sin duda entonces que uno de los aportes importantes de la Corte IDH fue el haber logrado concretar la concepción que los tratados internacionales son instrumentos vivos, cuyo texto se va enriqueciendo y ampliando a través de la interpretación dada por el Tribunal, cuya autoridad ha sido reconocida voluntariamente por los Estados.

A su vez, debe recordarse que las sentencias de la Corte IDH tienen un efecto erga omnes, es decir que la interpretación que el Tribunal regional hace de un determinado derecho, resulta luego obligatorio como “norma interpretada” para todos los demás Estados parte de la CADH[49]. Compartimos con Ayala Corao que “en efecto, las sentencias de la Corte Interamericana establecen interpretaciones auténticas de la Convención Americana (y de otros tratados de derechos humanos), las cuales pasan a formar parte integrante de la Convención misma, ya que en lo sucesivo ésta debe ser leída conforme a la interpretación establecida en dichas decisiones”[50].

Esta dimensión resulta trascendente también para entender el modo en que los órganos internos, especialmente judiciales, deben aplicar la CADH y los demás instrumentos regionales a los fines de dar real efectividad a las obligaciones internacionales asumidas. Así, “la función del intérprete está enderezada a dar eficacia a las disposiciones de un tratado en su sentido natural u ordinario en el contexto en el cual ocurren, lo que naturalmente incluye el objeto y el fin, expresado de alguna manera en el contexto”[51].  La propia Corte resalta que “el fin último de la Convención Americana es la protección eficaz de los derechos humanos y, en cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la misma, los Estados deben dotar a sus disposiciones de un efecto útil (effet utile), lo cual implica la implementación y cumplimiento de las resoluciones emitidas por sus órganos de supervisión, sea la Comisión y la Corte”[52]

    Sin embargo, en la actualidad algunos Estados plantean la necesidad de establecer límites o reparos concretos a los alcances de la labor interpretativa del Tribunal, pues consideran que en ciertos casos, una interpretación demasiado amplia o extensiva de los derechos garantizados en la CADH puede llegar a desvirtuar o alterar el espíritu o la letra del propio instrumento, desvirtuando lo tenido especialmente en consideración por esos Estados al momento de plasmar su compromiso internacional. Para Pablo Toledo “la conformación del estándar interamericano con relación a cada derecho protegido en el Sistema interamericano resulta complejo, dado que no se limita a lo que surge del texto de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, sino que los organismos del sistema participan activamente en su permanente construcción y actualización a través de la aplicación e interpretación de sus normas, incluso marcando estándares más elevados que los que surgen explícitamente de la Convención, a través de la interpretación evolutiva de los instrumentos”[53].

Por otra parte merece destacarse que fruto de su tarea interpretativa, la Corte IDH ha logrado acompañar el proceso de evolución del contenido material del ius cogens[54], configurando el deber de respeto y garantía de ciertos derechos humanos derivados de la CADH como principios imperativos, obligaciones erga omnes, reglas indisponibles para los Estados cuya observancia está orientado a proteger y resguardar intereses fundamentales de toda la comunidad internacional. Así, y solo para citar algunos ejemplos, la Corte IDH en varios casos contenciosos sentenció en relación a la prohibición de la tortura que “se ha conformado un régimen jurídico internacional de prohibición absoluta de todas las formas de tortura, tanto física como psicológica, y respecto a esta última, se ha reconocido que las amenazas y el peligro real de someter a una persona a lesiones físicas produce, en determinadas circunstancias, una angustia moral de tal grado que puede ser considerada “tortura psicológica”. La prohibición absoluta de la tortura, en todas sus formas, pertenece hoy día al dominio de jus cogens internacional”[55].Asimismo, la Corte IDH ha caracterizado el derecho de acceso a la justicia como una norma de ius cogens especialmente vinculado al debe que pesa sobre los Estados de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos. Al respecto dijo “El acceso a la justicia constituye una norma imperativa de Derecho Internacional y, como tal, genera obligaciones erga omnes para los Estados de adoptar las medidas que sean necesarias para no dejar en la impunidad esas violaciones, ya sea ejerciendo su jurisdicción para aplicar su derecho interno y el derecho internacional para juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables, o colaborando con otros Estados que lo hagan o procuren hacerlo”[56].

 

II. La recepción de la jurisprudencia de la Corte IDH en Argentina. Evolución.

 

Recordemos que nuestro país ratificó la CADH en agosto de 1984[57]. En ese mismo acto, el Gobierno de la República Argentina reconoció la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por tiempo indefinido y bajo condición de estricta reciprocidad, sobre los casos relativos a la interpretación o aplicación de la citada Convención[58].

