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XXVIII Congreso Argentino de Derecho Internacional

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XXVIII Congreso Argentino de Derecho Internacional


EL ATLÁNTICO SUR Y LA COMUNIDAD INTERNACIONAL:

LA CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS

 

Relator: Guillermo Roberto Rossi*

Resumen

            La Cuestión de las Islas Malvinas, por razones históricas y estratégicas ha configurado un conflicto de soberanía entre diferentes Estados desde 1764 casi sin solución de continuidad, o más precisamente con cortos intervalos de statu quo o aquiescencias, siendo éstas más tarde contestadas o negadas por las partes involucradas, se ha desarrollado, obviamente, en el ámbito de la comunidad internacional. Pero resulta evidente que de su carácter estrictamente bilateral durante casi 200 años, en 1945 pasó además a formar parte de la agenda internacional con la fundación de la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.). Este carácter de cuestión bilateral pero al mismo tiempo regional y global, fue consolidado por la decisión argentina de recurrir desde 1961 al en ese momento recién constituido Comité Especial de Descolonización de la ONU. Paralelamente y desde 1948, la Argentina ha planteado la cuestión ante la Organización de Estados Americanos (O.E.A.).

 

La Argentina recurrió a los foros internacionales para forzar al Reino Unido a revertir su terminante negativa a tratar la cuestión de soberanía, la que hacia mediados del siglo pasado ya era más que centenaria, y como un medio de compensar el desequilibrio de poder bilateral en su perjuicio. Entre 1965 y 1982, este esfuerzo multilateral le permitió a la Argentina “reanudar” las negociaciones de soberanía con el Reino Unido y desplegar una política activa que le facilitó su acceso a las Islas Malvinas y a sus habitantes, con el objetivo de lograr en el futuro el ejercicio pleno de soberanía sobre los archipiélagos australes y los espacios marítimos circundantes.

 

Este doble juego de multilateralismo y bilateralismo fue abruptamente interrumpido por el Conflicto del Atlántico Sur en 1982, sin que se pueda saber si iba a dar el resultado buscado, pero que a la luz de la experiencia posterior, parecía configurar el camino correcto. Desde entonces, la Argentina ha ensayado diferentes cursos de acción, pero que a juicio del autor, en general han mostrado demasiada dependencia de las posibilidades del multilateralismo y una falta de generación de políticas activas que tuvieran en cuenta los propios intereses. Este trabajo intentará mostrar las limitaciones del multilateralismo, que resulta indispensable como curso de acción complementario, pero nunca como sustitutivo de dichas políticas activas.

*Licenciado en Ciencia Política egresado de la Universidad Nacional de Rosario. Funcionario del Servicio Exterior de la Nación desde 1981. Entre otros cargos se desempeñó en 1982-83 como funcionario del Gabinete Ampliado del Sr. Canciller durante el Conflicto del Atlántico Sur y las gestiones posteriores ante la ONU y el Movimiento de No Alineados, entre 1997 y 2010 como Subdirector General de Malvinas y Atlántico Sur, entre 2010 y 2011 como asesor del Sr. Secretario de Relaciones Exteriores en la Cuestión Malvinas, y entre 2011 y 2016 como Embajador de la República en Honduras.

Palabras clave: Argentina. Atlántico Sur. Comunidad internacional. Cuestión Malvinas. Negociaciones. OEA. ONU. Políticas Activas. Reino Unido.

Abstract

The Falkland Islands have been in sovereignty conflict between different states for historical and strategical reasons since 1764 almost without interruption or, more precisely with short periods of statu quo or aquiescence, denied or by the interested parts of international community. From a bilateral conflicto for almost 200 years it became part of the international agenda since the beginings of United Nations in 1945. This feature of a bilateral question and multilateral one was reinforced by the Argentine decision of going to the newly created Special Comitee on Decolonization in 1961. At the same time from 1948 Argentina has put the question before the Organization of American States.

 

Argentina went to international fora to force the United Kingdom to give up its firm negative to consider the sovereignty question, which was more than a century old by mid XXth century, and as a means to balance the overwhelming power of the United Kingdom. Between 1965 and 1982 this multilateral effort allowed Argentina to stand sovereignty negotiations with UK and facilitated access to the islands and its population as a way to achieve full exercise of sovereignty on the islands and the surrounding maritime areas.

 

This multilateralism and bilateralism scheme was dramatically interrupted by the armed conflict of 1982 whithout knowing if it was to be successful but appearing the right way in the light of later experience. From then on Argentina has followed different ways of action, which in the understanding of the author have very much depended on multilateralism and a lack of active policies regarding our own interests.

This work will show the limitations of the policies of multilateralism, which are in itself indispensable as a complement but cannot be a substitute of the said active policies.

 

Keywords

Argentina. South Atlantic. International Community. Question of the Falkland Islands. Negotiations. OEA. UN. Active Policies. United Kingdom.

 

Sumario

1. Introducción. 2. La Cuestión Malvinas en los Organismos Internacionales: 2.1. La Cuestión Malvinas en la ONU. 2.2. La Cuestión Malvinas en la OEA. 3. Propuestas de Políticas Activas: 3.1. Propuesta de Replanteo de Algunos de los Acuerdos Vigentes con el Reino Unido sobre Aspectos Prácticos: 3.1.1. Medidas de Confianza en el Ámbito Militar. 3.1.2. Negociaciones con el Reino Unido sobre Comunicaciones Aéreas. 3.1.3. Situación del Cementerio Argentino de Darwin. 3.2. Propuestas de Políticas Activas Argentinas. 4. Conclusiones.

 

1. Introducción

La Cuestión de las Islas Malvinas, por razones históricas y estratégicas ha configurado un conflicto de soberanía entre diferentes Estados desde 1764 casi sin solución de continuidad, o más precisamente con cortos intervalos de statu quo o aquiescencias, siendo éstas más tarde contestadas o negadas por las partes involucradas, se ha desarrollado, obviamente, en el ámbito de la comunidad internacional. Pero resulta evidente que de su carácter estrictamente bilateral -en 1764-1767 entre España y Francia, en 1767-1771 entre España y el Reino Unido, y desde 1833 entre la Argentina y el Reino Unido-; en 1945 pasó a formar parte de la “agenda internacional” con la fundación de la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.). Este carácter de cuestión bilateral pero al mismo tiempo regional y hasta global, fue consolidado por la decisión argentina de recurrir desde 1961 al recién constituido Comité Especial de Descolonización de la ONU. Paralelamente y desde 1948, la Argentina ha planteado la cuestión ante la Organización de Estados Americanos (O.E.A.).

