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XXX Congreso Argentino de Derecho Internacional

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Sección Relaciones Internacionales

La política exterior argentina durante el siglo XXI

 

Desafíos para estructurar una política exterior en el siglo XXI

1. Desafíos para estructurar una política exterior en el siglo XXI.

2. La política exterior argentina durante el siglo XXI (Período 2000-2018).

3. Proyección de una futura política exterior argentina para el área del Atlántico Sur.

4. Consideraciones finales.

 

Palabras claves

Política exterior - procesos decisorios - actores no estatales - entes subnacionales - deuda externa - default - organismos multilaterales de crédito - realismo periférico - autonomía heterodoxa - Atlántico Sur - recursos naturales - hipótesis de conflicto.

 

Resumen

       Durante los últimos años la toma de decisiones de política exterior por parte de los estados nacionales se ha complejizado, la proliferación de temas en que los mismos se relacionan internacionalmente se ha multiplicado en forma exponencial y esta es la razón por la que las cancillerías han perdido un poco el monopolio de las relaciones internacionales, especialmente en el ámbito económico y en la vinculación con organismos especializados, a lo que se debe agregar la proliferación de relaciones entre entes subnacionales, esto crea nuevos desafíos para estructurar una política exterior coherente durante el siglo XXI. La experiencia argentina durante el período 2000-2018 no ha sido ajena a este fenómeno, especialmente durante los tiempos del default de la deuda soberana y en la presente de la nueva crisis del endeudamiento externo. Hay un área de especial interés para la República Argentina por su importancia económica y estratégica, que es la del Atlántico Sur, donde confluyen regulaciones nacionales con disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el Sistema del Tratado Antártico y un complejo de relaciones internacionales que sostienen el reclamo de nuestra soberanía nacional ante la usurpación británica de parte de estas áreas geográficas, notándose la dispersión de actores estatales involucrados. Aquí es sumamente necesario estructurar una política exterior coherente ya que en el Atlántico Sur se define el futuro de la República Argentina.

Desde la doctrina se criticó al realismo por su incapacidad para analizar e interpretar justamente ese contexto internacional tan cambiante. Con esa perspectiva, algunos sostuvieron una visión “trasnacional” mientras que otros añadieron una ampliación hacia las entidades subestatales.

En este análisis, se intenta describir una comunidad internacional más allá de los estados, con la actuación de las organizaciones internacionales (calificadas también como “gubernamentales”) y el individuo. Pero además vislumbrando el accionar internacional de otros actores, como ser la Iglesia Católica (con independencia de su carácter actual de “estado del Vaticano”), las “ONG” internacionales, las Empresas transnacionales y las Empresas Militares de Seguridad Privada. En este breve estudio se procura concluir estableciendo una aproximación a ciertos criterios que puedan ayudar para definir el concepto de actor internacional.


XXX Congreso Argentino de Derecho Internacional

Sección Relaciones Internacionales

 

La política exterior argentina durante el siglo XXI

*

Desafíos para estructurar una política exterior en el siglo XXI.

                                      

 

Resumen

Durante los últimos años se ha tornado más compleja  la toma de decisiones de política exterior por parte de los Estados nacionales. Los temas internacionalmente relacionados  se ha multiplicado en forma exponencial, ocasionando que las cancillerías paulatinamente hayan perdido el monopolio de las relaciones exteriores, especialmente en el ámbito económico y en la vinculación  con los organismos especializados, fenómeno al que se agrega la proliferación de relaciones entre entes subnacionales, lo cual crea nuevos desafíos para estructurar una política exterior coherente en el siglo XXI. La experiencia argentina durante el período 2000-2018 no ha sido ajena a este fenómeno, especialmente durante los tiempos del default de la deuda soberana y ahora con la nueva crisis del endeudamiento externo. Para la República existe un área de especial interés  por su importancia económica y estratégica, que es la del Atlántico Sur, donde confluyen regulaciones nacionales con las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el Sistema del Tratado Antártico, así como  un complejo de relaciones internacionales que sostienen el reclamo de nuestra soberanía nacional ante la usurpación británica de parte de estas áreas geográficas. Ante esas dificultades y la dispersión de los actores estatales involucrados, resulta  necesario estructurar para este sector una política exterior coherente, dado que es en el Atlántico Sur donde se define el futuro de la República Argentina.

Palabras claves:      Política exterior – procesos decisorios – actores no estatales – entes subnacionales – deuda externa – default - organismos multilaterales de crédito – realismo periférico – autonomía heterodoxa – Atlántico Sur – recursos naturales – hipótesis de conflicto.

 

 

Abstract

During the last few years foreign policy decision-making by national states has become more complex. Internationally related issues have multiplied exponentially, causing the Foreign Ministries gradually to have lost their monopoly on foreign relations, especially in the economic sphere and in connection with specialized organizations, a phenomenon to which the proliferation of relations between entities is added. subnational, which creates new challenges for structuring a coherent foreign policy in the 21st century. The Argentine experience during the period 2000-2018 has not been alien to this phenomenon, especially during the times of sovereign debt default and now with the new crisis of external indebtedness. For the Republic there is an area of ​​special interest for its economic and strategic importance, which is the South Atlantic, where national regulations converge with the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea and the Antarctic Treaty System, as well as a complex of international relations that sustain the claim of our national sovereignty before the British usurpation of part of these geographical areas. Given these difficulties and the dispersion of the state actors involved, it is necessary to structure a coherent foreign policy for this sector, since it is in the South Atlantic that the future of the Argentine Republic is defined.

 

Key words : Foreign policy - decision-making processes - non-state actors - subnational entities - external debt - default - multilateral credit agencies - peripheral realism - heterodox autonomy - South Atlantic - natural resources - conflict hypothesis.

 

 

 

Sumario

1. Desafíos para estructurar una política exterior en el siglo XXI: Horacio Daniel Piombo. 2. La política exterior argentina durante el siglo XXI (Período 2000-2018): Juan Carlos Pérsico y Carlos Alberto Biangardi Delgado. 3. Proyección de una futura política exterior argentina para el área del Atlántico Sur: Carlos Alberto Biangardi Delgado. 4. Consideraciones finales.

 

 

 

 

 

1. Desafíos para estructurar una política exterior en el siglo XXI

 Por Horacio Daniel Piombo[1]

 

BREVIARIO DE CONTENIDO.

1. Enfoque metódico de esta porción del relato. 2. El tema objeto de selección. 3. Características del escenario. 4.  Actualización de  la publicidad oficial del Derecho emergente de los convenios internacionales celebrados por las Provincias. 5.  Complementación  con un régimen de advertencia previa e información recíproca. 6. Los intereses gravitantes.  7. El sistema originario de administración de las relaciones  internacionales. 8. El sistema contemporáneo en materia de administración de las relaciones internacionales. 8.1. La modificación en el plexo normativo apical. 8.2. El fraccionamiento horizontal. 9. Consecuencias en orden a la dispersión vertical.  10. Consecuencias vinculadas con el fraccionamiento horizontal del Sistema. 11. Consectario.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

           

            1. La circunstancia de expresarme en el escenario brindado por  una  entidad científica cuyo objetivo principal finca en el estudio del Derecho internacional en todas sus especializaciones, determina   el  enfoque que guía este trabajo, en un sector no tocado por mis compañeros. O sea  que por sobre las aristas  políticas o  sociológicas del accionar de los órganos del  Estado,  primará  un tono en el cual lo jurídico y -particularmente- la formación de futuras reglas de conducta,  asumen  rol primordial. Empero, advierto que esto no significa un abordaje que transita excluyentemente  por el andarivel lógico o  meramente formal, sino un punto de encuentro de lo normativo con la realidad y con los valores a través del horizonte dinámico de la Teoria trialista del Mundo jurídico [2].

            2. Basado en el enfoque apuntado, del  almacén de los desafíos pendientes con miras a la meta de contribuir a  estructurar sectores de una política exterior patria, he seleccionado  lo concerniente a la tarea de completar, en la faz reglamentaria,  la preceptiva constitucional incorporada por la reforma de 1994 respecto de la atribución conferida a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de celebrar convenios internacionales. Esto tiene una finalidad precisa:  acercar el indispensable respaldo de la seguridad y de la  certeza al accionar diplomático argentino en un futuro  que se caracterizará por su complejidad .  Esto último no es un mero pronóstico, sino el resultado de  evaluar las principales características que revestirá al escenario en el que actuará la fracción del panorama sobre el cual fijamos las proposiciones.

            3. En primer lugar tal escenario se perfila como subjetivamente complejo ante la concurrencia de  veinticinco entidades genéricamente dotadas de aptitud constitucional  para negociar en la esfera internacional,  esto es,  veintitrés provincias, una ciudad autónoma y el Estado Federal.  En segundo lugar,  el futuro  escenario se discierne como operativamente complejo, dado que uno de sus actores a lo menos,  en el caso  la Nación misma,  puede hacerlo a través de más de un organismo, conforme con la atribución de potestades operantes en la ley nacional de Ministerios [3] . En tercer lugar el escenario de referencia es describible como de articulación  compleja  ante la actuación, según los los diferentes tipos de negociaciones,  no sólo de diplomáticos profesionales sino también de funcionarios administrativos, magistrados o titulares de cargos políticos electivos, sin que sea recaudo de la actuación como representantes de los intereses patrios, la posesión de conocimientos básicos en punto a los extremos de la política internacional del Estado como también respecto de las prácticas usuales en tema de concertación interestatal.

            4.  Relacionado con lo precedente es el entorno  de cierta incertidumbre por falta  de inserción de lo que se concierte  internacionalmente en el sistema de publicidad oficial, propia al menos de un régimen republicano de gobierno  que visceralmente requiere transparencia y certeza. Es del caso que hasta la década de los años 90 la Argentina convivió con un sistema  en punto a los hechos y actos concernientes a la vigencia de los tratados, dándose a conocer  únicamente la ley aprobatoria y, en excepcionales ocasiones, la emisión del instrumento de ratificación. Empero, ante la fuerte incidencia directa que  tiene la normatividad internacional en la vida misma de los habitantes de la Nación Argentina, fruto de su proliferación y de su avance sobre todas las ramas del Derecho. se impone contemporáneamente  la  notificación oficial de los actos oponibles erga omnes relevantes para la vigencia de los tratados [4].  Cierto es que partir de la ley 24.080 tenemos tal régimen[5] , el cual  abarca todas las contingencias de los convenios internacionales; pero  que en la praxis se limita, de común [6] , a la fecha de entrada en vigencia para la Argentina del respectivo convenio o al Estado del convenio multilateral al momento de la accesión argentinaç Desde luego que tal régimen, por ser anterior a la reforma constitucional de 1994, necesita ser perentoriamente actualizado con relación a los convenios concluidos por las Provincias, además de renovado con mayor sentido reglamentario, dada las falencias de su aplicación resaltadas en lo  inmediato precedente.

            5. Con miras al futuro, también gravita negativamente la falta   de un régimen, legal o convencional, que toque puntos claves referidos al proceso de elaboración de un convenio por ejemplo, plazo en que la conducta debida debe ejecutarse o ser anoticiada. Todo para mantener el mayor grado asequible de  coherencia  en una actividad necesariamente fragmentada. Esta faceta, como las anteriores, no constituyen novedad en el ámbito de la Asociación que nos cobija, atento los aportes  realizados en el  Congreso Ordinario realizado en La Plata en el año 2013 [7]. Tampoco lo constituyen en la doctrina vernácula , tanto en la faceta ilustradas por los constitucionalistas [8] como en los hontanares transitados por los  internacionalpublicistas [9] , en cuyo ambito, merced al trabajo del Consejo Argentino para las relaciones internacionales se tienen datos ciertos de la magnitud de la experiencia convencional de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el régimen del artículo 124 de la Constitución Nacional [10]. Empero, la gran mayoría de las opiniones no va más allá de postular   la registración de los convenios internacionales concertados por las provincias sin otro aditamento.

            6. Llamo la atención que más allá de las proposiciones que se dejarán expuestas, corresponde tener presente  el conflicto de intereses que anida en este sector del ordenamiento jurídico. Aquí se posiciona, por una parte, Provincias urgidas de tener la infraestructura indispensable y un Estado federal cada vez más absorto en  sus propios problemas y,  correlativamente, más distante de los que acucian  a cada unidad de la federación, excepto en los asuntos de índole  financieras sobre el cual las discusiones acerca de rubros como la coparticipación federal son recurrentes . Esto significa que ha caído en un virtual olvido la denominada cláusula constitucional "del progreso", que compromete al Poder Legislativo de la Nación, al que se integra el P. E. en su función de colegislador, a impulsar el desarrollo de las Provincias en todas sus manifestaciones centrales [11]. Incluso una mirada retrospectiva destaca  que se ha abandonado prácticamente lo sustancial de temas que, como la educación primaria [12], la salud  pública [13], la navegación fluvial [14] y el poblamiento del interior con inmigración preparada para afrontar las tareas del agro y de la minería [15],  tópicos que ocupaban en plenitud la atención de los gobiernos nacionales de otrora. Esta situación de carencia de iniciativas de progreso  empuja a los gobiernos interiores de la República a reasumir proyectos que ya no tienen  apoyo interno y encarar la cooperación internacional como una vía posible de concreción  [16]. A su vez la Nación, en un medio donde a cada momento irrumpen hechos  que actúan como factores diluyentes de la unión –tales  como grietas ideológicas, protestas pródigas en medidas de acción directa y aumento permanente de una corrupción  que se difunde a todas las capas de la actividad administrativa y judicial-, le urge mostrar ante la Comunidad de Estados un mínimo de orden  en la formulación de requerimientos y un  comportamiento federal coherente con ello. De ahí que el tema adquiera importancia central en la agenda  internacional de los próximos años.

            7. Sentada la premisa antecedente,  de ahora en más corresponde el abordaje del sistema actual de administración de las relaciones internacionales [17] ; esto con miras a destacar  las adiciones reglamentarias que se proponen. Al propio tiempo se deja advertido  que con la locución  "Provincias", por razones de brevedad, se comprende un ámbito conceptual que abraza también a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los entes interjurisdiccionales con atribuciones de gestión internacional delegada por las propias Provincias. También dejo constancia que este trabajo parte de la base de dar  por válida e indiscutible la existencia de una amplia potestad de las Provincias de generar tratados internacionales, con las solas restricciones enunciadas por el artículo 124 de la Ley Fundamental, toda vez que se trata de la devolución parcial de un poder originario delegado en 1853.

            Así las cosas, cabe dejar sentado que el sistema  instaurado con la definitiva organización nacional (1853/1860) [18],  poseía como característica determinante la de configurar una doble centralización.

            Una primera, referida a la organización y  control de la actividad internacional del Estado Argentino como poder público, que  fue confiado por la Constitución exclusivamente al Estado Federal. Como consecuencia, éste   era el único que podía recibir embajadores y concertar tratados internacionales, como así también designar representantes ante los Estados extranjeros. En consonancia, a las unidades subnacionales se las rodeó de un cerco prohibitivo que les impedía concertar tratados y nombrar agentes diplomáticos o recibir a representantes de otras naciones. La doctrina norteamericana y la experiencia vivida en la Argentina en la época de las luchas civiles, lapso en que no faltaron pactos de las Provincias con otros  países [19], avalaron la posición restrictiva que procuraba eliminar cualquier sendero que facilitara una futura secesión.

            La segunda centralización advino cuando  las sucesivas leyes de ministerios direccionaron las relaciones exteriores del Nación  a un único departamento de gobierno  que monopolizó las vinculaciones respectivas, la cual se edificó no ya de modo vertical como la primera, sino de manera horizontal; vale decir con relación al pleno del espectro administrativo. Así, desde el dictado de las leyes 80 de la Confederación y 3727 de la Nación, todas las normativas que reglaron la forma y competencia de las ramas de rango ministerial del poder ejecutivo nacional previeron la existencia de un departamento de Estado especializado en relaciones exteriores [20]  que por entonces fue diseñado de acuerdo con la tradición francesa [21] , de raigambre en  la Provincia de Buenos Aires desde la la época en que Rivadavia proyectara su influencia [22] . A este  órgano  le pertenecía, con exclusión de cualquier otro, la atribución de gestionar los intereses argentinos  en el plano internacional. El fundamento de tal concentración en un único departamento de Estado se vinculó no sólo  con la especificidad de las relaciones diplomáticas, por entonces en su mayor parte centradas  en mantener  el  equilibrio de poderes en el plano militar  y la seguridad de las fronteras frente a posibles amenazas externas, sino también al hecho que las representaciones diplomáticas configuraban los únicos órganos del Estado implantados en el extranjero a los cuales forzosamente cabía  acudir para la obtención de información fidedigna; esto sin contar que el desarrollo de tales relaciones necesitaban generalmente del auxilio de idiomas distintos del vernáculo, versación que no tenía  la inmensa mayoría de la burocracia estatal de aquel entonces .