      El acatamiento por parte de los tribunales argentinos a la jurisprudencia de la Corte IDH fue de menor a mayor, atravesando distintos momentos y contextos históricos-políticos. La recuperación de la democracia y con ella la aprobación de los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, puso de manifiesto el interés del Estado argentino por receptar el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, no solo a nivel normativo, sino principalmente a través de la aceptación de la competencia de los órganos internacionales de supervisión y control y, eventualmente, de juzgamiento. La recepción por parte de los tribunales nacionales de la jurisprudencia de la Corte IDH iniciaba un proceso, que algunos autores llaman de “nacionalización del derecho internacional de los derechos humanos”[59]

La recepción y el efecto vinculante de las sentencias de la Corte IDH fueron bastante dispares en la jurisprudencia nacional. Como adelantáramos en trabajos anteriores[60], poco antes de la reforma constitucional de 1994, en el célebre caso Ekmekdjián c/ Sofovich, la CSJN pareció orientar su doctrina a la recepción amplia de la jurisprudencia internacional, dejando a salvo la primacía con que deberían interpretarse los tratados de derechos humanos cuando entraran en colisión con la normas locales. Así en aquella oportunidad estableció que “la interpretación del Pacto debe además guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uno de cuyos objetivos es la interpretación del Pacto de San José”[61]. Al respecto opina Bazán que “La Corte proporcionó una solución de avanzada y sentó una laudable doctrina jurídica y axiológica en la materia, que situó a nuestro país en la vanguardia en Latinoamérica en lo relativo al nivel de avance jurisprudencial en torno al derecho internacional de los derechos humanos, su aplicación en el derecho interno y el seguimiento de los pronunciamientos de la Corte IDH (en casos contencioso u opiniones consultivas)”[62].

Ya con la reforma constitucional de 1994, se plantea el debate sobre si “las condiciones de vigencia” con las que regían los tratados de derechos humanos a los cuales se otorgaba jerarquía constitucional en el artículo 75 inc. 22 implicaba el deber de aplicarlos conforme la aceptación dada por el Estado, es decir, incluyendo sus reservas y declaraciones interpretativas o bien significaba por el contrario, hacerlos regir a nivel interno, conforme las interpretaciones que de esos instrumentos hicieran los órganos internacionales. Las primeras decisiones de la CSJN parecían inclinarse más por la primera postura, aunque en el caso “Giroldi”[63] de 1995, la Corte Nacional parece variar en parte su posición al sostener que “las condiciones de vigencia implica tal como la Convención rige en el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su efectiva aplicación e interpretación, subrayando a continuación que la aludida jurisprudencia debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que el Estado argentino reconoció la competencia de la Corte Interamericana de derechos Humanos.Al respecto, para Martín Abregú “este criterio de interpretación sentado por la Corte, tiene un doble efecto: por un lado, ratifica la incorporación de los criterios de interpretación del Derecho internacional al ordenamiento jurídico interno y, por el otro, ratifica, pero ahora como instrucción constitucional, el carácter de guía que debe dárseles a las decisiones de los organismos internacionales”[64].Al año siguiente en “Bramajo”[65], la CSJN insiste con el carácter de “guía” de los fallos de la Corte IDH aunque ampliándolo también a las recomendaciones emanadas de la CIDH. Incluso existen antecedentes en donde el Tribunal Nacional intentó restringir o limitar el impacto de los pronunciamientos internacionales, sosteniendo en “Acosta” (1998) que los mismos no podían afectar la cosa juzgada a nivel interno. Como puede apreciarse, en esta primera etapa la obligación de cumplir con los fallos de la Corte IDH se esboza por la CSJN de manera “tibia”, a modo de decisiones que “deberían tenerse en cuenta” como “guía” o “camino deseable” para la aplicación de la CADH.

    Sin embargo, a partir del año 2004 y bajo la influencia de una nueva composición de la CSJN, la Corte Nacional asume una postura más firme y contundente en relación al deber de acatamiento de las decisiones provenientes de la Corte IDH. Así, en “Espósito”, sostuvo que la jurisprudencia de la Corte IDH constituye una imprescindible pauta de interpretación de todos los deberes y obligaciones que derivan de la CADH. En esta segunda etapa no puede dejar de mencionarse la influencia que la jurisprudencia de la Corte IDH tuvo al momento de decidir casos de notable trascendencia jurídica y política, como Simón, Arancibia Clavel y Mazzeo, casos en donde la CSJN declaró la invalidez de las normas de obediencia debida y punto final, como así también los indultos en casos de personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, basándose en sus fundamentos en la obligación de cumplir con estándares precisos ordenados por la Corte IDH (por ejemplo en el Caso Barrios Altos vs. Perú, La Cantuta vs.Perú) en relación a la obligación que pesa sobre los Estados de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos. Incluso en “Mazzeo”, la CSJN, invocando “Almonacid Arellano vs Chile”, confirma la obligación de aplicar la CADH teniendo en cuenta la interpretación de la Corte IDH, tal cual lo requerido por la doctrina del control de convencionalidad.

     Esta postura más contundente de la CSJN sobre la obligación de cumplir de manera íntegra las sentencias de la Corte IDH, sumó un interrogante en el último año, a partir de una nueva composición del Tribunal nacional, cuando en el caso “Fontevecchia”, la CSJN se vio obligada a dejar sin efecto una sentencia que ella misma había dictado y que debía dejar sin efecto por decisión de la Corte IDH, por entender el Tribunal regional que dicho pronunciamiento a nivel local vulneró el derecho a la libertad de expresión de las víctimas. La mayoría de la Corte Nacional, sostuvo que no obstante la obligación de cumplir con los fallos de la Corte IDH, el dejar sin efecto la sentencia nacional implicaría vulnerar principios de derecho público reconocidos en la Constitución y que la Corte IDH no tendría competencia para ordenar esa reparación en particular.

El fallo de la CSJN en Fontevecchia implicó a nuestro entender un lamentable retroceso en relación al acatamiento íntegro que hasta este momento habían tenido las decisiones de la Corte IDH por la jurisprudencia nacional y un debilitamiento de la doctrina del control de convencionalidad.