 

La Argentina recurrió a los foros internacionales para forzar al Reino Unido a revertir su terminante negativa a tratar la cuestión de soberanía, la que hacia mediados del siglo pasado ya era más que centenaria, y como un medio de compensar el desequilibrio de poder bilateral en su perjuicio. Entre 1965 y 1982, este esfuerzo multilateral le permitió a la Argentina “reanudar” las negociaciones de soberanía con el Reino Unido, con una política activa que le facilitó su acceso a las Islas Malvinas y a sus habitantes, con el objetivo de lograr en el futuro el ejercicio pleno de soberanía sobre los archipiélagos australes y los espacios marítimos circundantes. Este doble juego de multilateralismo y bilateralismo fue abruptamente interrumpido por el Conflicto del Atlántico Sur en 1982, sin que se pueda saber si iba a dar el resultado buscado, pero que a la luz de la experiencia posterior, parecía configurar el camino correcto. Desde entonces, la Argentina ha ensayado diferentes cursos de acción, pero en general han mostrado demasiada dependencia de las posibilidades del multilateralismo y una grave falta de generación de políticas activas que tuvieran en cuenta los propios intereses. Este trabajo intentará mostrar las limitaciones del multilateralismo, que resulta indispensable como curso de acción complementario, pero nunca como sustitutivo de políticas activas, y proponer algunas de éstas respondiendo únicamente al legítimo interés argentino.

 

2. La Cuestión Malvinas en los Organismos Internacionales y las limitaciones del multilateralismo

            2.1. La Cuestión Malvinas en la ONU:

            La Cuestión Malvinas surgió en la misma Asamblea fundacional de las Naciones Unidas, celebrada en San Francisco (EE.UU.) a mediados de 1945. Al discutirse la estructura que adoptaría la futura organización y aún antes de adoptarse su carta constitutiva, la Argentina efectuó una reserva en el sentido de que, en ningún caso aceptaba el sistema de fideicomiso pudiera aplicarse a territorios que le pertenecían, sea que ellos fuesen objeto de reclamo o controversia, o que estuvieran en posesión de otros Estados. En 1946, cuando las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur figuraron por primera vez entre los territorios coloniales bajo administración británica, la Argentina formuló una reserva específica estableciendo que “las Islas Malvinas no constituyen colonias o posesiones europeas por ser argentinas”, la que habría de repetirse con ligeras variantes a través de los años, y en forma anual cuando la IV Comisión de la Asamblea General debatía el Informe de la Comisión sobre Territorios No Autónomos, que contenía un capítulo sobre las Islas Malvinas.

 

            El 20 de diciembre de 1960 la Asamblea General aprobó la “Declaración sobre la concesión de la independencia de los países y pueblos coloniales” (Resolución 1514/XV), creando el Comité Especial de Descolonización para el examen de estos casos y entre los que se incluyó a las Islas Malvinas. A su vez, la subcomisión III del Comité de Descolonización resolvió: 1º Confirmar que las cláusulas de la Resolución 1514/XV se aplican a las Islas Malvinas, 2º Registrar la existencia de la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, 3º Recomendar que el Comité invite a los dos países a comenzar negociaciones para resolver el problema de soberanía, teniendo en cuenta la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración sobre Colonialismo, los intereses de los habitantes de las islas y los puntos de vista expresados en la subcomisión, y 4º Recomendar que el Comité invite a los gobiernos a informar al mismo o a la Asamblea General de los resultados de las negociaciones.

 

            Entre septiembre y noviembre de 1964 el Embajador José María Ruda presentó ante el Comité de Descolonización el famoso “Alegato Ruda” que contiene los antecedentes históricos que avalan los títulos argentinos a la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. El representante británico también presentó sus argumentos, los cuales evidentemente fueron desestimados por el Comité, ya que éste terminó recomendando a la Asamblea General la consideración de un proyecto de resolución sobre la materia.

 

            El 16 de diciembre de 1965, la Asamblea General adoptó la Resolución 2065/XX, por 87 votos a favor, 13 abstenciones (incluyendo las del Reino Unido y EE.UU.) y ningún voto en contra. La resolución contiene cuatro puntos fundamentales: 1º reconoce la existencia de una disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas (y sus dependencias), 2º que dicha disputa existe entre la Argentina y el Reino Unido, 3º recomienda la “reanudación” de negociaciones directas entre ambos países, y 4º establece que al alcanzar una solución de la controversia, ambos países tengan debidamente en cuenta los intereses de la población de las Islas Malvinas.

 

            Este triunfo de la diplomacia argentina fue rápidamente seguido, entre el 11 y el 14 de enero de 1966 por la visita del Secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido a la Argentina, oportunidad en la ambos ministros de Relaciones Exteriores difundieron un comunicado conjunto informando que ambos países iban a “reanudar” las negociaciones sobre soberanía en base a lo dispuesto por la Resolución 2065/XX. Las mismas se extendieron desde julio de 1966 hasta febrero de 1982 sin que se obtuvieran resultados concretos (plazos y modalidades) con vistas a la recuperación del ejercicio pleno de soberanía por parte de la Argentina.

 

Sin pretender realizar un análisis exhaustivo de estas negociaciones, se recuerda que España y el Reino Unido firmaron en noviembre de 1984 el Protocolo de Bruselas, comprometiéndose a restablecer negociaciones bilaterales sobre la soberanía de Gibraltar, con las ventajas que suponen el mayor peso político y económico de España en comparación con el argentino; la existencia de un tratado bilateral con mayor fuerza legal frente a una resolución, de carácter recomendatorio; y la pertenencia de ambos países a las mismas alianzas militar (OTAN) y político-económica (Unión Europea). Con todas estas ventajas, dichos países continúan negociando luego de 32 años de vigencia del protocolo antes mencionado. Por ello, se considera que no cabía esperar en 1982 una resolución inminente de la controversia de soberanía, y que la Argentina en definitiva perdió su mejor oportunidad de preservar el mecanismo de negociación dentro de los parámetros aceptados por la comunidad internacional.