8. El sistema originariamente implantado duró más de un siglo sin experimentar mayores inconvenientes. Empero,  dos cambios fundamentales, uno en el plexo normativo apical y otro en el ordenamiento legal , llevaron a la descentralización operativa y a la desconcentración de muchos de esos núcleos en el área sensible de la titularidad del treaty making power o de su ejercicio en los hechos.

 

            8.1. La modificación en el plexo normativo apical tuvo lugar con la reforma constitucional de 1994.  El origen de la iniciativa, que modificó el cuadro de las fuentes del Derecho en el ordenamiento jurídico argentino y el ejercicio del poder en la esfera internacional, se remonta a la creciente disconformidad de las Provincias con el tratamiento que el gobierno central daba a las producciones regionales como también a la política comercial  de dicho gobierno referida a la promoción de exportaciones no tradicionales. Años antes de la fecha indicada, cuatro gobiernos provinciales habían realizado contactos directos y alentadores con los órganos que regulaban  el comercio exterior en la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El de la Provincia de Mendoza, que se toma como ejemplo,  acordó y efectivizó el intercambio de su producto más emblemático, esto es el vino, por trolebuses de origen ruso [23]. De seguida, tales situaciones originaron  un fuerte movimiento de opinión, luego  recogido en la Asamblea Constituyente de 1994, que encaró restituir parcialmente a las Provincias el status internacional anterior a la  Constitución de 1853,  liberándolas en este aspecto del monopolio federal. Había, por otra parte, ejemplos en el extranjero de sistemas federales en los que las descentralizaciones de soberanía  gozaban de la potestad de concluir tratados, con una mayor o menos intervención del Poder central [24], amén de que una sostenida corriente doctrinaria patria venía, desde antes, sosteniendo la posibilidad que las unidades territoriales de la federación sostuvieran negociaciones con entes públicos extranjeros "a condición de que en la promoción de sus necesidades no comprometan negociaciones que hacen a las relaciones específicamente internacionales" [25], o sea bajo modalidades similares a las   contractuales. Estos distintos motivos de presión hacia la inserción de las Provincias en el Mundo internacional cuajaron, finalmente, con la incorporación a la Carta Magna del  art. 124, que autoriza a las unidades políticas de las Provincias Unidas del Río de la Plata o Nación Argentina, a concertar acuerdos internacionales con tres restricciones –a saber: compatibilizar su objeto y fin con la política exterior de la República, mantener intangibles las facultades constitucionalmente delegadas al gobierno federal y no afectar el crédito público de la Nación-, además de tener que soportar una carga: concretamente la de comunicar el resultado de la concertación emprendida al Congreso Nacional. Llamativo es que las ideas plasmadas en las comisiones de trabajo de la Constituyente que apuntaban a limitar la actuación a lo que conceptualmente se describía como "negociaciones", fueron  dejadas de lado y reemplazadas por el empleo de un concepto que, a partir de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados equivale, precisamente, a la noción de tratado, que tiene  reconocido abolengo en todo el Derecho internacional.

            De aquí en más, aunque parezca en cierto modo anárquico, las relaciones internacionales de la República Argentina, que deben ser reflejo de sus políticas en el plano normativo, potencialmente sumaban la actividad de veinticinco centros normoproductores; actividad tal que si bien con relación a alguna de las Provincias puede asumir  escasa o nula relevancia, en otras se incrementa por la intervención de los grandes municipios que convienen con el exterior en el plano de la gestión de los servicios públicos urbanos [26].

8.2. El segundo de los cambios arriba puntualizados no tuvo fecha determinada de inicio, sino que se configuró como una transformación gradual, signada por la paulatina perdida del monopolio de la concertación internacional por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. El fenómeno que comenzara a manifestarse tímidamente en la primera post guerra, se acentuó en los comienzos de la segunda mitad del siglo XX.   llevando a que algunos Ministerios asumieran parte de las negociaciones internacionales que hacían al objeto o ramo que cubrían en la administración nacional  [27].  En la relación causal del fenómeno [28] operaron  factores tales como la explosiva facilitación de las comunicaciones con los países extranjeros, la posibilidad de reducir tiempos y trámites que invariablemente tendían a burocratizarse y, muy especialmente, la contribución  gestada por los contactos con organismos internacionales  que servían de nexos de vinculación permanente  con funcionarios de otros países en relación a ciertas actividades internacionalmente reguladas, en especial telecomunicaciones,  finanzas, navegación aérea y marítima, educación, defensa y obras públicas viales y energéticas . En este orden de ideas cabe también traer a capítulo énfasis  la creciente complejidad de los asuntos de trascendencia internacional y la correlativa necesidad de especialización [29]. Es de recordar que  la época en que se organizó definitivamente la República y, con ello sus departamentos de gobierno, los tratados no abarcaban más allá de la alianza política, la fijación de límites, el comercio y la navegación marítima y fluvial, así como en casos excepcionales, la cooperación jurisdiccional en el ámbito de los procedimientos de extradición. En cambio, hoy en día  no existe área de la actividad humana que permanezca ajena al marco convencional internacional; incluso, la inmensa variabilidad de contenidos , la irrupción de modernos conceptos propios de las ciencias aplicadas o la combinación de actividades técnicas de tremenda complejidad obliga al diplomático a ceder protagonismo. Es así que las enseñanzas recibidas en las academias diplomáticas mal pueden habilitar para concluir con idoneidad, “ad exemplun”, acuerdos en  temas como sanidad animal o vegetal, cooperación en materia de información meteorológica, o  regulación de los protocolos utilizados en las comunicaciones por internet , o en la determinación de la tecnología sensible, no transferible en materia de energía nuclear, etc. A su vez, el fluido desplazamiento de personas merced a los modernos medios de transporte y el exponencial progreso de las comunicaciones facilita los contactos directos y sin intermediarios. Hoy, en pocas horas los eventuales negociadores pueden ponerse en  contacto cara a cara con sus homólogos de cualquier otro  país en cualquier región del planeta. Y si esto no fuere posible, las teleconferencias, utilizando las comunes conexiones que brinda hasta la telefonía celular, permiten  un contacto similar al que se tiene con la presencia física; actividades  facilitadas aún más por la circunstancia de que que el idioma inglés actúa como verdadera "lingua franca" o universal y, a todo evento, nuevos sistemas electrónicos operan traducciones simultáneas a varios idiomas. Resulta entonces misión primordial, tomar nota de esta fragmentación y dar más que nunca un significado cada vez más político y de complementación a la actividad general del Estado.

9. Frente al hecho de la particular fragmentación vertical en el sistema Argentino de Relaciones   internacionales,  cabe formular recomendaciones en el sentido que se detalla de seguida, todo con miras a instrumentar un régimen que sirva plenamente a los valores de seguridad y justicia que insuflan vida al artículo 124 y que constituya una política que, a su vez, fortifique a la futura política internacional en su ejercicio básico.

 En primer lugar, partiendo de que la voluntad del constituyente fue otorgar plena validez a los vínculos convencionales  originados por la actividad internacional de las Provincias, en resguardo de la coherencia de fuentes a nivel de la “lex suprema” y para hacer efectiva las prohibiciones del 124 de la Constitución Nacional, es necesario estatuir un deber de informar, gravitante sobre la Provincia que encara la concertación, para hacer conocer por anticipado el objeto del convenio y el país u organización con que se convendrá; esto con la finalidad  de abrir la alternativa de hacer llegar observaciones o advertencias y, en supuestos de especial complejidad, ofrecer asesoramiento a la Provincia que encare la concertación. En rigor no se trata de cosa distinta de lo que ya se encuentra incorporado  a las Constituciones de Suiza y Alemania.

En segundo lugar, una vez ya celebrado el acuerdo, debe operar el deber  informar acerca de  lo convenido  a la Cancillería y al Congreso. Bien entendido que la Constitución sólo requiere esto último; pero debe darse conocimiento a la primera para que la rama legislativa cuente, no bien se avoque al estudio en comisión,  con el punto de vista del Ejecutivo como jefe de la administración general del país y conductor de las relaciones internacionales. En realidad, el hacer de la Cancillería implica asumir con alcance nacional, una tarea que tiene las características de las que de ordinario ejercen las asesorías de gobierno provinciales.  Al igual que lo conceptuado por la doctrina con relación a los tratados interprovinciales[30] , aunque no le competa al Congreso dictar un acto aprobatorio del convenio para que éste alcance su validez, conserva la potestad de desaprobarlo cuando lo acordado quebrante el orden público constitucional. Empero, aún mediando desaprobación del Congreso, esto de por si no invalida el acto internacional, sino que el Estado Federal deberá accionar contra la Provincia ante la Corte Suprema con la finalidad de anular el acuerdo reputado contrario a la Ley Fundamental, sin perjuicio de que medidas cautelares permitan anticipar la suspensión de la vigencia. Esto sin perjuicio de hacer lugar al mecanismo de la intervención federal para lograr, desde la misma Provincia (o sea desde adentro), la activación de los mecanismos que lleven a la denuncia del convenio.

En tercer lugar corresponde registrar, tanto interna como internacionalmente, y publicar el convenio, para lo cual se presenta como indispensable modificar la ley 24.080 respecto de los convenios "internacional-provinciales" [31]. Esto, amén de significar avance en el cumplimiento de obligaciones gravitantes que hacen a la seguridad jurídica, pone punto  de partida a la oponibilidad respecto de terceros Estados y a la exigibilidad de lo acordado frente a los particulares [32]. El despliegue de toda publicidad legal e institucional requiere, para que sea efectivo y no mera entelequia, la adaptación de un órgano o estructura burocrática en el orden nacional con responsabilidades específicas que, teniendo en cuenta la experiencia del Ministerio del Interior, establezca contactos directos con cada provincia y facilite la tarea que naturalmente reposa en cabeza del  Ministerio encargado de las relaciones exteriores. En definitiva,  que supere la mera asignación de algunos cometidos en concernencia a dependencias ministeriales encargadas de otras funciones , teniendo presente lo que se dice de seguida [33].

 

            En cuarto término un federalismo cooperativo como el que hoy demanda la conflictiva realidad argentina requiere un plus de integración, o sea que la Cancillería Argentina pase a ser una verdadera Cancillería Federal que cuente en su seno con un Consejo  compuesto por el Canciller y los gobernadores de Provincias, para generar,  en el mayor grado posible,  mediante reuniones de periodicidad al menos anual,  las pautas que regirán la política exterior del Estado nacional en los temas de mayor interés provincial. Esto no sólo estrechará las relaciones del Gobierno central con las Provincias, sino que significará dar un real significado institucional la reforma a la Ley Fundamental de 1994.  Empero, el desarrollo de corriente de pensamiento implica, al propio tiempo,  plasmar un canal de comunicación de dirección inversa al generado por la necesidad de publicidad oficial de las convenciones internacional-provinciales, conducto  destinado a las comunicaciones específicas del Ministerio de Relaciones Exteriores direccionadas  a cada Provincia , destinado a darle noticia  de todo tratado  que la Argentina celebree,  o participe  en su concertación  o  modificación,  siempre que lo objeto de negociación internacional sea susceptible de incidir  centralmente en los intereses económicos de una o más de las unidades políticas componentes de la República.  Repárese, a manera de “exempla docens”, en la creación de espacios económicos comunes con los países vecinos, como también en la elaboración de regímenes fiscales apropiados para la integración fronteriza  -situaciones en las que forzosamente debe abordarse la incidencia de los tributos de índole local-; y también  la participación en una entente internacional relacionada con uno o más bienes de producción regional [34].

            En quinto lugar, la necesidad de que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, conviniendo con universidades y entidades científicas, brinde apoyo intelectual a los funcionarios locales mediante cursos, conferencias y seminarios sobre política exterior argentina, especialmente a quienes tienen a su cargo funciones relacionadas  con países y entes subnacionales extranjeros. Esto no es otra cosa que arrimar conocimientos al creciente estamento de "paradiplomáticos" [35] , vale decir aquellas personas que se dedican, sin pertenecer al Servicio Exterior de la Nación, a ejercer funciones de representación internacional en el ámbito público  [36] , en otras palabras, la representación de  "actores no centrales del contexto internacional"  [37]. El reciente programa de divulgación y entrenamiento con manifestaciones en el interior del País conocido como "Cancillería Federal", es un buen paso en el sentido a que apuntamos en el texto, aun cuando, por su contenido,  todavía aparece lastrado de cierta idea de predominio absoluto de lo nacional por sobre las Provincias federadas [38].

10. En cuanto al sector de la administración de las relaciones internacionales que ha experimentado el fenómeno que denominamos de  fragmentación "horizontal", pese a no tener conexión con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución integra, como ya se ha indicado, un fenómeno homogéneo y de similares consecuencias. Su afloramiento indica el ocaso de una concepción en la cual el Ministerio de Relaciones Exteriores operaba como virtual "embudo" absorbiendo la totalidad de las relaciones con los Estados extranjeros, conforme lo propugnaba el primer esquema sobre las relaciones internacionales de la Nación Argentina. Los presupuestos que apontocaban  esa posición han desaparecido y, al propio tiempo, se ha impuesto progresivamente  su contraparte conceptual, vale decir: el criterio de la absorción material , que derechamente  significa  que la cartera ministerial encargada de cierto ramo de la administración realiza también las gestiones internacionales que hacen a su sector [39]. La nueva realidad internacional donde todos estamos conectados a todo, sumado a la complejidad creciente de los asuntos llevados al escenario abarcado por la cooperación, conducen  a reducir  la intervención de intermediarios. Empero, se cierne el temor de que la pluralidad de canales operativos, la diversidad de fuentes en definitiva,  lleve a generar posibles inconsistencias cuando no conducir directamente  a  incoherencias.  De ahí que sea necesario, tal como se adelantara en la parte dedicada al control del fraccionamiento vertical, proponer tanto una intervención preventiva como a posteriori del  Ministerio de Relaciones Exteriores;  para que  esté en condiciones de hacer llegar sus advertencias y recomendaciones   y para que luego de concertado haga  oír  sus objeciones. En este orden de ideas cabe colegir que la indispensable función  que le incumbirá desempeñar en un futuro previsible al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto será  la de un Departamento de Estado destinado a fijar las políticas exteriores oficiales. Su actuación, en definitiva, tenderá a centrarse en la coordinación, registro y contralor de la actividad internacional de provincias, ministerios y reparticiones autónomas  y en la muy primordial de organizar y atender las representaciones diplomáticas argentinas. Incluso, en un tiempo más lejano, algunas actividades actuales de la Cancillería ineluctablemente migrarán, como sin duda ocurrirá con el  comercio internacional –hoy duplicado en la organización nacional en sendos ministerios- , que sin duda será enclavado en  la órbita de una cartera que comprenda los sectores más salientes del régimen económico o al ámbito de  un específico ministerio de comercio exterior , tal como ha ocurrido en algunas naciones de América y Europa [40] .  Es decir de la especificidad general, que se configura por el escenario común, se transitará hacia la especificidad particular, que se abroquela precisamente en la materia.

11.  Como recomendaciones que sintetizan lo hasta ahora expuesto, sostengo que la política exterior tiene que:

Dar previsibilidad y coherencia a las relaciones exteriores del Estado argentino y la de sus órganos subnacionales;

Tender a la certeza en tales relaciones a través de un régimen de control y publicidad unificado;

Incorporar plenamente a las Provincias a la vida internacional- institucional de la República, facilitando  su actuación en el exterior a través de una verdadera Cancillería federal;

Sentar hacia el futuro un sistema de gobierno más comprensivo de  las relaciones exteriores que realicen los entes subnacionales –fundamentalmente las Provincias-, reforzando el rol director del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

 

Horacio Daniel Piombo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La política exterior argentina durante el siglo XXI: período 2000-2018

Juan Carlos Pérsico[41]

Carlos Alberto Biangardi Delgado[42]

 

       Como bien lo afirmara el Dr. Horacio Daniel Piombo al comienzo de este relato, es indudable que el sistema decisorio del Estado Nacional para instrumentar en la actualidad una política exterior  ha escapado a la exclusividad de los ministerios de relaciones exteriores de los distintos Estados y esta toma de decisiones se ha complejizado de manera exponencial, a punto tal que es necesario un  preciso mecanismo de coordinación para que las mismas no sean contradictorias con los lineamientos de política exterior establecidos por los gobiernos. En el caso de la República Argentina este fenómeno se ha agudizado por la permanente emergencia económica que ha vivido nuestro país durante esta primera parte del siglo XXI.