 

III.Argentina ante la Corte IDH.

 

La relación entre nuestro país con la Corte IDH puede analizarse desde varios puntos de vista, sabiendo que dicho análisis resulta atravesado por distintas etapas y contextos históricos-políticos. Desde un examen estadístico, en estos 40 años de vigencia el Tribunal dictó 21 sentencias contra Argentina, 4 se encuentran archivadas y aproximadamente 11 en etapa de supervisión. Esto revela, por un lado, que en comparación con otros países (que duplican en algunos casos la cantidad de sentencias en contra) los casos llegados a la decisión contenciosa contra nuestro país no son tantos, en relación al tiempo transcurrido. No obstante, siempre es bueno advertir que sería un error medir “la efectividad” del ordenamiento interno nacional en relación al deber de respeto y garantía de las obligaciones internacionales, teniendo en cuenta solo los casos llegados a la Corte IDH. Recordemos que muchas denuncias contra el Estado fueron solucionadas a través de mecanismos amistosos ante la CIDH o bien no han arribado a la Corte IDH dado el cumplimiento por el país de las recomendaciones dictadas en su momento por la CIDH. No obstante resulta un llamado de atención el poco porcentaje de casos ante el Tribunal regional que el país pudo “cerrar” por haber satisfecho íntegramente sus sentencias. Esta situación pone de manifiesto sin dudas incumplimientos que el Estado deberá satisfacer prontamente.

La temática de casos en los que nuestro país debió responder fue variando a los largo del tiempo. Pueden identificarse cuestiones vinculadas a desapariciones forzadas en democracia[66], violencia institucional, libertad de expresión, derecho a la identidad, justicia penal juvenil, garantías penales y derechos de personas privadas de libertad, entre otras. No obstante debe destacarse que en los últimos casos, las peticiones contra Argentina en el sistema interamericano están teniendo como denominador común presuntas violaciones derivadas del derecho al debido procesal, a las garantías y protección judicial.

    Merece destacarse que en Argentina los fallos de la Corte IDH han servido para cambiar estado de cosas, o bien han funcionado como sistemas de alertas tempranas para hacer notar los cambios a nivel interno que debían tomarse para hacer efectivos los derechos y garantías reconocidos en las convenciones.

Se pueden citar numerosos ejemplos y antecedentes de normas, prácticas institucionales y aún de decisiones judiciales que Argentina tuvo que dejar de aplicar en virtud de medidas de reparación ordenadas por la Corte de Costa Rica. Así por ejemplo, debe recordarse el caso “Espósito”[67], derivado de la sentencia de la Corte IDH en el caso “Bulacio”[68], en donde la Corte regional ordenó a nuestro país dejar sin efecto la decisión pasada en autoridad de cosa juzgada a nivel interno de mantener firme la prescripción de la acción penal, ordenando la reapertura de la investigación, por entender que el Estado argentino había fallado en su obligación de investigar seriamente los hechos.A su vez, hubo casos contra Argentina, en donde la Corte IDH la obligó a adaptar normas o procedimientos judiciales para ajustarlos al cumplimiento de las garantías del debido proceso o bien a dejar sin efecto disposiciones del Código penal local por delitos que implicaban cercenar o violar el derecho a la libertad de expresión. A partir de “Bayarri” hubo un fuerte cuestionamiento en relación a los plazos de la prisión preventiva en Argentina, con “Mendoza” nos vimos obligados a dejar de aplicar penas de reclusión perpetua a menores, con “Kimel” debimos dejar sin efecto el delito de calumnias e injurias en garantía al ejercicio de la libertad de expresión, solo para citar algunos ejemplos.

    Todos estos ejemplos “demuestran el impacto y valor que han tenido para el país el cumplimiento de sentencias de la Corte IDH. Muchas prácticas injustas y arbitrarias, muchas leyes contrarias a derechos garantizados en tratados internacionales, muchas situaciones de abuso institucional hubieran quedado “firmes” en nuestro país, sino hubiera sido por la intervención de la Corte IDH, en su rol de legítima y final intérprete de la CADH”[69].

 

IV.Nuevas perspectivas en relación a las reparaciones ordenadas por la Corte IDH.

 

Un aspecto de significación en esta última etapa de labor de la Corte IDH se da en relación a la ampliación y nuevas perspectivas que el Tribunal dio a las mediadas de reparación ordenadas en casos específicos. En las primeras sentencias, las medidas de reparación eran más estrictas y limitadas al caso concreto, pudiendo circunscribirse en gran parte a reparaciones de tipo económico. En una evolución posterior y con mayor énfasis a comienzos del nuevo siglo, la Corte se preocupó por ampliar los horizontes de las reparaciones debidas por los Estados, incluso incorporando nuevas medidas de reparación poco conocidas (daño a la vida en relación, proyecto de vida, entre otros) o proyectadas por tribunales internacionales o bien ampliado los conceptos, principios y dimensiones de las ya previstas, con el objetivo de mejorar la protección integral de los derechos reconocidos en la CADH y de ser una herramienta de utilidad para evitar la repetición de graves violaciones a derechos fundamentales y para mejorar la tutela efectiva de los mismos.