 

            La Argentina volvió a obtener un destacado éxito diplomático cuando el 17 de noviembre de 1982, la Asamblea General aprobó la Resolución 37/9 que reiteró la existencia de la disputa de soberanía y la necesidad de que la Argentina y el Reino Unido reanuden las negociaciones de soberanía en los términos de la Resolución 2065/XX.

 

            La negativa del Reino Unido a aceptar este pronunciamiento y negarse en la Reunión de Ginebra de 1984 a reanudar las negociaciones bilaterales sobre soberanía, llevó a la Argentina a limitar su accionar al plano multilateral, no sólo en la ONU, sino también en la OEA y en prácticamente todos los foros internacionales a los que pertenecía o tenía acceso. En el caso de la ONU esto se expresó en la presentación anual entre 1982 y 1988 de proyectos de resolución que repetían en lo esencial los contenidos fundamentales de la Resolución 2065/XX. Pero esta tarea prácticamente ininterrumpida durante siete años de presentación del proyecto, de la negociación de sus términos y de recolección de los votos entre un número creciente de países (se recuerda que entre 1965 y 1988 se habían incorporado unos 45 nuevos miembros a la ONU), resultó muy agotadora para la Argentina, que muchas veces se enfrentaba a dilemas difíciles de solucionar, especialmente en el logro de los votos de países enfrentados en sus propios conflictos (Argelia-Marruecos, Bolivia-Chile, India-Pakistán, etc.), y que influían gravemente en la formulación de su política exterior general.

 

            En 1989 el nuevo gobierno argentino decidió restablecer las relaciones bilaterales con el Reino Unido, iniciar negociaciones con la potencia ocupante de acuerdos sobre aspectos prácticos relacionados con el área ilegítimamente ocupada, y limitar el esfuerzo multilateral al Comité Especial de Descolonización, reduciendo así las gestiones de unos 150 países a unos 25 miembros del Comité. Más allá de las razones que pudiera haber tenido el nuevo gobierno nacional para efectuar este repliegue multilateral, cabe reconocer que coincidió con la nueva configuración de la comunidad internacional provocada por la desaparición del bloque soviético en 1989-1991, la progresiva ampliación de la Unión Europea de 12 a 28 miembros en los siguientes 15 años y el debilitamiento del Movimiento de Países No Alineados, del cual de todos modos la Argentina se retiró en 1992, afectando las relaciones con unos 100 países, que por supuesto tienen un peso importante en las votaciones en la Asamblea General.

 

            Estos últimos 34 años años han mostrado con toda claridad los límites de la acción multilateral, ya que en la actual configuración de la comunidad internacional, se estima que la Argentina tiene dificultades para controlar todas las etapas de negociación y aprobación en la Asamblea General de resoluciones sobre la disputa de soberanía con una de las mayores potencias del mundo, miembro permanente con poder de veto del Consejo de Seguridad de la ONU, aliada de EE.UU. y Europa, y con gran capacidad de influencia sobre decenas de excolonias y miembros de la Comunidad Británica. Además todo ese esfuerzo no puede ir más allá de reiterar los términos de la Resolución 2065/XX, es decir en insistir en la reanudación de las negociaciones sobre soberanía, mientras el Reino Unido continúa reteniendo el carácter de “potencia administradora” reconocido por el artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas.

 

Se reitera que la actividad en los organismos y foros multilaterales resulta ineludible para la Argentina en el sostenimiento de sus derechos de soberanía sobre el área ilegítimamente ocupada por el Reino Unido, pero no puede reemplazar la formulación y aplicación de políticas activas propias que contribuyan a la reanudación de las negociaciones sobre soberanía, ya que ningún organismo internacional proveerá jamás la solución de la disputa. Al mismo tiempo, dicha tarea multilateral debe ser cuidadosamente regulada para evitar que afecte los logros hasta ahora obtenidos en ese ámbito.

 

2.2. La Cuestión Malvinas en la O.E.A.

            El ámbito regional, si lo consideramos expresado en la OEA, siempre resultó más auspicioso para la Argentina, al menos hasta principios de la década de 1980. En la 1ª Conferencia Interamericana Extraordinaria, celebrada en Washington (EE.UU) en diciembre de 1964, se decidió prohibir la admisión como nuevos miembros a los territorios cuya soberanía se hallara controvertida entre un Estado extracontinental y otro de América. Cabe recordar que dicha decisión no se cumplió, ya que en 1966 se permitió el ingreso de Guyana, sujeta a una disputa de soberanía entre Venezuela y el Reino Unido, y en 1981 de Belice, sujeta a una controversia similar entre Guatemala y el Reino Unido.

 

            Por nota del 14 de febrero de 1973, el Reino Unido solicitó a la OEA su ingreso como observador permanente, oponiéndose la Argentina “mientras no se concreten los pasos para llegar a una solución del problema (la existencia de la disputa de soberanía)”. El 27 de diciembre de 1974 el Reino Unido retiró dicha solicitud. Sin embargo, dicho objetivo fue logrado por el Reino Unido en 1995, en plena vigencia de la “política de seducción” y mediando un episodio que provocó numerosas controversias en nuestro país.

 

            El 16 de enero de 1976 el Comité Jurídico Interamericano, con sede en Río de Janeiro, aprobó una declaración reconociendo los legítimos derechos de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, que la presencia de buques de guerra británicos en aguas adyacente a los Estados americanos constituían amenazas a la paz y seguridad en el continente, y que ello configuraba una conducta hostil con el fin de acallar las reclamaciones argentina y obstruir el desarrollo de las negociaciones recomendadas por las Naciones Unidas.

 

            Pero el ingreso de Canadá y de doce excolonias británicas del Caribe, ha afectado el equilibrio político de la organización y dificultado la tarea multilateral argentina en este ámbito. Actualmente la OEA tiene 34 miembros y 14 de ellos son anglófonos incluyendo los anteriores y EE.UU. Desde hace 23 años, la Asamblea General de la OEA emite una declaración (en lugar de una resolución) acerca de la Cuestión Malvinas, adoptada por consenso y evitándose así una votación, que podría tener resultados deletéreos para la Argentina.