 

       Recordemos que diez años antes, en 1989, fue designado Ministro de Relaciones Exteriores y Culto un economista, Domingo Felipe Cavallo, quien tenía el objetivo de “economizar” nuestra Política Exterior, y que este funcionario fue el encargado de normalizar las relaciones diplomáticas con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte con la aspiración de poder ingresar nuevamente con nuestras mercaderías almercado europeo y contar con el financiamiento de dicho origen, considerando que a este objetivo debíamos supeditar todos nuestros intereses en el área del Atlántico Sur. Luego de cumplido este objetivo principal, con la firma de los Acuerdos de Madrid de 1989 y 1990, Domingo Felipe Cavallo fue designado Ministro de Economía y lo reemplazó en su función anterior otro economista, Guido Di Tella, quien se desempeñaba como profesor en la Universidad de Oxford.

     El período 1989-1999 tuvo como sesgo principal las reformas de la economía argentina en coincidencia con los postulados del Consenso de Washington, la adhesión al Plan Brady[43], la segunda ola de endeudamiento externo fiscal en gran escala[44], la participación de la Argentina en la I Guerra del Golfo (rompiendo con la tradición de neutralidad de la política exterior argentina en relación a los conflictos donde no estaban en juego sus intereses nacionales), y finalmente la aguda crisis económica y social que llevó a la Argentina en los albores del siglo XXI a declarar el default más grande de la historia.

 

       Esta posición de debilidad de la República Argentina condicionó la posibilidad de trazar una política exterior direccionada a la defensa de intereses nacionales claramente definidos ya que en la emergencia todas las acciones estaban dirigidas a restaurar los vínculos con el sistema financiero internacional y los organismos multilaterales de crédito. En ese accionar transcurrió el gobierno interino de Eduardo Duhalde, quien además tuvo que dedicarse principalmente a pacificar el ámbito interno, donde se había roto el contrato entre los ciudadanos y sus representantes políticos. Es fácil comprender que en estas condiciones el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto tuviera una actividad opacada y que nuevamente el Ministerio de Economía tomara las resoluciones más importantes en cuanto a nuestra relación con los organismos multilaterales de crédito, los gobiernos europeos que acudían en defensa de los bancos y ciudadanos acreedores de la República Argentina y de las empresas extranjeras que durante el gobierno del presidente Carlos Saúl Menem habían adquirido empresas argentinas mediante el sistema de capitalización de deuda instrumentado en el marco del Plan Brady.

 

       Primó durante este largo lapso de tiempo la adhesión a lo que se denominó la teoría del realismo periférico -aunque algo atenuada durante los gobiernos de Fernando De la Rúa y Eduardo Duhalde- que ubicaba a la República Argentina como un país incapaz de modificar la situación internacional y que por tal motivo debía adherir en forma acrítica a los postulados de la potencia hegemónica.

 

      Para comprender esta posición de política internacional tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio en lo que se denominó “la época de los 90”, en la cual se erigía  la hegemonía de un modelo único que sucedía a la guerra fría y de la cual había surgido una potencia imperial, los Estados Unidos de América, que en esos primeros años tuvieron la supremacía global. Dentro de este marco tenemos que entender la teoría del realismo periférico, cuyo máximo exponente en nuestro país es Carlos Escudé[45] y cuyas principales características son el pragmatismo y el utilitarismo manifestado como un cálculo racional de medios y fines, y la atención puesta en costos y beneficios como determinantes a la hora de fijar una política o tomar una decisión. La idea de cualquier planteo autonómico parecía diluirse por inconducente sobre todo porque se percibía un mundo unipolar y este escenario convertía a toda América Latina en  intrascendente, tanto desde una óptica estratégica como económica. Esta concepción estaba abonada por las ideas de Francis Fukuyama quien en 1989 expresara en su célebre artículo El fin de la Historia[46]: “Tal vez estemos presenciando no apenas el fin de la Guerra Fría, o el final de un período particular de la historia de la posguerra,  sino el final de la historia como tal: es decir, el punto final de la evolución ideológica de la humanidad y  la universalización de la democracia liberal occidental como forma final del gobierno humano”. Finalmente, el demoliberalismo capitalista se había impuesto a nivel planetario con la caída de los gobiernos del socialismo real y estaba destinado a regir hasta el fin de los tiempos. Escudé recibía con Francis Fukuyama la bendición a sus críticas a las concepciones autonómicas en política exterior y la coyuntura internacional de los 90 le dio la oportunidad de tratar de justificar su posición, la que fue adoptada por el presidente Menem y su canciller Guido Di Tella.

 

       Sin embargo, la crisis socioeconómica de los años 2000-2001 y la declaración unilateral por la República Argentina del default más grande del mundo puso en crisis las ideas de Carlos Escudé y sus discípulos, ya que en esa emergencia todos los lazos con los centros del poder financiero, económico y político mundial se rompieron, el aislamiento y la vulnerabilidad de la República Argentina se hizo notable, sobre todo durante el gobierno interino de Eduardo Duhalde, y tanto los organismos multilaterales de crédito que tanto habían mimado al presidente Menem, como los gobiernos de los países europeos y Japón, cuyos ciudadanos eran tenedores de bonos de la deuda soberana argentina o propietarios de las empresas de servicios públicos privatizadas, se alinearon con el propósito de disciplinar a la República Argentina.

 

       Con poco convencimiento en un primer momento y como única alternativa posible luego, poco a poco la política exterior argentina fue girando hacia posiciones más autonómicas, sobre las cuales existía en nuestro país un importante bagaje intelectual; y estando en la ciudad de Rosario no podemos dejar de citar a Juan Carlos Puig, maestro de toda una generación y uno de los miembros fundadores de esta Asociación Argentina de Derecho Internacional, quien junto con Helio Jaguaribe en Brasil, han dejado una impronta muy importante en la búsqueda de una teoría de las Relaciones Internacionales que sea funcional a la realidad de nuestra región.  

 

       Estos autores observaban alrededor de 1980 que desde hacía algunos años había comenzado un movimiento de reflexión latinoamericano orientado a desentrañar los mecanismos reales que permitieran superar la dependencia[47]. Sin embargo los mismos no analizan la dependencia en clave marxista, como una categoría omnicomprensiva, sino que consideraban que simultáneamente se debía tener en cuenta otros entes de captación racional, tales como la marginalidad y el subdesarrollo. En este sentido Puig advierte la imperiosa necesidad para los latinoamericanos de “desideologizar” la ciencia de las relaciones internacionales y establecer nuestras propias categorías de captación de los fenómenos que constituyen su campo de desarrollo. El mismo Puig había intervenido en 1970, con un grupo de profesores e investigadores, en los lineamientos de un nuevo proyecto nacional acerca del cual decía que “la cualidad esencial del proyecto de la Argentina futura y a partir del cual se deducen los demás valores y notas distintivas consiste en un valor prescriptivo que se denomina autonomía, entendida ésta como la capacidad de la Nación para optar, decidir y obrar por sí misma. A partir de ese valor prescriptivo, la autonomía, y el análisis de las tendencias mundiales y nacionales de viabilidad nacional, de las restricciones externas e internas, y de los procesos en curso, se determina un ámbito de realización y de inserción en el mundo y el tipo de sociedad que se debería configurar”. Puig rescata aquí el pensamiento de Helio Jaguaribe y lo considera uno de los teóricos que ha pugnado con tenacidad por demostrar empírica y teóricamente, global y coyunturalmente, las posibilidades concretas de autonomización para determinados Estados periféricos que fluyen de lo que él llama permisibilidad internacional.[48]

 

       En 1984 Puig advertía que “quienes somos los perjudicados por una concepción equivocada debemos hacer los esfuerzos que sean necesarios para hacer inteligibles las nuevas estructuras. Mucho daño ha causado a América Latina relegar este punto de partida para la solución de nuestras carencias. No me refiero solo a la aplicación servil de doctrinas económicas que parten de supuestos teóricos favorables a las economías desarrolladas, aunque estas no las incorporan a su propia realidad y, mucho menos, a la del mundo en su totalidad, sino también a aquellas orientaciones progresistas que quisieron transitar la nueva senda pero que nunca llegaron a buen puerto debido a la ausencia de este planteo fundamental. La llamada teoría de la dependencia puede muy bien ser citada en este contexto. Cuando lo más urgente para el porvenir de nuestros pueblos era estudiar y analizar todas las formas posibles de autonomización, alentar esperanzas y promover oportunas maniobras estratégicas, la respuesta fue descorazonante y nihilista, ya que la dependencia fue concebida como una consecuencia automática (André Gunder Frank, Theotonio Dos Santos) o semiautomática (Celso Furtado, Fernando Enrique Cardoso, Octavio Ianni) de asimetrías estructurales inducidas por el modo capitalista de producción”.[49]

 

       Puig se apoyaba en Werner Goldschmidt, quien en su obra Introducción  filosófica al derecho. La teoría trialista del mundo jurídico y sus horizontes expresa que todo grupo humano, cuyos integrantes se interrelacionan permanentemente entre sí, desenvuelve su propio régimen político y muchas veces también sus propios regímenes económico, cultural y de participación[50]; y de aquí deduce el concepto de las “elites funcionales”, y son precisamente estas elites funcionales las que dan el sesgo a la relación de los Estados nacionales con las potencias hegemónicas.

 

      En el caso de la República Argentina las elites funcionales habrían tenido una actitud de cercanía con el Reino Unido (al igual que las del resto de los países latinoamericanos) en los comienzos del siglo XIX, pasando a una racionalización de la dependencia con el “Proyecto de la Generación del 80”, que permitió la inserción de nuestro país como socio privilegiado del país hegemón de la época y alcanzar los mayores niveles de crecimiento, ubicándose entre los cinco primeros países del mundo; en lo que Félix Peña denomina la “dependencia consentida”.

 

       Recordemos que durante el siglo XIX la República Argentina se convirtió en el territorio que acumuló el 50% de la inversión extranjera directa de Gran Bretaña en el exterior. Las compañías inglesas organizaron su estructura ferroviaria, su modelo de desarrollo agro-exportador en detrimento de las manufacturas regionales, y la mayoría de los servicios públicos, en especial la estructura financiera, vinculándose estrechamente al mundo de la política y de la cultura y convirtiendo  todo lo procedente de Londres en signo de prestigio social. Con el tiempo, esa estrecha relación, despertó la curiosidad de Alfred Marshall, quien sugirió estudiarla a un grupo de sus discípulos: Finalmente Harry S. Ferns, profesor de la Universidad de Birmingham, cumplió con este cometido, acuñando para definir esa extraña simbiosis la expresión: “la ecuación anglo-argentina”. A. G. Ford, profesor de la Universidad de Leicester, demuestra la tesis que ubica a Gran Bretaña como país central y a la Argentina  como un país que debido al comercio y a los flujos de capital quedó estrechamente vinculado al mismo. Por su parte, Emilio Manuel Fernández Gómez, investigador argentino con estudios de posgrado en la Universidad de Manchester, publicó en 1998 una obra en la misma sintonía, titulada Argentina gesta británica. Revalorización de dos siglos de convivencia.

 

      Si bien la ecuación anglo-argentina tal como la estudia Harry S. Ferns tiene un momento de ruptura a mediados del siglo XX (durante los períodos que Juan Carlos Puig denomina a la inserción de la Argentina en el mundo como de una autonomía heterodoxa, especialmente en su relación con las potencias hegemónicas del momento; asimismo, Bruno A. Bologna califica de autonomía heterodoxa la política exterior de los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández durante el período 2003-2015, la misma continúa omnipresente en el imaginario de la cultura, la economía y las finanzas de nuestro país. Podemos encontrar una actitud de nostalgia por la ecuación anglo-argentina en la génesis y posterior desarrollo de la teoría del realismo periférico, que si bien tiene su andamiaje teórico más visible en Carlos Escudé fue adoptada por la política exterior argentina durante del período 1989-2000, y pareciera ahora resurgir, agiornada en una especial concepción sobre la caducidad del Estado-Nación en un mundo globalizado, el que habría sido superado por la era de los “mercados globales”, en la política exterior del presidente Mauricio Macri.

 

            Lo que no han tenido en cuenta los que creen que una versión renovada de un proyecto de dependencia nacional -en concepto puigiano- puede llevar a la Argentina a una posición internacional similar a la del período 1853-1930 es que precisamente en el momento en que se produce la ruptura de aquella ecuación anglo-argentina fue el Estado central el que nos “soltó la mano” cuando decidió privilegiar la compra de productos agropecuarios a sus ex colonias, y que además habían surgido en nuestro país grupos contestatarios a un modelo de desarrollo que la crisis del año 30 había demostrado prácticamente insostenible en el tiempo debido al cambio de las condiciones internacionales. De la misma manera que nuestros acreedores externos y los organismos multilaterales de crédito nos soltaron la mano cuando la Argentina se vio obligada a declarar el default más grande del mundo en diciembre de 2001, y en estos días “el mundo de las finanzas” ha cortado el crédito a una administración nacional que ha ocasionado un endeudamiento fiscal en gran escala, en una proyección que hace posible que supere en valores absolutos y relativos las magnitudes que presentaron las otras dos grandes olas históricas del aumento de la deuda: la dictadura militar de 1976-1983 y el gobierno de Carlos Saúl Menem de 1989-1999. En menos de tres años la República Argentina ha superado las operaciones de toma de deuda de cualquier país emergente en los últimos 20 años.

 

       La trampa de la deuda pública perpetua -que es la matriz tanto de la ecuación anglo-argentina como del modelo de dependencia nacional- siempre sigue en círculo vicioso la misma lógica: macroendeudamiento sin capacidad de pago, creciente pago de intereses, financiaciones totales de los vencimientos de capital y toma permanente de más deuda para sostener la política de endeudamiento y doble déficit fiscal y de balanza de pagos, a lo que esta política conlleva. Con el agravante con respecto a las dos grandes olas de endeudamiento anteriores que ahora el gobierno central impulsa a las provincias a tomar deuda en el exterior.    

 

     En el marco de esta política institucional de sobreendeudamiento no existe ninguna información oficial ni presupuestaria que demuestre cómo se va a pagar todo este cúmulo de pasivos que no sea sosteniendo indefinidamente una grave crisis de la deuda impagable, precisamente con más endeudamiento del Estado.

 

     La República Argentina ha vuelto a endeudarse sin capacidad de pago en los grandes centros financieros internacionales, de los cuales el principal es Londres, lo que la limita de poder mantener una política de confrontación con el Reino Unido por la usurpación británica de importantes áreas geográficas argentinas en el Atlántico Sur y es por eso que la administración nacional que asumiera el 10 de diciembre de 2015 viene desmantelando pacientemente toda la política exterior con respecto a este conflicto, lo que coronó con la firma del Comunicado Conjunto de los vicecancilleres de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte del 13 de septiembre de 2016 y su sigiloso cumplimiento, pese a la opinión adversa de la mayoría de los operadores políticos y especialistas en el tema.[51]

 

       El 11 de enero de 2017 ocurrió un hecho inaudito, el Poder Ejecutivo Nacional firmó el Decreto 29/2017 por el cual la República Argentina renunciaba a su inmunidad soberana y se sometía a los tribunales ubicados en las ciudades de Londres y Nueva York con relación a los acuerdos que se suscriban en el futuro y a las emisiones de deuda pública que se realicen con cargo al presente Decreto.[52]

 

       La República Argentina, que se encontraba nuevamente endeudándose en forma irresponsable en los centros financieros internacionales, prorrogaba su jurisdicción por la de los tribunales del país que ocupa con sus fuerzas militares un tercio de su territorio.[53]

     

      Nuestro país se encaminaba nuevamente a convertirse en un territorio tributario de ese imperio invisible que George Soros describe con tanta claridad en su obra La crisis del capitalismo global[54] y como consecuencia de ello se ven limitadas sus posibilidades de estructurar una política internacional de cierta autonomía heterodoxa que le permita defender sus intereses nacionales en el Atlántico Sur.