   Así, la Corte IDH logró dejar de lado una visión de las reparaciones en el sentido de atender exclusivamente a las víctimas y a su familias para abrir paso a un nuevo sentido de las reparaciones orientadas hacia una función más social, destinada a cambiar cosas o a lograr reformas estructurales o cambios en políticas públicas en los países de la región.

En esta dirección, “la interpretación y determinación de nuevas formas de reparaciones ha representado, a nuestro criterio, uno de los logros más importantes y trascendentes en la construcción doctrinaria y jurisprudencial del Tribunal regional”.

 

Tercera parte

                      

Los desafíos pendientes de la Corte IDH

 

Habiendo realizado un breve repaso por los principales avances y aportes experimentados por la Corte IDH a lo largo de estos 40 años de vigencia, nos queda finalmente señalar algunos de los desafíos pendientes a modo de interrogantes y reflexiones abiertas que nos permitan proyectar y avizorar el trabajo que tendrá por delante el Tribunal regional para optimizar su eficacia.

 

1.- Profundizar un diálogo sincero entre la Corte IDH y los tribunales nacionales: En los últimos tiempos parece haber renacido la vieja tensión o “conflictos de importancia” entre lo internacional y lo local. Parecería ser que los órganos judiciales locales intentan defender su soberanía tratando de restringir la aplicación o seguimiento estricto de las resoluciones emanadas tanto de la Corte IDH como de la CIDH. En este desafío habría que tener en cuenta que un aspecto para reducir estas tensiones es recordar que la aplicación del principio pro persona siempre actúa como “criterio hermenéutico que informa a todo el Derecho”[70],“puente comunicador” a la hora de armonizar las normas y jurisprudencias internacionales con los ordenamientos y decisiones nacionales. La correcta aplicación del principio significará que en definitiva, es la mejor y mayor protección de la persona el objetivo final buscado en la aplicación de todo el derecho vigente. En esa búsqueda debe orientarse el necesario diálogo que debe darse entre la Corte IDH con las jurisdicciones domésticas. Coincidimos con Toledo que “la existencia de pisos invulnerables se transforman en una valiosa herramienta en esa dinámica tensión del poder”, agregando que “se debe crear entonces una relación simbiótica, donde el sistema interamericano y el orden jurídico interno de los Estados se fortalezcan mutuamente en un vínculo de retroalimentación”[71].El planteo de “Corte vs Corte” debe ser superado y entendido en el sentido de “Corte junto a Corte”. En ese objetivo, deberán estar comprometidas las instancias nacionales e internacionales, y esa, en definitiva, deber ser la guía que ilumine el diálogo entre las jurisdicciones que conduzca a construir soluciones justas, armónicas, pensadas por y para la gente, destinataria final de la protección[72].

 

2.- Deberá la Corte IDH solucionar el incumplimiento por parte de los Estados de los fallos en los casos contenciosos: El “efecto Fontevecchia” deberá ser especialmente analizado por el Tribunal regional, porque no obstante subsistir la responsabilidad del Estado hasta que no cumpla en su totalidad con las reparaciones ordenadas por la Corte IDH, sabemos que uno de los grandes problemas que tiene el tribunal regional es que no tiene poder coactivo para exigir el efectivo y rápido cumplimiento de sus resoluciones. Este aspecto, de “naturalizarse” entre los Estados implicaría un grave debilitamiento del sistema con la peligrosa sensación para los ciudadanos y ciudadanas de los países de quedar desprotegidos frente a arbitrariedades cometidas en sus Estados y que pudieron luego ser revertidas por las instancias internacionales.

 

 

3.- Extensión de los fallos de la Corte IDH y obstáculos para acceder a su jurisprudencia: Un aspecto que rápidamente deberá solucionar la Corte IDH es como mejorar la “accesibilidad” de su jurisprudencia, si el Tribunal persiste en el objetivo que sus interpretaciones sean bien conocidas y receptadas por los Estados. En estos 40 años la Corte IDH ha emitido una gran cantidad de decisiones[73]. El inconveniente es que especialmente, las decisiones sobre excepciones preliminares, reparaciones y fondo en casos contenciosos son muy extensas (promedian 80 páginas), lo que dificulta su lectura. Incluso en la mayoría de los casos, la mención a los hechos, la enumeración de los procedimientos internos llevados a cabo, etc. hace que los estándares concretos referidos a la interpretación de derechos se pierdan en el entramado de la redacción. En los últimos años la Corte IDH ha publicado boletines jurisprudenciales sobre determinados temas de manera de condensar o recopilar los principales estándares sobre temáticas importantes. Asimismo no resulta fácil advertir cuándo el propio Tribunal utiliza un caso para variar o modificar la interpretación que venía sosteniendo sobre determinado hecho. En estos casos, la mención de estos cambios estructurales de estándares debería ser marcado con especial énfasis por la Corte, incluso recurriendo a un lenguaje más sencillo y práctico.

 

4.- La necesidad de acortar los plazos de los procesos de la Corte IDH y privilegiar su agenda temática: El problema de la extensión en la tramitación de los procesos es algo que atraviesa a todo el sistema interamericano de derechos Humanos. Entre que una petición llega a la CIDH y hasta obtener una sentencia de la Corte IDH pueden pasar entre 15 y 20 años promedio. De allí que se deberán optimizar los plazos y rever a nivel reglamentario la mejor manera de arribar a fallos contenciosos acortando los plazos de duración de los procesos. Dado la poca cantidad de sentencias que se dictan por año (a partir del 2005 un promedio aproximado de 20 por año)[74] urge delimitar los temas a abordar, privilegiando algunos temas o derechos que nunca fueron motivo de interpretación por parte del Tribunal. Asimismo aún siguen siendo pocos los casos que son remitidos por la CIDH a la Corte IDH. De allí también la necesidad de potenciar el cumplimiento por parte de los Estados de las recomendaciones de la CIDH y aceitar los mecanismos de soluciones amistosas.