 

            Las Cumbres de las Américas involucran a los mismos países miembro de la OEA, aunque es formalmente un ámbito diferenciado de ésta. Esta circunstancia ha sido aprovechada por EE.UU. y Canadá para obstruir los pronunciamientos favorables a la Argentina en la disputa de soberanía, entendiendo por “favorable” que simplemente se recuerde el llamado de la ONU y de la OEA a la reanudación de las negociaciones sobre soberanía.

 

3. Propuestas de Políticas Activas.

3.1. Propuesta de Replanteo de Algunos de los Acuerdos Vigentes con el Reino Unido sobre Aspectos Prácticos

3.1.1. Medidas de Confianza en el Ámbito Militar.

Adjunto a la Declaración Conjunta del 15 de febrero de 1990, la Argentina y el Reino Unido acordaron una serie de medidas de confianza en el ámbito militar, que tenían y continúan teniendo el objetivo de evitar incidentes entre naves y aeronaves militares de ambos países en el área ilegítimamente ocupada por el Reino Unido. Dichas previsiones, que en ese momento presentaban un alto grado de rigidez procedimental y burocrática, fueron progresivamente modificadas, haciéndolas relativamente más distendidas, con la firma de dos declaraciones conjuntas sucesivas del 25 de septiembre de 1991 y el 12 de julio de 1993 y del comunicado conjunto del 19 de julio de 1994, producto de tres reuniones bilaterales en la materia, como está previsto por el instrumento de 1990. El que podríamos llamar texto ordenado de estas medidas de confianza, vigentes sin cambios desde hace 22 años es el siguiente:

 

“I. Sistema Transitorio de Información y Consulta Recíprocas:

Ambas partes acuerdan establecer un Sistema Transitorio de Información y Consulta Recíprocas sobre los movimientos de las unidades de sus Fuerzas Armadas en áreas del Atlántico Sudoccidental. Los objetivos de este sistema son aumentar la confianza entre la Argentina y el Reino Unido y contribuir a lograr una situación más normal en la región sin demoras innecesarias. El sistema está compuesto por las siguientes disposiciones:

1. Sistema de Comunicación Directa:

A. El Sistema de Comunicación Directa entre las respectivas autoridades militares se mantendrá –bajo la supervisión de ambas Cancillerías- con el objetivo de asegurar el intercambio de información que permita un adecuado conocimiento recíproco de las actividades militares en el Atlántico Sudoccidental.

B. Las respectivas autoridades militares serán: Autoridad Naval argentina: Comandante del Área Naval Austral (Ushuaia), Autoridad Aérea argentina: Jefe de la Novena Brigada Aérea (Comodoro Rivadavia); Autoridad británica: Comandante de las Fuerzas Británicas en las Islas Malvinas (Falkland).

C. Se acuerda el establecimiento de una vinculación radial directa entre las respectivas autoridades que incluirá transmisiones radiotelefónicas y/o por télex. El Sistema de Comunicación Directa será atendido durante las 24 horas y será probado con una frecuencia no menor a una vez por semana. Por la vía diplomática se intercambiará la información técnica relativa a equipos, frecuencias y modalidades de uso.

D. Se acuerda el establecimiento de un plan de comunicaciones para el enlace radial entre unidades y estaciones de las Partes. La información técnica será intercambiada por la vía diplomática. Se agrega una vinculación telefónica alternativa. Las autoridades militares podrán coordinar directamente las medidas técnicas que sean necesarias.

2. Definición de unidades:

Las definiciones de buque, aeronave y unidades de combate se eliminaron en 1991.

3. Información recíproca sobre movimientos militares (desde 1991 medidas de fortalecimiento de la confianza):

A. Las partes se proporcionarán recíprocamente, por la vía diplomáticas y con una anticipación mínima de 14 días, información por escrito, con acuse de recibo en debida forma, sobre las maniobras que comprendan cuatro o más unidades navales o aéreas cuando se realicen a menos de 50 millas náuticas de las costas. B. Las partes se notificarán recíprocamente, con una anticipación mínima de 48 horas, la identificación, el rumbo previsto y el propósito de aquellas unidades navales de combate que prevean acercarse a menos de 15 millas náuticas de las costas. Estos movimientos se realizarán por mutuo acuerdo.

4. Verificación:

En caso de duda sobre la aplicación de las medidas de fortalecimiento de la confianza precedentes, se efectuarán consultas a través del Sistema de Comunicación Directa y, si surgiera un desacuerdo, se recurrirá a la vía diplomática.

5. Visitas recíprocas:

Por la vía diplomática se podrán acordar visitas recíprocas a bases militares y unidades navales.

6. Aplicabilidad de la práctica internacional:

Las unidades aéreas y navales de las partes observarán los procedimientos normales de seguridad cuando operen en proximidad, particularmente las disposiciones del Convenio sobre el Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes de 1972 y del Anexo VI del Convenio de Aviación Civil Internacional de 1944. Será recíprocamente aplicable la práctica internacional normal en aquellas situaciones no contempladas específicamente en este sistema.

7. Duración:

Este sistema será revisado en una reunión del Grupo de Trabajo Argentino-Británico sobre Asuntos del Atlántico Sur que tendrá lugar dentro del año de su entrada en vigor, en una fecha que se acordará por la vía diplomática.

II. Medidas de Seguridad para Unidades Navales y Aéreas que Operen en Proximidad:

Fueron eliminadas en 1991.

III. Búsqueda y Salvamento Marítimo y Aéreo (SAR):

Cuando se requieran comunicaciones o coordinación en relación a actividades de búsqueda y salvamento marítimo y aéreo, se aplicarán los siguientes procedimientos: a. El Comando de las Fuerzas Británicas en las Islas Malvinas (Falkland) informará a los Centros Regionales de Coordinación SAR del Área Atlántico Sudoccidental: SAR Marítimo: Centro Coordinador de Búsqueda y Salvamento Marítimo Ushuaia, SAR Aéreo: Centro Coordinador de Búsqueda y Salvamento Aéreo Comodoro Rivadavia. b. Las operaciones SAR Marítimas serán conducidas de acuerdo con el Manual de Búsqueda y Salvamento de la O.M.I. y el Manual de Búsqueda y Salvamento para Buques Mercantes. Las operaciones SAR Aéreas serán conducidas de acuerdo con lo previsto en el Anexo XII del Convenio sobre Aviación Civil Internacional y sus enmiendas. c. En caso de que se haga necesaria una participación conjunta en un incidente SAR, el Comando de las Fuerzas Británicas en las Islas Malvinas (Falkland Islands) y el pertinente Centro Coordinador SAR argentino coordinarán sus actividades.