 

     Hoy la República Argentina ha vuelto a recurrir al Fondo Monetario Internacional como prestamista de última instancia luego de haber saldado su deuda con este organismo multilateral de crédito durante la gestión del presidente Néstor Kirchner, en una actitud que ha sido ácidamente criticada por el premio Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz, quien consideró en su momento que la negociación argentina de su deuda en default había sido la más exitosa de la historia y hoy propone una quita de la nueva deuda externa argentina como parte de una futura renegociación ante un hipotético nuevo defaut.[55]

 

      Como hemos visto anteriormente, el eje rector de la política exterior argentina durante el período 2000-2018 ha sido la reinserción financiera post default, lo que consumió buena parte de las administraciones de Duhalde y Kirchner. Durante este proceso el Fondo Monetario Internacional obstruyó sistemáticamente esta reinserción con reclamos que hasta estaban disociados de sus mandatos constitutivos, lo que motivó que el presidente Néstor Kirchner tomara la decisión de cancelar con dinero efectivo la deuda que el país mantenía con este organismo financiero multilateral y renegociar en forma directa con los acreedores particulares. Fue determinante para el logro de este objetivo la resuelta participación de la figura presidencial dentro de los procesos decisionales (referencia inequívoca de un modelo de “diplomacia presidencialista”) y el acentuado discurso nacionalista, confirmando una estrategia de reinserción caracterizada por el endurecimiento de la posición negociadora argentina.[56] Los resultados obtenidos en el canje de la deuda post default arrojaron resultados favorables, sin embargo el proceso de reinserción financiera internacional solo fue completado por el gobierno del presidente Mauricio Macri, que prometía una administración económica estable y previsible.

 

       Durante este período el MERCOSUR, con sus procesos de impulso y estancamiento cíclicos, fue uno de los objetivos prioritarios de la política exterior argentina, consolidados con la relación estratégica de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, la que no careció de sucesivos episodios de crisis ocasionados por intereses económicos distintos y por decisiones políticas subidas de tono.[57]También existieron conflictos muy importantes con la República Oriental del Uruguay, tanto por el diferendo por la construcción de una fábrica de pasta celulósica sobre la orilla oriental del río Uruguay -tema que crispó las relaciones entre ambos países y sensibilizó a la sociedad argentina, por las consecuencias ambientales que dicha industria podría provocar en el ecosistema del río y sus proyección sobre las poblaciones y tierras de la ribera occidental- como por los mensajes espasmódicos del presidente Batlle, quien oscilaba entre mantener el compromiso de Uruguay con el proceso de integración regional y una búsqueda desesperada de un acuerdo bilateral con los Estados Unidos, de lo que finalmente desistió. Un dato significativo de este período es el proceso de incorporación de Venezuela al MERCOSUR con el apoyo de la diplomacia argentina, y la frustración del mismo ante la crisis política, económica y social que transita ese país. A partir de las dificultades económicas que afectan a Brasil y Argentina durante las administraciones de Temer y Macri el MERCOSUR ha carecido de nuevos impulsos salvo el renovado interés por la firma de un Acuerdo Interregional de Libre Comercio con la Unión Europea, principal socio comercial del MERCOSUR tanto en términos de exportaciones como de importaciones.

 

      Haciendo una última reflexión sobre el MERCOSUR recordemos que Puig destacaba que la estrategia de los dependientes es la alianza contra el dominante y que en la medida en que los dependientes superen el aislamiento en que los ha colocado su dominante pueden pensar en poner en común sus recursos de poder y con ello introducir un cambio fundamental en su situación. Elio Jaguaribe coincidía con Puig en que solo la integración de los países de la región podía empoderarla hacia una posición de cierta autonomía. 

 

       Otro socio privilegiado de la Argentina durante este período ha sido la República de Chile, en lo que han coincidido todas las administraciones nacionales, especialmente las de Néstor Kirchner y Mauricio Macri. Existe entre ambos países una variada trama de espacios organizacionales que posibilitan el intercambio de información y coordinación que poco a poco han ido superando  una historia de desencuentros que había comenzado a desandarse a partir del Tratado de Paz y Amistad de 1984. Hoy existen Comisiones y Grupos de trabajo Binacionales, un Sistema Permanente de Consultas Políticas de Alto Nivel, una Comisión Parlamentaria Conjunta, y un diálogo permanente entre las Cancillerías. Asimismo, es importante señalar el acercamiento sin precedentes que se ha producido entre las Fuerzas Armadas de ambos países, a través del diálogo entre sus Altos Mandos y la adopción de medidas de confianza mutua[58], la decisión política de favorecer el acercamiento cultural, científico-tecnológico y las vinculaciones entre provincias argentinas y regiones chilenas, jugando los actores subnacionales un rol muy significativo en las áreas fronterizas. La “diplomacia presidencial” instalada entre ambos países desde los años 90 ha constituido uno de los pilares más importantes de la relación bilateral, la que ha sido ensombrecida por algunos graves episodios, como el espionaje de los servicios de inteligencia chilenos en el Consulado Argentino de Punta Arenas el 14 de octubre de 2003, la denominada crisis del gas, y el asilo diplomático otorgado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al ex guerrillero chileno Galvarino Sergio Apablaza Guerra, acusado en su país del asesinato del senador Jaime Guzmán y del secuestro de uno de los directivos del diario El Mercurio.[59] 

 

      Durante las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández existió una relación muy estrecha con Venezuela, caracterizada más por el pragmatismo que por las pretendidas coincidencias ideológicas entre los presidentes argentinos y el presidente venezolano Hugo Chávez Frías, ratificada con la firma  del “Acuerdo para el establecimiento de una Alianza Estratégica entre Argentina y Venezuela”, firmado en Caracas el día 4 de julio de 2006. Como antecedente de este acuerdo el gobierno de Venezuela había comprado 500 millones de dólares en bonos de la deuda argentina en 2005, dando comienzo a una serie de operaciones de compra que para el año 2009 alcanzaron un monto de 7.000 millones de dólares. Si bien en el ámbito interno se consideraba que nuestro país estaba pagando tasas de interés mucho más elevadas que las existentes en el mercado financiero internacional, tenemos que tener en cuenta que la República Argentina era un país en default y que para acceder a nuevos préstamos debía aceptar grandes exigencias de los organismos financieros internacionales que hubieran tenido un impacto social importante. El auxilio financiero del presidente venezolano le permitió al presidente Néstor Kirchner continuar con la reactivación económica de la República Argentina. Asimismo, Venezuela había contribuido a paliar la grave crisis energética argentina al enviarle combustible en 2004 y firmándose entre ambos gobiernos en 2005 un Acuerdo de Cooperación Energética. Siendo ambos países económicamente complementarios Venezuela se convirtió en un exportador de petróleo y sus derivados a la República Argentina mientras nuestro país desarrolló un gran proyecto de asistencia en materia agroalimentaria en Venezuela. El fallecimiento de los presidentes Kirchner y Chávez y la propia dinámica de los procesos políticos internos en ambos países produjo una ruptura de esta sinergia entre Buenos Aires y Caracas y hoy el presidente argentino Mauricio Macri es uno de los mandatarios latinoamericanos que promueven la denuncia del presidente venezolano Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional.

 

       El 8 de diciembre de 2004 se firma en la ciudad de Cuzco el acta fundacional de la Comunidad Sudamericana de Naciones, haciendo coincidir la fecha con el 108° aniversario de la última batalla por la independencia de los pueblos de América de la metrópoli española. El proyecto original era firmarla ese mismo día y en el mismo sitio -las pampas de Ayacucho- pero un feroz aguacero hizo que los organizadores decidieran trasladar la ceremonia al día anterior y realizarla en el interior de la  catedral colonial de la ciudad de Cuzco. Ese día Helio Jaguaribe ha sentido que al fin su prédica de tantos años había germinado en una experiencia que podía concretar sus sueños de que la América Hispano Lusitana pudiera restañar la balcanización que lograra durante el siglo XIX la diplomacia británica sembrando extraños nacionalismos comarcales que nos hicieron vivir de espaldas a nuestra realidad, muchas veces renegando de nuestro propios orígenes. Hoy la potencia hegemónica ha mutado pero durante años nos había cruzado con su cultura materialista y tecnocrática y pretendía una vez más integrarnos a su mercado interno mediante la iniciativa denominada Área de Libre Comercio de las Américas. Pese a esa presentación simbólica y refundacional la Comunidad Sudamericana de Naciones languideció en un letargo de casi cuatro años hasta que Brasil decidió recrearla como Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). La cancillería argentina acompañó la iniciativa de Brasil e incluso manifestó su apoyo a la propuesta brasileña de crear en el marco de esta nueva institución un Consejo de Defensa Suramericano. En principio la UNASUR tuvo una actuación importante de preservación del sistema democrático durante la crisis de Bolivia de 2008, la condena del golpe de Estado en Honduras en 2009 y su prueba de fuego durante la tercera reunión realizada en Quito donde se discutió sobre el inminente acuerdo militar entre Colombia y los Estados Unidos de América. Sin embargo la iniciativa más importante de la UNASUR fue la creación del Banco del Sur, cuya acta fundacional se firmó en Buenos Aires en diciembre de 2007 por los mandatarios de siete Estados sudamericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela) que suponía un nuevo organismo de cooperación, orientado a sortear los constreñimientos de los estados al financiamiento externo al tiempo de afianzar mayores márgenes de maniobra autonómica. Si bien el planteo de sus promotores era que la vulnerabilidad de los movimientos internacionales de capital exigía la concertación de respuestas autónomamente generadas, el Banco del Sur nunca pudo convertirse en realidad por la distinta visión de los miembros de la organización, por innumerables diferencias técnicas, y esencialmente por la falta de voluntad política de las distintas elites gobernantes del momento, lo que confirma los conceptos liminares de Helio Jaguaribe cuando se refiere a las “elites funcionales”. Debemos tener en cuenta que el proyecto de la UNASUR se estaba situando en los márgenes de los intereses estratégicos de la potencia hegemónica, siendo el Banco del Sur y el Consejo Suramericano de Defensa los dos organismos más cuestionados por la administración norteamericana. Allí se discutía el poder real. Finalmente, el ex presidente argentino Néstor Kirchner fue designado Secretario General de la organización. Hoy la UNASUR está en una crisis agónica, doce de sus países miembros han suspendido su participación en la misma -entre ellos la Argentina- y Colombia ha denunciado expresamente su tratado constitutivo. El gobierno ecuatoriano de Lenin Moreno reclama el inmueble donado oportunamente por el gobierno de Ecuador para ser sede de la organización con el objeto de instalar en el mismo una Universidad Intercultural y ha sido retirada la estatua del ex presidente Néstor Kirchner emplazada frente a dicho edificio y puesta a disposición de las autoridades argentinas. El presidente Mauricio Macri siempre tuvo una actitud autista frente a la Unión de Naciones Suramericanas, al igual que ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)[60], constituyendo para él la pertenencia de la República Argentina a estas organizaciones una pesada herencia de las administraciones anteriores de la cual estaría dispuesto a desembarazarse en el momento político adecuado en aras a lo que denomina “el regreso de la Argentina al mundo”[61].

 

      Finalmente, el presidente Mauricio Macri ha manifestado desde el comienzo de su gestión su interés por acercar a la República Argentina a la Alianza del Pacífico, creada por la Declaración de Lima del 28 de abril de 2011. Esta iniciativa ha sido considerada por algunos analistas como una demostración de desinterés por la Unión de Naciones Suramericanas y hasta de posible mediatización del MERCOSUR.

 

       Es precisamente en la relación de la presidencia de Néstor Kichner con Estados Unidos donde se manifiestan todas las características con las que Juan Carlos Puig define al estadio de autonomía heterodoxa: 1) el modelo de desarrollo interno puede no coincidir con las expectativas de la metrópoli, 2) tampoco en las vinculaciones internacionales que no sean globalmente estratégicas, y 3) en el deslinde entre el interés nacional de la potencia dominante y el interés estratégico del bloque. En otras palabras, el autonomista heterodoxo no acepta que se le impongan dogmáticamente, en nombre del bloque, apreciaciones políticas y estratégicas que solo consulten el interés propio de la potencia hegemónica. Por lo tanto, vemos que durante la administración Kirchner se realizaron más bien ajustes a una relación tradicional, pero no rupturas, más allá del discurso presidencial o de los análisis mediáticos de coyuntura; y que la posición del gobierno de George W. Bush frente al sector financiero internacional facilitó las negociaciones de nuestro país para la salida del default, lo que fue aprovechado por el gobierno argentino que hasta lograr ese objetivo mantuvo una cara amable hacia la potencia hegemónica.[62]

 

       A la administración Bush, si bien Latinoamérica no figuraba entre sus prioridades estratégicas, le interesaba en esos días tener un interlocutor válido en América del Sur ante los desafíos que le presentaba la revolución bolivariana de Chávez en Venezuela, la llegada de Evo Morales al gobierno de Bolivia, en menor grado Correa en Ecuador, y las siempre conflictivas situaciones de Colombia y Cuba, y Néstor Kirchner, por sus simpatías con estas experiencias pero su distancia ideológica de las mismas podía serle un elemento de utilidad. Sin embargo, durante los primeros meses de la gestión de Kirchner, posiblemente el caso cubano fue el que mayor tensión causó con Washington.[63] De cualquier manera, las administraciones de Brasil, Argentina, y en algunos casos de Chile, eran consideradas por Washington en esos momentos como garantes de la estabilidad democrática en América Latina.

 

       Hubo un segundo encuentro de Kirchner y Bush el 13 de enero de 2004 -mientras se realizaba la Cumbre de las Américas en Monterrey- en el cual se trataron precisamente estos temas: Bolivia, Cuba, Venezuela, y por supuesto, la relación entre ambos países y la lucha contra el terrorismo internacional. Además de la preocupación de Washington por la propuesta argentina de quita del 75% de la deuda en default. Pese a ello el presidente norteamericano ratificó el apoyo de su país en las negociaciones con el FMI y con los privados pero también reclamó a la administración argentina “muestras de voluntad”.  

   

    Durante este período existió desacuerdo entre ambas administraciones en relación a la conformación del ALCA, promovido por Washington, los que se extendieron al MERCOSUR,  otras disputas comerciales y por la modificación de la ley de patentes. Sin embargo no se produjeron rupturas en lo estratégico militar, entre los que podemos destacar las acciones argentinas en Haití, los acuerdos alcanzados con la NASA, la participación argentina en la Iniciative Proliferation Security (IPS), la triple frontera y el plan de radarización (si bien en estos dos últimos casos existieron puntos controvertidos de negociación). Las principales cuestiones conflictivas fueron la pretensión de los EE.UU. de involucrar a las FF.AA. en medidas de seguridad interna y en la lucha contra el narcotráfico y la solicitud de inmunidad para los sodados estadounidenses en el territorio argentino. Durante la presidencia de Cristina Fernández se produjeron desencuentros innesperados con la administración de Barak Obama, producto de ciertas actitudes destempladas y de la impericia del canciller Héctor Timerman; y con el ascenso de Mauricio Macri al gobierno, el 10 de diciembre de 2015, comenzó una nueva etapa de alineamiento con EE.UU. pese al error inicial e imperdonable de la política exterior argentina de haber manifestado públicamente sus preferencias por la candidata del partido demócrata Hilary Clinton, resultando adversos para ésta los resultados de la elección, en una inusitada intervención en los asuntos internos de la potencia hegemónica por un país de la periferia.

 

       Un párrafo aparte merece destacar el nuevo rol de la República Popular China en el sistema internacional constituyendo el mismo un factor clave en el diseño de las políticas exteriores de todos los Estados hacia ese país, ya que hoy China ejerce una influencia sustancial en las decisiones más trascendentales de la política mundial, es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con derecho a veto, es un poder nuclear y posee un ejército enorme actualmente inmerso en un proceso de modernización. China alcanza una importante relevancia como potencia regional y constituye uno de los actores centrales para la definición del sistema internacional futuro. A esta importancia política se suma su relevancia en la economía mundial como productor de bienes intensivos en mano de obra, mercado de consumo en constante expansión y fuerza de atracción de Inversión Extranjera Directa (IED). Desde 2001, en virtud de su incorporación a la Organización Mundial del Comercio (OMC), la progresiva eliminación de restricciones de acceso al mercado chino y la consecuente facilitación del ingreso de productos chinos a otros mercados acelera su crecimiento económico, generando un efecto de arrastre en el resto de las economías del mundo.[64]

 

       Si bien las relaciones con China mantienen el perfil comercialista de la etapa 1989-2002, estas relaciones ganan en intensidad y poco a poco se van diversificando por los esfuerzos que realiza China de llegar a todos los países con los que se vincula con los más diversos aspectos de su identidad nacional, especialmente su cultura y su idioma. Así, el Instituto Confucio está siguiendo el recorrido que en siglos pasados realizara la Alianza Francesa o el Instituto Cultural Británico, por ejemplo. A la vez, China es sede de centros de estudios de estos mismos países, como el recientemente creado Centro de Estudios Latinoamericanos entre la Xian International Studies University (XISU) y el Centro de Estudios Chinos de la Universidad Nacional de La Plata.