 

5.- La necesidad en la formación judicial y demás órganos del Estado, en el sistema interamericano de derechos humanos: La obligación de realizar de oficio el control de convencionalidad a cargo de los 3 poderes del Estado exige una sólida formación en todos los operadores. Ya no basta con solo conocer de la existencia de los tratados de derechos humanos, sino ahora la responsabilidad abarca conocer con profundidad los estándares emanados de los órganos de protección internacional y su correcta aplicación e interpretación. Aquí hay que remarcar siempre que descansa en los Estados la voluntad de cumplir con los compromisos internacionales y que muchas veces los casos que llegan a la instancia final de la Corte IDH podían haberse resuelto o solucionado mucho tiempo antes si los órganos internos hubiesen aplicado e interpretado correctamente las obligaciones convencionales asumidas. Asimismo, resulta imperioso que los órganos legislativos tomen conciencia sobre las ventajas de realizar control de convencionalidad preventivo antes del dictado de una norma local. Esa prevención también evitaría en muchos casos planteos de inconstitucionalidad o inconvencionalidad sobrevinientes.

 

6.- La Corte IDH: ¿un tribunal permanente?. La posibilidad de fusionar la CIDH y las Corte IDH: En algún momento y a los fines de potenciar y agilizar la tramitación de los casos que caen bajo su competencia se pensó en convertir a la Corte IDH en un Tribunal permanente. Al respecto coincidimos con Felipe González Morales que una propuesta de esa naturaleza traería, desde luego, efectos positivos para el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos, pero en la actualidad sería inviable desde lo presupuestario. La decisión de establecer un Tribunal permanente insumiría costos muchos más altos de los que demanda la actual Corte[75]. Por otro lado siempre está latente la tentación de fusionar la Corte IDH con la CIDH al estilo del sistema europeo de protección. Ante esta situación, reafirmamos nuestra postura de mantener la separación de los dos órganos, dado la distinta naturaleza de sus funciones y principalmente porque la CIDH aún mantiene, entendemos, la posibilidad de acercar diálogos políticos entre la CIDH y los Estados, la posibilidad de llegar a soluciones amistosas o a agendas reparatorias con mayor flexibilidad que en materia de procesos jurisdiccionales contenciosos y porque en los últimos años, la actividad de las relatorías especiales y las visitas in loco de la CIDH han permitido aportar soluciones específicas en algunos Estados respecto a violaciones sistemáticas de ciertos derechos. Acciones que deben mantenerse en la órbita de órganos no judiciales como es el caso de la CIDH.

 

 

Planteos abiertos, desafíos que seguramente iluminarán el trabajo de la Corte IDH durante los próximos años. Más allá de estas deudas aún pendientes, no hay duda que el camino recorrido hasta acá fue sumamente positivo. Quedará entonces en manos de los Estados profundizar la confianza en el Tribunal, sabiendo que en última instancia están comprometidos los derechos y libertades fundamentales de todas las personas. Dejamos a modo de reflexión final las palabras que Sergio García Ramírez eligiera para despedirse de su labor como Juez luego de varios años de integrar el Tribunal:

…..“No olvido la pregunta que hacen algunos abogados litigantes a las presuntas víctimas que comparecen en la audiencia: “¿Qué espera usted de este tribunal?”. Tampoco olvido la frecuente respuesta. Y mucho menos lo que aquélla y ésta significan para un juez y para el colegio de magistrados que oye y resuelve la vehemente demanda de justicia”[76].

 






















[1]TRUCCO, Marcelo y MURILLO, Jorge; “El tiempo de la dignidad humana: Hacia la construcción de un  paradigma personalista para el derecho de la comunidad internacional”; en: Revista de la Facultad de Derecho. Universidad Nacional de Rosario; Nro. 21, Tomo I, Rosario; 2014; páginas 397.

[2] BEA, Emilio; “Conversación con Antônio AugustoCançadoTrindade, Reflexiones sobre la Justicia Internacional; Alternativa; Tirant lo Blanch; México D.F; 2013; pág. 111.

[3] Conf. DE DIENHEIM BARRIGUETE, Cuauhtémoc Manuel, “Constitucionalismo universal: La internacionalización y estandarización de los derechos humanos”, Ad Hoc, Buenos Aires, octubre de 2009; Págs. 48 y 49.

[4]Palabras de Elizabeth Odio Benito, Ministra de Justicia de la República de Costa Rica, Pronunciadas el Día 14 de Septiembre de 1979 en el Colegio de Abogados de Costa Rica, Durante la Sesión de Clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; en: en: La Corte Interamericana de Derechos Humanos Un Cuarto de Siglo: 1979-2004;  2005: Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuarto-siglo.pdf

[5]CANÇADO TRINDADE, Antônio A.; “La persona humana como sujeto del Derecho Internacional: avances de su capacidad jurídica internacional en la primera década del siglo XX, ponencia ofrecida en el marco del XXV curso interdisciplinario en Derechos Humanos, 9 al 20 de julio de 2007, San José de Costa Rica. En: Revista del Instituto interamericano de Derechos Humanos, vol.46, San José de Costa Rica, 2007, pág.328.