IV. Seguridad de la Navegación (y Aeronavegación):

1. Las partes intercambiarán toda la información relevante para que la Argentina, el Coordinador Zonal del Área NAVAREA VI –como ha sido definida por la O.M.I.- pueda emitir los pertinentes Avisos a los Navegantes para dicha área. 2. Con el fin de aumentar la seguridad de la navegación aérea, las partes acordaron cooperar para: a. Facilitar la operación de los Centros de Información de Vuelo argentinos proporcionando la información necesaria para que la Argentina provea los servicios de control del tránsito aéreo, alerta, búsqueda y salvamento, comunicaciones y meteorología dentro de las Regiones de Información de Vuelo argentinas (FIR). b. Intercambiar información entre las Islas Malvinas (Falkland Islands) y el Centro de Información de Vuelo de Comodoro Rivadavia con el fin de identificar aeronaves en vuelo en las FIR, en particular sobre vuelos en la vecindad de zonas costeras. c. Responder positivamente, en casos de emergencia, a los requerimientos para permitir que sus aeropuertos sean utilizados para aterrizaje de alternativa de las aeronaves de la otra parte así como de aeronaves de terceras banderas. d. Intercambiar información aeronáutica sobre los aeropuertos de ambas partes (facilidades de navegación, de aproximación y de superficie).

V. Zona de Control Terminal:

Para facilitar el control y los servicios de tránsito aéreo, se acuerda establecer una Zona de Control Terminal (CTR) para el aeropuerto de Monte Agradable, dentro de la Región de Información de Vuelo (FIR) Comodoro Rivadavia. Sus aspectos técnicos están detallados en la Carta de Acuerdo Operacional aprobada en la fecha, la que será transmitida conjuntamente a la O.A.C.I. durante el mes en curso. Las disposiciones incluidas en la presente Declaración Conjunta y en la Carta de Acuerdo Operacional entrarán en vigor el 9 de octubre de 1991.”

 

            El tratamiento de este acuerdo requiere, en opinión del autor, un replanteo profundo por parte de la Argentina frente a la continuada ocupación militar británica de una parte significativa del territorio nacional, la cual de acuerdo a la presentación realizada por nuestro país ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental el 22 de abril de 2009, llega aproximadamente a 3.000.000 millones de km2, representando alrededor de la tercera parte del territorio terrestre y marítimo argentino, que según dicha presentación es de aproximadamente 10.400.000 km2.

 

Se recuerda que la ocupación militar británica se concreta desde hace 34 años, a través de la presencia de cuatro bases o instalaciones militares situadas en las Islas Malvinas: la base aérea y militar de Monte Agradable (que opera al mismo tiempo de aeropuerto civil y comercial de las islas) en la que se hallan estacionados un escuadrón de cazabombarderos Typhoon con capacidad de operar sobre Río Gallegos en 9 minutos y entre 1.100 y 1.500 efectivos del Ejército y de la Infantería de Marina británicos; la base naval de Bahía Agradable en la que recalan los buques de la Armada británica que patrullan las aguas del área ocupada; el radar de gran potencia de Monte Kent, que se estima recolecta información de buena parte del Atlántico Sudoccidental; y la base de lanzamiento de misiles de Puerto Enriqueta. A pesar de la enorme magnitud del territorio nacional ocupado y de los poderosos medios desplegados por el Reino Unido para afianzar dicha ocupación, la Argentina sostiene oficialmente que no tiene hipótesis de conflicto.

 

Para proceder a la revisión de las medidas de confianza se debe tener en cuenta en primer lugar y como ya se dijo, el incumplimiento de la letra y el espíritu de lo específicamente prescripto por el capítulo I, punto 7 de la Declaración Conjunta vigente, que establece la reunión anual del Grupo de Trabajo Argentino-Británico sobre Asuntos del Atlántico Sur, debido a la continuada negativa del Reino Unido durante los últimos 22 años a celebrar dichas reuniones.

 

En segundo lugar se observa la antigüedad de los medios de comunicación acordados entre las partes para intercambiar información en un tema tan sensible como los desplazamientos de unidades militares, ya que el tiempo transcurrido sin la realización de reuniones específicas, no ha permitido acordar la introducción de medios informáticos para el intercambio de información y el rastreo de los desplazamientos y las ubicaciones exactas de las unidades navales y aéreas de ambos países en el Atlántico Sur.

 

En tercer lugar se deben tener en cuenta los continuados incumplimientos por parte del Reino Unido de las previsiones sobre el control del tráfico aéreo, tal como está previsto en el capítulo V de la Declaración Conjunta vigente, a efectos de evitar el registro de constancias de antecedentes favorables a la Argentina, ya que según el acuerdo vigente y la Carta de Acuerdo Operacional depositada en la OACI, la Zona de Control Terminal (CTR) del aeropuerto de Monte Agradable depende de la Región de Vuelo (FIR) de Comodoro Rivadavia.

 

En cuarto lugar se hacen notar los continuados incumplimientos del Reino Unido en materia de Búsqueda y Rescate Aéreo y Marítimo (SAR), buscando excluir a la Argentina de la participación que le cabe al respecto. Una excepción a esta regla fue el rescate en 2008 de un navegante solitario canadiense por parte de unidades de la Prefectura Naval Argentina y mediando una enérgica gestión diplomática.

 

En quinto lugar, la Argentina debería realizar un esfuerzo de magnitud para insistir ante el Reino Unido y los foros internacionales competentes en una reducción significativa de la magnitud de los medios militares británicos desplegados en el Atlántico Sur que se corresponda con la reanudación y desarrollo de las relaciones bilaterales desde 1990, medios militares que se puede suponer que actúan como una suerte de base no oficial de la OTAN en la región, constituyendo así una amenaza latente para la Argentina y quizás para otros países de América Latina y Africa del Sur. Se recuerda al respecto, que en 2004 el Reino Unido trasladó el Comando Militar del Atlántico Sur desde Londres a Monte Agradable, con capacidad operativa sobre todo el Atlántico Sur.