 

       Si bien durante el período 1989-2002 nuestro país siguió la tendencia internacional de mirar a China como destino de sus commodities agropecuarios, a partir de 2003 comenzó a ver este país como a un potencial inversor en aquellos rubros que los chinos están interesados en función de sus necesidades domésticas. Por esa razón los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Mauricio Macri, le han otorgado prioridad a las negociaciones con este país a efectos de obtener nuevos mercados, la promoción de inversiones extranjeras en el país y la profundización de su inserción internacional, capitalizando los resultados de las negociaciones económicas internacionales y promoviendo la acción conjunta con el sector privado exportador.

 

       El presidente chino Hu Jintao y el presidente Néstor Kirchner hacía pocos meses que habían asumido sus cargos cuando se encontraron por primera vez a mediados de 2004, comenzando de esa forma un proceso de conocimiento entre los dos Jefes de Estado y dándole otro volumen a la relación bilateral, y a partir de ese momento se han realizado numerosas visitas de funcionarios y empresarios tanto chinos a la Argentina como argentinos a China, firmándose numerosos acuerdos de complementación económica destinados a incrementar las inversiones y promover empresas binacionales, y rubros como la minería, energía, química, infraestructura, agroalimentación, equipamiento portuario, transporte aéreo y ferroviario, biotecnología y bioseguridad, ciencia y cultura, salud, y turismo. Asimismo, China ha conseguido de la República Argentina su reconocimiento como “economía de mercado”.[65]

 

       En la actualidad China es uno de los socios comerciales más importantes de la Argentina, sin embargo en la dimensión económico comercial la asimetría de ambos países es notable, ya  que para China la República Argentina es un proveedor relevante de un solo producto, la soja. En relación a las inversiones, las relaciones bilaterales han ido ganando densidad en temáticas directamente relacionadas a las necesidades de China, originadas por su crecimiento económico interno y su creciente papel en el comercio internacional. Para concluir, no debemos desconocer los condicionantes vinculados al nuevo rol de China en el sistema internacional y en eso se explica su interés por América del Sur, no solo por sus recursos naturales sino por su posición geoestratégica. Tal el caso del Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Popular China sobre la construcción, el establecimiento y la operación de una estación de espacio lejano de China en la provincia de Neuquén, en el marco del Programa Chino de Exploración de la Luna, celebrado en la ciudad de Buenos Aires el 23 de abril de 2014 y aprobado por el Congreso de la Nación Argentina con fecha 25 de febrero de 2015, mediante la Ley 27.123. La cesión de tierras de la provincia de Neuquén a una potencia extranjera, la posible presencia de efectivos militares chinos en las mismas y el secretismo con que el gobierno nacional tanto durante la administración de Cristina Fernández como de Mauricio Macri ha instrumentado este acuerdo ha despertado la polémica entre los especialistas en defensa nacional y cuestiones estratégicas y una tibia recepción en los medios de comunicación social,

 

       Debemos recordar que el PRO, formación política a la que pertenece el presidente Mauricio Macri, había criticado ácidamente este acuerdo que prevé una exención impositiva total por los 50 años que en teoría duraría la concesión de unas 200 hectáreas de tierras en la localidad de Bajada de Agrio y estableció que nuestro país no interrumpirá las actividades normales que se realicen en la estación espacial y que los empleados de China que trabajen en Neuquén se regirán bajo la legislación china, pero que el gobierno chino mantendrá indemne a la República Argentina de toda obligación que surgiere de reclamos de cualquier naturaleza.

 

      La crisis de la deuda externa y las consecuencias del default afectaron la relación de la República Argentina con los países más importantes de la Unión Europea. Le correspondió a la administración de Eduardo Duhalde la tarea más dura de dar explicaciones in situ sobre la hecatombe económica, financiera y social del período 2001-2002 y tratar de restañar las heridas. Los gobiernos de España y Francia estaban muy preocupados por sus inversiones en las empresas públicas privatizadas durante la administración de Carlos Saúl Ménem y en Italia y Alemania existían muchos inversores individuales que a través de sus fondos de pensión habían comprado bonos de la deuda soberana cuyo cobro ahora se hacía dudoso. Posteriormente, el Reino Unido se encontraría en un conflicto permanente con las administraciones de los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández que decidieron darle un ímpetu innesperado luego de la firma de los Acuerdos de Madrid a la Cuestión de las Islas Malvinas, lo que perjudicó sensiblemente las exportaciones británicas a la República Argentina. A estos nuevos problemas se debe sumar el tradicional proteccionismo agrícola de la Unión Europea y la incorporación a la misma de nuevos miembros que en algunos casos se presentaban como competidores directos de los intereses argentinos. Estas fueron las causas por las que el accionar en bloque de la Unión Europea con respecto a nuestro país se mediatizó tomando mayor protagonismo los países más afectados por la crisis argentina, en forma individual. Esta circunstancia justifica del apoyo recibido por el presidente Eduardo Duhalde en su gira por Europa por parte de los gobiernos de Italia, España, Francia y Alemania, con distinto énfasis, tanto en forma individual como posteriormente en los organismos multilaterales de crédito. Durante la presidencia de Kirchner el tema de la deuda externa continuó concentrando los esfuerzos de la política exterior argentina con respecto a los países de la Unión Europea, provocando graves conflictos el proceso de canje de la deuda privada en la relación con Italia, mientras que la cuestión del retraso de las tarifas de los servicios públicos enturbiaron la relación con Francia y España. La administración de Cristina Fernández realizó un esfuerzo por mejorar las relaciones con los países integrantes de la Unión Europea pero la resaca de los bonos en default y la deuda incumplida con el Club de París, más algunos errores de naturaleza política de la mandataria argentina al intentar relacionarse con partidos europeos antisistema de la denominada ala progresista no contribuyeron positivamente en este sentido. Finalmente, a partir del 10 de diciembre de 2015, el nuevo presidente Mauricio Macri logró conquistar la simpatía de las elites gobernantes de los principales países europeos por su apertura a los mercados globales, el sinceramiento de las tarifas de los servicios públicos, su cruzada para acelerar la firma del Acuerdo Interregional de Libre Comercio con la Unión Europea, el acercamiento al Reino Unido y el consecuente desmantelamiento de la política exterior de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández con respecto a la Cuestión Malvinas, y su declarado imaginario eurocentrista expresado en su reiterada frase: “ahora Argentina ha vuelto al mundo”. Su presentación en la Cumbre de Davos en enero de 2016 y la reunión del G-20 en nuestro país durante el año 2018 le han dado al presidente Macri una importante vidriera internacional que no tuvieron sus antecesores, la que no se concilia con los resultados de su política económica y con la renovada crisis del endeudamiento externo.  

     

      La política exterior argentina hacia Rusia y las demás repúblicas que surgieron de la diáspora que produjo la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ha tenido altibajos durante estos primeros años del siglo XXI, más allá de la simpatía con que distintos sectores políticos apreciaron los procesos de apertura democrática producidos en el área de Europa Central y Oriental. Sin embargo, en el caso específico de Rusia hay un tema de interés central para la República Argentina que es el reclamo de nuestro país sobre las Islas Malvinas, que este país ha apoyado siempre en la Asamblea General como en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas tanto en épocas de la U.R.S.S. como luego de la disolución de la misma. El presidente argentino Néstor Kirchner trató de revitalizar el vínculo diplomático y comercial con este país pero los dos encuentros programados con el presidente Vladimir Putin fracasaron por distintas razones. El de Moscú porque el presidente Kirchner se retrasó porque eligío permanecer en Praga, ya que estaba pendiente de las noticias de un incidente que ocurría en esos momentos en Buenos Aires, donde el dirigente piquetero Luis D´Elía había tomado por la fuerza una comisaría. Vladimir Putin lo estuvo esperando durante tres horas en el aeropuerto de Moscú y ante este desaire injustificable abandonó el lugar para continuar con sus actividades habituales y nunca creyó la excusa pergeñada por las autoridades argentinas. La diplomacia argentina pretendió mentirle a un ex miembro de la KGB que había llegado a presidente de un país que encontró en ruinas y lo estaba reconstruyendo. Kirchner nunca pudo reunirse con Putin durante el resto de su mandato presidencial. Posteriormente lo lograron los presidentes Cristina Fernández y Mauricio Macri. Este último también tuvo un problema con el presidente ruso: quizo hacerle una broma de naturaleza futbolera y éste respondió ácidamente a esa picardía colocándolo en su lugar de acuerdo al protocolo. Sin embargo, en el plano comercial se ha logrado revitalizar el vínculo mantenido a través de las cámaras empresariales, continuando el interés ruso por intervenir en obras de infraestructura y energía en nuestro país. Los contactos políticos-diplomáticos habituales exhiben un sólido desarrollo que vienen del siglo XX y es necesario incluir a Rusia en un segundo círculo de prioridades, ya que es un país que mantiene un rol importante en el escenario internacional y poco a poco va recuperando el protagonismo perdido al momento de la implosión de la U.R.S.S.

     

       Al igual que la política exterior hacia Rusia, con respecto Japón la política exterior argentina ha tenido a este país como una prioridad secundaria en el esquema de sus relaciones internacionales, sin embargo el mismo acompañó a la Argentina en la búsqueda de una salida a la crisis de la deuda, a través de políticas de cooperación, siendo un país cuyos ahorristas se habían visto perjudicados ya que existía una importante cantidad de bonos de la deuda defolteados en manos de ciudadanos japoneses, que fue el tema principal de las relaciones entre ambos Estados durante este período. También, y como consecuencia de la devaluación posterior a la salida de la convertibilidad, se trató de incrementar el intercambio comercial y la cooperación técnica. Se estimaba que aproximadamente 30 mil ciudadanos japoneses tenían el 3% de los títulos de la deuda soberana de la República Argentina que cayeron de default, su pertenencia correspondía en su mayoría a gente de edad que invirtieron a través de fondos de pensión y les preocupaba que cuando la Argentina retomara los pagos lo hiciera con menos intereses y a plazos más largos, según avanzaba la negociación con los acreedores. Los japoneses son una de las comunidades con mayor ahorro del mundo y de la deuda soberana total global poseían en ese momento el 6%, siendo la mitad bonos de la deuda pública argentina, por lo tanto señalaron que la oferta argentina de pagar sólo una cuarta parte de la deuda incumplida de 94.300 millones de dólares no podía ser tomada en serio. Con respecto al comercio bilateral, pese a que existe un alto grado de complementariedad entre la producción de las economías japonesas y argentina, el comercio bilateral continúa siendo relativamente bajo por una serie de factores: distancia, desconocimiento mutuo y problemas puntuales de acceso a mercados.[66]

 

       Durante estos primeros años del siglo XXI la Argentina también ha mantenido un bajo perfil en sus relaciones con los países del continente africano, donde aparece la República Popular China como el príncipal aportante de inversión extranjera directa, importador de minerales y proveedor de infraestructura, reemplazando a los países europeos que cumplieron con ese rol en los siglos XIX y parte del XX. La política exterior argentina se concentró en los países del norte de África y exclusivamente vinculada a una pespectiva comercialista para estimular la compra de los productos argentinos. De esta experiencia se puede recordar la misión comercial argentina a Angola durante el gobierno de Cristina Fernández, en la cual se intentó la venta de maquinaria de fabricación argentina para las tareas rurales y la transferencia de tecnología agropecuaria, replicando lo realizado con Venezuela. Este es un nicho de oportunidades muy importante para explorar ya que las producciones argentinas le otorgan a estos países la posibilidad de acceder a tecnologías y now-how acordes a sus necesidades de industrialización y a precios más accesibles que los producidos por los países desarrollados. Tanto Nigeria como Angola son mercados que se muestran susceptibles de recibir bienes y servicios argentinos, particularmente alimentos y tecnología aplicada. También aumentaron las exportaciones a Egipto y Sudáfrica. Asimismo, los gobiernos argentinos han acompañado a Brasil, que a través del MERCOSUR ha intentado un acercamiento estratégico al continente africano y especialmente con los pertenecientes a la la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur que fuera establecida en 1986 por los países de la costa occidental de África y los bañados por el Atlántico Sur en América Latina, que a partir de la reunión de Angola de 2007 vienen manifestando su reclamo para que el Reino Unido y la Argentina reanuden negociaciones por la soberanía de las Islas Malvinas de acuerdo a lo establecido en la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el mismo sentido, fue muy importante la participación de la República Argentina en las Cumbres de Mandatarios de Sudamérica y Países Árabes y las de Jefes de Estado y de Gobierno de América del Sur y África, en la que estos países apoyaron el reclamo de la República Argentina en la Cuestión de las Islas Malvinas.  

 

       Mucho más compleja ha sido la política exterior argentina hacia Medio Oriente porque allí están en juego intereses estratégicos de los Estados Unidos de América siendo los más significativos los que involucran a Israel, Iran, y en menor medida Siria y Turquía. Pese a que la región tampoco ha sido un área prioritaria en la agenda de nuestra política exterior ésta se ha sustentado en el acatamiento de las Resoluciones emitidas por los distintos órganos de las Naciones Unidas con relación a los conflictos existentes en la región, entre ellos el conflicto palestino-israelí y la Guerra de Irak de 2003[67], en la que la República Argentina no participó pese a ser declarado oportunamente “aliado extra OTAN” por la potencia hegemónica en reconocimiento a nuestra participación en la Guerra del Golfo de 1991, lo que recientemente han recordado funcionarios del gobierno del Donald Trump al manifestar su apoyo al presidente Mauricio Macri en la renegociación del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pese a todo lo expuesto la vinculación externa de la República Argentina en materia comercial con Medio Oriente ha sido positiva.

 

  

3. Proyección de una futura política exterior argentina para el área del Atlántico Sur

Carlos Alberto Biangardi Delgado[68]

 

     Si bien Manuel Belgrano cuando se desempeñaba al servicio de la Corona española en el Consulado de Buenos Aires ya advertía a las autoridades coloniales sobre la importancia del transporte marítimo[69] nuestro país nació a la independencia política como país terrestre, de espaldas al mar, pese a que existieron alguna plumas preclaras como la del almirante Segundo R. Storni, quien nos advertía sobre la existencia de importantes intereses argentinos en el /mar; o la leyenda de aquellos pioneros y conquistadores que en la etapa heroica defendieron en solitario la soberanía de la República Argentina en el confín del mundo, como fue el caso de Luis Piedrabuena, quien vivió en la isla Pavón, en el Río Santa Cruz, y a bordo de su bergantín-goleta “Espora” y posteriormente el cutter “Luisito”, fue el único argentino en navegar las costas de las actuales provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, entre los años 1864 y 1872, llegando a realizar operaciones de pesca en los 68° de latitud Sur, en las proximidades de la península antártica y numerosos salvatajes de marinos extranjeros y naúfragos frente a la costa de la Isla de los Estados, el Cabo de Hornos y otras islas del archipiélago fueguino. Fue también el primer argentino que comprendió la importancia económica de los recursos vivos marinos del Atlántico Sur, estableciendo una factoría de aceite de pinguinos y lobos marinos en la Isla de los Estados.

 

      Por su ubicación geográfica la República Argentina es un país marítimo y austral, pero la mayor parte de su población carece de una conciencia marítima. Los argentinos continúan obnubilados por el precio de los commodities agropecuarias e ignoran esa inmensa pampa acuática de más de cuatro mil kilómetros de litoral marítimo, con una extensión de doscientas millas que se internan en el Océano Atlántico Sur. El potencial de los recursos naturales existentes en la misma, la importancia de su explotación y comercialización en el mercado internacional -donde la incomparable calidad biológica de estos productos ha atraido a flotas pesqueras de diversas banderas (no siempre bien fiscalizadas y otras veces utilizando licencias de pesca otorgadas por la autoridad colonial de las Islas Malvinas)- debe llamar la atención tanto de los gobiernos como de los operadores privados. Asimismo, tenemos que tener en cuenta la dinámica del procesamiento de los productos extraídos del mar en la creación de puestos de trabajo genuino.

 

      Nuestra característica de país marítimo nos tiene que llevar a recrear nuetra flota mercante[70] -que en su momento ejercía el liderazgo en Latinoamérica y hoy es prácticamente inexistente- para lo cual contamos con la más importante fábrica naval del subcontinente, el Astillero Río Santiago; superar la deficiencia endémica de la falta de puertos de aguas profundas, y fomentar las tareas de los organismos de investigación tanto en la tecnología de la captura y el procesamiento, como en la administración de los recursos vivos marinos para lograr su explotación sustentable.