[6]La existencia de un Tribunal de Justicia en el sistema interamericano de derechos humanos, en donde la CIDH puede demandar a Estados  que incumplan sus recomendaciones, es una nota distintiva de nuestro sistema regional que lo diferencia del sistema universal de derechos humanos, el cual carece de una instancia judicial propia. Es decir que en el ámbito de Naciones Unidas, al no existir un Tribunal judicial autónomo de Derechos Humanos, los Comités no tienen a dónde poder llevar sus reclamos en caso que los Estados no cumplan sus decisiones.

[7] Cardona Llorens, Jorge; ““La Función Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Consideraciones sobre la naturaleza jurídica de la función contenciosa de la Corte a la luz de su jurisprudencia”; en: Memoria Seminario: El sistema Interamericano de protección de los derechos humanos en el umbral del siglo XXI – Corte Interamericana de Derechos Humanos. San José Costa Rica – 2da. Edición - 2003 – 750 páginas; Pág.325; pág. 338. Citado por: Trucco, Marcelo; “La protección trasnacional de los derechos humanos: El valioso aporte de la Corte Interamericana”; en: Tratado de los tratados internacionales comentado”; Walter Carnota, Patricio Maraniello (Directores); Editorial la Ley; Tomo II; Bs. As.; 2001; Pagina 510.

[8]Actas y Documentos de la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos; San José de Costa Rica, 7 al 22 de noviembre de 1969; OEA/Ser.K/XVI/1.2 Página 356.

En toda la discusión relacionada con la composición y funciones del Tribunal, el delegado argentino Molina Salas apoyó la independencia de la Corte, rescatando que aunque no era un órgano de la OEA, era un organismo del sistema interamericano.

[9] Hasta el presente año 2018, 20 países americanos han aceptado la competencia contenciosa de la Corte IDH.Argentina lo realizó el 5 de septiembre de 1984

[10] El 10 de septiembre de 1981 el Gobierno de Costa Rica y la CorteIDH firmaron un Convenio de Sede, aprobado mediante Ley No. 6889 del 9 de septiembre de 1983, Como parte del compromiso contraído por el Gobierno de Costa Rica, en noviembre de 1993 éste le donó a la Corte la casa que hoy ocupa la sede del Tribunal.

[11] A mayor abundamiento sobre la creación de la CorteIDH, ver: BUERGHENTAL, Thomas; “Recordando los inicios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”; Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, Nro. 39 (Enero-junio de 2004).

[12] Palabras Pronunciadas por el Dr. Rodolfo Piza Escalante, Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con Motivo de la Instalación de la Misma, en el Teatro Nacional de Costa Rica, el Lunes 3 de Septiembre de 1979. “Memorias de la instalación de la Corte Interamericana: en La Corte Interamericana de Derechos Humanos Un Cuarto de Siglo: 1979-2004;  2005: Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuarto-siglo.pdf

[13] GONZÁLEZ MORALES, Felipe; “Sistema interamericano de Derechos Humanos”; Tirant Lo Banch Tratados; Valencia; 2013; páginas 46 y 47.

[14] La única presentación realizada por un Estado se dio en 1981 cuando Costa Rica presentó a la Corte IDH el asunto de Viviana Gallardo y otras. Finalmente no se arribó a un fallo de fondo, dado que la CIDH no había dictado un pronunciamiento previo.

[15] MIDÓN, Mario “Control de Convencionalidad”; Editorial Astrea; Buenos Aires; 2016; página 90.

[16] BINDER; “Hacia una Corte Constitucional de América Latina?. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos Humanos con un enfoque especial sobre las amnistías”; en BOGDANY-FERRER MAC GREGOR-MORALES ANTONIAZZI (coord.), “Justicia constitucional y su internacionalización”; T.II; pág. 161; citado por MIDÓAN, Mario; op. cit. Página 90.

[17]Velásquez Rodríguez; FairénGarbi y Solís Corrales y Godínez Cruz.

[18]Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4; Párrafo 158.

[19]Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4; Párrafo 134.

[20]La cantidad de medidas provisionales activas dictadas por año es la siguiente: en 1988 fueron 3; en 1989, 2; en 1990, 3; en 1991, 3; en 1992, 2; en 1993, 2; en 1994, 4; en 1995, 6; en 1996, 9; en 1997, 7; en 1998, 10; en 1999, 11; en 2000, 14; en 2001, 10; en 2002, 20; en 2003, 23; en 2004, 34; en 2005, 36; en 2006, 46; en 2007, 43; en 2008, 41; en 2009, 38; en 2010, 46; en 2011, 37; en 2012, 31; en 2013, 26; en 2014, 29; en 2015, 24; en 2016, 22; en 2017, 26. Fuente: Santiago Alfonso y Lucía Bellocchio; “La Corte Interamericana de Derechos Humanos en números”; en: La Ley; AÑO lxxXII N° 155; 21 de Agosto de 2018.

[21] Caso Pueblo Indígena de Sarayaku, Medidas Provisionales, Resolución de 17  de junio de 2005; Considerando 4.  En igual sentido, por ejemplo, Caso de las Penitenciarías de Mendoza, Medidas Provisionales, Resolución de 30 de marzo de 2006.