 

            Se debe agregar a todo ello, la necesidad de que la Argentina efectúe un aprovechamiento exhaustivo de las posibilidades que ofrece este acuerdo sobre medidas de confianza, tanto para estar presente en el área ocupada a través de la navegación de sus unidades militares según lo previsto por el capítulo I, punto 3 de las medidas de confianza, como también para compensar la navegación de las unidades militares británicas estacionadas en las Islas Malvinas, que apoyándose en la previsión antes mencionada, transitan permanentemente por el mar territorial argentino y el Estrecho de Magallanes.

 

            Para ello debería disiparse además, la creencia de que la navegación de las unidades de la Armada o de la Prefectura Naval por los espacios marítimos ilegítimamente ocupados, cumpliendo naturalmente con lo previsto por las medidas de confianza, puede constituir un “acto de provocación”. Esta creencia errónea se potencia, en una acabada muestra de la capacidad británica de acción psicológica, por el hecho de que así lo presentan los medios periodísticos británicos y de otros países receptivos a dicha interpretación. Así sucedió por ejemplo, en 2004 con la navegación del rompehielos ARA “Almirante Irízar” desde la Argentina continental hacia la Antártida y que dio lugar a un incompresible crisis diplomática, más aún teniendo en cuenta que dicho buque no contaba con capacidad ofensiva y por lo tanto no estaba sujeto al aviso previo impuesto por las medidas de confianza.

 

3.1.2. Negociaciones con el Reino Unido sobre Comunicaciones Aéreas:

Entre 1991 y 1999, en el marco de la política desplegada en esa década, existieron comunicaciones aéreas entre Chile y las Islas Malvinas, operadas por la empresa LAN, con la autorización del Gobierno argentino que, por un lado le imponía la obligación de realizar escalas en territorio continental argentino, pero al mismo tiempo le otorgaba la atribución de no concretarlas. Obviamente que, en aplicación de la estricta política británica de exclusión de la Argentina de todo contacto con las islas, dichas escalas nunca se realizaron en ese período.

 

En octubre de 1998 el Gobierno británico detuvo, por acusaciones de violaciones a los derechos humanos, al exdictador Augusto Pinochet Ugarte, que se hallaba recibiendo tratamiento médico en el Reino Unido. Esta situación derivó en enero de 1989 en la suspensión de los vuelos de LAN y en el consiguiente aislamiento de las Islas Malvinas, y luego en la negociación y firma de la Declaración Conjunta Argentino-Británica del 14 de julio de 1999. Este instrumento, entre otros temas, restableció los vuelos regulares semanales de LAN entre Punta Arenas (Chile) y las Islas Malvinas, con dos escalas mensuales en Río Gallegos, una en cada dirección (hacia las islas el segundo sábado y desde las islas el tercer sábado de cada mes). El 7 de agosto se reanudaron los vuelos y el 16 de octubre se realizó la primera escala en Río Gallegos. Pero ante la falta de sustento económico de esta escala y con el objeto de que la misma se concretara, el Gobierno argentino accedió a subsidiar a LAN, medida que se ha mantenido desde entonces con un costo acumulado para la Argentina de aproximadamente tres millones de dólares.

 

Pero casi inmediatamente, el Gobierno británico implementó la realización de vuelos no regulares (charter) directos entre terceros países y las islas Malvinas, durante las temporadas estivales de 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 y 2002-2003. Estos vuelos no se hallaban cubiertos por ningún acuerdo argentino-británico bajo fórmula de soberanía; afectaban la factibilidad comercial y operativa del vuelo regular semanal de LAN entre Punta Arenas, Río Gallegos y las Islas Malvinas, el cual además es subsidiado por la Argentina, con un costo aproximado durante los últimos 17 años de 3 millones de dólares; e impedían la plena vigencia del acuerdo por canje de notas bajo fórmula de soberanía del 23 de febrero de 2001, referido a la navegación y aeronavegación privadas entre el territorio continental argentino y las Islas Malvinas, ya que en la práctica las empresas aerocomerciales argentinas eran y aún lo son, excluidas del tráfico aéreo con las islas. Estos vuelos, que se realizaron principalmente desde Chile, pero también desde otros países, excluyendo explícitamente a la Argentina y a sus empresas aerocomerciales. Pese a todo ello, estos vuelos no regulares fueron tolerados por los sucesivos Gobiernos argentinos, accediendo en virtud de la legislación aeronáutica vigente, a autorizarlos para transitar, despegar y aterrizar en territorio argentino.

 

Para superar esta situación anómala y luego de que desde 2001 se le había advertido varias veces al Reino Unido acerca de la falta de sustentabilidad de estos vuelos y se le había ofrecido abrir negociaciones al respecto, sin que se obtuviera ninguna respuesta del lado británico, y de rechazar en abril de 2003 los intentos británicos de darle sustento convencional a los vuelos no regulares, el 3 de noviembre de 2003 el gobierno argentino anunció: a) la suspensión de los vuelos no regulares (charter) entre terceros países (principalmente Chile) y las Islas Malvinas y b) el ofrecimiento al Reino Unido del inicio de negociaciones acerca del establecimiento de vuelos regulares entre el territorio continental argentino y las Islas Malvinas operados por aerolíneas de bandera argentina.

 

Tras el anuncio, se desarrollaron negociaciones con el Reino Unido acerca de las comunicaciones aéreas entre el territorio continental y las islas Malvinas. Aplicando la tradicional modalidad negociadora británica de obtener beneficios inmediatos y prometer su compensación en un futuro siempre incierto, el Reino Unido trató de obtener la inmediata continuidad de los vuelos no regulares, mientras postergaba sin fecha cierta el inicio de negociaciones acerca del establecimiento de vuelos regulares dentro de los parámetros ofrecidos por la Argentina.

 

A pesar de ello y como muestra de buena voluntad, la Argentina exceptuó de la suspensión ya en vigor a dos o tres vuelos de LAN que se realizaron durante noviembre y los primeros días de diciembre de 2003, con el argumento de que los boletos de dichos vuelos ya se hallaban vendidos. En cambio, la suspensión se mantuvo respecto de las demás solicitudes de vuelos no regulares entre terceros países y las Islas Malvinas.