 

       Recientemente un ministro del gobierno nacional realizó la afirmación de que el enorme déficit de la balanza comercial de este año se debía “a la sequía” y que el mismo lograría corregirse si el año próximo teníamos “una buena cosecha”, lo que corrobora los conceptos del profesor de Estructura Económica Argentina de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Julio C. González, en el sentido que la fantasía del eterno retorno de la mítica Argentina del perídodo 1853-1930 “nos está condenando a ser el país del pasto eterno”. Y si realmente una buen cosecha -específicamente de soja, el commodity premium de la República Argentina- cubre el déficit de un presupuesto anual, la explotación sustentable de los recursos vivos marinos de la zona de aprovechamiento económico exclusivo que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar nos reconoce como proyección de nuestros 4.000 kilómetros de costa sobre el Atlántico Sur nos pondría a cubierto de la vulnerabilidad financiera de las inclemencias climáticas, por lo tanto nuestro verdadero “destino manifiesto” se encuentra en el Atlántico Sur.

 

     Y he aquí el problema, en el centro de nuestra zona económica exclusiva se encuentra el usurpador británico con su enclave colonial de las Islas Malvinas, donde tiene instalado desde el año 2004 su Comando Naval del Atlántico Sur, que consta de medios aeronavales y de espionaje satelital de primera generación que no posee ningún país del subcontinente, frente  a los espacios despoblados, desguarnecidos y pobremente radarizados de nuestra Patagonia Austral. Es indudable que el objetivo de este emplazamiento es el control de todos los recursos naturales de esta extensa área geográfica, del pasaje interoceánico de Drake, la posible futura ruta marítima comercial de los océanos australes en el caso que avance el proceso del deshielo como causa del cambio climático y del calentamiento global, y estar presentes ante la posibilidad de una futura exploración y explotación de los recursos minerales antárticos, así como el control de los recursos naturales de América del Sur. Por lo tanto, este cuadro de situación le crea un gran desafío a la política exterior argentina y también para la política interna, ya que toda política exterior para ser efectiva debe estar respaldada en la política interna, de la que resulta una proyección, por lo tanto la estructuración de toda política exterior depende de las condiciones del país que quiera realizarla[71].

 

      Hasta los sucesos ocurridos en 1982 la Cuestión de las Islas Malvinas era marginal aunque importante para la política exterior argentina, materia de especialistas en historia, geopolítica, y reducida a los reclamos del nacionalismo territorial argentino, sin andamiaje en los sectores populares. Luego de la Guerra del Atlántico Sur el tema tomó visibilidad social y ya no fue posible circunscribirlo a ciertos cenáculos selectos. Por eso desde la recuperación de la democracia adquirió un volumen distinto.

 

    La administración de Raúl Alfonsín tomó la decisión de no restablecer las relaciones diplomáticas con el Reino Unido si éste no se comprometía a reanudar las negociaciones sobre la soberanía de los archipiélagos usurpados, en el marco de la Resolución 2065 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Abonaba esta postura en la aprobación por este Órgano de la Resolución 37/09 del 4 de noviembre de 1982 que ratificaba plenamente las Resoluciones 2065, 3160 y 31/49, reconociendo nuevamente que existía una disputa sobre las islas y que solo había dos partes: el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del Reino Unido,  que solo la resolución de esta disputa pondría término a la situación colonial en estos territorios, y descartando una vez más la aplicación del principio de autodeterminación de los pueblos en este caso especial y particular; pidiendo a los gobiernos que reiniciaran las negociaciones a fin de encontrar a la mayor brevedad una solución pacífica a la disputa de soberanía, con la asistencia de los buenos oficios del Secretario General. La misma fue ratificada por las Resoluciones 30/12 del 6 de diciembre de 1983, 39/06 del 1° de noviembre de 1984, 41/40 del 25 de noviembre de 1986, 42/19 del 17 de noviembre de 1987 y 43/25 del 17 de noviembre de 1988, las que reiteraban la petición a los Gobiernos de la República Argentina y el Reino Unido para que reanudaran las negociaciones a fin de encontrar a la mayor brevedad una solución pacífica a la disputa de la soberanía, tomando nota del incumplimiento de la Resolución 37/09. Era indudable que la situación diplomática argentina no había cambiado con la guerra de 1982, por lo que Alfonsín, ante la sistemática negativa  británica de tratar el tema de la soberanía, no reanudó ninguna negociación bilateral con el Reino Unido, ni se restablecieron las relaciones diplomáticas ni consulares, pese a las presiones que recibió de algunos gobiernos europeos. 

 

       Posteriormente la administración de Carlos Saúl Menem firmó las Declaraciones Conjuntas de los Gobiernos de la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña de Irlanda del Norte de los días 19 de octubre de 1989 y 15 de febrero de 1990, que pasaron con el tiempo a denominarse extraoficialmente como Acuerdos de Madrid I y II (haciendo referencia a la ciudad donde se firmaron), las que constituyeron en los hechos un verdadero “tratado de paz por la guerra de Malvinas”. Estas declaraciones tenían una trampa que le permitió al Reino Unido rehuir el cumplimiento de las distintas Resoluciones de las Naciones Unidas, la misma consistía en la famosa cláusula de reserva de derechos de soberanía, denominada vulgarmente el “paraguas protector de soberanía”, que fue utilizada por el Reino Unido para dilatar sine die la discusión del tema sustancial de la disputa. El dúo Menem-Cavallo tenía la peregrina idea que el Reino Unido iba a actuar de facilitador de nuestras relaciones económico financieras con la Comunidad Europea, lo que era sin duda una añoranza de aquella época dorada en que la Argentina se había integrado al mundo en el alveolo “protector” del imperio británico[72]. Con la implementación de los Acuerdos de Madrid se concretó en los hechos la aspiración del Reino Unido de congelar el reclamo de soberanía, reduciendo la cuestión a la cooperación bilateral en áreas de interés económico y logrando cierta legalidad jurídica internacional para el usufructo de los recursos naturales, consolidando así su presencia en el territorio usurpado.

 

      Arribamos al siglo XXI con una corrección en el rumbo de la política exterior con respecto a la Cuestión Malvinas que marca el fin de la “política de seducción de los kelpers”[73] instrumentada por la administración Menem-Di Tella y la República Argentína regresa a su histórico reclamo ante los foros internacionales durante las presidencias de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde, rompiendo con la inercia de diez años de ausencia[74], profundizándose este quiebre en las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

 

      Haciendo un balance de la política exterior argentina durante el período que va desde el 25 de mayo de 2003 al 10 de diciembre de 2015 respecto al área del Atlántico Sur y en especial la Cuestión Malvinas, podemos comprobar que la misma desplegó una actitud proactiva que logró un expreso reconocimiento internacional, no solo en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en el Comité Especial de Descolonización sino en todos los foros internacionales en los que participa la República Argentina, logrando además la emergencia de grupos de la sociedad civil que a partir de 2011 comenzaron a formarse en distintos países, cuyo objetivo es generar acciones que propicien el cumplimiento de las Resoluciones de las Naciones Unidas referidas a las Islas Malvinas, especialmente la reanudación de las negociaciones diplomáticas sobre el tema de la soberanía de los territorios en disputa. Pese a ello la República Argentina no ha podido perforar la solidaridad de América del Norte y la Unión Europea con el Reino Unido. Durante este tiempo el mandato de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur fue congelado por más de diez años, en 2007 se denunció el acuerdo de exploración y explotación de hidrocarburos en el mar que solo había beneficiado al Reino Unido, lo que le otorgó ilegitimidad jurídica internacional a la nueva campaña de prospección hidrocarburífera iniciada por ese país en 2010, se prohibieron los vuelos charters a las Islas Malvinas desde la ciudad de Punta Arenas y el resto de los países del MERCOSUR se comprometieron a no facilitar la conectividad aérea o marítima al archipiélago, ante la negativa británica de restablecer los vuelos entre la Argentina continental y las Islas Malvinas, pese al compromiso asumido en el Acuerdo de Londres de 1999. Todas estas medidas le ocasionaron al Reino Unido y a las empresas que operan ilegalmente en el área de las islas costosísimos problemas logísticos. Y un dato que muchas veces no se ha tenido en cuenta y que es de una gran relevancia para el gobierno británico: el comercio bilateral se había reducido durante los últimos 12 años a solo U$S 1.500 millones de dólares anuales. Tanto desde el punto de vista diplomático como en sus intereses económicos la República Argentina logró preocupar al Reino Unido, a tal punto que sus autoridades identificaron a nuestro país, desde 2008, como el principal objetivo de trabajo de sus sistemas de espionaje y a partir de entonces los servicios secretos ingleses han desplegado -sobre todo en el territorio nacional- distintos planes de acción, como la intercepción de las comunicaciones de líderes políticos y militares o intentos de conocer el posible monitoreo argentino de los buques británicos que navegan hacia las Islas Malvinas.[75]    

 

       Finalmente, a partir de la asunción del presidente Mauricio Macri toda esta política proactiva fue desmontándose en forma sistemática, lo que le permitió decir al vicecanciller del Reino Unido Alan Duncan el 13 de septiembre de 2016: “este es un momento muy positivo para la relación entre el Reino Unido y la Argentina, tenemos una historia compartida y muchos enlaces profundos en la cultura y el idioma”[76]; y posteriormente a su canciller Boris Johnson en forma jocosa en la comisión de relaciones exteriores del parlamento británico: “Con Argentina hemos resuelto todos los problemas porque apartamos de la mesa de las negociaciones a las Falklands”.[77]

 

      Fue precisamente el 13 de septiembre de 2016 que se dio a conocer la “hoja de ruta” que conduce a la destrucción de la política correcta desplegada por la República Argentina en el Atlántico Sur, la que quedó expresamente establecida en el Comunicado Conjunto de los vicecancilleres de la República Argentina y el Reino Unido, firmado en el marco de un “foro de negocios” organizado en la ciudad de Buenos Aires por el gobierno del presidente Mauricio Macri. La filosofía de esta hoja de ruta se traduce en que la Argentina tiene que recomponer sus relaciones con el Reino Unido, país al que la une una antigua amistad “basada en la complementariedad de dichas naciones orientada al fortalecimiento de la relación bilateral”.[78] Y como consecuencia de ello ambos gobiernos se comprometen a establecer un diálogo para mejorar la cooperación en todos los asuntos del Atlántico Sur de interés recíproco, adoptando medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos. Todo lo que el Reino Unido necesita para consolidar su presencia en el Atlántico Sur. Ni una sola palabra de comenzar negociaciones bilaterales para dirimir el tema de la soberanía sobre los territorios usurpados, en el marco de las Resoluciones de las Naciones Unidas.

 

     Pese a que la opinión de la mayoría de los operadores políticos y especialistas en el tema se manifestó en forma adversa y que las autoridades de la Cancillería fueran invitadas a concurrir a dar explicaciones ante las Comisiones de Relaciones Exteriores de ambas cámaras del Congreso de la Nación la administración del presidente Mauricio Macri continúa cumpliendo sigilosamente con el acuerdo al que ha llegado con los británicos.  

 

      Recordemos nuevamente a Helio Jaguaribe cuando se refería a las “elites funcionales”, las que son las encargadas de relacionar a un país con el mundo, y regresemos con nuestra mente a la reunión del 21 de enero de 2016 entre el primer ministro británico David Cameron y el presidente argentino Mauricio Macri: El primero le advirtió al presidente argentino que no cambiaría su postura sobre las Islas Malvinas, pese a ello Macri le propuso ampliar el vínculo y establecer “un paraguas sobre Malvinas”, posteriormente se habló sobre la recuperación de los negocios británicos en el territorio continental argentino.

 

      Después de un paréntesis de 16 años la ecuación anglo-argentina retornaba como una marea arrolladora. El argumento falaz es el mismo de siempre: “una cosa es la política y otra los negocios”.

 

      No existe posibilidad de estructurar una política exterior para el área del Atlántico Sur si previamente no comprendemos que nuevamente hemos caído en el error al que nos ha inducido la hábil diplomacia británica y que solo recuperaremos la soberanía nacional sobre los territorios usurpados hace 184 años por el Reino Unido si logramos cambiar la ecuación bilateral en el Atlántico Sur, por lo tanto el punto de partida debe ser la denuncia del Comunicado Conjunto de los vicecancilleres de la República Argentina y el Reino Unido del 13 de septiembre de 2016, pues esa hoja de ruta no solo establece las bases para la consolidación del usurpador en el enclave colonial sino que le ofrece la posibilidad de volver a incidir sobre nuestra economía interna, ya que según la misma el Reino Unido nos ofrece su asesoramiento y experiencia para que realicemos las reformas económicas internas necesarias para obtener la membresía de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

 

      Durante el período 1853-1930 nos desarrollamos en el “alveolo protector” del Imperio Británico integrándonos al mundo como una periferia de los flujos financieros de Londres y convirtiéndonos en un verdadero territorio tributario de la metrópoli; pese a que existieron intentos de restauración de la ecuación anglo-argentina, todos fracasaron por no darse las condiciones políticas internas hasta la llegada del trío Menem-Cavallo-Di Tela y durante más de diez años confiamos con que el Reino Unido iba a facilitar nuestra relación con los países centrales y terminamos cayendo en el default de deuda soberana más grande de la historia, 16 años después confiamos nuevamente en el Reino Unido para que nos lleve de la mano al club selecto de la OCDE y aceptamos que el país que ocupa con sus tropas militares parte de nuestro territorio nos asista con su “experiencia” para hacer las reformas internas necesarias para obtener la membresía en el mismo, y en el mientras tanto tomamos la mayor cantidad de deuda soberana de un país emergente en los últimos 20 años. Durante estos períodos la cuestión del Atlántico Sur fue mediatizada porque no podíamos malquistarnos con nuestro inversor y financista, pero ahora esta área del globo terrestre ha adquirido una importancia económica y estratégica que posiblemente no había tenido durante los 184 años de existencia del conflicto de soberanía argentino-británico por los archipiélagos australes.   

 

      Debemos por lo tanto tener en cuenta los siguientes factores:

1) El Reino Unido ya no es la potencia hegemónica, por lo tanto las condiciones del período 1853-1930 han cambiado y son irrepetibles.

2) Solo un modelo de desarrollo interno nos va a permitir desplegar una política exterior que tenga objetivos propios y seguramente este modelo no va a coincidir con las espectativas de la potencia hegemónica ni del grupo selecto de países de su círculo íntimo. En este segundo nivel podemos ubicar hoy al Reino Unido.

3) Existe la posibilidad de recrear vinculaciones internacionales que nos den cierto poder de negociación: Tener presencia en todos los organismos y foros multilaterales, Grupo de los 77 más China, consolidar el MERCOSUR, y si fuera posible  CELAC y otros foros regionales de cooperación Sur-Sur.

4) Es necesario deslindar cual es el interés nacional propio.

 

      Recordemos que el paso de la dependencia a la autonomía sólo se puede lograr en la medida que los países avancen en materia de su propia viabilidad, la que supone, no solo los recursos suficientes mínimos como observa Jaguaribe, sino también, y sobre todo, elites funcionales, o sea decididas a emprender el camino de la autonomía. Este es el gran desafío para la República Argentina.

 

 

Consideraciones finales

 

      La experiencia argentina ha demostrado que si no asumimos el desafío de estructurar una política exterior de perfil autonómico dentro de las posibilidades que nos permite el sistema internacional actual estamos condenados a pertenecer a la periferia de las hegemonías del momento, que el mayor condicionante para aspirar a lograr este objetivo es la permanente crisis de la deuda externa contraída precisamente en los centros financieros rectores del sistema, que solo la integración regional nos permitirá ganar volumen para poder interrelacionarnos de una manera distinta con los centros de poder mundial y que muchas veces las elites funcionales tienen intereses comunes con los mismos y conspiran contra este objetivo. Finalmente, que nuestra ubicación geográfica y la importancia económica y estratégica del Atlántico Sur en el momento actual son una gran oportunidad para recuperar el tiempo perdido. 

 

 

La Plata, 22 de septiembre de 2018.-

      

 

BIBLIOGRAFÍA:

 

-ABRUZA, Armando D. : "El Comunicado Conjunto argentino-británico del 13 de septiembre de 2016: su naturaleza jurídica y alcances respecto de la controversia de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur". En "Anuario Argentino de Derecho Internacionbal XXV". Asociación Argentina de Derecho Internacional. Editorial Lerner S.R.L. Córdoba, 2016.

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[1]Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Presidente de la Asociación Argentina de Derecho Internacional por dos períodos.