[22]Amodo de ejemplo:Corte IDH. Asunto Bustíos Rojas respecto Perú. Medidas Provisionales. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 5 de junio de 1990. Corte IDH. Corte IDH. Asunto Chunimá respecto Guatemala. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1 de agosto de 1991.

[23]MURILLO, Jorge; “La influencia del Derecho Internacional de los derechos humanos en el instituto de las medidas provisionales (o cautelares) del Derecho de Gentes. Algunas consideraciones”; en: “Cuestiones de Derecho Procesal”; Colección Derecho Privado; El Derecho; Página 49.

[24]Conf. CANÇADO  TRINDADE, Antônio Augusto, Voto razonado, p. 7 a 14, en el Caso de las Penitenciarías de Mendoza, Medidas Provisionales, Resolución de la Corte IDH de 30 de Marzo de 2006.

[25]GONZÁLEZ MORALES, Felipe; “Sistema interamericano de Derechos Humanos”; Tirant Lo Banch Tratados; Valencia; 2013; página 131.

[26]CANÇADO TRINDADE, Antônio A; “La humanización del derecho Internacional contemporáneo”; Editorial Porrúa; México; 2014; páginas 48 y 49.

[27]GONZÁLEZ MORALES, Felipe; Ob. Cit. Página 132.

[28]El sistema europeo de derechos humanos, permite la presentación directa de la víctima ante la Corte Europea de derechos Humanos, habiéndose eliminado la Comisión Europea.

[29]CANÇADO TRINDADE, Antônio A; “La humanización del derecho Internacional contemporáneo”; Ob. cit. Página 140.

[30]GONZÁLEZ MORALES, Felipe; Ob. Cit. Página 133.

[31]Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154.

[32]Corte IDH. Caso Barrios Altos Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 75; párrafo 41.

[33] Casos Arancibia Clavel, Simón y Mazzeo, por ejemplo

[34]CANÇADO TRINDADE, Antônio A; Voto razonado Corte IDH. Caso Hilaire Vs. Trinidad y Tobago. Excepciones Preliminares. Sentencia de 1 de septiembre de 2001. Serie C No. 80. Párrafo 34.

 

[35] Merece destacarse la labor del ex Juez Sergio García Ramírez quien fue pionero en este desarrollo del control de convencionalidad. Ver al respecto: Corte IDH; Caso Myrna Mack Chang vs Guatemala; voto razonado juez García Ramírez; 25 de noviembre de 2003.

[36] Corte IDH; Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154; Apartado Nro. 124.

[37] Corte IDH; Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154; Apartado Nro. 124.

[38] Corte IDH; Caso Cabrera García y Montiel Flores vs México; citado por MIDÓN; Mario; “Control de convencionalidad”; Ed. Astrea; Buenos Aires; 2016; página 77.

[39]Corte IDH; Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú;Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de Noviembre de 2006. Serie C No. 158; Apartado Nro. 128. También: Corte IDH. Caso Boyce y otros Vs. Barbados. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 169.

[40] La Corte IDH en su Opinión consultiva 4/84 del 11 de enero de 1984 determinó que la denominación “leyes internas” es aplicable para toda la legislación nacional y para todas las normas jurídicas de cualquier naturaleza, incluyendo las disposiciones constitucionales. A su vez recordar que en el caso “la última tentación de Cristo vs Chile; La Corte IDH obligó al Estado a no aplicar una disposición convencional por resultar incompatible con la CADH. Corte IDH. Caso "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73.

[41] Este sentido amplio implica reconocer que el control de constitucional y el de convencionalidad son controles distintos.

[42] TRUCCO, Marcelo; “Alcances y dimensiones del control de convencionalidad”; en: Revista de la Academia de la Magistratura; Nro. 14; Lima, Perú; 2018.

[43] Así lo confirma el hecho que durante la primera década de vigencia del Tribunal fue el período de mayor dictado de opiniones: 7 en total entre 1978-1986. Luego, la estadística revela que durante 1986-1993: 6; 1994-2001: 3; 2002-2006: 3; 2007-2012: 1 y 2013-2018: 5. Fuente: Santiago Alfonso y Lucía Bellocchio; “La Corte Interamericana de Derechos Humanos en números”; en: La Ley; AÑO LXXXII N° 155; 21 de Agosto de 2018.

 

 

[44] Corte IDH; “Otros Tratados” Objeto de la Función Consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos), supra, párr. 39, y Control de Legalidad en el Ejercicio de las Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Arts. 41 y 44 a 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), supra, párr. 18.

[45] La Convención no ha fijado, a priori, límites precisos a las materias que pueden ser objeto de interpretación por la Corte IDH en su función consultiva

[46] Corte IDH; OC 15/97, 14 de noviembre de 1997, párrafo 26.

[47]Nikken, Pedro; “La función consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”; en El sistema Interamericano de protección de los derechos humanos en el umbral del siglo XXI – Corte Interamericana de Derechos Humanos. San José Costa Rica – 2da. Edición – 2003, pág. 176. Citado en: Trucco, Marcelo; “La protección trasnacional de los Derechos Humanos. El valioso aporte de la Corte Interamericana”; en: Tratado de los tratados internacionales comentado”; Walter Carnota, Patricio Maraniello (Directores); Editorial la Ley; Tomo II; Bs. As.; 2001; Paginas 485 a 592.