 

La segunda etapa de las negociaciones se desarrollo en febrero de 2004, cuando visitó el país el entonces Subsecretario Parlamentario del Reino Unido, que mantuvo una reunión con el entonces Canciller argentino. En dicha reunión se llegó a un acuerdo en principio que contemplaba la realización de vuelos no regulares a las Islas Malvinas sujetos a la fijación de una fecha cierta para el inicio de negociaciones sobre vuelos regulares. Dicho acuerdo debía reflejarse en una nota de la Embajada británica a esta Cancillería, pero la nota que se recibió tenía un contenido muy diferente al acordado, ya que se refería únicamente a los vuelos no regulares y no mencionaba a los regulares. Por esa razón, el 2 de marzo de 2004 la Argentina rechazó públicamente el contenido de dicha nota.

 

            Acerca de los vuelos regulares entre Punta Arenas (Chile) y las islas Malvinas, que operan normalmente desde hace 17 años, como así también del ofrecimiento argentino efectuado en 2003-2004 de la realización de vuelos regulares directos entre el territorio continental argentino y las islas Malvinas, cabe reflexionar sobre su compatibilidad con el interés argentino.

Los ciudadanos argentinos continentales están impedidos de residir, realizar actividades económicas y hasta de adquirir propiedad inmuebles en las islas; por lo tanto no existe una motivación real para sostener vuelos regulares a un territorio que cuenta con menos de 3.000 habitantes, salvo las visitas de eventuales turistas y las que pueden realizar los familiares de Caídos al cementerio argentino de Darwin, las cuales por otra parte, pueden ser atendidas, como lo fueron entre 1996 y 1999, por vuelos específicamente acordados entre la Argentina y el Reino Unido. Al respecto, cabe recordar que la Declaración Conjunta del 14 de julio de 1999 eliminó la posibilidad de realizar dichos vuelos especiales, que tenían la ventaja de su corta duración (1 o 2 días), y obligó a los familiares de Caídos a utilizar los vuelos regulares, con la desventaja de su larga duración (una semana en las islas).

 

Por lo tanto, la casi totalidad de los usuarios de los vuelos regulares terminan siendo los empleados de las actividades de exploración hidrocarburífera y de explotación pesquera, como así también las empresas involucradas en dichas actividades, que utilizan estos vuelos para el transporte de carga, equipos y repuestos. Se presenta entonces la paradójica situación de que la Argentina, no sólo autoriza la realización de estos vuelos, sino que además los subsidia desde hace 17 años, contribuyendo así al mantenimiento de la ocupación de su propio territorio a través de actividades que se realizan en violación de la soberanía y de la legislación argentinas, y en perjuicio de la sustentabilidad de los recursos naturales argentinos situados en el área ilegítimamente ocupada por el Reino Unido.

 

3.1.3. Situación del Cementerio Argentino de Darwin:

            Desde la misma finalización del Conflicto del Atlántico Sur en 1982, el Reino Unido insistió ante el Gobierno argentino en la “repatriación” de los restos de los Caídos sepultados en las islas Malvinas y Georgias del Sur. Ante la negativa argentina a acceder a dicha pretensión y a efectos de evitar que las islas Malvinas contuviera centenares de tumbas de guerra distribuidas en gran parte de su territorio, el Reino Unido decidió en 1985, en violación de las Convenciones de Ginebra, exhumar dichos restos y reunirlos en un solo lugar. El Reino Unido constituyó así el llamado Cementerio Argentino de Darwin, situado en uno de los lugares más inhóspitos, aislado y con carencia de la más mínima infraestructura vial y de alojamiento. Al realizar dichas exhumaciones, los británicos fueron incapaces de identificar los restos de 123 de los 240 Caídos allí sepultados, que terminaron siendo catalogados como “soldado sólo conocido por Dios”. Por lo tanto, se conoce la identidad de todos los sepultados en el cementerio, si bien en el caso de los 123 Caídos antes citados, no resulta posible identificar las tumbas en las que yacen.

 

La Declaración Conjunta del 14 de julio de 1999 contempló la construcción de un monumento en el cementerio, pero las gestiones para la concreción del monumento derivaron en la desvinculación del Reino Unido del cuidado y mantenimiento del cementerio y del monumento y la “transferencia” de esas tareas a una entidad privada argentina, con las consiguientes dificultades que significan hallarse a gran distancia y con acceso limitado.

            Se estima que resulta necesario plantear la reformulación de estos aspectos, exigiendo que el Reino Unido reasuma sus obligaciones en relación con el cementerio de Darwin, de acuerdo con las Convenciones de Ginebra y los más elementales principios del derecho humanitario.

 

3.2. Propuestas de Políticas Activas Argentinas.

            Reuniendo algunas afirmaciones ya efectuadas más arriba, y tomando algunas de las propuestas efectuadas por el Dr. Carlos Biangiardi Delgado en su libro “Cuestión Malvinas. Propuesta para la Construcción de una Política de Estado”, se ponen a consideración algunas propuestas de políticas activas, que de ninguna manera pueden considerarse exhaustivas:

 

Continuar con la actividad en los organismos y foros multilaterales para el sostenimiento de sus derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, para reiterar el mandato de las Naciones Unidas y de la OEA en el sentido de reanudar las negociaciones sobre soberanía, y para difundir la discriminación que sufren los ciudadanos argentinos continentales en las Islas Malvinas y la existencia y características de la ocupación militar británica del área ilegítimamente ocupada. Al mismo tiempo, Dicha tarea multilateral debe ser cuidadosamente regulada para evitar que afecte los logros hasta ahora obtenidos en este ámbito.

 

2. Considerar dentro de la Directiva Estratégica Nacional la hipótesis de conflicto en el Atlántico Sur, existente de hecho a causa de la ocupación militar británica de una parte del territorio argentino. Como consecuencia de ello, potenciar el equipamiento y reestructurar el desplieque de las Fuerzas Armadas, especialmente de las Armada y de la Fuerza Aérea, como así también de la Prefectura Naval, dándole prioridad a la región patagónica. Fomentar la reactivación de las industrias naval y aeronáutica con énfasis en la defensa nacional.

 

3. Instalar medios de rastreo y detección (radarización) de los movimientos de las unidades aéreas y navales británicas en el Atlántico Sur, como también de los vuelos hacia y desde las Islas Malvinas de aeronaves que evitan su ingreso en el espacio aéreo argentino indisputado e ingresan o egresan directamente al área ilegítimamente ocupada por el Reino Unido.