 

[2]Horacio Daniel Piombo, Teoría Trialista del mundo jurídico, "Enciclopedia Jurídica Omeba", Apéndice t. I, p. 729; íd., Algunos aspectos fundamentales de la Teoría Trialista del mundo jurídico, "Doctrina Jurídica", órgano de la U.C.A.L.P., año 1 nro. 6.

[3] Cabe tener en cuenta, a manera de muestra, los siguientes dispositivos de la ley  22.520:

Artículo 16. Son atribuciones del Jefe de Gabinete de Ministros . 26 Entender en la aplicación de los tratados internacionales relacionados con los temas de su competencia, e intervenir en la formulación de convenios internacionales en los asuntos propios de su área.

Artículo 20.- Compete al Ministerio de Hacienda ... en particular:

26. Entender en las negociaciones de naturaleza económica, monetaria y financiera , y en el requerimiento de financiamiento y demás relacciones con los organismos monetarios y financieros internacionales.

27. Intervenir en las relaciones con los organismos económicos internacionales.

Artículo 22.- Compete al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ...en particular:

19. Entender en la determinación de la política, en la elaboración de planes y programas, y en la representación del Estado nacional ante los organismos internacionales en materia de Derechos Humanos y no discriminación de grupos o personas.

Artículo 23 bis.- Compete al Ministerio de Salud y Desarrollo Social, ...en particular: ...5 Intervenir en las actividades de caracter internacional relacionadas con el desarrollo social de nuestro país, como así también ejercer la representación de la República Argentina en las reuniones, foros y ámbitos internacionales vinculados con el desarrollo y la promoción social.

El Anexo II del decreto 1746/2018 establece que la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina , dependiente de Presidencia de la Nación, tiene, entre otras misiones:8. Representar al Gobierno Nacional en las reuniones de los organismos especializados en la materia, implementando el cumplimiento de los tratados internacionales suscriptos y coordinando con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto la centralización de la información específica y la documentación técnica respectiva.

También el mismo cuadro normativo establece que Secretaría de Deportes de la Nación tiene como función, entre otras:  14. Proponer y celebrar convenios, acuerdos o instrumentos, con entes públicos o privados, estatales y no estales, internacionales, interjurisdiccionales, nacionales, provinciales o municipales, en el ámbito de su competencia

 

 

 

[4]La problemática en  nuestro libro Teoría General de la Publicidad y Tratados Internacionales, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1977, passim, obra en su momento distinguida con el Premio Selección Regional del Ministerio de Cultura y Educación. Sobre algunas de las cuestiones inherentes, la Asociación Argentina de Derecho Internacional, en su Tercer Congreso Ordinario,  había aprobado por unanimidad la llamada "Declaración de Corrientes", por la cual se proclamó -a nuestra sugerencia- la "necesidad de que los poderes públicos del Estado nación provean a la instrumentación de un régimen orgánico  para la publicidad oficial en materia de tratados internacionales, que asegure el conocimiento de todos los actos y hechos que importan nacimiento, modificación y extinción  de obligaciones asumidas por la República".                                                                                                                                                

[5]Artículo 1º – Deben publicarse en el Boletín Oficial los siguientes actos y hechos referidos a tratados o convenciones internacionales en los que la Nación Argentina sea parte:

a) El texto del instrumento de ratificación del tratado o convención con sus reservas y declaraciones interpretativas.

b) El texto del tratado o convención al que se refiere el inciso precedente, con la aprobación legislativa en su caso, más las reservas y declaraciones interpretativas formuladas por las otras partes signatarias.

c) Fecha del depósito o canje de los instrumentos de ratificación o de adhesión.

d) Características del cumplimiento de la condición o fecha de vencimiento del plazo al cual pudiera hallarse supeditada su vigencia.

e) Fecha de la suspensión en la aplicación del tratado o convención, o de su denuncia.

Artículo 2º – La publicación en el Boletín Oficial se efectuará dentro de los quince días hábiles siguientes a cada acto o hecho indicados en el artículo 1º de la presente ley.

Artículo 3º – Los tratados y convenciones internacionales que establezcan obligaciones para las personas físicas y jurídicas que no sea el Estado Nacional, son obligatorios sólo después de su publicación en el Boletín Oficial observándose al respecto lo prescripto por el artículo 2º del Código Civil.

Cabe consignar que la fuente del proyecto que dio vida a esta normatividad, oriundo de la pluma de los diputados Jorge Gentile, Héctor Gatti y Eduardo González, lo constituyó  un proyecto de ley del Diputado Eduardo Massolo, publicado en el diario de Sesiones de 1974, págs. 2285/2288 (Jorge Gentile, "Tercera rendición de cuentas como diputado de la Nación", Buenos Aires, 1991, págs. 25 y 26). A su vez, el diseño central del proyecto del diputado Massolo había sido preparado con mi asesoramiento, recogiendo una antigua iniciativa del emérito maestro Werner Goldschmidt elaborado cuando actuaba como abogado de la Procuración del Tesoro de la Nación.

 

[6]Ver los anexos a la publicación por Infoleg del texto de la ley 24.080.                                                                             

[7]El texto de la declaración allí vertida es el siguiente:

1. Que resulta destacable la gestión internacional de los intereses locales llevada a cabo por los entes subnacionales.

2. Que, asimismo resulta conveniente coordinar, a través de todos los niveles del Estado (Federal, Provincial y Local), el efectivo cumplimiento de las obligaciones asumidas internacionalmente.

3. Que a partir del reconocimiento de la facultad conferida a las provincias de concertar convenios internacionales, plasmada en el actual artículo 124 de la Constitución Nacional, resultaría necesario reglamentar el conocimiento del Congreso Nacional previsto en el norma.

4. Que se estima pertinente la implementación en cada una de las provincias de un sistema de registro y publicidad de los convenios internacionales celebrados en el marco del mencionado artículo de la C.N.       

5. Que la activa gestión internacional de estas entidades subnacionales suscitan debates que tornan aconsejable la profundización del estudio de la subjetividad internacional.

 

[8]Daniel Alberto Sabsay, José Miguel Onaindia, La Constitución de los Argentinos, edic. ERREPAR, Buenos Aires, 2009, ps. 408 a 410. Néstor Pedro Sagüés, Derecho Constitucional, ed. Astrea, Buenos Aires, T. I, págs. 407 y correlativas; Alberto Dalla Via y Jorge Reinaldo Vanossi, Régimen Constitucional de los Tratados, La Ley, t. 2000-F, p. 1404.                                                                                                

[9]Mientras la doctrina constitucionalista muestra mayor apertura hacia la innovación de la Constituyente en cuanto su alcance, la doctrina de este hontanar va desde quienes prácticamente no la toman en cuenta (Juan Antonio Travieso, Derecho internacional Público, ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2012, p. 148.),  a otros que no le atribuyen verdadera significación innovadora respecto del sistema anterior, permaneciendo excluyentemente el poder de hacer tratados en cabeza del P.E.N. (Arturo Santiago Pagliari, Curso de Derecho Internacional, ed. Advocatus, Córdoba, 2007, págs. 287 a 289), mientras que algunos le atribuyen el carácter de fuente del Derecho argentino con jerarquía superior a la de la ley  sin mayores debates(Ricardo Arredondo, Manual de Derecho Internacional Público, La Ley, Buenos Aires, 2012, p. 104) , en tanto que alguno pormenoriza detalladamente la nueva problemática que abre el texto (Julio Barboza, Derecho internacional Público, Zavalía, Buenos Aires 2006, ps 81 a 84.).  Mi posición, conforme se desprende de este trabajo, es la de quienes consideran que ha habido un cambio  que significa poco menos que un  vuelco fundamental.                                                                                                                                                                  

[10]En la página www.cari.org.ar puede seguirse  la intensa labor del Comité Provincias desde el año 2005 hasta la fecha. Acerca de los estudios realizados, el resultado de una parte de los mismos aparece condensado en el trabajo de Mara Vanina Toufeksian, El Congreso Nacional y la celebración de Convenios internacionales por parte de las Provincias argentinas y la ciudad de Buenos Aires, Revista de Derecho Parlamentario nro. 15, págs. 1/35. 

                                                                                                

[11]Art. 75, inc. 18, cuyo texto atribuye al Congreso:  proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria, y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores, por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo.           

                                                              

[12]Ley 4874, escuelas nacionales en territorios provinciales para alfabetizar los sectores más carenciados de su población.

 

[13]Decreto del Segundo Triunvirato del 18/5/1813, vacunación antivariólica obligatoria.

 

[14]Ley 354, Canalización del Río Bermejo.

[15]Ley 917 de inmigración y colonización-

 

[16]La posibilidad de que las Provincias, a través del mecanismo  análogo configurado por el  esquema de  los pactos interprovinciales, contribuyan a paliar la problemática creada por un gobierno federal ausente en la promoción del bienestar general, fue contemplada en mi obra Teoría General y Derecho de los Tratados Interjurisdiccionales Internos, Depalma, Bs. As. 1994, ps. 81/91.

 

[17] Con la locución administración de las relaciones internacionales aludimos al conjunto de órganos integrantes de la administración general del país cuya función es mantener el sistema oficial de relaciones con los Estados extranjeros o sus agrupaciones. Dentro de ellos están los centrales, asentados en la República y cuya función es establecer los criterios generales de actuación y mantener el funcionamiento del aparato ministerial respectivo, y también los periféricos, que son los establecidos en cada país extranjero donde llegue el accionar directo de esta rama de la administración pública, para relacionarse directamente con el Estado o la organización de que se trate.

[18] Este enfoque ya fue adelantado en nuestro trabajo Administración de las relaciones internacionales, inserto en el volumen  "Estudios de Derecho internacional en homenaje al profesor Ernesto J. Rey Caro", ed. Marcos Lerner , Córdoba 2002.                                                                                                                                       

[19]31 de diciembre de 1838, "Tratado secreto de alianza ofensiva y defensiva entre Corrientes y la República Oriental contra don Juan Manuel de Rosas". en José María Rosa, Historia Argentina.  ed. Juan C. Granda, t. 4, p. 363.

[20]Entre otras: leyes 13.529, art. 13; 14.303, art. 4; 14.956, art. 10; 18.416, art. 15; 20.524, art. 10; 25.233, art. 1.

 

[21]Enrico Galla, “Ministere e Ministri”,  Novissimo Digesto Italiano, t. X, p. 722, en cuanto al origen en la ley del 27/4/1791.

 

[22] Sobre la base del esquema suministrado por el decreto organizativo del 1/3/1820, que no preveía  originalmente  la cartera de relaciones exteriores, se insertó el Ministerio a partir de los decretos del 24/8/1821 y 5/2/1822. Cabe recordar que Bernardino de la Trinidad González de Rivadavia y Rodríguez de Rivadavia fue designado Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores por el Gobernador Coronel Martín Rodríguez el 19 de julio de 1821. Dejo constancia que con anterioriedad, el Directorio de Juan Martín de Pueyrredón tuvo una cartera de Relaciones Exteriores que confió a Juua Gregorio García de Tagle

[23]Andrés Cisneros y Carlos Escudé, Historia General de las Relaciones Exteriores de la República Argentina, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1959, t. XI, cap. 54, en http://www.argentina-rree.com/14/14-067.ht.                                                                                                   

[24]Constitución suiza de 1999 (en esto análoga a su antecedente inmediato, la de 1874 enmendada): Art. 55 Participación de los cantones en las decisiones de política exterior 1 Los cantones influirán en la toma de decisiones en materia de Política Exterior que puedan afectar sus competencias o intereses esenciales. 2 La Confederación informará en un plazo razonable y de manera detallada los cantones y los consultará. 3 La toma de posición de los cantones tendrá un peso específico en el caso de que sus competencias se vean afectadas. En tal caso los cantones serán implicados de manera apropiada a la negociación internacional. Art. 56 Relaciones de los cantones con el Extranjero 1 Los cantones podrán concluir tratados con otros países en el ámbito de sus competencias. 2 Estos tratados no podrán ser contrarios ni al derecho ni a los intereses de la Confederación, ni al derecho de otros cantones. Antes de concluir un tratado, el cantón estará obligado de informar del mismo a la Confederación. 3 Los cantones podrán tratar directamente con autoridades de rango inferior de otros Estados; por lo demás las relaciones del cantón con otros Estados tendrá lugar mediante la intermediación de la Confederación".

A su vez, la Ley Fundamental de la República Federal Alemana de 1949, determina en su artículo 32 referido a las Relaciones exteriores que:  "(1) El mantenimiento de las relaciones con Estados extranjeros compete a la Federación. (2) Antes de concertar un tratado que afecte la situación particular de un Land, éste será oído con la debida antelación. (3) En tanto los Länder tengan competencia legislativa, podrán, con el consentimiento del Gobierno Federal, concertar tratados con Estados extranjeros."

Por último, mención especial merece  Quebec, Provincia de la Federación Canadiense que ha organizado un entramado de representaciones  en países extranjeros, con fundamento en la autonomía que asegura el Acta de 1867 y la expresión de anhelos, hasta tanto no se forme in país distinto, que expresa  la doctrina Gérin-Lajoie, enunciada en 1965 y que lleva el apellido del Ministro canadiense que la impulsó , la cual reputa "internacionalizable" todo asunto deferido al dominio legislativo de los Estados federados. La condensación administrativa de esta doctrina se halla en la existencia de un Ministerio de Relaciones Internacionales y más de treinta representaciones en sendos países de cinco continentes (Vanesa Inés Castello, Los reclamos nacionalistas de Quebec en el seno de la Federación Canadiense. Una particular referencia a su acción externa como instrumento de su reivindicación como ‘Sociedad Distinta’”, Tesina Final de la Carrera de Grado  Licenciatura en Relaciones Internacionales, págs 53 y sigts. t 90 y correlativas , disponible en https://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/9233/tesina%20Castello%20Vanesa.pdf?sequence=3&isAllowed=y. Asimismo. El artículo de Mario Serrafero, Canadá. Notas sobre su sistema político e institucional, Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, Bs. As. 2009, p. 10 y correlativas, echa luz acerca de las tensiones que ocasiones el independentismo quebequeño.

 

[25]Ver Horacio Daniel Piombo, Teoría General y Derecho de los Tratados Interjurisdiccionales Internos, cit., recogiendo las opiniones concordantes de Pedro Frías, Humberto Quiroga Lavié, Juan Sola y Fernando Díaz Ulloque.

 

[26] Remito a  http://www.cari.org.ar/pdf/provincias-convenios-caba.pdf Entre los antecedentes más antiguos remito al Convenio concertado en octubre de 1993 entre el Municipio de La Plata (Provincia de Buenos Aires) con su igual de la ciudad de Concepción (República de Chile), para acordar programas de actuación en materia de organización, administración y gestión urbanas, realizar intercambio de informaciones y difundir las obras culturales, turísticas, políticas, etc., así como brindar capacitación y posibilidades al intercambio de recursos humanos y promover el comercio. Con anterioridad, el 11/3/1987 se había suscripto una "Carta de intenciones" entre el Municipio de La Plata y el Ayuntamiento de Barcelona, que en el curso de 1992 desembocó en un convenio de cooperación técnica para promover la modernización de la administración pública y de los servicios municipales de la ciudad de La Plata.

 

[27]Ver supra la transcripción de partes pertinentes de la Ley Orgánica de Ministerios. (11).

Sin perjuicio de ello tener en cuenta la siguiente normativa indicativa que en el decurso del tiempo fueron imputando competencia internacional diversificada y, a la vez, especializada, vgr: relaciones sanitarias internacionales en el marco del  Ministerio de Salud (decreto 1006/95, anexo II); las políticas jurídicas de la integración en el cuadro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (decreto 102/97); las relaciones con la O. I. T. confluyen en el Ministerio de Trabajo (decreto del P. E. N. nro. 132/83, art. 23, inciso 16, y decreto 1076/96. anexo II);  relaciones con los organismos internacionales que operan en materia educativa, corresponde al Ministerio de Educación (decretos 1392/91 y 1274/96, anexo II, etc.

 

[28] "El acuerdo internacional no es más un asunto reservado a los diplomáticos ... Paralelamente al desarrollo extraordinario de las relaciones convencionales y de la tendencia a reglar con esas convenciones las relaciones económicas y sociales que antes eran consideradas como propias del dominio reservado del Estado, la esfera de los órganos que celebran los acuerdos se ha ampliado, pues al lado de los tratados concluidos bajo la forma solemne existen una serie de acuerdos celebrados en forma simplificada por los dirigentes de las diferentes administraciones del Estado, desde el Ministro de Justicia al Ministro del Interior, desde el Ministro de Finanzas al Ministro de la Educación" (Benedetto Conforti,  Cours général de Droit International Public" en "Recueil des Cours", t. 1988-V, p. 95).