[48]Corte IDH. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014. Serie A No. 21. Párrafo 31.

[49]De allí la lógica del artículo 69 del Pacto que obliga a notificar el fallo no solo a las partes en el caso, sino también al resto de los Estados partes en la Convención a fin que éstos también tomen conocimiento del caso tratado y en adelante ajusten sus interpretaciones domésticas conforme la orientación señalada por la Corte

[50] AYALA CORAO, Carlos M.; “La ejecución de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”; en Estudios Constitucionales, Año 5 Nro.1; Universidad de Talca, Chile, 2007, Pág. 134.

[51] Corte IDH OC-04/84 de 19 de enero de 1984.

[52] Asunto de las Penitenciarías de Mendoza. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte de 22 de noviembre de 2004.

[53] TOLEDO, Pablo R. “El proceso judicial según los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos; Ed. Ad Hoc; Buenos Aires; 2017; página 57.

[54] Conf. BAZÁN, Víctor; “Derechos económicos, sociales y culturales: Cómo se protegen en América Latina y en Europa”; Ed. Astrea; Buenos Aires; 2014; página 29.

[55]Corte IDH. Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103.Párrafo 92.

[56]Corte IDH. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153. Párrafo 131.

[57]El instrumento de ratificación de fecha 14 de agosto de 1984, fue depositado el 5 de septiembre de 1984 en la Secretaría General de la OEA. El gobierno argentino dejó constancia que las obligaciones contraídas en virtud de la Convención sólo tendrán efectos con relación a hechos acaecidos con posterioridad a la ratificación del mencionado instrumento.

[58] Vale aclarar que un país no puede retirar solamente la aceptación de la competencia de la Corte IDH y permanecer como miembro de la CADH. En ese caso, deberá denunciar toda la Convención. Así lo han hecho Trinidad y Tobago y Venezuela.

[59] MIDÓN, Mario; “Control de convencionalidad”; ob. cit.; página 21.

[60] Ver TRUCCO, MF; “El valor de las sentencias de la Corte Interamericana de derechos Humanos y su incidencia en el derecho Argentino. Análisis y proyecciones a partir del caso “Fontevecchia”; En El derecho; Año LV; Nro. 14.192; Buenos Aires; 31 de mayo de 2017.

[61] CSJN; Ekmekdjián c/ Sofovich s/ derecho a réplica; 7 de Julio de 1992. Fallos, 315: 1492; Considerando 21.

[62] BAZÁN, Víctor; “El derecho internacional en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, con particular énfasis en materia de derechos humanos”; Suplemento extraordinario constitucional 75 aniversario; La Ley; Buenos Aires; 2010; página 7.

[63] CSJN; “Giroldi, Horacio D. y otro”; 7/4/1995; Fallos 318:514.

[64] ABREGÚ,Martín: “La aplicación del derecho internacional de los derechos humanos por los tribunales locales: una Introducción”; Ed. Del Puerto; Bs. As; 2004; página 20. Citado por TOLEDO, Pablo R. “El proceso judicial según los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos; ob. cit.; página 279.

[65] CSJN; “Bramajo, Hernán J.”; 2/9/1996; Fallos, 319:1840.

[66]en febrero de 1996 se dio a conocer la primera condena sobre una cuestión de fondo recaída contra la República Argentina. Fue en el caso Garrido y Baigorria, un caso paradigmático ya que se trató de uno de los primeros casos de desaparición en época de democracia (1990), perpetrados por agentes del Estado, en este caso, policías de la provincia de Mendoza. En el juicio llevado delante ante la Corte IDH, el Estado nacional reconoció su responsabilidad internacional por los hechos y aceptó las reparaciones que correspondiesen para reparar el hecho ilícito.

[67] CSJN; Espósito, Miguel Ángel s/ incidente de prescripción de la acción penal; 23 de diciembre de 2004.

[68]Corte IDH. Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100.

[69]TRUCCO, MF; “El valor de las sentencias de la Corte Interamericana de derechos Humanos y su incidencia en el derecho Argentino. Análisis y proyecciones a partir del caso “Fontevecchia”; ob. cit.

[70]MIDÓN, Mario; “Control de convencionalidad”; ob. cit.; página 25.

[71] TOLEDO, Pablo R. “El proceso judicial según los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos; ob. cit.; página 279.

 

[72]TRUCCO, MF; “El valor de las sentencias de la Corte Interamericana de derechos Humanos y su incidencia en el derecho Argentino. Análisis y proyecciones a partir del caso “Fontevecchia”; ob. cit.

[73]351 en casos contenciosos, 25 opiniones consultivas; 608 resoluciones en medidas provisionales y 492 en relación a supervisiones de sentencias

[74]A partir de 2005 ha aumentado notablemente la cantidad de sentencias dictadas por año. De 10 sentencias promedio a 20 aproximadamente

[75]GONZÁLEZ MORALES, Felipe; “Sistema interamericano de Derechos Humanos”; ob. cit.; página 76.

[76] Del voto concurrente (y último en su labor como juez de la Corte Interamericana) del Dr. Sergio García Ramírez; Opinión Consultiva OC-20/2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 29 de septiembre de 2009, sobre el “artículo 55 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, párr. 86.Sergio García Ramírez fue juez del Tribunal Interamericano desde enero de 1998 hasta Diciembre del 2009, ocupando la Presidencia durante el período 2004-2007.

 

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