 

            4. Propiciar como hipótesis de conflicto del Consejo de Seguridad Sudamericano, la protección de los recursos naturales del subcontinente, incluyendo los recursos pesqueros e hidrocarburíferos del área ilegítimamente ocupada por el Reino Unido.

 

            5. Continuar evitando la ratificación del Acuerdo de Nueva York de 1995, complementario de la Convención sobre Derecho del Mar, y reconsiderar su aprobación legislativa efectuada en 2000.

 

            6. Poner término a la Declaración Conjunta Argentino-Británica del 28 de noviembre de 1990 sobre Conservación de Recursos Pesqueros en el Atlántico Sur. Se recuerda al respecto, que desde el 6 de diciembre de 2005 se hallan suspendidas las labores de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur.

 

            7. Propiciar el aumento de la captura del calamar Illex en la Zona Económica Exclusiva indisputada. Complementariamente, realizar controles eficaces de las actividades pesqueras en la misma zona y de la pesca ilegal en la milla “201”.

 

            8. Sostener y profundizar la legislación nacional sancionatoria de las empresas que realizan actividades pesqueras y de exploración (y eventual explotación) de hidrocarburos en el área ilegítimamente ocupada por el Reino Unido, sin el correspondiente permiso de las autoridades competentes argentinas. Incluir a las empresas y entidades financieras y de seguros que ofrecen servicios a dichas empresas.

 

9. Propiciar la remalvinización de la sociedad argentina, difundiendo prioritariamente el alcance geográfico, estratégico y económico de la ocupación británica, recordando que dicha ocupación se apoya en cuatro instalaciones militares, importantes contingentes y equipamiento ofensivo. Incluir la Cuestión Malvinas en los programas de enseñanza secundaria y universitaria. Considerar la formación docente en la materia. bibliografía argentina y con personas que estén debidamente preparadas.

 

10. Considerar una declaración argentina aceptando la coparticipación de los recursos naturales de las Islas Malvinas con los demás países latinoamericanos a través del MERCOSUR, UNASUR o CELAC una vez que se concrete la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre el área ilegítimamente ocupada por el Reino Unido.

 

4. Conclusión

La recuperación del ejercicio pleno de la soberanía argentina sobre el área ilegítimamente ocupada por el Reino Unido es un mandato constitucional, de acuerdo a la Cláusula Transitoria Primera introducida por la reforma de 1994, y su cumplimiento resulta obligatorio, no sólo para los gobiernos que ejercen la conducción del Estado, sino también para todos los ciudadanos argentinos. En ese marco y más allá de la capacidad o eficacia de los cursos de acción que se apliquen para concretar dicho mandato, la obligación elemental tanto del Estado como de los ciudadanos argentinos, es evitar contribuir por acción u omisión a la prolongación y consolidación de la ilegítima ocupación británica. Por esa razón y dando por sentada la necesidad y conveniencia de entablar negociaciones con la potencia ocupante, se debe evitar la adopción de medidas que afecten los legítimos títulos de soberanía argentinos y la vigencia del principio de integridad territorial, reconocido por la comunidad internacional desde 1965.

 

De la misma manera, se requiere analizar cuidadosamente el interés nacional involucrado cuando se tratan temas como las comunicaciones aéreas y marítimas con los archipiélagos, y eventuales aprovechamientos conjuntos de los recursos naturales del área ilegítimamente ocupada, particularmente los recursos pesqueros e hidrocarburíferos. Se recuerda que ya existieron negociaciones bilaterales en materia de pesca entre 1990 y 2005, y en lo referido a hidrocarburos entre 1995 y 2000, sin ningún resultado concreto para la Argentina.

 

            Resulta fundamental para ello la voluntad y visión de la clase dirigente para determinar una política de Estado a largo plazo, que supere las coyunturas de la política interna y los intereses sectoriales y electorales para primero crear las condiciones que lleven a la reanudación de las negociaciones de soberanía, y en un plazo difícil de determinar, pero que necesariamente será extenso, llegar a la recuperación del ejercicio pleno de soberanía en el área ilegítimamente ocupada. La solución de la disputa de soberanía sólo depende de nuestra capacidad y decisión, y no puede ser transferida a ningún organismo internacional.

 

Por ello hay una necesidad imperiosa de repotenciar, rediseñar y redistribuir a las Fuerzas Armadas, especialmente a la Armada y a la Fuerza Aérea. Ante un eventual reproche al acento puesto en el componente militar, se recuerda que hace 34 años que el Reino Unido plantea la disputa en esos términos, a través de la ocupación militar de parte del territorio argentino con cuatro instalaciones distintas, miles de soldados y naves y aeronaves modernas. Amparado en esa ocupación, se apropia de los recursos pesqueros del área ocupada desde hace 21 años e intenta hacer lo mismo con los recursos hidrocarburíferos.

 

Obras consultadas:

ARAMBURU, Enrique J.: “El mandato constitucional sobre Malvinas desde el punto de vista del Derecho Internacional”. Página de Derecho Internacional de E. Aramburu. Buenos Aires, 2000.

BERASATEGUI, Vicente E.: “Malvinas. Diplomacia y conflicto armado. Comentarios a la historia oficial británica”. Amerian Editores. Buenos Aires, 2011.

BIANGARDI DELGADO, Carlos Alberto: “Cuestión Malvinas. Propuesta para la Construcció de una Política de Estado”. Editorial Dunken. Buenos Aires, 2012.

BOLOGNA, Alfredo B.: “El conflicto de las Islas Malvinas en la política exterior argentina”. En: “La política exterior del gobierno de Menem. Seguimientos y reflexiones al promediar el mandato”. Centro de Estudios para las Relaciones Internacionales de Rosario (CERIR), 1994.

------------: “El conflicto de las Islas Malvinas en la política exterior argentina”. En: “La política exterior de Cristina Kirchner. Apreciaciones promediando su mandato”. Centro de Estudios para las Relaciones Internacionales de Rosario (CERIR), 2010.

KOHEN, Marcelo G. y Facundo D. Rodríguez: “Las Malvinas entre el Derecho y la Historia”. Editorial UNSa y Eudeba. Buenos Aires, 2015.

YOFRE, Juan B.: “1982. Los documentos secretos de la Guerra de Malvinas/Falklands y el derrumbe del proceso”. Sudamericana. Buenos Aires, 2011. 

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