 

[29]Ver mi trabajo Proyecciones en Derecho Internacional Público de la cooperación de los Estados para la prevención y represión de la delincuencia internacional, en "Anales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba", volumen correspondiente al año 1989, págs. 57 y sigts., en el que abordo el fenómeno, ocurrido durante este siglo, de la paulatina suplantación de los ministerios de relaciones exteriores por los del ramo de la justicia y luego éstos por los del interior, por razones de especialización en la organización de la actividad antidelictiva a escala internacional. Esto se explica que cuanto el primer enfoque sólo reparó en que se trataba de un fenómeno en que el Estado abdicaba de una soberanía que por entonces se presumía absoluta. Luego, relativizada la noción de soberanía,  se entendió que se trataba de un tema de administración de justicia, toda vez que debía juzgarse con la garantías necesarias a quien era reputado delincuente. A posteriori,  se cayó en cuenta que lo esencial para que pudiera funcionar la justicia era una pronta respuesta ante el incremento de la velocidad de los medios de comunicación que ampliaba la capacidad del inculpado para sustraerse al accionar represivo. Y esto último sólo se lograba reprimir a través del accionar de las fuerzas policiales, cuyos cuadros operativos generalmente dependen de los ministerios del interior o gobierno.

 

[30]Ver Horacio Daniel Piombo, Teoría General y Derecho ..., págs.171 a 175.

 

[31] Néstor P. Sagüés, Derecho constitucional federal y Derecho convencional interestadual, en Revista Notarial, nro. 880, ps 491 y sigts.

 

[32] Ley 24.080 , art. 3, que debe entenderse como remitiendo al artículo 5 del Código Civil y Comercial.                                                                                                                                                                

[33] Un buen comienzo fue el decreto 393/98 que insertó en el organigrama del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,  la Secretaría de Coordinación y Relaciones Institucionales, que en un principio tuvo rango de sub-secretaría (decretos 660 y 876/96). La normativa colocó en la órbita de esta dependencia las funciones de: “1. Asistir, instrumentar y efectuar la coordinación institucional entre el Ministerio y los organismos y autoridades de los distintos poderes del Estado en el ámbito nacional, provincial o municipal”; “2. Formular los planes, programas y proyectos que contribuyan al fortalecimiento de esas gestiones que, en materia de política exterior realicen las autoridades nacionales, provinciales o municipales”; “3. Intervenir en toda negociación entre las autoridades provinciales y los representantes de terceros países que implique alguna obligación en las que se prevean garantías por parte de éstos para el Estado nacional.”. Hoy se inserta en el Ministerio la Subsecretaría de Relaciones Institucionales y Diplomacia Pública con el expreso cometido de "Coordinar políticas y estrategias referidas a la vinculación con los organismos y autoridades del ámbito subnacional". De conformidad con los organigramas más recientes, este ámbito administrativo del cual dependen cuatro direcciones, tiene una dedicada a " Asuntos Federales y Electorales" (conformación según decreto 174/2018). Vale decir que falta hoy la especificidad que reclama la importancia y prioridad del tema, amén de que la perspectiva que se traza en el texto coloca como interlocutores próximos a los gobernadores de las Provincias.

 

 

[34]Recordemos los acuerdos que atañen a los mercados del trigo (1949,1971, 1986, etc.), del café (1962, 2007. 2009, etc.), del azúcar (1962, 1998, etc.).

[35]Adquiere fundamental importancia para comprender el alcance de la actividad que abarcamos con la locución empleada en el texto, los trabajos del profesor Nicolás Mancini incluidos en www.paradiplomacia.org .

 

[36]Zeraoui, Zidane Para entender la paradiplomacia , "Desafíos" (Universidad del Rosario Bogotá, Colombia), vol. 28, núm. 1, enero-junio, 2016, pp. 15-34 , autor que luego de reconocer lo escasamente felíz del término, propone utilizarlo como un concepto " ‘paraguas’, que incluya a todas las demás acepciones que representan casos específicos de política internacional de las regiones. La diplomacia convergente, por ejemplo, representa una paradiplomacia de la región complementaria de la política nacional, mientras que la protodiplomacia es una paradiplomacia con visos al separatismo" (pág. 16).

 

[37] Nahuel Oddone, La paradiplomacia desde cinco perspectivas: reflexiones teóricas para la construccion de una comunidad epistémica en América Latina, "Revista Relaciones Internacionales",   Universidad Nacional, Costa Rica. N.º 89.2 • Julio-Diciembre de 2016, pàgs. 47-81.

 

[38] https://cancilleria.gob.ar/es/actualidad/boletin/cancilleria-federal-creando-un-puente-al-mundo-para-las-provincias-y-municipios

[39]Cabe destacar el parentesco de esta posición con la doctrina Gérin-Lajoie adoptada por Québec, reseñada supra.

[40]Colombia, Costa Rica, Ecuador,  Panamá, Perú y Venezuela.

[41]Abogado. Especialista en Relaciones Internacionales. Secretario de la Sección Relaciones Internacionales de la AADI.

[42]Abogado. Magíster en Relaciones Internacionales. Director de la Sección Relaciones Internacionales de la AADI.

[43]Ya en 1982 Henry Kissinger había planteado como solución para la crisis de la deuda que los bancos se “apropiaran” de parte de las economías de los países deudores mediante la entrega de acciones de empresas públicas previamente privatizadas, a cambio de la consolidación de estos bonos de la deuda. El profesor Wayne Smith, de la John Hopkins University, dijo en su oportunidad que los norteamericanos eran muy optimistas en cuanto a este tipo de solución y la profesota Pamela Falk, de la Universidad de Columbia ya se refería a la “capitalización de la deuda” en un seminario que auspició la Asociación Argentina de Derecho Internacional los días 17 y 18 de julio de 1987 en la ciudad de La Plata. Simultáneamente, el ex presidente norteamericano Ronald Reagan había comenzado a insisitr que debía terminar en América Latina la experiencia de economía mixta (Biangardi Delgado, Carlos Alberto: La Política Exterior Argentina y la Deuda Externa. Publicación del IX Congreso de la Asociación Argentina de Derecho Internacional, San Miguel de Tucumán, 1987).

[44]La anterior durante el siglo XX había ocurrido durante la dictadura militar de 1976-1999.

[45]Escudé, Carlos: Realismo periférico. Fundamentos para la Nueva Política Exterior Argentina. Editorial Planeta. Buenos Aires, 1992; Escudé, Carlos: La Política Exterior de Menem y su sustento teórico implícito” en Carta América Latinas/Internacional, vol 8, n° 27, enero-marzo de 1991; Escudé, Carlos: El realismo de los estados débiles. La Política exterior del primer gobierno de Menem frente a la  teoría de las Relaciones Internacionales. GEL. Buenos Aires, 1995.

[46]Fukuyama, Francis: El fin de la Historia. En: The National Interest, N° 16. Summer, 1989.

[47]Puig, Juan Carlos: Doctrinas Internacionales y  Autonomía Latinoamericana. Instituto de Altos Estudios de América Latina. Universidad Simón Bolívar. Caracas, 1980.

[48]Bologna, Bruno Alfredo: La autonomía heterodoxa en la política exterior de Néstor Kirchner. En: La política exterior de Cristina Fernández. Apreciaciones promediando su mandato”. Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de Rosario. UNR Editora. Rosario, 2010.

[49]Puig, Juan Carlos: América Latina:Políticas Exteriores Comparadas. Grupo Editor Latinoamericano. Buenos Aires, 1984.

[50]Bologna, Bruno A.: La autonomía  heterodoxa en la política exterior de Néstor Kirchner. En: La política exterior de Cristina Fernández. Apreciaciones promediando su mandado. Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de Rosario. UNR Editora. Rosario, 2010.

[51]Abruza, Armando D. : "El Comunicado Conjunto argentino-británico del 13 de septiembre de 2016: su naturaleza jurídica y alcances respecto de la controversia de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur". En "Anuario Argentino de Derecho Internacionbal XXV". Asociación Argentina de Derecho Internacional. Editorial Lerner S.R.L. Córdoba, 2016.

[52]Boletín Oficial de la República Argentina, edición del día 12 de enero de 2017.

[53]Biangardi Delgado, Carlos A. “CUESTIÓN MALINAS: A 35 años de la Guerra del Atlántico Sur. Propuesta para la construcción de una Política de Estado. Editorial Dunken. Buenos Aires, 2017.

[54]Soros, George: La crisis del capitalismo global. Editorial Sudamericana. Buenos Aires. 1999.

[55]Comentario publicado en varios medios de prensa argentinos el 7 de septiembre de 2018.

[56]Fernández Alonso, José: La reinserción financiera como eje rector de la agenda externa post default. En: La política exterior del gobierno de Kirchner. Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de Rosario. UNR Editora. Rosario, 2006.

[57]Cortés, María J.:Argentina-Brasil ¿Alianza, sociedad o asociación estratégica” En: La política exterior del gobierno de Kirchner. Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de Rosario. UNR Editora. Rosario, 2006.

[58]Colacrai, Miriam – Lorenzini, María Elena: La relación bilateral Argentina-Chile: el tránsito por el camino de grandes encuentros y desencuentros puntuales. En: La política exterior del gobierno de Kirchner. Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de Rosario. UNR Editora. Rosario, 2006.

[59]La justicia argentina corrigió este error reconociendo el 7 de septiembre de 2016 el derecho del Estado de Chile para pedir la extradición de Galvarino Sergio Apablaza Guerra por el asesinato del senador de la Unión Democrática Independiente Jaime Guzmán.

[60]La CELAC es una organización creada el 23 de febrero de 2010 e integrada por 33 estados de América Latina y el Caribe que tiene por objetivo la unidad y la integración política, social y cultural de sus integrantes, promoviendo el bienestar social, la calidad de vida, el crecimiento económico de sus pueblos e iniciar el desarrollo independiente sobre la base de la democracia y la más amplia justicia social. Tanto la CELAC como la UNASUR se han manifestado en todas sus cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno a favor de los derechos de soberanía argentinos sobre los archipiélagos de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes, usurpados por el Reino Unido.

[61]Como lo advirtiéramos previamente, el presidente Macri está convencido que el éxito para la República Argentina se obtendrá mediante su integración al sistema internacional como está dado, sin tratar de intentar modificaciones al posicionamiento relativo de nuestro país, y en consecuencia las “periferias” de América Latina no son importantes para lograr obtener algún tipo de autonomía, ya que propone alinearse al imaginario de la potencia hegemónica y regresa a la cosmovisión eurocentrista de la política exterior argentina tradicional. Subsiste en este tipo de pensamiento el mito del eterno retorno a esa época dorada que habría sido la Argentina del período 1853-1930.

[62]Recordemos que cuando un preocupado presidente George W. Bush le preguntó a Néstor Kirchner si debía considerarlo desde ahora un hombre de izquierda, en su primer encuentro en la Casa Blanca el 23 de julio de 2003, éste le respondió a modo de desmentida, para tranquilizarlo: “Yo soy peronista” (Curia,Walter: El último peronista. La cara oculta de Kirchner”. Editorial Sudamericana. Buenos Aires, 2006).

[63]El acercamiento entre La Habana y Buenos Aires se manifestó con la visita de Fidel Castro a la Argentina y del canciller Bielsa a Cuba, la negativa del gobierno argentino a entablar una relación con los disidentes cubanos, y la posición de Argentina ante la Comisión de DD.HH. de la ONU al tratar la situación de Cuba fueron los temas que generaron tensiones con Washington. Sin embargo, la negativa sistemática de Fidel Castro en permitir la salida de su país de la neurocirujana cubana Ángela Molina para reunirse en Buenos Aires con su hijo, el exilado médico cubano Quiñones Molina y su familia argentina, disgustó con posterioridad al presidente Kirchner con Fidel Castro.

[64]Oliva, Carla: El nuevo rol de China en el sistema internacional y su impacto en las relaciones con Argentina. En: La política exterior del gobierno de Kirchner. Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de Rosario. UNR Editora. Rosario, 2006.

[65]En relación a esta cuestión, en el nivel multilateral, tanto la OMC como el FMI, le otorgan a China el estatus de “economía de mercado en transición”, que está realizando las reformas necesarias para pasar de una economía planificada a una de mercado, pero que aún no reúne los requisitos para ser reconocida como tal.

[66]Bonomelli, Graciela: Japón y Argentina. Un Estado presente en un país ausente. Pérdida de posiciones en los precarios espacios compartidos. En: La política exterior de Kirchner. Centro de Estudios en Relaciones Exterores de Rosario. UNR Editora. Rosario, 2006.

[67]Algunos analistas han creido ver en la decisión de no participar en la Guerra de Irak una vuelta a la política exterior tradicional de la República Argentina caracterizada por la neutralidad y el pacifismo frente a los conflictos armados, en comparación con el quiebre de esta tradición diplomática que significó el envío de tropas al Golfo en 1990-1991, en un contexto de alineamiento automático a los EE.UU. Entre ellos se encuentran Mario Rapoport y Eduardo Madrid.

[68]Autor del libro “CUESTIÓN MALVINAS: A 35 años de la Guerra del Atlántico Sur. Propuesta para la construcción de una Política de Estado”. Editorial Dunken. Buenos Aires, 2017.

[69]Decía en aquellos años Manuel Belgrano: “toda nación que deja para otras una navegación que ella podría llevar a cabo disminuye sus fuerzas en relación a la de sus rivales”, agregando, “aún cuando un pueblo no fuera comerciante ni conquistador, es imposible concebir que pudiese conservarse sin marina” (Belgrano, Manuel: Escritos económicos. Editorial Raigal. Buenos Aires, 1954). 

[70]Lamentablemente, en sentido inverso a esta propuesta, el presidente Mauricio Macri ha vetado los dos artículos de la reciente ley de promoción de la industria naval y la marina mercante sancionada por el Congreso Nacional, que establecían el mecanismo de financiamiento de esta actividad.

[71]Spengler, Oswald, en El hombre y la técnica y otros ensayos, establece que “el Estado es el orden interior de un pueblo, para los fines exteriores” (Colección Austral Espasa-Calpe Argentina S.A. Buenos Aires, 1947. Pág. 50).

[72]Precisamente, en el acuerdo conocido como Madrid I, del 19 de octubre de 1989, se establece que “el Reino Unido se compromete a facilitar el restablecimiento de los vínculos  de cooperación entre la República Argentina y la Unión Europea”.

[73]El desconocimiento de la idiosincrasia de los kelpers fue el origen de toda la estrategia frívola e irresponsable del canciller Di Tella. Recordemos que el historiador  británico Lawrence Freedman en su obra La Historia Oficial de la Campaña Malvinas (Rutledge. Londres, 2005) describe el rechazo de los habitantes de las islas hacia los argentinos  durante la vigencia de los Acuerdos de Comunicaciones de 1971, pues la idea de los mismos era que con estos acuerdos nuestro país intentaba tener una presencia mayor en las islas. Cuando un oficial de la embajada británica visitó el archipiélago en junio de 1980 encontró que los sentimientos contra nuestro país se habían acrecentado pese a los beneficios económicos y sociales que la población recibía por la asistencia de la Argentina, afirmando que los kelpers “preferían el estancamiento a un mayor involucramiento argentino en sus asuntos”. El relato de Lawrence Freedman demuestra que la política de “seducción de los kelpers” emprendida por Guido Di Tella diez años después estaba destinada al fracaso.

[74]La administración Menem-Di Tella había limitado el reclamo de la soberanía al Comité Especial de Descolonización.

[75]“El 2 de abril de 2015, fecha en que en la República Argentina se conmemora el “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas”, se conocieron documentos confidenciales del Reino Unido filtrados por Edward Snowden -ex analista de la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos- que demuestran no solo estos hechos sino que también las autoridades norteamericanas se encontraban preocupadas por la posibilidad que empresas de esa nacionalidad, que participaban en tareas de exploración de hidrocarburos en el área controlada militarmente por los británicos, fueran sancionadas o sufrieran algún tipo de acoso judicial en la República Argentina” (Biangardi Delgado, Carlos Alberto: “CUESTIÓN MALVINAS: A 35 años de la Guerra del Atlántico Sur. Propuesta para construir una Política de Estado”, pág. 173. Editorial Dunken. Buenos Aires, 2017).  

[76]Obra cit. ut supra, pág. 199.

[77]Diario Clarín de la ciudad de Buenos Aires. Edición del 21 de diciembre de 2016, Pág. 15.

[78]Información de Prensa n° 304/16 de la Cancillería Argentina, primer párrafo. Buenos Aires, 13 de septiembre de 2016.

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